APOYAMOSDENUNCIA DE TRABAJADORADELHOSPITAL CALDERÓN GUARDIAPOR SUSTRACCIÓN DE EQUIPO QUIRÚRGICOPARA CLÍNICA PRIVADA
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) apoya y le brindará todo el respaldo a la denuncia de una trabajadora interina del servicio de Enfermería del Hospital Calderón Guardia, referente al traslado de equipos quirúrgicos a un centro médico privado.
La denuncia, que según la funcionaria presentó también al Ministerio Público, refiere a que existe un grupo de funcionarios del Hospital que aparentemente traslada equipos propiedad de la C.C.S.S. a la empresa privada para realizar cirugías, a pesar de que éstos gozan del beneficio de dedicación exclusiva institucional.
Según la funcionaria, esto ha generado situaciones de riesgo para los pacientes, pues en agosto pasado, mientras la enfermera se encontraba en su turno de guardia se presentó una emergencia y a la hora de aplicar el protocolo con un equipo de canasta de instrumentación vascular, les informaron que éste no se encontraba en la sala, sino fuera del hospital, con el aval supuestamente del Jefe Superior del Servicio.
Afortunadamente, la persona que era atendida fue atendida con éxito por el personal quirúrgico que se encontraba en el momento en Emergencias.
Según hemos sido del conocimiento, a la trabajadora se le ha amenazado y a otro personal interino, para que en caso de cualquier problema que se presente en el Servicio, se les recortaría el nombramiento interino o el trasladando a otro lugar.
UNDECA defenderá a esta compañera denunciante y al otro personal que ha sido intimidado, pues creemos que se ha actuado con los mayores principios éticos, morales y de solidaridad que deben tener todos los funcionarios de la Caja, además del deber de velar y denunciar por los bienes públicos de este país.
Solicitamos a la Presidenta Ejecutiva de la Caja, a la Gerente Médica y demás autoridades para que de inmediato se proceda como establecen los procedimientos administrativos y legales a conformar una comisión que investigue estas denuncias graves.
FRENTEAMPLIODENUNCIA A CONTRALORÍA Y A GERENTA DE LA CCSSPORIRRESPETAR LA LEY Y PROMOVER CONTRATACIÓN DE EMPRESASMOROSAS
Pide a Presidenta Ejecutiva y a Junta Directiva definir posición única y rechazar intentos de debilitar controles del artículo 74 de su Ley Orgánica.
También protesta “enérgicamente” ante la Contraloría por sabotear los esfuerzos del Parlamento para fortalecer a la CCSS
En una carta enviada hoy a la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Ileana Balmaceda, y a la Junta Directiva de esa entidad, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, denunció a la Gerenta de Infraestructura y Tecnología, Gabriela Murillo Jenkins, por haber solicitado a la Contraloría General de la República (CGR) una interpretación del Artículo 74 de la Ley Orgánica de la CCSS, con el fin de facilitar la adjudicación de licitaciones a empresas morosas con los seguros sociales.
El artículo 74 de la Ley Orgánica de la CCSS fue recientemente reformado por la Asamblea Legislativa, por iniciativa del Frente Amplio, para establecer claramente la obligatoriedad de estar al día con la seguridad social, como requisito ineludible de las empresas para participar en procedimientos de contratación administrativa.
En respuesta a la solicitud de Murillo Jenkins, la Dirección de Contratación Administrativa de la CGR emitió la resolución R-DCA-393-2012, del 30 de julio de 2012, en la cual rectifica la interpretación que, por mayoría, había adoptado y que establecía que el propósito y espíritu de ese artículo es impedir que empresas morosas sean aceptadas en licitaciones públicas. El Frente Amplio también protestó “enérgicamente” ante la CGR por esta resolución.
Villalta resaltó el hecho de que el Gerente Financiero de la CCSS, Gustavo Picado, ha impugnado esta última resolución de la CGR por ser contraria al régimen legal y constitucional que protege los seguros sociales y a la propia ley orgánica de la CCSS.
Para el diputado Villalta, la última interpretación adoptada por la Contraloría “es antojadiza, por ser contraria a la letra y el espíritu de la ley. Si el artículo 74 prohíbe a las personas morosas con la seguridad social participar en procesos de contratación administrativa, no existe posibilidad alguna de interpretar que el término “participación” se refiere a “la posibilidad de resultar adjudicatario del procedimiento de contratación”. Para ser adjudicatario se requiere haber participado en el proceso, haber presentado ofertas y que estas ofertas hayan sido analizadas y valoradas por la Administración.”
