El criminal bloqueo debe terminar


A fines de octubre en Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas,ONU, se discutirá una nueva Resolución contra el Bloqueo de EE:UU contra Cuba, este es el informe que Cuba presentará.

INTRODUCCION

El bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba comenzó a aplicarse desde el momento mismo del triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y, a lo largo de los años, se ha venido institucionalizando y refinando cada vez más mediante la aprobación de proclamas presidenciales y medidas legislativas que lo han hecho progresivamente más férreo y abarcador.

Desde ese momento, la política de asfixia económica que representa no ha cesado ni un solo instante, lo que refleja claramente la obsesión de sucesivos gobiernos de los Estados Unidos por destruir el sistema político, económico y social elegido por el pueblo cubano en ejercicio de sus derechos a la libre determinación y la soberanía. Durante todos estos años se han recrudecido y reforzado los mecanismos políticos, legales y administrativos de dicha política con el objetivo de procurar su instrumentación más eficaz.

El andamiaje en el que se sustenta el bloqueo califica como un acto de genocidio, en virtud de la Convención de Ginebra de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, y como un acto de guerra económica de conformidad con la Declaración relativa al Derecho de la Guerra Marítima adoptada por la Conferencia Naval de Londres de 1909. Como puede comprobarse al consultar los sitios web de los Departamentos del Tesoro y Comercio de EE.UU., el bloqueo contra Cuba sigue siendo el sistema de sanciones unilaterales más injusto, abarcador, severo y prolongado que se ha aplicado contra país alguno en el mundo.

Como consecuencia de la estricta y agresiva aplicación de las leyes y normativas que tipifican el bloqueo, Cuba continúa sin poder exportar e importar libremente productos y servicios hacia o desde los Estados Unidos, y no puede utilizar el dólar norteamericano en sus transacciones financieras internacionales o tener cuentas en esa moneda en bancos de terceros países. Tampoco se le permite tener acceso a créditos de bancos en Estados Unidos, de sus filiales en terceros países y de instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo.

Durante este último año, la persecución a las transacciones financieras internacionales de Cuba ha sido uno de los rasgos más significativos de la aplicación del bloqueo. Según el Informe Anual publicado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, la cifra de los fondos congelados por Estados Unidos a Cuba al cierre del año 2011 asciende a 245 millones de dólares , obstaculizando así el desarrollo económico, social y científico-técnico de Cuba.

Despreciando la voluntad de la comunidad internacional y de la Asamblea General, expresada en las veinte resoluciones adoptadas por dicho órgano, mediante las que solicita poner fin a esta política, el gobierno de los Estados Unidos continúa afirmando que mantendrá el bloqueo como una “herramienta de presión”, y no alberga intención alguna de modificar su enfoque hacia Cuba.

El daño económico ocasionado al pueblo cubano por la aplicación del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba hasta diciembre de 2011, considerando la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional, asciende a un billón 66 mil millones (1,066,000,000,000) de dólares.

A precios corrientes, asciende a una cifra que supera los 108 mil millones (108,000,000,000) de dólares en un cálculo sumamente conservador.

A pesar de haber fracasado en la consecución de sus propósitos, el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos sigue siendo el principal obstáculo para que Cuba desarrolle a plenitud sus potencialidades económicas y sociales.

____________________
Lea el Informe completo abajo en Relacionados

Realizan Foro sobre la Caja en la UCR


La Facultad de Medicina y la Escuela de Salud Pública, ambas de la Universidad de Costa Rica, realizó el foro denominado “Crisis de la CCSS: análisis y perspectivas para afrontar”, como una forma de colaborar en abrir espacios de análisis de la situación que enfrenta una institución considerada por todos los costarricenses como “fundamental en el desarrollo del país”. El mismo se realizó el martes 25 de setiembre en el Auditorio de Lanamme en la Ciudad Científica de la Universidad de Costa Rica.

