El nombramiento temporal de Laura Ávila, mano derecha de Marta Esquivel, como presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pone de manifiesto una preocupante tendencia a la improvisación en la conducción de una de las instituciones más valiosas de nuestro país.
La CCSS es un baluarte de la seguridad social, un motor de justicia social y un símbolo del compromiso costarricense con la salud y el bienestar universal. Sin embargo, decisiones como ésta generan incertidumbre y debilitan la institucionalidad.
Desde UNDECA advertimos que el liderazgo de la CCSS no debe estar sujeto a designaciones temporales que dificultan la planificación estratégica y el fortalecimiento institucional.
“Los desafíos que enfrenta esta entidad —como la sostenibilidad financiera, la atención a las listas de espera, la modernización tecnológica y la mejora en la calidad del servicio— requieren un liderazgo estable, con visión de largo plazo y con el respaldo político necesario para tomar decisiones estructurales, peor aún, que se ponga en la cabeza de la Caja a una persona que ha acuerpado a Marta Esquivel, quien es investigada por las autoridades por el caso “Barrenador”, indicó Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.
Es lamentable la alta rotación de autoridades institucionales, lo que perpetúa un ciclo de inestabilidad que impacta tanto a los funcionarios como a la población que depende de la Caja, a sabiendas de que no se puede gestionar una institución de esta magnitud con decisiones cortoplacistas o bajo presiones políticas coyunturales. “La seguridad social costarricense merece un liderazgo sólido, comprometido y con un horizonte claro”.
Por otro lado, UNDECA celebra la reciente resolución de la Sala Constitucional respecto al habeas corpus interpuesto por Marta Esquivel, que respalda la actuación del Ministerio Público en el marco de sus investigaciones. Esta decisión es un recordatorio de que el sistema de justicia costarricense cuenta con los mecanismos necesarios para garantizar el debido proceso, incluso cuando están en juego los derechos de personas investigadas o vinculadas a casos de alto perfil.
Esta resolución no solo fortalece la legitimidad de las acciones del Ministerio Público, sino que también envía un mensaje claro de que las instituciones están actuando dentro del marco de la legalidad. Este es un paso importante para reforzar la confianza ciudadana en el sistema judicial, especialmente en un contexto donde las investigaciones relacionadas con figuras públicas o instituciones críticas, como la CCSS, generan gran interés y sensibilidad. En síntesis, mientras que el sistema de justicia demuestra su capacidad para actuar con firmeza y dentro de los parámetros constitucionales, las autoridades políticas de la actual Administración evidencian total improvisación y la falta de visión a largo plazo, en lugar de garantizar un liderazgo estable, transparente y capaz, que permita enfrentar los desafíos presentes y futuros de la Institución.