El debate público con respecto a la reforma de pensiones de la Caja ha pasado por intrincadas situaciones de diversa naturaleza, acentuado los últimos días por las observaciones técnicas emitidas por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) al estudio actuarial realizado por matemáticos de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Llama la atención, que para refutar el informe dichos académicos hayan dedicado su tiempo a atacar a la OIT y sus trabajos anteriores, en lugar de concentrarse en dar explicaciones claras a la población sobre los puntos señalados. Es importante indicar que se tornan totalmente irrelevantes los estudios anteriores, a la hora de analizar y confirmar los resultados del estudio actuarial de la Escuela de Matemáticas. Estas acciones, críticas y ataques a estudios anteriores parece ser nada más una cortina de humo para evitar enfrentarse a los cuestionamientos que se les hicieron.
Se torna pues, lamentable, la respuesta enviada a la prensa, por parte del equipo de académicos que realizó el estudio actuarial de la Caja. Inicialmente le achacan a la OIT no haber leído con detenimiento el informe actuarial realizado por ellos, pero a la hora de responder, su alegato se torna evasivo y ofensivo, pues la mitad del mismo se compone de ataques que buscan desacreditar a una Organización Internacional tripartita de gran renombre y experiencia en Seguridad Social, como cuando el señor Rodrigo Arias afirma, tendenciosamente, que:
“La OIT opina porque los sindicatos así lo pidieron, yo en mi situación personal si fuese empleado de la OIT no hubiera participado porque la organización tiene conflicto de interés, ya que en años pasados habían dado información errada sobre el régimen”
Sin embargo, el señor Arias fue el jefe del Departamento actuarial de la CCSS durante varios años, ¿no es acaso este un conflicto de intereses mayor? Por qué aceptó realizar el estudio actuarial si bajo sus propios argumentos, ¡él mismo debió rechazar la tarea! Pero no podemos dejar pasar esta afirmación sin aclarar la ofensa tan grande que de ella se desprende, puesto que la participación de la OIT en el proceso de negociación fue solicitada por todas las partes de la mesa de diálogo, y no por solicitud única de los sindicatos, como lo pretende hacer ver el señor Arias, con afirmaciones que encierran una malicia destructiva, que entorpece el proceso de análisis de su informe y a su vez el proceso de negociación.
Hay que indicar que la respuesta de los académicos fue evasiva, parte de la respuesta entregada por la UCR consiste en explicar la necesidad de utilizar la base completa de afiliados y no solo los cotizantes, haciendo creer falsamente que ésta fue una crítica de la OIT. Inclusive, los titulares presentaron la siguiente leyenda: “OIT olvidó a 1,3 millones de personas afiliadas al régimen de pensiones de la Caja”. Esto es muy lamentable, puesto que parece que los académicos no leyeron el informe técnico de la OIT, y procedieron a desviar la atención respondiendo y alegando sobre críticas absurdas que nunca formaron parte de la colección de observaciones que la OIT realizó. Si se lee la página 2 del informe, se presenta un diagrama que muestra el modelo que la OIT recomienda, y en donde se aprecian tres poblaciones: afiliados no cotizantes, afiliados cotizantes, y no afiliados. Se desprende entonces, que la OIT no olvidó 1,3 millones de personas afiliadas, sino que los técnicos de la UCR evadieron la respuesta de la sobreestimación de la población respondiendo críticas inexistentes, y sin comprender la totalidad de la nota técnica de la OIT.
Sin embargo, parte de la respuesta sí toca puntos que la OIT cuestionó, pero sin ser realmente una justificación válida, lo cual es inaceptable para “expertos” en este tema. Por ejemplo, en el informe, la OIT concluyó, a partir de la revisión del estudio, y según los datos presentados por el mismo equipo de académicos de la UCR, que el 118% de la generación de 1985, estaría afiliada al régimen de pensiones IVM, es decir, que de 83 mil personas nacidas en 1985, 98 mil se encontrarían afiliadas al IVM en el 2030, lo cual en principio suena ilógico. ¿De dónde aparecen esas 15 mil personas de más? El equipo de académicos de la UCR responde lo siguiente:
“En las comparaciones de cobertura con los nacimientos que hubo en algunos años, la OIT no toma en cuenta las variables que se mencionaron al principio de este resumen (migraciones, nuevas modalidades de pensión, no prescripción de cuotas, informalidad y posibilidad de acceder a más de una pensión). Esto muestra que la cantidad de afiliados no está limitada por la PEA.”