“La Contraloría alcahuetea a los morosos, socavando los esfuerzos que ha hecho la Asamblea Legislativa para garantizar el financiamiento de los seguros sociales. Se debilita el mecanismo de control concebido por el legislador, porque los oferentes morosos que no tengan posibilidad de ser adjudicados no tendrán ningún incentivo para ponerse al día con la CCSS. Podrán concursar y, si ven que no tienen opción de ganar, simplemente seguirán morosos con la CCSS”, expresó el parlamentario.
Agregó que, con la resolución de la CGR, también “se fomenta la competencia desleal entre oferentes, pues una empresa podrá bajar sus costos de operación y presentar una mejor oferta a costa de encontrarse morosa con la seguridad social, en perjuicio de otra que sí hizo los esfuerzos y sacrificios necesarios para ponerse al día.”
En su carta, Villalta considera “lamentable que a algunas autoridades de la CCSS no les preocupe esta grave situación. Parece que incluso ven el interés cortoplacista de poder incluir más oferentes en sus licitaciones –aunque estén morosos-, sin considerar que la calidad y sostenibilidad de los servicios que prestan dependen del combate frontal a la morosidad con la seguridad social.”
“Pareciera que no entienden que, si se debilita el financiamiento de la CCSS, a mediano y largo plazo faltarán recursos para mejorar la infraestructura y la prestación de los servicios de salud. Sin recursos para obras, de nada les servirá contar con más oferentes, morosos incluidos, salvo que lo que se busque es seguir favoreciendo al sector privado, en detrimento de la seguridad social”, agregó.
Por lo anterior, solicita a las autoridades de la CCSS informarle “cuál es criterio oficial de la institución, si respalda las gestiones de algunos funcionarios para debilitar la aplicación del artículo 74 de su Ley Orgánica y si se considera correcto, dentro de una adecuada y eficiente gestión institucional, que existan posiciones contradictorias sobre un tema de tanta importancia. Asimismo, me informe sobre las acciones que tomará para evitar que esta lamentable situación se repita.”
Finalmente, advierte que “si la Administración Superior de la CCSS no hace cumplir su propia Ley Constitutiva y permite que se burlen los mecanismos dispuestos por el Poder Legislativo para combatir la morosidad, no habrá manera de fortalecer ni rescatar esta institución de la grave crisis que enfrenta.”
_______________________ Nota de Undeca
Desde UNDECA creemos que es verdaderamente sorprendente como, desde la misma Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, se violentan las Leyes en detrimento de los más altos intereses de los costarricenses. Este tipo de acciones contribuyen al deterioro de la imagen de la institución y peor aún va en contra de los intereses económicos de la Caja.
UNDECA se une a esta denuncia y exigirá que la Junta Directiva de la Caja, encabezada por Ileana Balmaceda, que brinde respuestas claras sobre este nefasto accionar y que rectifique su proceder.
Reclaman libertad para los Cinco desde diversas latitudes
14 años detenidos por denunciar, a las autoridades de Estados Unidos, planes de acciones terroristas desde Miami.
Los actores estadounidenses, Danny Glober y Peter Coyote explican la detención de los 5 héroes cubanos y exigen su libertad(Hay otro VIDEO abajo)
NUEVAYORK, 12 de septiembre.— Al cumplirse hoy 14 años de la injusta encarcelación de los Cinco patriotas cubanos que luchaban contra el terrorismo en Estados Unidos, es cada vez más amplia la solidaridad internacional hacia ellos.
Numerosas han sido las peticiones al presidente estadounidense Barack Obama de que haga uso de sus prerrogativas constitucionales y ponga fin a la injusticia cometida contra Gerardo Hernández, Fernando González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y René González.
En Nueva York, varias organizaciones de solidaridad como el Comité Internacional por la Liberación de los Cinco reclamaron justicia durante un acto celebrado en la emblemática Iglesia Riverside de Manhattan, refiere PL.
En Canadá, el Comité Internacional de Vancouver para la Liberación de los Cinco realizó una vigilia frente al consulado estadounidense, dedicada a los luchadores y a las víctimas del terrorismo apoyado por Washington; mientras otros grupos solidarios efectuaron un mitin en Montreal para exigir libertad para los Cinco Héroes de la isla caribeña.
Organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, convocadas por el Comité Argentino por la Libertad de los Cinco y el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba (MasCuba), marcharon hasta la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires.
Allí fue reconocida la importante actividad de difusión del caso realizada por jóvenes de El Dorado (Misiones) en las Cataratas del Iguazú, así como la labor desplegada en ese mismo sentido por la Agrupación Motor, del municipio bonaerense de La Matanza.
De gran significación fueron considerados asimismo los decretos, resoluciones y ordenanzas emitidos a favor de la libertad de los Cinco por los Concejos Deliberantes y Municipales de Rosario, Necochea, Morón y La Plata.
Mientras tanto, en Guatemala la Coordinadora de Solidaridad con Cuba y los Pueblos insistió en la Universidad de San Carlos (la más importante de ese país), en la necesidad de poner fin a la injusticia, como la de Gerardo, condenado a dos cadenas perpetuas más 15 años.
Por su parte, la Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba entregó en la sede diplomática de Estados Unidos en Santo Domingo, una carta para el presidente Obama, en la cual pide el indulto de los luchadores cubanos.
Solicitamos que disponga, mediante amnistía, la libertad de Gerardo Hernández, Fernando González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y René González para restaurar el sentido de justicia, señala el texto.
La misiva también se refiere a la situación de René González, quien estuvo encarcelado hasta el 7 de octubre del 2011, y ahora cumple tres años de libertad supervisada en suelo norteamericano. Su seguridad personal, expone, está más amenazada en las calles de Estados Unidos que detrás de los barrotes ignominiosos.
Desde Haití, la corresponsal de Granma, reportó que el club de amigos de Cuba de la comunidad de Darbonne reclamó la inmediata excarcelación de los luchadores antiterroristas con una gala político-cultural, en la cual hicieron un llamado a la solidaridad y a la necesidad de romper el bloqueo informativo en torno a esa injusticia.
La velada, que contó con la presencia de funcionarios de la Embajada cubana en Haití y los colaboradores de la Misión del Azúcar, también fue oportuna para celebrar los seis años de creado el club que actualmente integran 65 personas de la comuna.
A su vez, en Nicaragua se realizó una celebración ecuménica en la iglesia de Managua como parte de la campaña mundial a favor de los Cinco.
El embajador cubano en esa nación centroamericana, Eduardo Martínez Borbonet, destacó que la cita reunió a evangélicos, católicos y ateos en reclamo de justicia frente a uno de los casos ilustrativos de la vendetta política contra la Revolución cubana.
También en Asunción, la secretaria general del Partido Movimiento al Socialismo de Paraguay, y la presidenta del Comité Paraguayo Pro Libertad de los Cinco, Ligia Prieto, coincidieron en que estos luchadores representan el ejemplo de Cuba y los anhelos del mundo entero.
Mientras tanto, un panel para develar aspectos importantes relacionados con el juicio y la condena a los Cinco fue celebrado en La Paz, con los colaboradores y miembros del cuerpo diplomático cubano en Bolivia, quienes enviaron un mensaje solidario desde la nación andina.
En declaración conjunta publicada en Lima, destacados intelectuales, artistas, escritores, científicos sociales y otras personalidades peruanas, como los escritores Arturo Corcuera, Hildebrando Pérez y Winston Orrillo demandaron al presidente de Estados Unidos que libere a los antiterroristas.
Desde Moscú, la coordinadora general del Comité Nacional ruso de solidaridad con los luchadores cubanos, Lena Loshkina, declaró que “la más importante dirección de nuestro trabajo es romper el bloqueo informativo en los medios centrales de difusión”.
En Rusia, la solidaridad con los Cinco tiene lugar a diferentes niveles, incluido la Duma (parlamento), en el que fueron aprobadas unánimemente dos resoluciones por los Cinco y tenemos apoyo gubernamental en ese empeño, consideró la activista.
En mayo del 2005, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias determinó que la privación de libertad de los Cinco era arbitraria y exhortó a Washington a adoptar las medidas necesarias para rectificar esa injusticia, algo desoído hasta ahora por la justicia norteamericana. (SE)
AVN.- Las movilizaciones estudiantiles, que se intensificaron en 2011, son un reflejo de esta realidad. Los estudiantes chilenos piden volver al modelo educacional planteado durante el gobierno de Allende; que establecía la gratuidad de la enseñanza, donde el Estado se hacía cargo de garantizar este derecho a todos por igual.
