UNDECA, con ocasión de la celebración del Día Internacional de la Mujer, realizó una concentración martes 8 de marzo, en la Plaza de La Justicia. En esta fué acompañado por otras organizaciones sindicales que conforman el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, BUSSCO.
Son más de seiscientas mil personas, que están en las listas de espera de consultas de especialistas, cirugías, exámenes clínicos y otros procedimientos hospitalarios, la mayoría mujeres.
Solo en mamografías 26 mil mujeres esperan por diagnóstico y a ocho mil más no se les ha realizado el exámen médico.
Por esta razón se entregó la siguiente posición sindical a la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
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Señora
Zarela Villanueva Monge
Presidenta
Señores y Señoras Magistradas
Corte Suprema de Justicia
ASUNTO: QUEJA QUE INTERPONE UNDECA POR INVESTIGACIONES DE MINISTERIO PUBLICO CONTRA JERARCAS DE CCSS Y FALLECIMIENTO DE PACIENTES EN LISTA DE ESPERA DE SERVICIO DE CARDIOLOGIA DEL HOSPITAL MEXICO
Señores y señoras Magistradas:
La UNION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA CAJA Y LA SEGURIDAD SOCIAL (UNDECA), organización gremial mayoritaria de las y los trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social, con ocasión de la celebración del Día Internacional de la Mujer, concentrados el día de hoy, en la Plaza de La Justicia, nos permitimos remitir este memorial, que recoge la inconformidad generalizada de la ciudadanía, acerca del curso anormal y deficiente que le está dando el Ministerio Público a distintas denuncias presentadas por los presuntos delitos de corrupción, tráfico de influencias, peculado y otros, contra altos jerarcas de esa misma institución aseguradora, en menoscabo de los intereses institucionales.
La Caja Costarricense de Seguro Social es una institución autónoma, que, por mandato de la Constitución Política, le compete la administración y gobierno de los seguros sociales.
La Caja es una entidad fundacional del Estado Social de Derecho, que tiene la misión de realizar y cumplir uno de los valores más preciados de la sociedad costarricense y nuestro ordenamiento jurídico: la preservación de la salud y vida de las personas.
Desafortunadamente, esta institución está a expensas de intereses espurios que fomentan su privatización, desmantelamiento, distracción de sus recursos económicos, materiales y en definitiva, promueven la mercantilización de la salud.
Estos insanos intereses están enquistados en los altos niveles jerárquicos y políticos de la institución, que como un cáncer irrefrenable, se ha extendido a los más variados ámbitos institucionales, sin que hasta ahora se le haya podido poner coto.
Esta colusión de intereses se refleja en dos flagelos que concurrentemente azotan la institución: por una parte, la corrupción, la distracción de los recursos institucionales, el tráfico de influencias y por otra parte, el deterioro creciente de la prestación de los servicios de salud.
Tratándose del primer flagelo, la ciudadanía ha interpuesto cualquier cantidad de denuncias contra los jerarcas institucionales, relacionadas con negociaciones incompatibles, compras anormales, contrataciones irregulares, estafas, peculado, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y otros delitos de función pública.
La mayoría de estas denuncias duermen el sueño de los justos, empolvadas en las gavetas del Ministerio Público.
Son muchas las denuncias que están en este lamentable predicado, entre las cuales, solo a título de ejemplo, podemos citar las denuncias concernientes a presuntas estafas con facturas de insumo de productos de ortopedia, en la que están involucrados cuatro hospitales: México, Calderón Guardia, Max Peralta y además el Hospital San Juan de Dios (cada una se tramita por aparte y la última se tramita en el Expediente 15-000017-618-PE).
Solo la primera presunta estafa, que involucra al Hospital Calderón Guardia, denunciada desde enero de 2014, le habría costado a la seguridad social más de $2.000.000.00.
No obstante la gravedad de este caso, la Caja le ha estado prorrogando a la misma empresa proveedora los contratos de suministros de esos insumos ortopédicos.
