CST: Nueva etapa, nuevas luchas


El Consejo Superior de Trabajo estuvo ausente durante muchos años de la problemática laboral por diversos temas, entre ellos, por falta de decisión política de los gobernantes y empresarios en momentos en que se discutía el Tratado de Libre Comercios con los Estados Unidos y porteriormente por los miles despidos y cierre de fábricas bajo el pretexto de la crisis económica mundial.

En el primer año de gobierno de Laura Chinchilla Miranda, en el marco de un Encuentro de Ministros y Ministras de Trabajo de Centroamércia y República Dominicana, se revivió el Consejo Superior de Trabajo mediante un decreto firmado entre la Presidencia de la República y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, MTSS, con el que se busca que dicho órgano sea más activo, participativo y que genere propuestas y respuestas.

En agosto de 2010 Sandra Piszk, ministra de Trabajo de entónces, dijo que la reactivación del CST es para que reasuma su papel en la definición de política laboral del país y aseguró que “constituye una apuesta estratégica a la democracia participativa y entre las reformas que tendrá la instancia es que no se requerirá de consensos para la aprobación de proyectos e iniciativas en el plano laboral.”

El CST es un órgano tripartito, compuesto por representantes del gobierno, patronos y trabajadores, con el objetivo de definir e implementar medidas para el mejoramiento y defensa de derechos y establecimiento de responsabilidades del sector laboral y patronal.

A poco más de seis meses para que concluya el presente gobierno, se da la juramentación de los nuevos representantes en donde destaca la presencia de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, en la designación de Martha Rodríguez González, Secretaria General Adjunta.

Martha Rodríguez ve con optimismo lo que el sector sindical, que representa a la clase trabajadora, pueda lograr en el CST, “es una instacia importante de diálogo social, en el cual podríamos avanzar en el tema de trabajo decente, el tema cada vez más grave del desempleo, sobre todo por la gran cantidad de jovenes sin empleo y sin estudios, las mujeres, y esperamos avanzar también en temas de interés para la clase trabajadora costarricense como son sus derechos fundamentales. Son muchos los retos que enfrentaremos pero en la mesa del Consejo, por nuestra parte y creemos que de parte de los demás representantes sindicales también, va a prevalecer el trabajo honesto, transparente y de cara a toda la clase trabajadora de nuestro país, nada a sus espaldas o con negociaciones por “debajo de la mesa”“

Por su parte Laura Chinchilla Miranda, Presidenta liberacionista, dijo que “espero que ahora sí funcione bien este nuevo CST, aunque ya no podré verlo y será el nuevo gobierno el que vea los frutos de su trabajo”.

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Fotos: UNDECA

Caso Ebais-PAIS: UNT emplaza a Ministra de Salud

Desde la UNT emplazamos a la señora Ministra de Salud para que realice sus labores de rectoría de la salud y que, como máxima autoridad sobre las políticas de salud de este país, se pronuncie sobre la huelga que se desarrolla en los EBAIS de los cantones de la Unión, Montes de Oca y Curridabat, con el fin de que tal cual lo manda el modelo de rectoría que debe ejercer, detenga la privatización de estos EBAIS.

Hacemos un vehemente llamado para que estos EBAIS si no pueden quedar en manos de la UCR, sean trasladados a la CCSS y no salgan de la institucionalidad pública.

A continuación, adjuntamos documento enviado a la señora ministra de salud.
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San José, 22 de noviembre de 2013.
UNT-00330-2013

Doctora
Daisy María Corrales Díaz
Ministra
MINISTERIO DE SALUD
Estimado Señora Ministra:

Reciba un cordial saludo de parte de la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del sector Público y Privado (UNT).

En la UNT estamos acompañando el movimiento popular y sindical en el sentido de que los servicios de salud, concretamente los de atención a las personas, se mantengan en manos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o con quienes tienen un compromiso estrictamente social, como lo es la Universidad de Costa Rica (UCR). En el actual conflicto nuestra posición es clara: ¡los EBAIS de los cantones de La Unión, Montes de Oca y Curridabat, deben ser atendidos por personal de la CCSS o de la UCR!, y nunca, bajo ningún motivo, pasar a manos privadas, tal y como lo establece nuestra Constitución Política en sus artículos 50 y 73. Entendemos que la actual no es más que otra forma de llevar a la privatización los servicios de salud.

En ese sentido nos preocupa enormemente el silencio del Ministerio de Salud en torno al tema, pues siendo éste el ente rector de la salud de este país, tenemos claro que toca a usted como Ministra responder, según el Modelo Conceptual y Estratégico de la Rectoría de la Producción Social de la Salud (www.ministeriodesalud.go.cr, Modelo Conceptual y Estratégico de la Rectoría de la Producción Social de la Salud. 3ª ed. 2011):

El Ministerio de Salud y la CCSS son miembros del Sector Salud (página 19, Ídem) y se entiende como Sector “el conjunto de instituciones agrupadas por materia según su propia competencia y dirigido por uno o varios Ministros Rectores” (p.18, ídem).

