- Sindicatos se reúnen con el Dr. Álvaro Ramos, Presidente Ejecutivo de la CCSS.
- Defendemos la CCSS y exigimos respeto a los derechos humanos laborales.
La tarde de este miércoles 18 de mayo, organizaciones sindicales del sector salud, entre ellas la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), Unión Médica Nacional (UMN), Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas (SIPROCIMECA) Asociación Nacional de Profesionales de Enfermería (ANPE), Sindicato de Médicos Especialistas (SINAME) y el Sindicato Nacional de Administradores de Servicios de Salud y Afines (SINASSASS), presentaron un documento al Dr. Álvaro Ramos, Presidente Ejecutivo de la CCSS, en el cual se expone la posición sindical respecto a lo que se consideran los desafíos, la defensa y el fortalecimiento de la institución de cara a este nuevo periodo.
Siendo la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) una institución pilar del desarrollo, la democracia y la paz social costarricense, su sostenibilidad, administración y decisiones laborales e institucionales deben formar parte de un proceso de diálogo abierto, que requiere el compromiso de todos.
La institución como botín político del modelo neoliberal, su importancia en el contexto de la pandemia, la afectación de la evasión y morosidad, los fantasmas de la corrupción y la privatización, la salud como un derecho social fundamental, listas de espera, fortalecimiento y defensa de la autonomía institucional, infraestructura, fueron parte de los aspectos abordados, junto al futuro del régimen de pensiones de IVM y el derecho de las personas trabajadoras a una pensión digna.
Respeto a los derechos laborales.
UNDECA y las organizaciones presentes, dejamos en claro la importancia del servicio que brindan los y las trabajadoras de la CCSS a la sociedad y manifestamos nuestro repudio por la precariedad laboral, largos interinazgos, problemática de los concursos, informalidad, bajos salarios, falta de condiciones laborales, de salud ocupacional y las limitaciones en materia de libertad sindical y diálogo social. Afectaciones producto de leyes neoliberales regresivas como la Ley Marco de Empleo Público (10.159), Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Combo Fiscal) y la mal llamada Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos (9808).
Las organizaciones presentes, instaron al Dr. Ramos a la construcción de una Mesa Nacional Democrática que aborde los grandes desafíos que tiene la CCSS como garante fundamental de nuestro sistema de protección social y una Mesa Institucional de Diálogo y Negociación para resolver las demandas de los trabajadores y trabajadoras institucionales, que permita mantener la armonía y la paz laboral.
Documento completo
18 de mayo 2022
Dr. Álvaro Ramos
Presidente Ejecutivo
Caja Costarricense de Seguro Social.
El Seguro Social es una conquista de los trabajadores organizados, llevada a cabo a través de muchos años de lucha y de muchos sacrificios. Carmen Lyra (Periódico Trabajo, 1946)
Estimado señor:
La Caja Costarricense de Seguro Social es una institución fundamental, pilar del desarrollo, la democracia y la paz social costarricense, por lo cual nos permitimos hacer las siguientes reflexiones, que demandan la apertura de un proceso de diálogo laboral y social.
Desafíos, defensa y fortalecimiento de la CCSS.
Las presiones de la pandemia sobre nuestro sistema de salud han demostrado la importancia de la Caja, del modelo de salud público en manos de una institución que brindó respuesta inmediata y oportuna a la sobredemanda de servicios, con equipos extraordinarios de trabajadores y trabajadoras de todos los grupos ocupacionales, que redoblaron esfuerzos, hasta el sacrificio, para proteger la salud de toda la población, en una sociedad desigual, excluyente, en un contexto político, social y económico muy complejo.
Lamentablemente, en estos ochenta años nuestra benemérita institución ha enfrentado distintos desafíos, particularmente, en las últimas 3 décadas los embates del modelo económico neoliberal, convertida en botín político de los gobiernos de turno, presa de la evasión y la morosidad, de la exorbitante y creciente deuda estatal, de los intereses particulares por encima de los institucionales, de la injerencia política, asediada por la corrupción, las privatizaciones, los conflictos de interés y el afán de lucro.