Participó este foro el Lic. Gustavo Picado Chacón, gerente financiero de la CCSS, la Dra. Sisy Ramírez Castillo, viceministra de Salud, la Licda. Martha Rodríguez González, secretaria general adjunta de UNDECA, el Sr. Mario Céspedes Avalos, presidente de la Red de Control Ciudadano, así como la Mag. Gabriela Arguedas Ramírez, profesora de la Escuela de Salud Pública de la UCR y la Mag. Gabriela Murillo Sánchez, profesora de la Escuela de Salud Pública como moderadora.

El objetivo, según las organizadoras, es abrir un espacio para escuchar sobre la visión que diferentes actores sociales tienen con respecto a la crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, y las perspectivas o vías de solución de la misma. Para ello los expositores y expositoras tuvieron la oportunidad de dar a conocer su visión sobre estos aspectos y el auditorio la de hacerles preguntas.
De esta forma se contó con la exposición de actores fundamentales en la búsqueda de soluciones, la administración financiera de la Caja (la Presidenta Ejecutiva no pudo asistir), los trabajadores organizados, la ciudadanía, el Ministerio de Salud y la academia universitaria.

Diferentes visiones, diferentes caminos

Aunque en algunos aspectos lograron coincidir en cuanto a la necesidad de búsqueda de vías de solución a la crisis de la Caja, los y las expositoras presentaron argumentos de peso en cuanto a la forma de cómo se solucionaría la situación de la institución.

Desde la perspectiva institucional de la administración financiera de la Caja, la situación se ha sabido enfrentar y “logramos cumplir con las expectativas que la misma Organización Panamericana de la Salud, OPS, había planteado para solucionar algunos aspectos que había analizado” dijo Gustavo Picado y agregó que _“se han tomado medidas que han venido dando resultados positivos, aunque no han sido suficientes y debemos avanzar_”.

Por su parte Martha Rodríguez fue enfática en cuanto a las razones fundamentales que han llevado a la Caja a estar en esta situación y los responsables de que eso ocurriera al argumentar que “la intromisión de la politiquería en la institución ha llevado a la Caja a este nivel de crisis. No solo una mala administración, sino que la permisividad con la morosidad en el pago de las cuotas obrero patronales tanto del Estado como de la empresa privada. La toma de decisiones unilaterales, sin consulta a los profesionales en los diferentes campos, la millonaria condonación de intereses que desde la presidencia ejecutiva de la Caja se hace al mismo estado, sin contar con muchos otros hechos vergonzosos, han llevado a la seguridad social al estado en que se encuentra” y concluyó con que “esto se resuelve de varias maneras, una eliminando la presidencia ejecutiva de la Caja porque está ligada directamente al gobierno de turno, sea el que sea, y que le resta autonomía en la toma de decisiones importantes. Segundo que los morosos, incluidos el Estado y los empresarios, le paguen a la Caja las deudas multimillonarias. Tercero, abrir un espacio transparente y nacional para que todos los sectores sociales puedan aportar en las soluciones que se requieren en una institución fundamental para el desarrollo y la vida, entre muchos otros aspectos”.

Desde la óptica de la ciudadanía y la academia, tanto Mario Céspedes como Gabriela Arguedas fueron enfáticos en la urgente necesidad de que la ciudadanía se empodere y participe activamente en la solución de los problemas de la salud pública desde sus comunidades.

“Desde la Red de control ciudadano avanzamos en un proyecto fiscalizador desde la ciudadanía, desde la base, o como dijo un señor en Siquirres, desde “el piso”, para referirse a que los y las ciudadanas sean capaces de ejercer sus deberes, pero también sus derechos como ciudadanos, como asegurados y aseguradas desde los Ebais y el papel que estos deben cumplir”, dijo Céspedes.

Por su parte Gabriela Arguedas, que también hizo énfasis en la participación ciudadana, recalcó la importancia de la transparencia de quienes fungen un papel trascendental en la administración institucional de la Caja, “debe haber no solo información, debe existir la rendición de cuentas de quienes administran la institución, debe haber total posibilidad de acceso a información completa y objetiva para que la ciudadanía pueda participar en una mejor toma de decisiones sobre lo que le conviene, sobre el tipo de salud pública que desea y necesita. Para ello deben abrirse los espacios para que la ciudadanía ejerza sus derechos como actores fundamentales”.