De acuerdo a una reforma a la Constitución aprobada tras la llegada de Allende al poder se estableció “la libertad de enseñanza. La Educación Básica es obligatoria. La educación es una función primordial del Estado, que cumple a través de un sistema nacional del cual forman parte las instituciones oficiales de enseñanza y las privadas que colaboran en su realización, ajustándose a los planes y programas establecidos por las autoridades educacionales”, artículo 10 reformado de la Carta Magna.
“Las Universidades estatales y las particulares reconocidas por el Estado son personas jurídicas dotadas de autonomía académica, administrativa y económica. Corresponde al Estado proveer a su adecuado financiamiento para que puedan cumplir sus funciones plenamente, de acuerdo a los requerimientos educacionales, científicos y culturales del país”.
Además añadía “Los estudiantes universitarios tienen derecho a expresar sus propias ideas, y a escoger, en cuanto sea posible, la enseñanza y a los profesores que prefieran’”.
También el sector económico y el control estratégico de los recursos naturales del país tuvo prioridad en los tres años de gobierno de Allende. En ese sentido se nacionalizó la industria del Cobre en 1971, con el Estado bajo control del 100% de la misma.
En términos generales, el plan del gobierno de la coalición Unidad Popular incluían: nacionalización de las áreas claves de la economía chilena, aceleración de la reforma agraria, control de precios, aumento de salarios a todos los trabajadores, reforma constitucional y creación de una cámara única en el Congreso.
“Salvador Allende fue un hombre que luchó cincuenta años por mayor justicia social para que este país fuera diferente”, dijo en una oportunidad la senadora María Isabel Allende, hija del ex gobernante.
Golpe de Estado
No obstante, todos estos cambios se vieron truncados en 1973, cuando el 11 de septiembre un comando encabezado por el general Javier Palacios asaltó La Moneda (casa de Gobierno), por órdenes de Augusto Pinochet, jefe del Ejército, con el objetivo de derrocar al gobierno socialista de Allende.
Los medios de comunicación jugaron un papel relevante para la concreción del golpe, proceso que se inició desde el mismo momento de la asunción de Allende al poder.
Después del asalto, Pinochet asumió la Presidencia de facto hasta 1990. En este período se desató una ola de violencia represiva sin precedentes, sobre todos los barrios populares que fueron ocupados militarmente.
Cifras de organismos de derechos humanos señalan que hubo 3.200 muertos, 8.000 torturados y cerca de 300.000 exiliados.
Políticas de Pinochet
La precarización laboral, sobre todo en el sector minero, la extranjerización de la economía, y la mercantilización de la salud y la educación son las marcas más profundas que la dictadura militar de Pinochet dejó en el país.
Durante la dictadura de Pinochet se establecieron una serie de normas, todavía vigentes en Chile, que ampliaron la brecha entre los más ricos y los más pobres del país; y dejaron la conducción de la nación suramericana en manos de sectores burgueses imbuidos del ideal neoliberal y de las consignas de los Chicago’s Boys.
“A partir de la dictadura de Pinochet vivió un profundo cambio en la arquitectura del estado, caracterizado por la privatización de sectores, como la salud, previsión y educación. Este largo proceso fue llevado a cabo en un ambiente de represión, bajo la aspiración de cumplir todas las máximas neoliberales propuestas por la llamada Escuela de Chicago, del economista Milton friedman”, de acuerdo a la profesora chilena Monica Peña Ochoa.
Ochoa dice además que, por ejemplo, “el modelo educacional pasó de ser público a uno descentralizado, caracterizado por la municipalización de las escuelas públicas, así como el nacimiento de un sector particular – subvencionado administrado por privados que reciben financiamiento, al igual que las escuelas municipalizadas, a través de una subvención a la demanda, es decir una subvención económica calculada a través de la asistencia de alumnos”.
Para sellar las políticas en materia de educación aplicadas previamente, con un ideario empresarial, se promulgó el 10 de marzo de 1990, último día de la dictadura, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Loce), sobre la cual el ahora presidente Sebastián Piñera tuvo una influencia importante; pues era quien proponía un desplazamiento de las funciones del Estado chileno: que no tenga como meta garantizar la educación sino velar por los créditos financieros.
