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En abril de 2015, la Dra. Sofía Bogantes, Jefe de Cardiología del Hospital México, presentó una denuncia en la Asamblea Legislativa, advirtiendo que pese a todas sus diligencias administrativas y advertencias, muchas familias perdieron un ser querido por no realizarle un procedimiento médico perentorio (cateterismo cardíaco).

Dada la gravedad de la denuncia, la Asamblea Legislativa nombró una Comisión que finalmente recomendó, en setiembre del año anterior, el despido de la Gerente Médica, el Director del Hospital y el Jefe del Departamento de Medicina.

Lamentablemente, el informe de la Comisión ha sido totalmente ignorado y no ha sido conocido por la Junta Directiva de la Caja.

A raíz de esa denuncia, que tanto ha irritado a las altas autoridades de la Caja, la Gerencia Médica ha emprendido un conjunto de represalias, entre las que se incluye la apertura de un procedimiento administrativo contra la Dra. Bogantes y el arbitrario traslado al Hospital de la Mujer.

La Dra. Bogantes fue trasladada a un centro donde las capacidades técnicas de esta especialista serán desaprovechadas, por cuanto ese centro no cuenta con las condiciones ni equipo para brindar un servicio de esta naturaleza, mientras las listas de espera en diferentes especialidades aumentan descontroladamente día con día. Un ejemplo de ello, según datos obtenidos, son las más de 9 mil personas en listas de espera de cirugía y 5 mil biopsias en patología retrasando su diagnóstico de posibles enfermedades malignas.

La Gerencia Médica conocía de todas las gestiones realizadas acerca de la delicada situación de la listas de espera y de las acciones administrativas en pro de garantizar la vida de miles de pacientes.

No obstante, sin ninguna autoridad moral, la funcionaria que la Asamblea Legislativa ordenó su destitución, ahora, con la complicidad de la Junta Directiva, se convierte en verdugo de la denunciante.

“Ese tipo de acciones de las autoridades institucionales tiene el objetivo de desestimular cualquier denuncia por parte de los y las trabajadoras, cuando por el contrario debía ser ejemplo de transparencia y compromiso con la población costarricense”, comentó Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.

UNDECA condena, de manera vehemente, cualquier tipo de represalias y acoso psicológico y laboral contra los funcionarios y funcionarias, cuyas autoridades institucionales pretenden imponer una mordaza, con el propósito de ocultar los graves desaciertos y hechos que afectan los servicios de la población en forma preocupante.

Demandamos se investigue y determine la eventual responsabilidad que en este lamentable suceso le podría corresponder a la Gerencia Médica y exigimos a la Junta Directiva, que actúe con transparencia e imparcialidad, para tomar las medidas necesarias en resguardo de los legítimos intereses institucionales y de los usuarios.

Igualmente demandamos la reinstalación de la Dra. Sofía Bogantes a su puesto en el Hospital México, exigiendo el mismo trato que otras jefaturas denunciadas por estas mismas circunstancias.

Video Undeca TV

Tenemos reportes de que no se están siguiendo los protocolos de bioseguridad adecuados y nos parece irresponsable que las altas autoridades de la CCSS no lo garanticen para evitar el contagio de esta enfermedad.

Sabemos que en los centros donde se han presentado casos, lo que separa a los pacientes enfermos de AH1N1 de los pacientes que requieren atención por otros motivos son sábanas o simples biombos, cuando lo que se requiere es un aislamiento y manejo estricto de las técnicas de asepsia y aplicación de los protocolos de bioseguridad, incluso en algunos casos no se le ha suministrado a los trabajadores (as) los insumos de seguridad exponiéndoles al contagio y facilitando la propagación.

Ante esta realidad demandamos a las autoridades extremar las medidas con aislamiento de casos positivos y sospechosos con síntomas respiratorios y que se designe al personal vacuna, como primera línea para atender a los pacientes y vacunar a los trabajadores que no lo estén.

Nos parece irresponsable el argumento del Ministerio de Salud de que no es el momento de realizar la vacunación y que se justifiquen con que el inicio de una campaña de vacunación será hasta el mes de Abril 2016.

Desde nuestra óptica es inaceptable e incluso censurable, y es prioritario revisar el porcentaje de personas vacunadas en los grupos de riesgo, y tener una clara identificación de esta población en San Carlos y las otras regiones afectadas.

