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67º Asamblea General de Naciones Unidas

El presidente de Bolivia, Evo Morales, señaló en Nueva York que la organización internacional no funciona como debería porque carece de la cooperación de las grandes potencias mundiales. Además, pidió terminar con el “Consejo de Inseguridad” y describió al gobierno de Estados Unidos como terrorista.

Evo Morales aclaró que Estados Unidos no tiene moral para tildar a otros países de terroristas

En su discurso ante la Asamblea General de ese organismo, el mandatario boliviano, Evo Morales, denunció la falta de compromiso de algunos países que hablan de democracia pero no acatan los acuerdos internacionales.

“Aquí se habla de la democracia, si quisiéramos realmente ser demócratas desde acá respetaríamos todas las resoluciones” de la ONU. “Un solo ejemplo, ¿acaso el gobierno de Estados Unidos respeta la resolución de las Naciones Unidas sobre el bloqueo económico a Cuba?”, preguntó.

En su discurso, Evo Morales también rechazó la inclusión de Cuba en un listado confeccionado desde Washington como país “patrocinador del terrorismo”. Antes de partir hacia Nueva York, el Presidente hizo una visita oficial a la isla presidida por Raúl Castro.

“¿Qué autoridad tiene el gobierno de Estados Unidos” para incluir a países como terroristas?” “¿Acaso ustedes, delegados y delegadas no se dan cuenta, el mundo no se da cuenta que el primer terrorista, que practica el terrorismo de Estado es Estados Unidos?”, preguntó Morales.

Y agregó en su explicación que se trata de un gobierno que lleva a cabo “tantas intervenciones, con tantos muertos, tanta matanza” y todo con el “pretexto de defender la democracia”. Estados Unidos, en Libia, “ha intervenido para tomar el petróleo para las potencias, no para el pueblo libio”.

Además, exigió la “libertad inmediata para los cinco cubanos” que son “presos políticos en Estados Unidos. Si hubiese “voluntad política de defensa de los derechos humanos, el señor Presidente podría liberarlos, porque está en sus manos”.

Añadió que en el foro de la ONU hay coincidencias teóricas en las que todos defienden los derechos humanos, la búsqueda de la paz y la democracia. Pero en los hechos estamos divididos, apuntó.

“Ayer el secretario general (Ban Ki-moon) dijo que hay que cambiar el mundo, pero para cambiar al mundo, hay que cambiar primero Naciones Unidas”, sostuvo Morales. Y eso se empieza cambiando el “Consejo de Inseguridad” de Naciones Unidas porque ese organismo “no puede ser cómplice del intervencionismo y de la violación de los derechos humanos”.

Por otra parte, el Ejecutivo de Bolivia reivindicó, una vez más, el derecho de su país a tener una salida al mar: “Bolivia emplaza, una vez más al gobierno de Chile, ante la garantía de esta Asamblea General, a solucionar definitivamente su enclaustramiento político por los mecanismos pacíficos”.

Recordó que esa controversia entre Chile y Bolivia, originada en un tratado que data de 1904 “un tratado injusto, impuesto e incumplido” y derivó de una invasión “bajo intereses de carácter oligárquico” realizada “con la participación de trasnacionales”. intereses oligárquicos, puede ser modificada. Como ejemplo citó el caso de la devolución del Canal de Panamá por parte Estados Unidos. “Este conflicto lastima la integración del continente de América”, añadió.

En ese mismo tono, defendió la causa argentina en su apelación al Reino Unido para entablar el diálogo diplomático por el diferendo ante la isas Malvinas: se debe luchar para tener “Malvinas para Argentina y mar para Bolivia”.

Morales defendió el “consumo legal” de la hoja de coca, “no puede haber cero producción de hoja de coca”, recalcó, recordó que Bolivia redujo la superficie cultivada de coca en un 12 por ciento “sin muertos y heridos, y respetando los derechos humanos”.

