El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) denuncia el desmantelamiento del sector público en Costa Rica, impulsado por políticas de austeridad y acuerdos con el FMI, lo que ha profundizado la crisis social y económica del país.
Principales denuncias:
- Crisis financiera del Estado: La deuda del gobierno con la CCSS asciende a ¢4 billones, mientras que el pago de intereses de la deuda alcanza niveles históricos.
- Recortes en servicios públicos: Disminución del presupuesto en educación, salud y programas sociales, afectando a los sectores más vulnerables.
- Regla Fiscal y privatización: La Ley 9635 limita el gasto público y favorece la privatización de servicios esenciales como salud, educación y telecomunicaciones.
- Evasión y Fraude Fiscal: Según el último dato del Ministerio de Hacienda del 2021 representa el 5.66% del PIB (2.94% IVA y 2.72% Renta) en Renta el 63% de ese fraude es empresarial, las personas físicas con actividad lucrativa representan el 30% y los asalariados y pensionados sólo representan el 6.25%, cada uno de estos puntos del PIB representa aproximadamente 350.000 millones de colones al año, por lo este porcentaje 5.6% del PIB, son 2 billones de colones (2 mil millones de millones de colones de impuestos que se dejan los evasores).
- Precarización laboral: Empeoramiento de las condiciones salariales y laborales tanto en el sector público como en el privado.
- Persecución sindical: Restricciones a la actividad sindical y limitación del derecho a la negociación colectiva.
- Aumento del costo de vida y violencia: El deterioro de las condiciones económicas y sociales ha incrementado la inseguridad.
- Panorama electoral 2026: Se señala que los principales partidos políticos no ofrecen una alternativa real a estas políticas neoliberales.
Llamado a la acción:
El BUSSCO insta a la unidad de los sectores populares y sindicales para:
- Defender los derechos laborales y las condiciones de vida dignas.
- Proteger la educación y la salud públicas.
- Apoyar la agricultura, las pymes y la soberanía alimentaria.
- Combatir la privatización, la corrupción y la evasión fiscal.
- Construir un modelo de justicia social y distribución equitativa de la riqueza.
En conclusión, el manifiesto exige un cambio de rumbo político que priorice el bienestar del pueblo costarricense sobre los intereses privados.