Las transformaciones sociales, económicas, demográficas, en la estructura del empleo y el traslado de obligaciones estatales, sin los recursos financieros correspondientes, que, unido a una deuda acumulada por diferentes partidos en el gobierno, próxima a alcanzar los 3.000 millones de millones de colones, ha incidido gravemente en la sostenibilidad en los seguros de salud y de pensiones.
La salud es un derecho social fundamental, que deriva del derecho a la vida contemplado en el artículo 50 constitucional, un elemento esencial para el desarrollo social, el bienestar y el mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida de las personas, violentado reiteradamente por las interminables listas de espera, la inequidad en la distribución geográfica de los recursos, las limitaciones diagnósticas y terapéuticas, los mecanismos de depuración y las filas que obstaculizan o limitan el derecho, agraviando no solo a la persona enferma sino a su familia.
Las listas de espera, profundizadas por la priorización de la atención de la pandemia, retardaron la atención de otras patologías, en muchos casos con plazos que superan ampliamente el año, por lo que demandamos estrategias políticas y acciones inmediatas de las jerarquías institucionales para abordar, desde la propia institución -evitando las presiones de las corporaciones privadas de la salud por lucrar con los recursos públicos- para atender las necesidades insatisfechas de la población en consultas y cirugías especializadas, terapéuticas y diagnósticas. En este tema las organizaciones tenemos propuestas para la rehabilitación y recuperación de los servicios.
Nuevos retos y amenazas se ciernen sobre la CCSS, desde sectores políticos y empresariales, que pretenden desfinanciar y desmantelar la institución, a través de condonaciones de sus deudas con la institución, de la disminución de las contribuciones patronales, de modificaciones normativas para evadir la responsabilidad social y laboral, de leyes inconstitucionales que drenan los recursos, Y el incumplimiento de la disposición constitucional establecida en el artículo 177 de la Constitución Política, entre otras.
Es imprescindible para el rescate y fortalecimiento de la CCSS, defender la autonomía constitucional y la plena independencia de otros poderes públicos, eliminar las practicas privatizadoras de servicios, garantizar la sostenibilidad del Seguro de Salud, mediante el pago oportuno y en efectivo de las deudas que mantienen patronos y gobiernos con la CCSS, con legislación que establezca el delito a la Seguridad Social que desestimule la morosidad, la evasión, la subdeclaración y leyes que garanticen rentas suficientes para atender los distintos programas de salud.
Asimismo, se debe fortalecer la infraestructura, algunas con ordenes sanitarias, solo como ejemplo el edificio que alberga el Servicio de Odontología, que atiende las necesidades en el ámbito nacional, ubicado en los alrededores del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, también atender las necesidades en equipos, materiales, medicamentos y el recurso humano en todas las áreas, para responder a las demandas sanitarias y previsionales de la población, en el contexto de salud con equidad y oportunidad para todos y todas.
El derecho de las personas trabajadoras a una pensión digna, después de años de aportar a la sociedad su trabajo, es una aspiración que debe ser fortalecida y financiada por el Estado, para garantizar a cada adulto mayor calidad de vida y bienestar en esa etapa de su vida, que es irreconciliable con reformas y propuestas realizadas desde la ignorancia o la mala fe de algunos políticos.
Los legítimos dueños de los fondos de pensiones sean del primer pilar o complementarias son los trabajadores, pero las políticas y suficiencia ha sido definidas a espaldas de los mismos trabajadores, aumentando edades, requisitos y disminuyendo beneficios, precarizando y perjudicando la calidad de vida de las y los jubilados.
La Junta Directiva de la CCSS acuerda convocar una mesa para construir otras alternativas para el financiamiento del Régimen de IVM, pero si las reformas ya están definidas desde esa presidencia ejecutiva, se convierte en un artificio, una consulta de mero trámite, generando desconfianza y falta de credibilidad en esos procesos.
La defensa de la CCSS solo será posible con diálogo social, legitimo, reflexivo, ético, transparente y franco, con participación de los actores sociales, que permita la construcción de una seguridad social fortalecida, sostenible, universal, solidaria, con políticas públicas estratégicas que eviten las inequidades y posibilite las mejores condiciones biológicas, sociales, económicas, psicológicas y ambientales, en un Estado Social que garantice el bienestar de sus ciudadanos.
