AVN.- Las movilizaciones estudiantiles, que se intensificaron en 2011, son un reflejo de esta realidad. Los estudiantes chilenos piden volver al modelo educacional planteado durante el gobierno de Allende; que establecía la gratuidad de la enseñanza, donde el Estado se hacía cargo de garantizar este derecho a todos por igual.
De acuerdo a una reforma a la Constitución aprobada tras la llegada de Allende al poder se estableció “la libertad de enseñanza. La Educación Básica es obligatoria. La educación es una función primordial del Estado, que cumple a través de un sistema nacional del cual forman parte las instituciones oficiales de enseñanza y las privadas que colaboran en su realización, ajustándose a los planes y programas establecidos por las autoridades educacionales”, artículo 10 reformado de la Carta Magna.
“Las Universidades estatales y las particulares reconocidas por el Estado son personas jurídicas dotadas de autonomía académica, administrativa y económica. Corresponde al Estado proveer a su adecuado financiamiento para que puedan cumplir sus funciones plenamente, de acuerdo a los requerimientos educacionales, científicos y culturales del país”.
Además añadía “Los estudiantes universitarios tienen derecho a expresar sus propias ideas, y a escoger, en cuanto sea posible, la enseñanza y a los profesores que prefieran’”.
También el sector económico y el control estratégico de los recursos naturales del país tuvo prioridad en los tres años de gobierno de Allende. En ese sentido se nacionalizó la industria del Cobre en 1971, con el Estado bajo control del 100% de la misma.
En términos generales, el plan del gobierno de la coalición Unidad Popular incluían: nacionalización de las áreas claves de la economía chilena, aceleración de la reforma agraria, control de precios, aumento de salarios a todos los trabajadores, reforma constitucional y creación de una cámara única en el Congreso.
“Salvador Allende fue un hombre que luchó cincuenta años por mayor justicia social para que este país fuera diferente”, dijo en una oportunidad la senadora María Isabel Allende, hija del ex gobernante.
Golpe de Estado
No obstante, todos estos cambios se vieron truncados en 1973, cuando el 11 de septiembre un comando encabezado por el general Javier Palacios asaltó La Moneda (casa de Gobierno), por órdenes de Augusto Pinochet, jefe del Ejército, con el objetivo de derrocar al gobierno socialista de Allende.
Los medios de comunicación jugaron un papel relevante para la concreción del golpe, proceso que se inició desde el mismo momento de la asunción de Allende al poder.
Después del asalto, Pinochet asumió la Presidencia de facto hasta 1990. En este período se desató una ola de violencia represiva sin precedentes, sobre todos los barrios populares que fueron ocupados militarmente.
Cifras de organismos de derechos humanos señalan que hubo 3.200 muertos, 8.000 torturados y cerca de 300.000 exiliados.
Políticas de Pinochet
La precarización laboral, sobre todo en el sector minero, la extranjerización de la economía, y la mercantilización de la salud y la educación son las marcas más profundas que la dictadura militar de Pinochet dejó en el país.
Durante la dictadura de Pinochet se establecieron una serie de normas, todavía vigentes en Chile, que ampliaron la brecha entre los más ricos y los más pobres del país; y dejaron la conducción de la nación suramericana en manos de sectores burgueses imbuidos del ideal neoliberal y de las consignas de los Chicago’s Boys.
“A partir de la dictadura de Pinochet vivió un profundo cambio en la arquitectura del estado, caracterizado por la privatización de sectores, como la salud, previsión y educación. Este largo proceso fue llevado a cabo en un ambiente de represión, bajo la aspiración de cumplir todas las máximas neoliberales propuestas por la llamada Escuela de Chicago, del economista Milton friedman”, de acuerdo a la profesora chilena Monica Peña Ochoa.
Ochoa dice además que, por ejemplo, “el modelo educacional pasó de ser público a uno descentralizado, caracterizado por la municipalización de las escuelas públicas, así como el nacimiento de un sector particular – subvencionado administrado por privados que reciben financiamiento, al igual que las escuelas municipalizadas, a través de una subvención a la demanda, es decir una subvención económica calculada a través de la asistencia de alumnos”.
Para sellar las políticas en materia de educación aplicadas previamente, con un ideario empresarial, se promulgó el 10 de marzo de 1990, último día de la dictadura, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Loce), sobre la cual el ahora presidente Sebastián Piñera tuvo una influencia importante; pues era quien proponía un desplazamiento de las funciones del Estado chileno: que no tenga como meta garantizar la educación sino velar por los créditos financieros.
En cuanto a la industria del Cobre, el régimen de facto aplicó en 1981 la ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras. Con esta normativa, los yacimientos de minerales pasaron a ser concesiones plenas, abriendo la explotación a compañías privadas que además recibían rebajas tributarias.
Este proceso tuvo sus efectos negativos, en 1973 el 94% de la producción cuprífera estaba en manos del Estado, para 2007 ese porcentaje se reducía a 31%.
Las políticas pinochetistas también provocaron una reducción del gasto público, despido de trabajadores públicos, aumento al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la anulación del sistema de ahorro y préstamos de vivienda.
Estas medidas neoliberales siguen vigentes 22 años después del fin de la dictadura. Por esa razón los chilenos se encuentran en las calles, para pedir una reforma constitucional, cambio al sistema educativo, renacionalización del cobre, entre otras medidas que beneficien a la totalidad de los habitantes de este país suramericano.
También, familiares de víctimas de la dictadura denuncian impunidad.
