La grave situación del servicio de emergencias, entre otros, del Hospital San Vicente de Paul en Heredia, que vienen siendo denunciadas por UNDECA desde hace varios meses, fueron confirmadas por una Auditoría realizada en el centro médico.
Los hallazgos advierten una serie de situaciones muy serias entre las cuales destacan:
1.- Pacientes fallecidos: el Informe hace un serio cuestionamiento sobre la atención y manejo clínico que reciben los pacientes en el servicio de emergencias. Lo más grave es que advierte el fallecimiento de tres pacientes, en un período muy corto, que fueron clasificados uno rojo, otro verde y otro amarillo, que fallecieron horas después de su ingreso, lo que deja muchas dudas acerca del diagnóstico y atención que se les brindó.
2.- Cierre de la Contraloría de Servicios: violentando la Ley 8239, se cerró la Contraloría de Servicio, por lo cual a solicitud de muchos pacientes UNDECA recogió más de mil firmas solicitando la reinstalación del contralor de servicios, por lo que los pacientes no tienen ni donde presentar sus quejas.
3.- Guardas privados deben valorar si paciente se encuentra en estado crítico en emergencias.
4.- Prolongadas esperas de los pacientes por deficiencias en la clasificación de pacientes y la demora de las pruebas de apoyo al diagnóstico.
5.- Pacientes que esperan hasta 5 días en sillones, ya sea por tratamientos, atención o para hospitalización, aunque hay camas desocupadas.
6.- Médicos durmiendo durante la jornada y la dificultad para localizarlos, por rótulos de “NO TOCAR” en los cuartos.
7.- Estudiantes de una universidad privada, sin aval conocido, realizando sus prácticas en urgencias.
8.- Largas listas de espera y aparentemente médicos generales atendiendo medicina especializada; por ejemplo ortopedia y ginecología.
9.- Profesionales trasladados que brindaban servicios en los primeros niveles de atención en la Clínica Marcial Fallas, al Hospital de Heredia, distrayendo los recursos de los usuarios de la clínica.
UNDECA, en resguardo de los intereses de los pacientes, la prestación eficiente y adecuada de los servicios y la preeminencia de los valores constitucionales de la salud y vida de las personas, se intervenga en forma inmediata el Hospital, solicita se adopten las medidas cautelares mientras se realizan las investigaciones y procedimientos disciplinarios que correspondan y se remita al Ministerio Publico las actuaciones que resulten susceptibles de la correspondiente persecución penal, entre ellas la investigación de los fallecimientos de pacientes, manejo de recursos públicos, etc.
Finalmente, todo parece indicar que esto forma parte de una estrategia política para afectar los servicios que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, y así “justificar” la privatización.
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Video de Undeca TV