Finalmente Sisy Ramírez compartió sobre el papel rector del Ministerio de Salud en cuando a a lo que le corresponde con la CCSS, “el Ministerio de Salud inspecciona la situación de infraestructura de los centros médicos, la situación del recurso humano, materiales y equipo. No podemos decirle a la Caja en qué o cómo debe utilizar sus recursos o cuales deben ser sus prioridades y en muchos casos valoramos si un centro de salud debe o no cerrarse por el impacto que esto pueda generar en los servicios que brinda a la población”.

En los próximos días pondremos a disposición de todos y todas, los videos de este Foro que aporta elementos importantes a valorar si pretendemos ser partícipes en la solución de los problemas de una institución fundamental para todas las personas en este país.
_____________________________

Descargar documentos de ponencias AQUÍ

Noticia UCR:
Expertos analizan crisis actual de la CCSS

EE.UU: Continúa huelga de maestros en Chicago

Washington, 17 sep (PL) Más de 30 mil maestros de la ciudad de Chicago, Illinois, decidieron hoy mantener la huelga que entra en su séptimo día y rechazaron el proyecto de acuerdo con las autoridades por considerarlo insuficiente.

La presidenta del sindicato local de educadores, Karen Lewis, dijo que el Consejo de Delegados está molesto con el borrador del nuevo contrato porque no resolverá nada y mostró frustración por no disponer de más tiempo para considerar el extenso documento, informó el diario Chicago Tribune.

El alcalde de esa urbe, Rahm Emanuel, calificó de ilegal el paro y amenazó con acusar a sus organizadores ante los tribunales.

Emanuel advirtió que solicitará una orden judicial para forzar a los huelguistas a retornar a sus puestos de trabajo y el reinicio de los clases de alrededor de medio millón de alumnos, afectados por el paro, el primero en más de 25 años.

Desde que las conversaciones comenzaron hace 10 meses, los profesores se han quejado de que el plan de reforma educacional previsto por las autoridades citadinas es irrespetuoso y agresivo hacia el sector, agrega el rotativo.

La decisión del Alcalde de extender la duración diaria de las clases motivó una reacción de los sindicalistas, quienes solicitaron un incremento del 30 por ciento en los salarios de los maestros.

Otro punto conflictivo es el plan del gobierno local de cerrar 120 escuelas en los próximos meses, concluye el periódico.

La huelga en Chicago, el tercer distrito escolar en importancia en Estados Unidos, enfrenta a Rahm Emanuel, alcalde demócrata de esa urbe y ex jefe de personal de la Casa Blanca, con los sindicatos, punto de apoyo imprescindible para el partido azul con vistas a las elecciones del 6 de noviembre.
____________________________________________________________
Nota de Democracy Now

Huelga de docentes en Chicago: un desafío para la reelección de Obama

Por Amy Goodman

En Estados Unidos, los sindicatos están siendo víctimas de ataques políticos no solo por parte de personas como el gobernador republicano de Wisconsin, Scott Walker, sino que ahora también, a raíz de la huelga de profesores en Chicago, por parte del propio círculo íntimo del Presidente Barack Obama. Esta vez, los embates han llegado de parte del ex jefe de Gabinete de Obama y actual alcalde de la ciudad, Rahm Emanuel. En Chicago, 25.000 docentes y trabajadores de la educación están en huelga y han paralizado el sistema de educación pública del tercer distrito escolar más grande del país. La lucha que se está desatando en estos momentos en Chicago, la ciudad natal de Obama, tiene su base en este histórico bastión de trabajadores organizados y en el movimiento iniciado exactamente hace un año en el país: Occupy Wall Street. El conflicto representa una situación difícil para Obama, que necesitará el apoyo de los sindicatos para ganarle las elecciones a su rival, Mitt Romney, pero que, a su vez, tiene un estrecho vínculo político con su grosero ex colaborador, el alcalde ‘Rahm-Ney’ Emanuel (apodado así por su cercanía con las posturas de Mitt Romney).