El Ministerio de Salud es el ente rector, corresponde a éste “…la definición de la política nacional de salud, la formación, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas relativas a salud….”, siendo la rectoría “…la acción de gobernar, dirigir, conducir a una comunidad, conjunto de instituciones o personas, o ejercer autoridad sobre ellas” (p. 24, ídem). Para más claridad, el mismo texto dice que son funciones del Ministro Rector, entre otras:

“e) Velar porque las instituciones del Sector respondan adecuadamente a los objetivos, metas y acciones sectoriales, así como a las directrices en materia de política sectorial…” (p.26 ídem).

g) Establecer mecanismos para integrar de manera participativa, las opiniones de distintos grupos de interés presentes en todo el territorio en asuntos de importancia y vinculación sectorial.” (p. 26 ídem), (la negrita no es del original).

En relación con la actual coyuntura introducida en el primer párrafo de esta nota, también corresponde al Ministerio de Salud involucrarse en ello, no solo en consideración de los párrafos supracitados, sino porque—además—como una de sus funciones rectoras se establece como función sustantiva para el ejercicio de la rectoría la “modulación del financiamiento de servicios de salud” (“Función rectora que realiza el Ministerio de Salud que consiste en garantizar, que el financiamiento de los servicios públicos de salud se mantenga acorde con las prioridades establecidas en la política nacional de salud y en los planes de desarrollo”, p. 33) y uno de los ámbitos en que el Ministerio de Salud ejerce la Rectoría el “aseguramiento de los servicios de salud” (“Conjunto de acciones del Estado destinadas a garantizar el derecho a la salud, incluido el derecho al acceso universal a los servicios de salud de atención directa a las personas y de protección y mejoramiento del hábitat humano en condiciones de equidad, oportunidad y calidad”, (p. 45).

Es decir, está claro que toca al Ministerio de Salud involucrarse en el actual conflicto CCSS-UCR, por tanto solicitamos a usted la posición escrita y el detalle de las acciones ejecutadas sobre el tema, que corresponde a su investidura como máxima autoridad del Ente Rector de la Salud de Costa Rica.

Igualmente deseamos saber qué forma de participación social está incentivando el Ministerio de Salud de cara al actual problema, obligación que tiene también según lo dispuesto en el mismo texto citado que a la letra dice:

“Para que la participación social sea efectiva, es necesario que la comunidad intervenga estrechamente en los procesos económicos, sociales, culturales y políticos que afectan sus vidas, como una acción colectiva, deliberada, democrática y concertada de los individuos, los grupos sociales y sus organizaciones en:

* La identificación y expresión de sus necesidades, preocupaciones y expectativas.
*La determinación de prioridades.
* El diseño y negociación de estrategias y propuestas de desarrollo.
* La implementación y ejecución de acciones viables en el plano económico y logístico.
* La evaluación de las acciones y control social de las instituciones.” (p. 39-40, ídem).

Desde la UNT hacemos un vehemente llamado a su autoridad para que intervenga en este tema y detenga la privatización del servicio de los EBAIS de estos cantones y no sean entregados a manos privadas, toda vez que, como ya explicamos, no se han considerado los criterios establecidos por el Ministerio de Salud como ente rector de la salud y las políticas en salud de nuestro país, ya es hora de que este ministerio haga valer su investidura y que mejor empezando por poner orden en este conflicto y solicitando la nulidad del contrato donde se dan en concesión estos EBAIS.

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano su atención,

Atentamente,

Susan Quirós Díaz
Secretaria General UNT

Guillermo Murillo Castillo
Secretario General Adjunto UNT

Cc.
· Lic. Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República de Costa Rica.
· Dra. Ileana Balmaceda Arias, Presidenta Ejecutiva de la CCSS.
· Dra. Ileana Herrera Gallegos, Directora General de Salud, Ministerio de Salud.
· Dr. Henning Jensen Pennington, Rector de la Universidad de Costa Rica.
· Áreas de Salud de los cantones de La Unión, Curridabat y Montes de Oca.
· Juntas de Salud de los cantones de La Unión, Curridabat y Montes de Oca.
· Rosemary Gómez Ulate, Secretaria General, Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU).
· Luis Chavarría Vega, Secretario General de la Unión De Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA).
· Movimiento Sindical Costarricense.
· Medios de Comunicación Colectiva.
· Organización Panamericana de la Salud (OPS).
· Organización Mundial de la Salud (OMS).
· Federación Sindical Mundial (FSM).