Respeto a los derechos laborales.
El servicio que prestamos los y las trabajadoras de la CCSS a la sociedad es fundamental, por lo que resulta un desatino la precariedad laboral, los largos interinazgos y la problemática de los concursos, informalidad, los bajos salarios, la falta de condiciones laborales y las limitaciones en materia de libertad sindical y diálogo social.
En el tema de Empleo público, la Ley Marco de Empleo Público (10.159), unido a la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Combo Fiscal) y la mal llamada Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos (9808), aprobadas por legisladores enemigos del Estado Social de Derecho, es la mayor contrareforma laboral de la historia costarricense.
Esta ley menoscaba el sistema democrático, la autonomía de gobierno y administración de la CCSS y lesiona el diseño constitucional de división de poderes, concentrando en el Poder Ejecutivo todo lo relativo a las relaciones de empleo en el sector público.
Además de las múltiples falencias, la reducción salarial, la precarización de las condiciones laborales de los servidores públicos, la imposición de un modelo de salario global desconocido en toda la administración pública, también establece que en una misma institución pueden coexistir dos regímenes distintos de empleo, uno que depende de la propia institución y otro que dependerá de MIDEPLAN, lo que afectará la gobernanza y la armonía de las relaciones labores. Someter a la CCSS a las directrices del Poder Ejecutivo sería renunciar a la autonomía constitucional. Este trascendental aspecto debe ser abordado de inmediato.
En materia de Salud Ocupacional queda debiendo la institución respecto al cumplimiento del Convenio número 155 y la Recomendación número 164 de la OIT, respecto al suministro de ropas y todos los equipos e implementos de protección, sin costo para el trabajador, las medidas para prevenir los riesgos y las consecuencias físicas y psicológicas del estrés y el agotamiento, de condiciones inhumanas que vivieron durante la pandemia, sin pausas durante la jornada laboral o vacaciones profilácticas, entre otras.
Los teletrabajadores han sufrido sensación de aislamiento, jornadas laborales más largas, con horas de trabajo excesivas, sin descansos y el desdibujamiento entre las líneas entre el trabajo y la vida familiar.
La gestión de los riesgos ergonómicos, físicos, ambientales y químicos, las lesiones musculoesqueléticas agudas, los riesgos derivados del uso de Equipos de Protección Personal, que dejan marcan en el rostro, el estrés térmico y la deshidratación, el fallecimiento o las secuelas incapacitantes por contagio con COVID-19 que generan mayor carga laboral y familiar, disminuyen la capacidad de trabajo y aumentan el riesgo de accidentes y lesiones, por lo que este tema es de fundamental importancia.
Deben resolverse problemáticas que están afectando a las personas trabajadoras, a lo largo y ancho del país, el irrespeto a la Normativa de Relaciones Laborales, los atrasos en nombramientos, en el pago de salarios ordinarios y extraordinarios, las demoras en el pago de los subsidios por incapacidad, rebajos de salarios a personal que no ostentan una jefatura real y efectiva, medidas ilegales y arbitrarias sin aplicar el Debido Proceso, lo adeudado desde enero del año 2020 por el ajuste salarial no honrado a la fecha, entre otros que señalaremos oportunamente.
Instalación de espacios de diálogo y negociación.
Doctor Ramos, en los últimos años una de las principales falencias de las jerarquías institucionales de la CCSS es la poca vocación para construir espacios de diálogo y negociación respetuosos y efectivos. El balance histórico es que, generalmente, los espacios de diálogo se han creado como último recurso para tratar de resolver el estallido de conflictos.
Las organizaciones suscribientes consideramos que se abre una gran oportunidad, en este inicio de su Presidencia Ejecutiva, construyendo una Mesa Nacional Democrática que aborde los grandes desafíos que tiene la CCSS como garante fundamental de nuestro sistema de protección social.
A su vez solicitamos conformar Mesa Institucional de Diálogo y Negociación para resolver las demandas de los trabajadores y trabajadoras institucionales, que permita mantener la armonía y la paz laboral.