Una de las principales causas del conflicto es cómo serán administradas las escuelas en Chicago: a nivel local, desde las bases, mediante el control de padres y docentes; o en forma vertical, por parte de una junta escolar designada por Emanuel. Karen Lewis, presidenta del Sindicato de Docentes de Chicago, trabajó como profesora de química en la secundaria preuniversitaria King College, en Chicago. Sabe cómo funciona el sistema. Meses antes de la huelga, le pregunté acerca de la situación en Chicago. Emanuel, quien había sido electo alcalde recientemente, había designado a una junta escolar que estaba integrada en su mayoría por empresarios vinculados a la organización Academia para el Liderazgo de las Escuelas Urbanas (AUSL, por sus siglas en inglés). Lewis me dijo: “Uno de los problemas más graves es que, cuando quien está a cargo del sistema educativo es el presidente de una empresa, en lugar de un funcionario de la educación, de un verdadero educador, lo que termina sucediendo es que literalmente no tienen idea de cómo administrar una escuela. Tenemos a una organización que afirma que ellos tienen la solución y que va a funcionar. Y en los papeles se ve maravilloso. Pero se trata de personas que han sido capacitadas de una manera determinada y, sinceramente, esa agenda no tiene en cuenta a una gran proporción de nuestros alumnos”. La Academia para el Liderazgo de las Escuelas Urbanas no solo depende de ejecutivos de empresas sin experiencia en administrar escuelas, sino que también contrata a egresados universitarios recién recibidos para enseñar. Contratar a estas personas no es costoso, pero llegan con muy poca o ninguna experiencia en la educación.

Pauline Lipman es docente de Educación y estudios políticos de la Universidad de Illinois, en Chicago. Lipman me explicó: “Chicago fue la ciudad donde nació esta reforma educativa neoliberal con orientación empresarial, con su sistema de pruebas estandarizadas, denominadas ‘high stakes tests’, que afectan las posibilidades futuras de docentes y alumnos, que le paga a los profesores en función de los resultados de sus estudiantes y retira el dinero de las escuelas barriales y las termina cerrando para convertirlas en escuelas ‘chárter’, gestionadas por empresas privadas”.

La profesora Lipman le atribuye a Arne Duncan haber impulsado esta iniciativa empresarial en las escuelas públicas de Chicago. Duncan, Secretario de Educación del gobierno de Obama, fue el director del sistema de escuelas públicas de Chicago, donde dirigió la creación de las denominadas “escuelas chárter” (escuelas públicas gestionadas de manera privada, que se rigen por una normativa diferente a las demás). Un 90% de estas escuelas no permiten la sindicalización. Lipman me dijo: “Arne Duncan promovió esta agenda, que incluye cerrar las escuelas barriales para entregarlas a operadores privados, ampliar o impulsar la creación de más escuelas ‘chárter’…y presionar cada vez más a los profesores para que respondan a las pruebas estandarizadas. Esa agenda que ha sido realmente perjudicial en Chicago, y que ya había sido muy perjudicial en 2008 luego de cuatro años, fue la agenda que Duncan impulsó a nivel nacional cuando fue nombrado Secretario de Educación”.

Chicago también es el epicentro de una iniciativa comunitaria en contra de la ofensiva de Duncan, Obama y Emanuel contra las escuelas públicas y los sindicatos de docentes. Lewis es miembro del Comité de Educadores de Base (CORE, por sus siglas en inglés), que asumió la dirección del sindicato con el compromiso de una administración transparente de las escuelas. La oposición a las medidas de Emanuel llevó al sindicato a iniciar esta huelga histórica. Phil Cantor es profesor y uno de los líderes huelguistas del grupo Profesores por la Justicia Social (Teachers for Social Justice). Explicó: “Rahm Emanuel ha impulsado leyes en Illinois que, en mi opinión, fueron básicamente diseñadas para su beneficio político. Legalmente se nos permite hacer huelga solamente por temas vinculados al salario. Sin embargo, a los profesores no nos interesa tanto el salario, sino que lo que más nos interesa es poder hacer nuestro trabajo para los estudiantes a quienes nos debemos”.