En cuanto a la industria del Cobre, el régimen de facto aplicó en 1981 la ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras. Con esta normativa, los yacimientos de minerales pasaron a ser concesiones plenas, abriendo la explotación a compañías privadas que además recibían rebajas tributarias.
Este proceso tuvo sus efectos negativos, en 1973 el 94% de la producción cuprífera estaba en manos del Estado, para 2007 ese porcentaje se reducía a 31%.
Las políticas pinochetistas también provocaron una reducción del gasto público, despido de trabajadores públicos, aumento al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la anulación del sistema de ahorro y préstamos de vivienda.
Estas medidas neoliberales siguen vigentes 22 años después del fin de la dictadura. Por esa razón los chilenos se encuentran en las calles, para pedir una reforma constitucional, cambio al sistema educativo, renacionalización del cobre, entre otras medidas que beneficien a la totalidad de los habitantes de este país suramericano.
También, familiares de víctimas de la dictadura denuncian impunidad.
Bajo el falso pretexto de cortar privilegios a los empleados públicos y de unificar sobresueldos, el gobierno neoliberal liberacionista anunció un proyecto de ley que significa una de las mayores y más agraves agresiones a los derechos sociales y laborales de los y las trabajadores.
De golpe y porrazo el gobierno de Laura Chinchilla recupera uno de los más viejos anhelos de la oligarquía costarricense desde que se aprobaron el Código de Trabajo y las Garantías Sociales.
En las condiciones de 1943 y dada la correlación de fuerzas existentes, el movimiento sindical y popular logró una victoria histórica con la aprobación de una legislación que iba a cambiar profundamente el rostro social de Costa Rica. La clase trabajadora pasaba a ser un sujeto de derechos que sabía luchar por ellos y por su defensa.
La legislación social y laboral, sin embargo, por muy avanzada que pudiera ser en su momento, siempre está limitada por los contextos históricos en los que se desenvuelven las luchas sociales y de clases.
Había que seguir luchando no solamente para que lo conquistado no se pierda, sino para tratar de seguir ampliando también esos derechos por medio de la organización y de la lucha social. Por ejemplo, el derecho a la libertad sindical está en el Código y en la Constitución, pero hoy en la democrática Costa Rica más del 95% de los trabajadores y trabajadoras de la empresa privada no tienen ese derecho.
Es cierto que lamentablemente sólo en el sector público existe la libertad sindical. Eso ha permitido mejorar las condiciones de vida y de trabajo de decenas de miles de trabajadores. La negociación colectiva y la firma de convenciones, instrumentos de toda verdadera democracia, permiten que los derechos se puedan elevar sobre los mínimos de ley establecidos, como es el caso de la cesantía, de los incentivos salariales y otros.
Aunque hay una campaña feroz que califica de privilegio cualquier conquista social o laboral, lograda ya sea por medio de la lucha o por medio de la negociación colectiva, no son privilegios son derechos aquí y en cualquier parte del mundo donde se respeten los derechos de las clases trabajadoras.
¿Qué puede haber situaciones de abusos y de corrupción? Indudablemente, ni el sindicalismo ni ningún grupo social está vacunado contra el abuso y ciertos casos de corrupción. Pero son insignificantes al lado de un movimiento que a lo largo de nuestra historia ha dado sobradas muestras de patriotismo. Tampoco es homogéneo el movimiento sindical y junto a sectores que siempre han dado ejemplo de honestidad y coherencia, también han existido sectores que tradicionalmente se prestaron para hacerle el juego a la patronal.
¿Qué es lo que quiere el gobierno de los ricos en realidad?
Terminar nivelando a todos los trabajadores hacia abajo, quitándoles derechos con burdos pretextos que lamentablemente llegan a calar en otros sectores populares y progresistas del país, dada le persistente y feroz campaña antisindical de la plutocracia nacional.
Lo que busca el neoliberalismo es en el fondo nivelar a los trabajadores del sector público con los del sector privado. Ese siempre ha sido su proyecto. Abolir los derechos sociales y laborales que todavía existen en el sector público, y colocar a todo el mundo en las mismas condiciones en que se trabaja en la maquila, en la construcción, en el comercio y el transporte, en piñeras, bananeras y otras plantaciones, etcétera. Si pudieran recuperarían la vieja nostalgia de la oligarquía cafetalera de hacer un país de peones y de pequeños propietarios atados para siempre al beneficio y al exportador.