No omitimos manifestar que hace algún tiempo también se interpuso una denuncia por el presunto delito de tráfico de influencia contra dos directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social, uno representante del Sector Empresarial y otro del sector estatal, a cuya denuncia, por lo visto, les aguarda la misma suerte que aquellas (Expediente 15-000035-0621-PE).
El otro flagelo que castiga directamente a la sociedad es el creciente deterioro en la prestación de los servicios asistenciales.
El índice que retrata de cuerpo entero este flagelo se expresa en la cantidad desproporcionada de personas que están en lista de espera de los diferentes servicios que de manera eficiente le corresponde prestar a esta institución: somos más de seiscientas mil personas, más de medio millón, que estamos en las listas de espera de consultas de especialistas, cirugías, exámenes clínicos y otros procedimientos hospitalarios, la mayoría mujeres.
El caso más emblemático y doloroso quedó evidenciado con la denuncia que la Dra. Sofía Bogantes Ledezma presentó el año pasado, que conmovió a toda la opinión pública.
Esta profesional en medicina denunció que una considerable cantidad de personas fallecieron, esperando que se les realizara un procedimiento de cateterismo cardíaco en el Servicio de Cardiología del Hospital México. La muerte les ganó la partida, les llegó primero, en cuya lista habían muchas personas que tenían varios años de estar esperando que se les practicara ese urgente procedimiento clínico.
Esta deplorable situación que ocurrió, visibilizada por la denuncia de la Dra. Bogantes Ledezma, que no sabemos cuántas personas más han fallecido en el mismo hospital u otros nosocomios, esperando que se les realice un examen, una cirugía, una cita u otro procedimiento, le ha costado a esta servidora pública toda clase de represalias y vejámenes que está sufriendo, a merced de las autoridades superiores de la institución, quienes son los que deben responder a la sociedad por estas injustificadas muertes, ahora convertidas en verdugos de la Dra. Bogantes.
Este hecho lo está conociendo el Ministerio Público, que ya va a cumplir un año la denuncia de la Dra. Bogantes, sin que tampoco se haya realizado importantes avances en la correspondiente investigación penal, no obstante la gravedad de este hecho, que pareciera no inmutan al Ministerio Público (Expediente N° 15-000250-0619-PE).
En una sociedad democrática, el Ministerio Público tiene que cumplir un importantísimo papel en orden a la defensa de la institucionalidad y la representación de los más preciados valores e intereses de la sociedad.
Señores y señoras Magistradas, denunciamos la falta de la eficacia y efectividad del Ministerio Público en la persecución penal de estos graves delitos denunciados por la ciudadanía, que tanto daño institucional, patrimonial está causando a la CCSS y a nuestro pueblo.
Denunciamos la falta de interés, celeridad y buena administración de la justicia en esos asuntos, cuyos denunciados están a la espera de que sobrevenga la extinción de la acción penal, cualquier actuación procesal defectuosa que se cometa, cuidado que no vaya ser el propio Ministerio Público el órgano que vaya a solicitar la desestimación y sobreseimiento de los imputados en hechos tan deleznables.
Toda esta situación favorece objetivamente el manto de impunidad con el que pretenden favorecerse los jerarcas de esa institución. La impunidad da al traste con la justicia.
El Poder Judicial tiene que garantizar a la ciudadanía que la actuación del Ministerio Público sea transparente, objetiva, efectiva, eficiente y desprovista de toda prebenda política.
Demandamos una acción efectiva y eficiente del Ministerio Público, cuyas falencias objetivamente favorecen la cultura de criminalidad que crece y se consolida en los altos niveles jerárquicos institucionales.
Demandamos a esa Corte Suprema de Justicia, máxima instancia del Poder Judicial, una respuesta efectiva en la protección de los Derechos Fundamentales y la lucha contra la impunidad, que ha dejado huellas profundas en la Caja Costarricense de Seguro Social.
UNDECA
Plaza de la Justicia, 8 de marzo de 2016