Violencia contra dirigentes sindicales, campesinos y sociales es violencia contra la democracia


Cuando los ataques contra dirigentes sindicales, sociales o campesinos pasan de la palabra a los hechos, estos reflejan nos solo el grado de intolerancia de un sector social contra la clase trabajadora, sino que quienes defienden intereses particulares están dispuestos a pasar a la vías violentas contra quienes se oponen a esos intereses.

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, expresa su profundo rechazo por los recientes actos de violencia en contra de DIRIGENTES SINDICALES ocurridos en el país y cuyo caso más reciente es el del trabajador de los muelles de Limón y afiliado al sindicato SINTRAJAP, compañero Danne Lemmons Smith.

El compañero Lemmons fue atacado con tubos y armas punzocortantes en su casa de habitación a las 11 de la noche el pasado domingo 25 de agosto por cuatro enmascarados que fueron “mandados” para escarmentarlo luego de sus declaraciones en una emisora de radio local en la cual manifestó la posición de su sindicato en contra de la concesión de los muelles de Limón a la empresa holandesa APM Terminals.

Este no es un caso aislado, ya meses atrás al dirigente sindical de las bananeras de la zona sur del país, Aquiles Rivera, lo atacaron también por la defensa que hace de los derechos de los trabajadores de las plantaciones bananeras, piñeras y de los campesinos. Rivera fue vapuleado por cuatro enmascarados luego de muchas amenazas que fueron denunciadas a las autoridades policiales y del Organismos de Investigación Judicial, OIJ.

Pero también están los casos de los campesinos de la zona norte del país, que fueron acosados y perseguidos por guardas privados de terratenientes y hasta un alto jefe de la policía de Costa Rica les daba instrucciones como asesinarlos, hace algunos meses publicamos el audio de la grabación donde se demuestra esto.

Además está el caso de los ambientalistas de Aguas Zarcas del distrito de Matama que fueron amenazados y le quemaron el vehículo por denunciar daños que se podrían causar a su comunidad si APM Terminals sacaba piedras para el relleno de 80 hectáreas del mar.

El pasado 8 de noviembre de 2012, frente al edificio principal de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, se dio otro acto que consideramos es ejemplo del tiempo de violencia contra el movimiento social y sus dirigentes cuando la policía arremete violentamente contra los grupos estudiantiles, comunales y sindicales que se manifestaban. Tanto es así que los tribunales de justicia desestimaron denuncias hechas por Seguridad Pública contra los detenidos y ratificaron el derecho a la protesta y la manifestación ciudadana en las calles.

El caso más impactante se dio el año pasado cuando Jairo Mora fue asesinado por defender las tortugas marinas que desovan precisamente en la misma zona en la cual se pretende construir una Marina para yates de lujo.

Por todos estos casos y muchos otros no consignados aquí, es que levantamos nuestra voz de indignación por lo ocurrido con el trabajador de los muelles de Limón y exigimos a las autoridades policiales, al Ministerio de Trabajo, y a la presidencia de la República no solo que se investigue este caso, sino que se identifique si fueron enviados por un tercero y aplique la Ley. No es posible que este acto se llevara a cabo a tan solo unos metros de la casetilla policial de Río Blanco, sobre la ruta 32, y que el acto quede impune.

Nuestro abrazo solidario con el compañero Smith y el sindicato hermano SINTRAJAP.
Estaremos a su lado en contra de toda acción que pretenda callar la voz de quienes denuncian la corrupción y el desmantelamiento de la institucionalidad pública.

Ante las constantes denuncias de estos actos de violencia lo que hemos encontrado es una absoluta impunidad, por eso hacemos responsable al gobierno por cualquier crimen o acto violento que se cometa contra dirigentes ciudadanos, campesinos y sindicales debido a que desde el mismo gobierno hay una campaña permanente en contra de los trabajadores y sus derechos, contra los sindicatos, la institucionalidad pública y contra el legítimo derecho de manifestación y protesta.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, de todo tipo, a manifestarse públicamente sobre este tema ya que en determinado momento cualquiera puede ser víctima de la violencia en la lucha por sus derechos y el ejercicio de la democracia.

Luis Chavarría Vega, Secretario General UNDECA
Martha Rodríguez González, Secretaria General Adjunta UNDECA

Órdenes de cierre por pésimo estado en Odontología de Calderón Guardia


Desde el año 1990 el Ministerio de Salud ha girado al menos 10 órdenes sanitarias de clausura y el cierre de las instalaciones del edificio de Odontología del Hospital Calderón Guardia, período en que la Junta Directiva, su Presidenta y las gerencias Financiera, Administrativa y de Infraestructura no han hecho absolutamente nada, ya sea por, incapacidad, desinterés o búsqueda de la privatización, ante esto nos preguntamos ¿quién rinde cuentas?