Gracias a la organización de los grupos de base previa a la huelga (en las mismas calles de Chicago donde Obama fue hace tiempo un líder comunitario), los profesores en huelga cuentan con todo el apoyo de los padres y los alumnos. Rhoda Rae Gutiérrez es madre de dos niños que acuden a la escuela primaria en Chicago. Forma parte del grupo Parents 4 Teachers (Padres a favor de los maestros) y está acompañando la movilización de los profesores. Me dijo: “Creemos que las condiciones de trabajo de los profesores se ven reflejadas en las condiciones de aprendizaje de nuestros alumnos. Y cuando luchamos por los derechos de los profesores a un contrato justo, a un salario digno, a clases con menos alumnos, a escuelas con mayores recursos, es decir, a tener psicólogos, tener suficientes trabajadores sociales, suficiente personal de apoyo, suficientes colaboradores en el aula, enfermeras… Estamos luchando por todo esto. Cuando los profesores tienen estos recursos en sus escuelas, sabemos que nuestros niños pueden hacer cosas increíbles”.

Esta lucha refleja la esencia del movimiento Occupy Wall Street: miembros de la comunidad de todas las clases sociales, raza y origen que se unen para oponerse en forma organizada al poder de las empresas. El autor y periodista Chris Hedges, quien ha observado de cerca al movimiento Occupy, contextualizó la huelga:

“La huelga de docentes en Chicago probablemente sea una de las acciones sindicales más importantes en décadas. Si fracasa, pueden estar seguros de que este modelo de ataque a los sindicatos se extenderá a todo el país, en contra de otros sindicatos de maestros y en contra del último reducto de actividad sindical, que está en el sector público, por supuesto: los bomberos y la policía”.

Para quienes se preguntan dónde está el movimiento Occupy hoy en día, simplemente miren las calles de Chicago.

————————

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

© 2012 Amy Goodman

Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 750 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 400 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Gobierno pretende desalojar familias en Parrita


Aunque parezca increíble, la señora Vanessa Rosales Ardón, Presidenta Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias, la misma que puede tener poco, mucho o nada que ver en el oprobioso escándalo de la TROCHA, donde se esfumaron miles y miles de millones de colones, ahora se ha ensañado contra más de 90 familias del cantón de Parrita, muchas de ellas damnificadas del Huracán Mitch y otras inundaciones que periódicamente se dan en ese cantón, procediendo a gestionar el desalojo de estas humildes familias.

Este terreno fue adquirido por la Comisión Nacional de Emergencias, que ahora comanda la susodicha Vanessa Rosales Ardón, precisamente para dotar de vivienda a las familias damnificadas por el Huracán Mitch y otros desastres naturales. Resulta que pasaron y pasaron los años y por “misterios” que aún no podemos descifrar, el proyecto de vivienda nunca se desarrolló, lo que hizo que las personas afectadas y necesitadas de un techo para vivir, construyeran viviendas en estos predios.

Sobra decir que estos predios se ubican en la parte alta de Parrita, lugar que además de hermoso, por sus vistas al Valle de Bijagual y en la lejanía las playas del mar pacífico, es el único lugar de la zona que no logran alcanzar las constantes inundaciones que provocan las lluvias y las crecidas del Río Parrita. De aquí que estos sean sumamente apetecidos por desarrolladores de proyectos turísticos y de vivienda para personas de clase alta.

No es casualidad que ya frente al precario, ondee flamante la bandera de un hotel de cuatro estrellas, el palacete donde vive el Diputado del Movimiento Libertario, señor Adonay Enríquez Guevara y se observan, muy cercanamente, proyectos de construcción para personas de clase alta, de un conocido ricachón de Parrita, que sabemos es generoso patrocinador de los partidos políticos tradicionales.