Tribunal sentencia a la Caja en el tema de incapacidades


En su desenfrenado afán por destruir los derechos y conquistas de las y los trabajadores, la Presidencia Ejecutiva realizó una consulta en el 2011 a la Procuraduría General de la República (PGR), que es el abogado del gobierno, con la finalidad de eliminar el pago completo a los trabajadores durante los períodos de incapacidad por enfermedad.

En atención a esa insidiosa consulta, en el dictamen correspondiente la PGR consideró que la institución podía eliminar, sin ningún problema, este derecho.

El tema se sometió a conocimiento de la Junta Directiva de la CCSS, que acordó sumarse al complot del gobierno liberacionista, y de un solo plumazo eliminar este derecho con los consecuentes perjuicios en el cálculo de aguinaldo, salario escolar, vacaciones, etc., afectando la calidad de vida de miles de familias.

Este nefasto acuerdo provocó la justificada indignación de las y los trabajadores ante tanto atropello y se fueron a un movimiento de huelga, en el mes de julio de 2011; momento preciso en que se destapó la crisis de la Caja provocada por los gobiernos neoliberales y los jerarcas de la Caja.

Ante esta agresión UNDECA interpuso un juicio Contencioso Administrativo contra la maniobra de los altos jerarcas de la institución.

Durante casi dos años de estar luchando en los tribunales, contra el gobierno y la Caja, con gran satisfacción y orgullo le comunicamos a la clase trabajadora, que el Tribunal Contencioso Administrativo notificó a UNDECA la sentencia en primera instancia.

La sentencia declaró con lugar la demanda que presentó UNDECA, anulando el acuerdo de la Junta Directiva de la Caja y cuya declaratoria tiene efecto retroactivo a la fecha en que se adoptó ese ilegítimo acuerdo.

Es conveniente aclarar que esta es una sentencia en primera instancia de acatamiento obligatorio para la jerarquía de la Caja, pero ésta, en su afán eliminar los derechos laborales, podría apelar.

Ante esto alertamos a trabajadoras y trabajadores y les llamamos a organizarse y apoyar cualquier acción a la que convoquemos en defensa de sus derechos.

Pronto daremos a conocer los alcances de la sentencia.

¡Alto a la violación de los Derechos Humanos Laborales!
¡Organización y lucha en defensa de nuestros derechos y vida digna para nuestras familias!
¡UNDECA no claudicará nunca!

Entrevista a Roberto Gallardo: Cortina de humo de un gobierno incompetente


Echarle la culpa a otros, es lo que hizo el señor Roberto Gallardo, Ministro de Planificación en la administración Arias – quien sustituyó a Kevin Casas a raíz del escándalo del memorando del miedo durante la campaña del Sí al TLC – y nuevamente ocupando esa cartera en el actual gobierno de Laura Chinchilla, en una entrevista que publicara La Nación el domingo 17 de noviembre, típico de gobiernos incompetentes y mediocres, que pretenden atribuir a otros sus propias torpezas, falta de claridad y compromiso político con los ciudadanos.

En momentos en que el Informe del Estado de la Nación señala el incremento de la desconfianza en los partidos políticos y el gobierno, resulta cínico echarle la culpa a los ambientalistas y a las organizaciones de trabajadores, los sindicatos, de “frenar” el “avance del país”, cuando son las políticas neoliberales impuestas por los gobiernos de turno, los escandalosos casos de corrupción denunciados o no, el autoritarismo, los que han creado una enorme desigualdad social, la exclusión de las grandes mayorías. Está más que justificado el paupérrimo apoyo ciudadano a este gobierno.

En una democracia el Gobierno tiene el cometido de gobernar para el pueblo, no para sus millonarios amigos y grandes corporaciones nacionales y transnacionales, privatizando instituciones públicas y eliminando derechos a todos los ciudadanos, incluidos los trabajadores, porque los hombres y mujeres que trabajan también son ciudadanos.

Cuando los sectores sociales y populares manifiestan su descontento, acuñan el término ingobernabilidad, porque el pueblo no deja gobernar como ellos quieren. Un ingrediente más en el gran pastel de desaciertos del desafortunado gobierno saliente. Señor Ministro de planificación, ¡¡Costa Rica requiere soluciones no excusas o pretextos!!!

La pésima administración gubernamental, la corrupción y la politiquería, es lo que frena el avance del país. Si bien es cierto, los evasores son un problema fundamental, lo que no dice el Ministro, es que los grandes evasores son precisamente del gran sector empresarial que es beneficiado con grandes privilegios, que le exonera del pago de aranceles de importación y exportación mediante las zonas francas y el TLC.

Si algo ha perjudicado la democracia es la corrupción que se genera desde las altas esferas políticas de gobierno, empantanada, porque que los impuestos que se recaudan no se invierten en desarrollo y sí en millonarias consultorías, alquiler de edificios de empresarios y políticos, concesiones cuestionadas y sospechosas, jugosos salarios para presidencia ejecutivas, gerencias y diputados, así como sonados actos de corrupción como el de “la trocha”, entre muchos otros.