“Bolivia, fiel con su compromiso de lucha contra el narcotráfico”, señaló el Presidente, “ha solicitado la adhesión a la convención única de 1961sobre estupefacientes que preserva el derechos de usar la hoja de coca para fines culturales y especialmente medicinales” dentro del territorio boliviano. Recordó que en Estados Unidos hay estados en los que es legal la venta de cocaína, y sin embargo desde allí se le impide a los bolivianos mantener los usos ancestrales de la hoja de coca.

Con respecto a las empresas transnacionales que explotan recursos naturales, Morales recomendó a los países en desarrollo nacionalizarlos, como ha hecho su gobierno, para convertirlos en motor del cambio social al garantizar a la población servicios básicos que constituyen derechos humanos.

Los servicios básicos como el agua, la luz y la comunicación no pueden ser un negocio privado, nuestra experiencia de avances generados por la nacionalización de recursos muestra que cuando hay voluntad de cambio, las cosas pueden cambiar, puntualizó el mandatario boliviano.

Sobre las metas del milenio, que se tratan en la Asamblea, Evo Morales dijo que hasta hace unos años “Bolivia era un país desconocido”, pero que desde que comenzó su gestión hubo muchos “programas sociales y cambios estructurales” que han cambiado de manera radical la realidad boliviana.

Detalló que, según el plan de objetivos del milenio, para 2015 Bolivia debía “reducir el índice de pobreza extrema hasta el 24.1 por ciento. Sin embargo, el Presidente expresó: “quiero informarles que al 2011 ya reducimos al 20 por ciento la pobreza”. Además, adelantó que para el Bicentenario de su patria “queremos erradicarla por completo”, y que “en el año pasado el 10 por ciento de la población subió de la extrema pobreza a la clase media, estamos hablando de 1 millón de personas”.

Sobre la cobertura del agua hacia la población, según las metas del milenio, en 2015 el gobierno boliviano debía alcanzar a 78.5 por ciento, cifra beneficiados que se alcanzó durante este 2012, especialmente en poblaciones campesinas e indígenas.

El desarrollo en materia de telecomunicaciones también fue destacada por el Mandatario: de los 389 estados “en 2006, la telefonía móvil estaba solo en 90”. En unos días, informó el presidente Evo Morales inaugurará la llegada de esa herramienta tecnológica al “último municipio” que faltaba. Se trata del “más alejado, en la Amazonía boliviana”, señaló.
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Día Dos. Los dardos siguen apuntando al mismo lugar

Superando la retórica y el miedo, los presidentes latinoamericanos mantienen el llamando a cambiar las reglas y el escenario del juego mundial. Descrédito a la ONU y a la división Mundial.

Sin rodeos ni vueltas. Con el estilo propio de los latinoamericanos. Dejando a la vista de todos las falencias de un orden internacional claramente en crisis, y sostenido por más el componente fuerza de la hegemonía; se desnuda y crítica sin máscaras a quien basa su autoridad en el miedo y la prepotencia.

Los presidentes de México, Colombia, Guatemala, Trinidad y Tobago, Haití, Antigua y Barbuda y Bolivia – cada uno con sus matices, necesidades e intereses – dieron vida al púlpito de la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para remarcar la relación existente entre la pobreza, la violencia y la injerencia. Todo en el marco de un capitalismo en crisis.

No es casual que los referentes latinoamericanos reclamen el fin del doble discurso. Cada uno de los países nombrados anteriormente sufrieron el asedio del modelo neoliberal en las últimas dos décadas; modelo delineado en Washington y del cual la Asamblea General y la misma ONU no pueden desconocer complicidad, por acción u omisión.

Durante años fueron obligados a soportar en silencio; presionados por los organismos internacionales sean de carácter económico o militar, e incluso relativos a la difusión de políticas democráticas con exclusión y sin participación. Dictaduras militares y de mercado dieron por resultado el crecimiento de la pobreza estructural como contrapartida del sostenimiento y hegemonía de las minoritarias clases dominantes vernáculas.

Aún hoy se observa el temor de algunos países que se debaten entre el mantenimiento del estatus quo u observar con simpatía los desarrollos de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Duda que persiste ahora, cuando la crisis internacional alcanza niveles inimaginables en Europa y Estados Unidos.