Estamos enterados que para el día Jueves 20 de setiembre del presente año, a eso de las 05:00 horas, efectivos de la Fuerza Pública realizarán un desalojo violento contra estas 96 familias, que se encuentran en dicho terreno, familias que se componen de adultos mayores, madres solteras, niños y niñas, desalojo ordenado por la Ing Vanessa Rosales Ardón, Presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias, responsable directa de las atrocidades de la construcción de la trocha-mocha, y ahora viene a endosarse un vil crimen contra familias inocentes, que únicamente exigen el cumplimiento del acuerdo de la Comisión que les otorgue un techo digno donde vivir honradamente.

Exhortamos a la Presidenta de la República, como Jefa de Gobierno y por tanto, Comandante en Jefe de los cuerpos policiales, que proceda a detener tal atrocidad contra estas personas, que ya sufrieron los embates de la naturaleza y ahora tendrán que sufrir el embate cruel de los gases lacrimógenos, y actuar de forma inmediata para resolverle el problema de vivienda a estas familias.

Susan Quirós Díaz
Secretaria General

Guillermo Murillo Castillo
Secretario General Adjunto

Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras

Ejemplo de Colombia: Seguridad Social «asesinada»

Cómo asesinaron la Seguridad Social en Colombia

“Hay que decirlo sin anestesia: el sistema colombiano de salud ha muerto. Lo mataron la corrupción, la politiquería y la codicia

En Villavicencio, un niño…sufría de un tumor en la vista. Caprecom…dilató el tratamiento y, pese a la urgencia…se negó a ordenar la cirugía. Varios doctores se unieron para intervenirlo… demasiado tarde: el niño quedó ciego a pesar de que su madre hacía más de un año imploraba piedad en las oficinas de Caprecom.

En Bogotá, un hombre desesperado se subió al último piso de una clínica, con la amenaza de arrojarse al vacío…llevaba ocho meses rogando en Saludcoopque le dieran una cita con el doctor…en Cartagena, el médico de turno en un hospital fue agredido a trompadas por un obrero que estaba en la recepción desde hacía tres días. Ya no aguantaba más el dolor de cabeza. Había sufrido una embolia cerebral…(…) en solo seis meses….se presentaron ante las autoridades sesenta mil reclamos contra empresas de salud…ni hablemos de quienes mueren antes de tener tiempo de quejarse…

(…) nadie atiende a los afiliados, los médicos tienen que trabajar por unos honorarios de indigencia, los medicamentos son una tragedia de cada día y no les pagan a las instituciones que prestan servicios: hospitales, laboratorios clínicos, odontólogos, empresas de radiología.

(…) los pacientes, aunque hayan comprado un seguro, tienen que cancelar cada año 8 billones más de su propio bolsillo para que los atiendan…en manos de unas compañías llamadas “empresas promotoras de salud”, que son el origen de nuestras desgracias.

(…) ¿por qué, con semejante chorro de plata, la gente tiene que levantarse a las 3 de la madrugada para conseguir una cita médica, y pasarse la vida poniendo tutelas para que la atiendan, si ese es su derecho y ese es su dinero?…

Cobran, pero no pagan

(…) las famosas EPS (empresas promotoras de salud)…Reciben de antemano la plata de sus usuarios, pero no les pagan a los hospitales que los acogen….Y después los enfermos, alterados por tantos atropellos, vapulean a los médicos o insultan a las enfermeras.