Ahora, en el tema de “planificación”, que le compete directamente al Ministro Gallardo pues se supone que para eso se le contrató, para planificar, es evidente que “su” planificación contempla un único punto de vista, el de los grandes empresarios y transnacionales. “Su” visión de país va encaminada a fortalecer a los sectores bancarios empresariales, aunque estos sectores no contribuyan con el desarrollo del país y solo busquen acrecentar sus abultadas “billeteras”.

Cuando el Ministro Gallardo habla sobre el problema de la brecha entre ricos y pobres no dice absolutamente nada, porque en materia de planificación toda la riqueza que produce nuestro país va directo a los bolsillos de unos pocos mientras la gran mayoría de la población costarricense se empobrece más.

Finalmente, para no variar, Gallardo propone como solución a los problemas de “su” trabajo que la Asamblea Legislativa cambie el Reglamento de debates para liquidar, de una vez por todas, cualquier vestigio de democracia y que los proyectos neoliberales del sector de ricos empresarios se imponga sin mediar ningún tipo de discusión, análisis o debate. Una cosa es el debate y otra sus estructuradas mesas de ”diálogo” para justificar la imposición de políticas públicas nocivas.

Vivimos en dos países diferentes señor Gallardo, portavoz del sector empresarial, el país de la inmensa mayoría de costarricenses que ve como se le limitan, cercenan y constriñen sus derechos y sus condiciones de vida y el suyo y el de “su gente” sus jefes, que ven como las políticas neoliberales acrecientan sus negocios y sus billeteras a costa del trabajo y la vida de la clase trabajadora. Son dos países diferentes, son dos clases sociales, los ricos y los pobres.

De ninguna manera extraña que los políticos – empresarios desde La Nación, “han puesto a decir” al Ministro Gallardo lo que justamente querían que dijera y forma parte de la “campaña” sistemática contra la organización sindical y ciudadana que defiende los derechos humanos y los recursos naturales.

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Martín Chinchilla C.
Martín Rodríguez E.

Jerarquía despilfarra millones


Los servicios de salud que prestan los Ebais del Convenio UCR-CCSS en el Proyecto PAIS, lejos de ser una simple desavenencia entre ambas instituciones lo que se busca es continuar con la política liberacionista de entregar servicios de salud al negocio de la medicina privada.

El motivo en la “razonabilidad del precio” es espuria ya que según datos de la misma CCSS, en el 2011 se le pagó a cinco empresas privadas, para atender a una población de 550.192, la suma de ¢23.500 millones, un promedio de ¢42.712 por persona atendida, mientras a la Universidad de Costa Rica por atender a 192.438 usuarios se le pagó ¢5.914 millones para ¢30.731 por paciente.

Ante el despilfarro de miles de millones en compras de servicios privados, la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, encontraron serias anomalías. El Informe Global de la Corrupción 2006, para el caso de Costa Rica, denunció “una red caótica de canales a través de los cuales fluían millones de colones, inflando las cuentas de empresas farmacéuticas privadas a costas de la CCSS y, en definitiva, del contribuyente. (…) Las investigaciones presentaron muchos ejemplos de sobre-precios en servicios médicos contratados a proveedores privados… Por ejemplo, la CCSS pagó a una fundación privada cerca de un millón de dólares en el año 2000 por unas 9.600 intervenciones quirúrgicas menores, 37.000 consultas a oculistas y otorrinos y 322 vitrectomías, a un costo por intervención de entre 40% y 140% más alto que el costo del tratamiento en una de las clínicas de la CCSS.”

Según denuncia presentada por un proveedor ante el Auditor General, por la contratación de Servicios Médicos en el Primer Nivel de Atención en las Áreas de Salud de San Juan, San Diego, Concepción de Cartago, Curridabat y Montes de Oca: “La oferta es ruinosa y pone en riesgo la calidad y continuidad de los servicios en esas comunidades, hay incumplimiento con varios puntos del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, inventaron metodología para favorecer a UNIBE a pesar de las omisiones graves en su oferta. La CCSS consideró el precio razonable de UNIBE, obviando y otorgando todo el puntaje, a pesar de que no cumplió con puntos obligatorios: el Equipo para la prestación de los servicios, el Recurso Humano necesario (plazas obligatorias), no contempla pago de servicios públicos, seguros obligatorios, mantenimiento, incumple con los salarios mínimos, y no contempla las reservas legales para aguinaldo, cesantía, preaviso, ni sustituciones por vacaciones, licencias, etc,”

¡Costarricenses, defendamos la Caja, no a la impunidad y la corrupción politiquera!