Luego de pasados 23 años, el edificio es hoy una infraestructura colapsada en pésimas condiciones, donde el personal realiza sus labores y los pacientes esperan y son atendidos en una bomba de tiempo.

¿Qué esperan la Presidenta Ejecutiva y la Junta Directiva, una tragedia más en este hospital? Es injustificable, que ni siquiera haya existido voluntad para atender las demandas remediales en la planta física que exige la Ley General de Salud para la seguridad de los usuarios y trabajadores.

“Hace varios meses se denunció la grave problemática y aparentes anomalías que se venían dando con la jefatura de este servicio siendo separado e intervenido y estamos a la espera de los resultados de la investigación pertinente, igualmente de la ampliación de la separación de su cargo”, comentó Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.

Por estas circunstancias en Odontología del Calderón Guardia, se logró identificar que la lista de espera oculta pudo haber llegado aproximadamente a los seis mil usuarios que están afectando profundamente a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Sacar esta lista de espera podría llevar hasta 4 años o más, esto si no se implementa un plan de contingencia a los pacientes que esperan prótesis dentales, frenillos, ortodoncia maxilofacial por deformaciones bucales de pacientes con cáncer, etc.

Consideramos que los problemas no se resolverán, a menos que la jerarquía superior de la Caja construya un edificio nuevo al menor plazo posible y en el mismo lugar, de hecho, esta es una de las demandas que hace el personal que labora en ese lugar. Sobre todo viendo el cobro que hace la institución a los pacientes para que les brinden una prótesis dental.

Ante esto, los miles de usuarios, así como los 70 funcionarios exigen estar en un espacio decente, no se está pretendiendo lujosos lugares, como sí los tienen las altas jerarquías institucionales.

Esta sería una solución adecuada y urgente para responder a las órdenes sanitarias que ha emitido el Ministerio de Salud, sin perjudicar a los pacientes, ni a los trabajadores, quienes conocen muy bien y han denunciado intereses oscuros, en apariencia de algunas personas inescrupulosas en este lugar.

«Algo malo pasa con el dengue»

¿Qué podría estar sucediendo con la epidemia del dengue en Costa Rica?

¿Por qué somos el país que con 27.000 casos al 10 de agosto 2013, duplica los casos de dengue en comparación con otros países de Centro América, contando éstos con un sistema de salud menos desarrollado?

Algo malo podría estar sucediendo entre las altas autoridades del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social. Según la última reforma que hicieron los políticos, el Ministerio de Salud asumiría el papel de rector. ¿Será que el gobierno de Laura Chinchilla le está dando la espalda al Ministerio de Salud para brindarle más protagonismo a la Presidenta Ejecutiva de la Caja?

Lo cierto es que lamentablemente para el pueblo costarricense, este país está inundado de dengue; inocentes niños, jóvenes, adultos y adultos mayores están pagando la inoperancia del sistema, hasta con la muerte.

A UNDECA nos han llegado algunas denuncias de lo que podría estar sucediendo:

1. Por circunstancias presupuestarias en el Ministerio de Salud, las unidades no cuentan con el dinero para arreglar vehículos en mal estado, para combustible, reparar las máquinas fumigadoras, pagar viáticos y transporte para el traslado de funcionarios, falta de recurso humano, etc.

2. También se nos ha hecho saber que en apariencia los centros de la Caja que están enfrentando esta epidemia, lo están haciendo con grandes limitaciones y fuertes controles de presupuesto, sin que se les haya generado partidas nuevas para garantizar mayor recurso humano, material, equipo, mejorar y ampliar las unidades de atención del dengue, etc.
También, supuestamente, se intimida con que si se agota la partida presupuestaria del año 2013 y necesitan recursos adicionales, se lo rebajaran en el 2014.

3. Se nos ha indicado que en el Hospital de Liberia internan de 30 a 40 pacientes por día y en el de Nicoya de 20 a 40. Diariamente atienden entre 100 y 200 casos sospechosos, sin referir que en las clínicas cercanas cuentan con muy escasos recursos, sometiéndoles a medidas fuertes de contención del gasto por parte de la Caja. Por ejemplo en la clínica de Filadelfia implementaron recorte en la atención de los horarios de atención al público.