Los hospitales del país están en bancarrota o al borde de un desastre. (…)

*Honorarios congelados *

El problema de los médicos es todavía más penoso que el de los hospitales…un oftalmólogo al que las EPS solo le reconocen 65.000 pesos por una operación de cataratas que cuesta 1’200.000 pesos…los someten a humillantes procesos de “negociación” y amenazan con dejarlos sin trabajo si no admiten sus condiciones…como necesitan examinar la mayor cantidad posible de pacientes, para tener más ingresos, los revisan a las volandas…consulta médica es cada día más breve…más deficiente. (…) si no les pagan a los hospitales, si no les pagan ni a los médicos, si se niegan a mandar al paciente a un especialista porque cobra más, si se resisten a entregarle los medicamentos apropiados, ¿qué diablos es lo que hacen las EPS con la plata de la gente?…

El naufragio de Caprecom

(…) Caprecom, la única EPS estatal que le queda a Colombia…se está hundiendo en el lodazal de corrupción que la ha saqueado…(…) La entidad tiene 465 empleados de planta, pero hay 7.000 trabajadores más, llamados “contratistas”, que son vinculados a través de misteriosas cooperativas de intermediación laboral…Caprecom le paga a la cooperativa 10 millones de pesos por un trabajador, pero él solo recibe 5 millones. La cooperativa se queda con el resto. ¿Por qué la justicia colombiana no se ha atrevido nunca a averiguar quiénes son los verdaderos dueños de esas cooperativas?

Las EPS privadas

Hay empresarios de la salud que tienen una imaginación infinita para defraudar al sistema… dentro del pago que hacen los usuarios está contemplada una atención domiciliaria, el _“servicio de enfermería en casa“…le cambiaron el nombre: lo llaman “cuidador en casa”_…y eso les permite cobrar dos veces el mismo servicio…el Ministerio de Salud le reconoce en promedio a cada EPS la suma de 1.665 pesos mensuales por paciente… /para/ promoción y prevención de salud…y deberían trasladarlo a clínicas y hospitales… solo les transfieren 140 pesos por paciente…la EPS se queda con 1.525 pesos…

Ladrones en todas partes

La corrupción y el desorden…se cobra por atender a personas que ni siquiera existen…reportan atención a una cantidad de enfermos superior al número de habitantes de la población entera.

(…) el sistema colombiano de salud ha muerto. Ya está podrido. Hay que enterrarlo. Brille para él la luz perpetua…(…) Hay que luchar por tener un régimen de salud que sea único, universal y para todos. Que no excluya a nadie de ningún servicio en ningún hospital ni clínica. Que un solo carné sirva para que la gente no se muera en la puerta esperando que la atiendan…”

Juan Gossaín (Extracto publicación Diario El Tiempo, Colombia 23 de marzo de 2012.)

¡NO PERMITAMOS LA PRIVATIZACIÓN DE LA SALUD EN COSTA RICA!
¡DEFENDAMOS LA CAJA!

¡La Caja es del Pueblo que Trabaja!
UNDECA

Denuncia contra la CCSS por contratar morosos


FRENTE AMPLIO DENUNCIA A CONTRALORÍA Y A GERENTA DE LA CCSS POR IRRESPETAR LA LEY Y PROMOVER CONTRATACIÓN DE EMPRESAS MOROSAS

  • Pide a Presidenta Ejecutiva y a Junta Directiva definir posición única y rechazar intentos de debilitar controles del artículo 74 de su Ley Orgánica.
  • También protesta “enérgicamente” ante la Contraloría por sabotear los esfuerzos del Parlamento para fortalecer a la CCSS


En una carta enviada hoy a la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Ileana Balmaceda, y a la Junta Directiva de esa entidad, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, denunció a la Gerenta de Infraestructura y Tecnología, Gabriela Murillo Jenkins, por haber solicitado a la Contraloría General de la República (CGR) una interpretación del Artículo 74 de la Ley Orgánica de la CCSS, con el fin de facilitar la adjudicación de licitaciones a empresas morosas con los seguros sociales.

El artículo 74 de la Ley Orgánica de la CCSS fue recientemente reformado por la Asamblea Legislativa, por iniciativa del Frente Amplio, para establecer claramente la obligatoriedad de estar al día con la seguridad social, como requisito ineludible de las empresas para participar en procedimientos de contratación administrativa.