Felipe Calderón se despide de la Asamblea y pronto de la presidencia de México, sin poder negar que vaya a ser recordado por haber seguido los consejos de Estados Unidos para implementar una guerra que ya produjo cincuenta mil muertos y veinticuatro mil desaparecidos. Sin desconocer que la militarización de su país y el desarrollo del crimen organizado alcanzó en su gestión niveles impensables. Situación complementaria a una economía unidimensional de mercados reducidos dominada por los Tratados de Libre Comercio (TLC).

Como representante de México, hizo hincapié en la falta de articulación y consenso para aplicar una política internacional de lucha contra el crimen organizado: la política delineada, aisladamente, desde su vecino del Norte.

Otto Perez Molina, presidente de Guatemala, entiende que de no modificarse la forma en que se afronta el problema del narcotráfico puede seguir el mismo camino que su par mexicano.

Guatemala, aprovechando la importancia, de su rol en Centroamérica, busca el desarrollo de nuevas políticas de seguridad basadas en el multilateralismo, la integración y el consenso internacional.

Si bien no desconoce la importancia de la participación de Estados Unidos, junto al resto de los países centroamericanos sufre del acoso y la seducción del financiamiento de la Casa Blanca que les permitiría resolver – suponen, nunca alcanza – su histórica pobreza. Se anima a pedir el auxilio del resto de los países para desarrollar nuevas iniciativas que le permitan salir del círculo vicioso de la violencia.

Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos, en un nuevo viraje colombiano – aun poco creíble pero esperanzador – se aleja de las relaciones carnales de su mentor y predecesor. Busca, entonces, el apoyo de sus vecinos para la consecución de “una” paz respecto del conflicto interno con las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC). Sin precisiones se acerca a las posiciones de la Unasur, aunque continua coqueteando con el socio estadounidense.

La presencia y la expresión de Haití, Antigua y Barbuda, y Trinidad y Tobago, pequeños países, aislados con fuertes contrastes y dependientes de la comunidad internacional, representa la importancia de terminar con las asimetrías económicas y políticas.

Por último, y como síntesis, el discurso del presidente Evo Morales respondió a las expectativas. Sin tapujos puso nombre y apellido a la actuación del poderoso: terrorismo de Estado. Con el sentir y en nombre del pueblo boliviano y del resto de los países latinoamericanos, interpretó la relación existente entre la situación actual y la necesidad de un nuevo y sincero acuerdo internacional.

Bolivia, en un certero proceso de recuperación y desarrollo con inclusión social, elevo su voz para denunciar retóricas y doble discursos; no sólo de los miembros de la comunidad internacional sino también de las Naciones Unidas -o “Naciones Desunidas” -. Describió lo hipócrita de seguir aceptando los designios del Consejo de Seguridad – o “de Iseguridad” – y su derecho a veto.

Latinoamérica interpreta, interpela y advierte al resto de los países del mundo que, de no reformase la Asamblea General y la misma ONU, terminaran por caer en lo retórico y el descrédito. Y, una crisis y varios años de avance de las democracias populares en nuestra región – quien dice – quizás de eso, no vuelva.

A fines de octubre en Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas,ONU, se discutirá una nueva Resolución contra el Bloqueo de EE:UU contra Cuba, este es el informe que Cuba presentará.

INTRODUCCION

El bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba comenzó a aplicarse desde el momento mismo del triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y, a lo largo de los años, se ha venido institucionalizando y refinando cada vez más mediante la aprobación de proclamas presidenciales y medidas legislativas que lo han hecho progresivamente más férreo y abarcador.

Desde ese momento, la política de asfixia económica que representa no ha cesado ni un solo instante, lo que refleja claramente la obsesión de sucesivos gobiernos de los Estados Unidos por destruir el sistema político, económico y social elegido por el pueblo cubano en ejercicio de sus derechos a la libre determinación y la soberanía. Durante todos estos años se han recrudecido y reforzado los mecanismos políticos, legales y administrativos de dicha política con el objetivo de procurar su instrumentación más eficaz.