4. En Limón, hay una situación evidentemente crítica y se nos ha informado que los funcionarios del Ministerio de Salud que se encargaban de la atención de vectores y las visitas de control del dengue y otros, ahora se dedican a labores administrativas.

5. Lamentamos que la Caja y el Ministerio de Salud no le estén dando la atención que merecen la personas usuarias, abandonando la prevención para prevención para dedicarse a la curación, mucho más costosa para los sistemas de salud. Es mejor prevenir que curar.

Es evidente que algo malo y oculto podría estar pasando y el pueblo no se da cuenta, procedamos a investigar y a denunciar lo que sucede. Hacemos un llamado a las autoridades de salud a que se atienda esta situación que pone en riesgo la vida de miles de costarricenses, y a la Defensoría de los Habitantes atender y ser vigilante de esta situación.

¿Privatización y favorecimientos en contratación de Ebais?

La contratación de los 45 EBAIS del programa de Atención Integral de Salud CCSS-UCR (PAIS) y la cual ha generado un conflicto entre ambas instituciones – que pudo ser premeditado para favorecer intereses políticos y la privatización de éstos en la C.C.S.S. – se resolverá posiblemente mañana en la Junta Directiva de la Institución.
En apariencia, algunos de la Junta Directiva de la Caja, sino todos, favorecerán un nuevo contrato con la universidad privada UNIBE, quien le ha ganado el pulso a la Universidad de Costa Rica, de carácter público.

El conflicto se desató por aparente diferencia de costos en el contrato, pero según la información obtenida, las altas autoridades de la Caja podrían estar dispuestas a pagar mucho más en el nuevo contrato y a facilitar otras concesiones más.
También se ha denunciado el aparente interés, de parte de la Junta Directiva en entregar todos los EBAIS al sector privado y cooperativo.

Ante esto, nos preguntamos, ¿cuál sector estaría interesado en administrar servicios de salud de la Caja, que es financiado por los cotizantes sin obtener buenas ganancias?

¿Por qué la jerarquía institucional no deja de despilfarrar los recursos económicos de los usuarios y hace lo que tiene que hacer, – como todo buen costarricense y patriota – y le brinda directamente los servicios al asegurado?

Ni cooperativas, ni solidaristas, ni universidades privadas, ni consorcios médicos, el servicio tiene que darlo directamente la CCSS.

¡LA SALUD NO DEBE SER UN NEGOCIO MILLONARIO DE NADIE, MÁS AÚN A COSTA DE QUIENES ESTÁN OBLIGADOS A COTIZAR!

¿Recortes a costa de la salud?


Citas con especialistas: más fácil conseguir una audiencia con el Papa

A partir del 15 de julio, según lo ordenado por la Gerente Médico, a los directores de todos centros de salud, se aplicarán una serie de restricciones para obtener una cita en servicios especializados.

A la Gerente le preocupan las referencias que envían de los EBAIS u otros centros, pero parece que su inquietud no es el acceso de los pacientes a los servicios especializados, sino que no aumenten las listas de espera, probablemente se reduzcan con estas “mágicas” soluciones.

Así las cosas, parece más fácil obtener audiencia con el Santo Padre que una cita con especialistas médicos, quirúrgicos o servicios de apoyo al diagnóstico (mamografías, TAC, ultrasonidos, radiodiagnóstico, etc.), debido a los obstáculos para el acceso oportuno a estos servicios.

El asegurado – que está pagando por los servicios de salud – enfrenta un peregrinaje burocrático, que normalmente se convierte en doloroso viacrucis, para que muchas veces, llegue al mismo lugar de donde partió:

1. El médico extiende la referencia. (historia clínica, examen físico, diagnóstico y estudios)
2. La Dirección Médica del centro la valora y autoriza.

3. Valora que no hubiera sido remitido previamente.

4. El médico del centro que recibe la referencia la pre valora y decide si:
a. La devuelve por falta de exámenes o información, ó
b. La devuelve y recomienda un tratamiento, ó
c. Le programa la cita con el especialista (si hay espacio en agenda)

5. Casos de emergencia: si médico lo justifica se remiten a pre valoración (punto anterior)

6. Paciente prioritario: médico debe solicitar autorización para enviarlo.

7. Nuevas citas o de seguimiento: si requiere exámenes se da cita si el paciente los trae.

8. Pacientes no pueden ser atendidos en otros centros de salud (Solo en área de adscripción)

9. Jefatura: debe llevar listas de los médicos que envían referencias (corregir el uso irracional) ¿lista negra?

Por lo visto, a las autoridades de la Caja no les merecen el menor respeto las sentencias reiteradas de la Sala Constitucional, en voto No. 2004-07532, la Sala advirtió:

VIII.- EFICIENCIA, EFICACIA, CONTINUIDAD, REGULARIDAD Y ADAPTACIÓN EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SALUD. […] los servicios de las clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social están en el deber de adoptar e implementar los cambios organizacionales, de contratar el personal médico o auxiliar y de adquirir los materiales y equipo técnico que sean requeridos para brindar prestaciones eficientes, eficaces y rápidas. Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere.[…]”

Para UNDECA, lo que se advierte es el interés de reducir los costos presupuestarios, aunque sea en menoscabo de un derecho fundamental, que no han tenido el menor escrúpulo de deteriorar la calidad y la eficiencia en la prestación de los servicios de salud, un servicio esencial de la comunidad nacional. Desde luego, los que aplauden estas políticas son los intereses privados que mercantilizan la prestación de los servicios de salud, que han acrecentado sus ganancias a merced de los pacientes que se sienten frustrados y decepcionados por los servicios que se les deniegan en la Caja.

A estas alturas, ¿Para qué diálogo nacional por crisis de la CCSS?

De no ser por la presión de los sectores sociales que queremos y defendemos a la Caja Costarricense de Seguro Social y el apoyo de la prensa nacional, la Presidenta de la República, Laura Chinchilla y su aliada Ileana Balmaceda, no se hubieran hecho pública la crisis que venía padeciendo esta institución.

Pero no podemos obviar que ambas ha manejado mal esta delicada y complicada situación ante los usuarios y los medios de información, cerraron puertas y ventanas, manipularon la información, le negaron la participación a diferentes organizaciones sociales.

En su lugar crearon dos comisiones de “notables” con sendos contenidos y recomendaciones con quien la Presidenta Ejecutiva y su Junta Directiva fieles representantes del gobierno comenzaron a hacer y deshacer según las medidas tomadas.

Las soluciones implementadas: fuertes recortes presupuestarios en los centros que afectaron la contratación y la presencia de especialistas, médicos, profesionales y equipo de apoyo en los centros, estudios para el traslado voluntario de personal de oficinas centrales y la movilidad voluntaria; un rotundo fracaso, reducción y no pago de horas extras, congelamiento de plazas, entre otras, que vinieron a hacer más grande el tormento de las listas de esperas a los asegurados.

“Se ha dado un abandono total del mantenimiento de las infraestructuras hospitalarias, causando un grave y serio deterioro en sus plantas físicas, equipos, promoviendo un ambiente hostil laboralmente”, aseguró Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.

Complementariamente activaron un ataque furibundo al prestigio y la dignidad del abnegado personal que trabaja día y noche, feriados y Semana Santa. Todo esto se hizo a la luz de un autoritarismo puro y antidemocrático.

Y nos preguntamos, qué acciones han tomado para hacer efectivo el cobro con las gigantescas deudas del Estado, que al día de hoy suman 250 mil millones de colones, la de los patronos privados, los que evaden el pago de sus cuotas, los que reciben atención médica y no pagan, hasta de países europeos.

Por qué a pesar de que la Sala Constitucional falló condenando al Gobierno a pagar las deudas acumuladas, los daños y perjuicios por la no implementación del reglamento del artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador que establece el pago de un 15% de las empresas del Estado al fondo de pensiones por un monto aproximado de los 400 mil millones de colones, esto aún no se ha hecho, no han logrado hacerlo efectivo.

Igualmente ha sucedido con las deudas por el traspaso del personal y los servicios del Ministerio de Salud a la Caja, hace aproximadamente 15 años, sin que se haya cancelado un solo cinco de la deuda acumulada de unos 350 mil millones de colones.

Ninguna de estas primeras damas de hierro ha hecho lo urgente y necesario por la Institución, violentando la Constitución Política y por ende, sus obligaciones con el pueblo costarricense.

Ya cuando el barco está por llegar a puerto envuelto en tormentas, tempestades y sin timón, para qué tirar el salvavidas, para dejárselo al próximo gobierno. Si hay algo que este gobierno y los anteriores han tratado mal, es la búsqueda de la solución a la crisis de la Caja.

Omitieron que esta institución una de las mejores en salud en Latinoamérica es el tesoro más preciado de los costarricenses e inmigrantes de nuestro país

¡LA HISTORIA LOS JUZGARÁ!