Las personas trabajadoras que se encargan de garantizar la seguridad en los centros penales de nuestro país, laboran en condiciones deplorables: los dormitorios no reúnen las condiciones ambientales mínimas que requiere un ser humano para descansar y dormir con dignidad ; la infraestructura física de las cárceles no es la adecuada y por falta de mantenimiento pone en riesgo la vida y la integridad física de las personas; los fortines en la mayoría de los casos carecen de un servicio sanitario en el que las personas puedan hacer sus necesidades fisiológicas; el peligro inminente en que se encuentran los policías al laborar en una cárcel, que se ve agravado con la sobrepoblación penal, son solo algunas de las situaciones a las que se enfrentan diariamente estas personas. Todo esto se agrava con el hecho de que estos compañeros y compañeras ven limitado su derecho al descanso por los abusos de las autoridades institucionales.
En su mayoría la Policía Penitenciaria labora en una jornada de 7×7 (7 días de trabajo y 7 días de descanso). Durante los 7 días de trabajo tienen prohibido salir del Centro Penal y se supone que deben cumplir jornadas de 8 horas de trabajo por 8 de descanso con un máximo de 12; no obstante generalmente trabajan 12 horas, sin reconocimiento de jornada extraordinaria y todavía después de estas, deben atender requisas, recuentos, visitas de familiares entre otras gestiones, lo que implica que su descanso diario se vea seriamente reducido. Nuestro sindicato ha tenido la oportunidad de escuchar testimonios de personas que casi han completado las 24 horas de trabajo continuo.
Pero el asunto no se queda ahí, sino que a raíz de que por ser policías se les cancela el rubro de disponibilidad, que es una figura que fue concebida para que en caso de presentarse una emergencia, caso fortuito o fuerza mayor, quienes estén en tiempo de descanso deban presentarse a laborar para atender esa situación especial, las autoridades del sistema han abusado y para no contratar más personal, obligan a los compañeros a presentarse a laborar en su semana de descanso, al menos una vez al mes, para atender asuntos ordinarios como visitas, actividades deportivas o sociales de los privados de libertad. El abuso se profundiza, con el hecho de que contrario a lo que han resuelto los tribunales laborales en estos casos, no se les cancela el tiempo extraordinario.
Para terminar el panorama de la injusticia con estas personas trabajadoras, si disfrutan vacaciones, alguna licencia o son incapacitadas para laborar, al ingresar deben reponer días de trabajo. Esta situación hace prácticamente nugatorio el derecho a vacaciones, licencias o incapacidades, con el agravante de que muchas veces durante esos días de reposición, las personas ni siquiera tienen una cama para dormir.
Estas condiciones de trabajo son una vergüenza para nuestro país, sobre todo si pensamos que el Gobierno de la República es el encargado de dar el ejemplo en cuanto al respeto y cumplimiento de los derechos humanos de las personas trabajadoras. ¿Con qué cara irá el Gobierno de la República a Ginebra en la próxima Conferencia Internacional de OIT a defender que en Costa Rica se respetan los principios del trabajo decente, si trabajadores y trabajadoras del propio Estado se encuentran laborando en estas condiciones?
Muchos y muchas policías penitenciarias han acudido a la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (UNT) para organizarse y luchar por el mejoramiento de sus condiciones de trabajo. Ante la indiferencia de las autoridades ministeriales para resolver los problemas planteados por nuestro sindicato, no nos ha quedado más camino que acudir a los tribunales laborales, interponiendo decenas de demandas para reclamar el pago del tiempo extraordinario que estas personas trabajadoras son obligadas a laborar en su tiempo de descanso.
El problema es que ante la indiferencia e irresponsabilidad de los jerarcas públicos, todos los abusos y violaciones a los derechos laborales continuaremos pagándolos las y los costarricenses.