“Al ser un asunto tan delicado y de interés público, UNDECA demanda al Ministro de Salud, la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social, cumplir con sus responsabilidades en cuanto a la dotación de los insumos y mecanismos de protección para los trabajadores y pacientes”, manifestó Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.

No se debe escatimar en recursos y en la aplicación de medicamentos anti viruales de mayor acción, como oseltamivir y tamiflú, en el manejo de los pacientes que así lo requieran.

Además, que se garantice la existencia de los equipos de ventilación mecánica para dar soporte a los pacientes que se agravan, se verifiquen in situ la aplicación de los protocolos de tratamiento en todos los centros de salud para el abordaje y manejo de pacientes sospechosos o enfermos de esta gripe.

Pedimos que se dote de la indumentaria correspondiente al personal que tiene atención directa a los pacientes que han dado positivo y a los sospechosos, incluyendo la mascarilla N95 (que es vital para el manejo de estos pacientes).
Como sindicato UNDECA consideramos que no se debe continuar con la discusión, sin sentido, de si es un brote o no, eso no resuelve nada. Las cadenas de transmisión no importan, se debe dar el tratamiento y prevención adecuada.

Por otra parte, las autoridades de salud señalan la cantidad de muertos, pero no han aclarado si es en los mismos grupos de edad, además por AH1N1 no habían tenido fallecimiento en los años anteriores, o sea es una situación muy diferente. Eso amerita el aumento de la vigilancia epidemiológica y muy posiblemente que se adelante vacunación de este año 2016, aunque se mantienen firmes en que no lo harán.

La esclavitud constituye un grave abuso de los derechos humanos y un obstáculo importante para la justicia social. Es asimismo una afrenta a la humanidad y no tiene cabida en el siglo XXI.

Sin embargo, 21 millones de mujeres, hombres y niños son aún víctimas del trabajo forzoso en todo el mundo, lo que aporta unos beneficios ilícitos de 150 mil millones de dólares a las personas que los explotan.

No debería celebrarse ningún Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.

Hombres, mujeres y niños siguen siendo engañados a diario y forzados a trabajar en condiciones laborales aberrantes, como la servidumbre por deudas, la prostitución y la explotación en trabajos domésticos.

Si bien el compromiso internacional para luchar contra la esclavitud moderna se ha reforzado, las medidas efectivas al respecto aún están muy lejos de poder abordar el problema o sus causas subyacentes.

Poner fin a la esclavitud moderna requiere una legislación eficaz que se aplique estrictamente, así como el compromiso común de los países e interlocutores sociales y sistemas de apoyo eficaces a las víctimas.

La adopción de medidas eficaces de prevención, protección y acceso a la justicia es exactamente lo que promulga el Protocolo de la OIT sobre el Trabajo Forzoso, adoptado en nuestra Conferencia el año pasado.

Ahora es el momento para que los gobiernos, que votaron mayoritariamente a favor del Protocolo, asuman sus responsabilidades mediante su ratificación y aplicación.

Los países africanos han tomado la iniciativa; Níger ha sido el primer país en ratificarlo y todos los países de la Comunidad de Desarrollo del África Meridional piden su ratificación inmediata.

Tras la segunda ratificación de Noruega en noviembre, el Protocolo entrará en vigor en el plazo de un año.

Si se aplican plenamente, las disposiciones del Protocolo en materia de soluciones y compensaciones no sólo proporcionarán justicia a las numerosas víctimas del trabajo forzoso, por medio de indemnizaciones a cargo de los autores de los actos de explotación en concepto de daños y salarios no pagados, sino que contribuirán también a hacer menos rentable el trabajo forzoso y a luchar contra la competencia desleal.

Hoy reflexionamos sobre lo que podemos hacer mejor juntos para alcanzar nuestro objetivo común de erradicar la esclavitud moderna.

Como primera medida, hemos puesto en marcha la campaña “50 for Freedom”, cuyo objetivo es contar con 50 ratificaciones del Protocolo para 2018. Si queremos lograr justicia social es necesario erradicar el trabajo forzoso. Ello no es negociable.

Una de las metas del Octavo Objetivo de Desarrollo Sostenible para la promoción del trabajo decente y el crecimiento inclusivo y sostenible es la adopción de “medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso y poner fin a la esclavitud moderna y a la trata de personas”.

Para lograr un cambio real en la vida de los 21 millones de hombres, mujeres y niños que son víctimas del trabajo forzoso, no basta con reprobar la esclavitud; es necesario que ese cambio sea una realidad.