El andamiaje en el que se sustenta el bloqueo califica como un acto de genocidio, en virtud de la Convención de Ginebra de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, y como un acto de guerra económica de conformidad con la Declaración relativa al Derecho de la Guerra Marítima adoptada por la Conferencia Naval de Londres de 1909. Como puede comprobarse al consultar los sitios web de los Departamentos del Tesoro y Comercio de EE.UU., el bloqueo contra Cuba sigue siendo el sistema de sanciones unilaterales más injusto, abarcador, severo y prolongado que se ha aplicado contra país alguno en el mundo.

Como consecuencia de la estricta y agresiva aplicación de las leyes y normativas que tipifican el bloqueo, Cuba continúa sin poder exportar e importar libremente productos y servicios hacia o desde los Estados Unidos, y no puede utilizar el dólar norteamericano en sus transacciones financieras internacionales o tener cuentas en esa moneda en bancos de terceros países. Tampoco se le permite tener acceso a créditos de bancos en Estados Unidos, de sus filiales en terceros países y de instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo.

Durante este último año, la persecución a las transacciones financieras internacionales de Cuba ha sido uno de los rasgos más significativos de la aplicación del bloqueo. Según el Informe Anual publicado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, la cifra de los fondos congelados por Estados Unidos a Cuba al cierre del año 2011 asciende a 245 millones de dólares , obstaculizando así el desarrollo económico, social y científico-técnico de Cuba.

Despreciando la voluntad de la comunidad internacional y de la Asamblea General, expresada en las veinte resoluciones adoptadas por dicho órgano, mediante las que solicita poner fin a esta política, el gobierno de los Estados Unidos continúa afirmando que mantendrá el bloqueo como una “herramienta de presión”, y no alberga intención alguna de modificar su enfoque hacia Cuba.

El daño económico ocasionado al pueblo cubano por la aplicación del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba hasta diciembre de 2011, considerando la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional, asciende a un billón 66 mil millones (1,066,000,000,000) de dólares.

A precios corrientes, asciende a una cifra que supera los 108 mil millones (108,000,000,000) de dólares en un cálculo sumamente conservador.

A pesar de haber fracasado en la consecución de sus propósitos, el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos sigue siendo el principal obstáculo para que Cuba desarrolle a plenitud sus potencialidades económicas y sociales.

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La Facultad de Medicina y la Escuela de Salud Pública, ambas de la Universidad de Costa Rica, realizó el foro denominado “Crisis de la CCSS: análisis y perspectivas para afrontar”, como una forma de colaborar en abrir espacios de análisis de la situación que enfrenta una institución considerada por todos los costarricenses como “fundamental en el desarrollo del país”. El mismo se realizó el martes 25 de setiembre en el Auditorio de Lanamme en la Ciudad Científica de la Universidad de Costa Rica.

Participó este foro el Lic. Gustavo Picado Chacón, gerente financiero de la CCSS, la Dra. Sisy Ramírez Castillo, viceministra de Salud, la Licda. Martha Rodríguez González, secretaria general adjunta de UNDECA, el Sr. Mario Céspedes Avalos, presidente de la Red de Control Ciudadano, así como la Mag. Gabriela Arguedas Ramírez, profesora de la Escuela de Salud Pública de la UCR y la Mag. Gabriela Murillo Sánchez, profesora de la Escuela de Salud Pública como moderadora.

El objetivo, según las organizadoras, es abrir un espacio para escuchar sobre la visión que diferentes actores sociales tienen con respecto a la crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, y las perspectivas o vías de solución de la misma. Para ello los expositores y expositoras tuvieron la oportunidad de dar a conocer su visión sobre estos aspectos y el auditorio la de hacerles preguntas.
De esta forma se contó con la exposición de actores fundamentales en la búsqueda de soluciones, la administración financiera de la Caja (la Presidenta Ejecutiva no pudo asistir), los trabajadores organizados, la ciudadanía, el Ministerio de Salud y la academia universitaria.