En respuesta a la solicitud de Murillo Jenkins, la Dirección de Contratación Administrativa de la CGR emitió la resolución R-DCA-393-2012, del 30 de julio de 2012, en la cual rectifica la interpretación que, por mayoría, había adoptado y que establecía que el propósito y espíritu de ese artículo es impedir que empresas morosas sean aceptadas en licitaciones públicas. El Frente Amplio también protestó “enérgicamente” ante la CGR por esta resolución.

Villalta resaltó el hecho de que el Gerente Financiero de la CCSS, Gustavo Picado, ha impugnado esta última resolución de la CGR por ser contraria al régimen legal y constitucional que protege los seguros sociales y a la propia ley orgánica de la CCSS.

Para el diputado Villalta, la última interpretación adoptada por la Contraloría “es antojadiza, por ser contraria a la letra y el espíritu de la ley. Si el artículo 74 prohíbe a las personas morosas con la seguridad social participar en procesos de contratación administrativa, no existe posibilidad alguna de interpretar que el término “participación” se refiere a “la posibilidad de resultar adjudicatario del procedimiento de contratación”. Para ser adjudicatario se requiere haber participado en el proceso, haber presentado ofertas y que estas ofertas hayan sido analizadas y valoradas por la Administración.”

“La Contraloría alcahuetea a los morosos, socavando los esfuerzos que ha hecho la Asamblea Legislativa para garantizar el financiamiento de los seguros sociales. Se debilita el mecanismo de control concebido por el legislador, porque los oferentes morosos que no tengan posibilidad de ser adjudicados no tendrán ningún incentivo para ponerse al día con la CCSS. Podrán concursar y, si ven que no tienen opción de ganar, simplemente seguirán morosos con la CCSS”, expresó el parlamentario.

Agregó que, con la resolución de la CGR, también “se fomenta la competencia desleal entre oferentes, pues una empresa podrá bajar sus costos de operación y presentar una mejor oferta a costa de encontrarse morosa con la seguridad social, en perjuicio de otra que sí hizo los esfuerzos y sacrificios necesarios para ponerse al día.”

En su carta, Villalta considera “lamentable que a algunas autoridades de la CCSS no les preocupe esta grave situación. Parece que incluso ven el interés cortoplacista de poder incluir más oferentes en sus licitaciones –aunque estén morosos-, sin considerar que la calidad y sostenibilidad de los servicios que prestan dependen del combate frontal a la morosidad con la seguridad social.”

“Pareciera que no entienden que, si se debilita el financiamiento de la CCSS, a mediano y largo plazo faltarán recursos para mejorar la infraestructura y la prestación de los servicios de salud. Sin recursos para obras, de nada les servirá contar con más oferentes, morosos incluidos, salvo que lo que se busque es seguir favoreciendo al sector privado, en detrimento de la seguridad social”, agregó.

Por lo anterior, solicita a las autoridades de la CCSS informarle “cuál es criterio oficial de la institución, si respalda las gestiones de algunos funcionarios para debilitar la aplicación del artículo 74 de su Ley Orgánica y si se considera correcto, dentro de una adecuada y eficiente gestión institucional, que existan posiciones contradictorias sobre un tema de tanta importancia. Asimismo, me informe sobre las acciones que tomará para evitar que esta lamentable situación se repita.”

Finalmente, advierte que “si la Administración Superior de la CCSS no hace cumplir su propia Ley Constitutiva y permite que se burlen los mecanismos dispuestos por el Poder Legislativo para combatir la morosidad, no habrá manera de fortalecer ni rescatar esta institución de la grave crisis que enfrenta.”

_______________________
Nota de Undeca

Desde UNDECA creemos que es verdaderamente sorprendente como, desde la misma Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, se violentan las Leyes en detrimento de los más altos intereses de los costarricenses. Este tipo de acciones contribuyen al deterioro de la imagen de la institución y peor aún va en contra de los intereses económicos de la Caja.

UNDECA se une a esta denuncia y exigirá que la Junta Directiva de la Caja, encabezada por Ileana Balmaceda, que brinde respuestas claras sobre este nefasto accionar y que rectifique su proceder.