En ningún momento, dentro de la respuesta, se muestran los cálculos de las migraciones, nuevas pensiones por cambios en modalidad, ni cantidad de personas con más de una pensión, de manera que puedan justificar el número exagerado de pensionados con base en estas razones. Esto quiere decir que los académicos de la UCR están intentando justificar una población de jubilados muy superior a la posible, a partir de excusas que ni siquiera se aproximan a la realidad.
Analicemos esto en números: la OIT está observando que, de una generación de 83.000 personas nacidas en 1985, existirán alrededor de 98.000 personas afiliadas al IVM, es decir, que hayan pagado al menos una cuota a dicho régimen. Si partimos de que el 100% de esta generación trabaja (algo que es imposible ya que siempre hay personas desempleadas, o que no desean laborar, o con algún tipo de invalidez que les impide trabajar) y que en algún momento pagó al menos una cuota a la CCSS (por lo que se vuelven afiliados), entonces tendríamos 83 mil personas nacidas en 1985 y afiliadas al IVM. Resta por justificar 15 mil personas que corresponden al 18% excedente de dicha generación. Tomando como correcta la explicación del equipo de la UCR, estos 15 mil afiliados deberían ser explicados por inmigración o personas con más de un tipo de pensión. Si sumamos todos los inmigrantes (con datos de la CELADE) desde 1985 hasta el 2030 (proyecciones del 2015-2030), contamos con alrededor de 4 mil personas inmigrantes nacidas en 1985. Haciendo una simple resta, nos quedan 11 mil personas por justificar. De ser válida la explicación de los académicos de la UCR, deberíamos considerar que en el 2030 habrá 11 mil personas (nacidas en 1985) con más de un tipo de pensión. Esto es totalmente incoherente con la realidad nacional, especialmente si consideramos que al 2015 (año del estudio), si sumamos todas las personas con más de una pensión, sin importar el año en que nacieron, se totalizan cerca de 7 mil personas, siendo imposible que dicha cantidad se duplique en 15 años solo para los nacidos en 1985. Se tornaría risible la respuesta esgrimida por los académicos, sino fuera porque la situación es muy preocupante.
La respuesta dada por los académicos deja entrever un muy preocupante desconocimiento sobre los temas base para la adecuada realización del estudio, como lo es el régimen en cuestión. Así, por ejemplo, dentro de la respuesta enviada a la prensa, donde buscaban justificar estos números, se lee el testimonio del señor Alexander Ramírez donde dice:
“Yo tengo un amigo que trabajó en la UCR dos años, él cotizo para la Caja esos dos años y luego salió del país, pero volvió por tres años más, ahora vive en el extranjero, él tiene derecho a pensión y él debe estar contemplado como un posible futuro pensionado y hay que considerarlos en las estadísticas”.
A este testimonio es necesario hacer dos observaciones, en primer lugar, ninguna persona que tiene 5 años de cotizar, es sujeto a derecho de pensión, pues requiere mínimo 15 años de cotizaciones para acceder a dicho derecho, un asunto elemental que no puede desconocer el académico, en segundo lugar, existen otros casos de costarricenses que cotizan y nunca se llegan a pensionar del IVM, ya sea porque viven en el extranjero, o porque se jubilan de regímenes alternativos, tales como al Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional o en el Poder Judicial.
Es claro, que esto no es una explicación razonable, ni siquiera técnica, para los cuestionamientos válidos que ha presentado la OIT, por lo que en aras de la transparencia y certeza técnica solicitamos que se nos entreguen las hojas de cálculo que se utilizaron para la realización de este estudio actuarial, de manera que nuestros asesores los puedan analizar, estudiar, y verificar su validez o rechazar su aplicación.
Siendo que la respuesta parece ser una simple opinión, pedimos que el equipo técnico, encargado del estudio actuarial, realice una respuesta minuciosa con números y cálculos que demuestren y justifiquen la rigurosidad y legitimidad técnica de su modelo, en virtud de la importancia que tiene para la sociedad costarricense el derecho humano a jubilación con dignidad.
Martha Elena Rodríguez González
Titular Mesa de Diálogo Social de pensiones- sector sindical