Diferentes visiones, diferentes caminos

Aunque en algunos aspectos lograron coincidir en cuanto a la necesidad de búsqueda de vías de solución a la crisis de la Caja, los y las expositoras presentaron argumentos de peso en cuanto a la forma de cómo se solucionaría la situación de la institución.

Desde la perspectiva institucional de la administración financiera de la Caja, la situación se ha sabido enfrentar y “logramos cumplir con las expectativas que la misma Organización Panamericana de la Salud, OPS, había planteado para solucionar algunos aspectos que había analizado” dijo Gustavo Picado y agregó que _“se han tomado medidas que han venido dando resultados positivos, aunque no han sido suficientes y debemos avanzar_”.

Por su parte Martha Rodríguez fue enfática en cuanto a las razones fundamentales que han llevado a la Caja a estar en esta situación y los responsables de que eso ocurriera al argumentar que “la intromisión de la politiquería en la institución ha llevado a la Caja a este nivel de crisis. No solo una mala administración, sino que la permisividad con la morosidad en el pago de las cuotas obrero patronales tanto del Estado como de la empresa privada. La toma de decisiones unilaterales, sin consulta a los profesionales en los diferentes campos, la millonaria condonación de intereses que desde la presidencia ejecutiva de la Caja se hace al mismo estado, sin contar con muchos otros hechos vergonzosos, han llevado a la seguridad social al estado en que se encuentra” y concluyó con que “esto se resuelve de varias maneras, una eliminando la presidencia ejecutiva de la Caja porque está ligada directamente al gobierno de turno, sea el que sea, y que le resta autonomía en la toma de decisiones importantes. Segundo que los morosos, incluidos el Estado y los empresarios, le paguen a la Caja las deudas multimillonarias. Tercero, abrir un espacio transparente y nacional para que todos los sectores sociales puedan aportar en las soluciones que se requieren en una institución fundamental para el desarrollo y la vida, entre muchos otros aspectos”.

Desde la óptica de la ciudadanía y la academia, tanto Mario Céspedes como Gabriela Arguedas fueron enfáticos en la urgente necesidad de que la ciudadanía se empodere y participe activamente en la solución de los problemas de la salud pública desde sus comunidades.

“Desde la Red de control ciudadano avanzamos en un proyecto fiscalizador desde la ciudadanía, desde la base, o como dijo un señor en Siquirres, desde “el piso”, para referirse a que los y las ciudadanas sean capaces de ejercer sus deberes, pero también sus derechos como ciudadanos, como asegurados y aseguradas desde los Ebais y el papel que estos deben cumplir”, dijo Céspedes.

Por su parte Gabriela Arguedas, que también hizo énfasis en la participación ciudadana, recalcó la importancia de la transparencia de quienes fungen un papel trascendental en la administración institucional de la Caja, “debe haber no solo información, debe existir la rendición de cuentas de quienes administran la institución, debe haber total posibilidad de acceso a información completa y objetiva para que la ciudadanía pueda participar en una mejor toma de decisiones sobre lo que le conviene, sobre el tipo de salud pública que desea y necesita. Para ello deben abrirse los espacios para que la ciudadanía ejerza sus derechos como actores fundamentales”.

Finalmente Sisy Ramírez compartió sobre el papel rector del Ministerio de Salud en cuando a a lo que le corresponde con la CCSS, “el Ministerio de Salud inspecciona la situación de infraestructura de los centros médicos, la situación del recurso humano, materiales y equipo. No podemos decirle a la Caja en qué o cómo debe utilizar sus recursos o cuales deben ser sus prioridades y en muchos casos valoramos si un centro de salud debe o no cerrarse por el impacto que esto pueda generar en los servicios que brinda a la población”.

En los próximos días pondremos a disposición de todos y todas, los videos de este Foro que aporta elementos importantes a valorar si pretendemos ser partícipes en la solución de los problemas de una institución fundamental para todas las personas en este país.
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Noticia UCR:
Expertos analizan crisis actual de la CCSS