Bajo el falso pretexto de cortar privilegios a los empleados públicos y de unificar sobresueldos, el gobierno neoliberal liberacionista anunció un proyecto de ley que significa una de las mayores y más agraves agresiones a los derechos sociales y laborales de los y las trabajadores.
De golpe y porrazo el gobierno de Laura Chinchilla recupera uno de los más viejos anhelos de la oligarquía costarricense desde que se aprobaron el Código de Trabajo y las Garantías Sociales.
En las condiciones de 1943 y dada la correlación de fuerzas existentes, el movimiento sindical y popular logró una victoria histórica con la aprobación de una legislación que iba a cambiar profundamente el rostro social de Costa Rica. La clase trabajadora pasaba a ser un sujeto de derechos que sabía luchar por ellos y por su defensa.
La legislación social y laboral, sin embargo, por muy avanzada que pudiera ser en su momento, siempre está limitada por los contextos históricos en los que se desenvuelven las luchas sociales y de clases.
Había que seguir luchando no solamente para que lo conquistado no se pierda, sino para tratar de seguir ampliando también esos derechos por medio de la organización y de la lucha social. Por ejemplo, el derecho a la libertad sindical está en el Código y en la Constitución, pero hoy en la democrática Costa Rica más del 95% de los trabajadores y trabajadoras de la empresa privada no tienen ese derecho.
Es cierto que lamentablemente sólo en el sector público existe la libertad sindical. Eso ha permitido mejorar las condiciones de vida y de trabajo de decenas de miles de trabajadores. La negociación colectiva y la firma de convenciones, instrumentos de toda verdadera democracia, permiten que los derechos se puedan elevar sobre los mínimos de ley establecidos, como es el caso de la cesantía, de los incentivos salariales y otros.
Aunque hay una campaña feroz que califica de privilegio cualquier conquista social o laboral, lograda ya sea por medio de la lucha o por medio de la negociación colectiva, no son privilegios son derechos aquí y en cualquier parte del mundo donde se respeten los derechos de las clases trabajadoras.
¿Qué puede haber situaciones de abusos y de corrupción? Indudablemente, ni el sindicalismo ni ningún grupo social está vacunado contra el abuso y ciertos casos de corrupción. Pero son insignificantes al lado de un movimiento que a lo largo de nuestra historia ha dado sobradas muestras de patriotismo. Tampoco es homogéneo el movimiento sindical y junto a sectores que siempre han dado ejemplo de honestidad y coherencia, también han existido sectores que tradicionalmente se prestaron para hacerle el juego a la patronal.
¿Qué es lo que quiere el gobierno de los ricos en realidad?
Terminar nivelando a todos los trabajadores hacia abajo, quitándoles derechos con burdos pretextos que lamentablemente llegan a calar en otros sectores populares y progresistas del país, dada le persistente y feroz campaña antisindical de la plutocracia nacional.
Lo que busca el neoliberalismo es en el fondo nivelar a los trabajadores del sector público con los del sector privado. Ese siempre ha sido su proyecto. Abolir los derechos sociales y laborales que todavía existen en el sector público, y colocar a todo el mundo en las mismas condiciones en que se trabaja en la maquila, en la construcción, en el comercio y el transporte, en piñeras, bananeras y otras plantaciones, etcétera. Si pudieran recuperarían la vieja nostalgia de la oligarquía cafetalera de hacer un país de peones y de pequeños propietarios atados para siempre al beneficio y al exportador.
No se trata de reconocer a los trabajadores y trabajadoras del sector privado derechos laborales y sociales que son brutalmente desconocidos por la inmensa mayoría del sector empresarial y de los gobiernos a su servicios, sino de quitarle derechos a los trabajadores del sector público para que todos sean igualiticos en bajos salarios y otras garantías laborales y sociales.
¿Qué es sino el TLC?
El proyecto de crear un mercado regional único, donde se compita sobre la base de menores salarios y beneficios sociales, sin sindicatos que jodan si es posible.
La propuesta de ley, de hacerse realidad, sería un retroceso de dimensiones históricas en el significado de lo que representa la lucha social, la organización sindical y la negociación colectiva.
No sólo es una agresión a grupos de trabajadores y de trabajadoras del sector público, es una agresión que afectaría profundamente al conjunto de la clase trabajadora, incluida la del sector privado aunque hoy no puedan ser plenamente conscientes de ello, por las condiciones de encierro y de miedo a los que están sometidos por un poder patronal despiadado.
También es una agresión contra la sociedad democrática costarricense y todo el movimiento social popular, pues se trata de un eslabón de la misma estrategia contra nuestros derechos democráticos y sociales.
Es necesario y urgente decir inmediatamente no a este perverso proyecto y prepararse para las necesarias movilizaciones que tendrán que darse en todas las calles y centros de trabajo de nuestra patria.
PARTIDO FRENTE AMPLIO