No se trata de reconocer a los trabajadores y trabajadoras del sector privado derechos laborales y sociales que son brutalmente desconocidos por la inmensa mayoría del sector empresarial y de los gobiernos a su servicios, sino de quitarle derechos a los trabajadores del sector público para que todos sean igualiticos en bajos salarios y otras garantías laborales y sociales.
¿Qué es sino el TLC?
El proyecto de crear un mercado regional único, donde se compita sobre la base de menores salarios y beneficios sociales, sin sindicatos que jodan si es posible.
La propuesta de ley, de hacerse realidad, sería un retroceso de dimensiones históricas en el significado de lo que representa la lucha social, la organización sindical y la negociación colectiva.
No sólo es una agresión a grupos de trabajadores y de trabajadoras del sector público, es una agresión que afectaría profundamente al conjunto de la clase trabajadora, incluida la del sector privado aunque hoy no puedan ser plenamente conscientes de ello, por las condiciones de encierro y de miedo a los que están sometidos por un poder patronal despiadado.
También es una agresión contra la sociedad democrática costarricense y todo el movimiento social popular, pues se trata de un eslabón de la misma estrategia contra nuestros derechos democráticos y sociales.
Es necesario y urgente decir inmediatamente no a este perverso proyecto y prepararse para las necesarias movilizaciones que tendrán que darse en todas las calles y centros de trabajo de nuestra patria.
El impacto de esta directriz contrajo serias dificultades a nivel local para asumir el mantenimiento de los equipos, debido a que no contaban con el personal suficiente y capacitado y sin el presupuesto para la contratación.
Previo a la reestructuración la institución a nivel central por medio de la Sección de Mantenimiento de Equipo Médico contaba con técnicos experimentados, personal que en los últimos años se ha limitado a labores administrativas bajo el nombre de Gestión de Mantenimiento.
En ese entonces existían 35 técnicos, con un alto grado de especialidad y conocimiento que le brindaban a los hospitales, clínicas, áreas de salud y administrativo, un excelente servicio en el mantenimiento y prevención de equipos de alta, mediana y baja complejidad.
Entre estos, el personal atendía equipos médicos electromecánicos (Esterilización, Unidades Dentales, Máquinas Anestesia, Ventiladores pulmonares, etc), especialidad en electromedicina ( laboratorio clínico, monitores, desfibriladores, electrocardiogramas, mesas y lámparas de cirugía etc.) y equipos de RX ( Rx convencionales, mamógrafos, TAC, etc.), asesoraban a las altas autoridades institucionales en la compra y adquisición de tecnología de punta y eran capacitados como requisito para la reparación y mantenimiento de los mismos.
Pero de pronto unos “iluminados”, esos a los que nunca se les investiga, se les previene o sanciona, tomaron la decisión de prescindir de este personal, que contaba con un taller central en la Uruca.
Cabe recalcar que la Sub-Área de Equipo Médico cuentan con un edificio donde se encuentra parte del personal, del Área de Gestión Tecnológica, la otra parte del personal está alquilando o pagando, teniendo infraestructura y espacio físico adecuado en la Sub-Área de Equipo Médico en la Uruca.
Desde entonces, a estos 35 técnicos, se les quitaron las funciones, igualmente se les prohibió reparar cualquier equipo médico, aunque fuera de significativa necesidad para brindar el servicio al asegurado.
Durante estos años, estos trabajadores no hacen más que archivar papeles y llevar algunos controles, siendo la mitad de ellos reubicados en otras áreas, mientras equipos médicos de altísimo valor, esperan su reparación.
Esto no es ni más ni menos que un enorme despilfarro de recursos económicos, por parte de los altos jerarcas de la Caja, en la compra de estos y otros servicios privados, en el alquiler de edificios, traslado de pacientes en la Cruz Roja y otros vehículos por más de 50 mil millones de colones al año.
Si hiciéramos un inventario de salarios, estaríamos hablando de alrededor de 3 mil millones de colones en estos 7 años, más el valor de los equipos deteriorados y dañados, el monto se elevaría a muchos miles de millones.
Pero adicionalmente a éstos, también se han erogado otros miles de millones por parte de la Gerencia de Infraestructura y Tecnología, en la contratación de mantenimiento de equipos viejos y nuevos, donde muchas veces se incumplen los malos contratos que se firman. _ ¡Exijamos rendición de cuentas de los altas jerarcas!_
