Ejemplo de Colombia: Seguridad Social «asesinada»

Cómo asesinaron la Seguridad Social en Colombia

“Hay que decirlo sin anestesia: el sistema colombiano de salud ha muerto. Lo mataron la corrupción, la politiquería y la codicia

En Villavicencio, un niño…sufría de un tumor en la vista. Caprecom…dilató el tratamiento y, pese a la urgencia…se negó a ordenar la cirugía. Varios doctores se unieron para intervenirlo… demasiado tarde: el niño quedó ciego a pesar de que su madre hacía más de un año imploraba piedad en las oficinas de Caprecom.

En Bogotá, un hombre desesperado se subió al último piso de una clínica, con la amenaza de arrojarse al vacío…llevaba ocho meses rogando en Saludcoopque le dieran una cita con el doctor…en Cartagena, el médico de turno en un hospital fue agredido a trompadas por un obrero que estaba en la recepción desde hacía tres días. Ya no aguantaba más el dolor de cabeza. Había sufrido una embolia cerebral…(…) en solo seis meses….se presentaron ante las autoridades sesenta mil reclamos contra empresas de salud…ni hablemos de quienes mueren antes de tener tiempo de quejarse…

(…) nadie atiende a los afiliados, los médicos tienen que trabajar por unos honorarios de indigencia, los medicamentos son una tragedia de cada día y no les pagan a las instituciones que prestan servicios: hospitales, laboratorios clínicos, odontólogos, empresas de radiología.

(…) los pacientes, aunque hayan comprado un seguro, tienen que cancelar cada año 8 billones más de su propio bolsillo para que los atiendan…en manos de unas compañías llamadas “empresas promotoras de salud”, que son el origen de nuestras desgracias.

(…) ¿por qué, con semejante chorro de plata, la gente tiene que levantarse a las 3 de la madrugada para conseguir una cita médica, y pasarse la vida poniendo tutelas para que la atiendan, si ese es su derecho y ese es su dinero?…

Cobran, pero no pagan

(…) las famosas EPS (empresas promotoras de salud)…Reciben de antemano la plata de sus usuarios, pero no les pagan a los hospitales que los acogen….Y después los enfermos, alterados por tantos atropellos, vapulean a los médicos o insultan a las enfermeras.

Los hospitales del país están en bancarrota o al borde de un desastre. (…)

*Honorarios congelados *

El problema de los médicos es todavía más penoso que el de los hospitales…un oftalmólogo al que las EPS solo le reconocen 65.000 pesos por una operación de cataratas que cuesta 1’200.000 pesos…los someten a humillantes procesos de “negociación” y amenazan con dejarlos sin trabajo si no admiten sus condiciones…como necesitan examinar la mayor cantidad posible de pacientes, para tener más ingresos, los revisan a las volandas…consulta médica es cada día más breve…más deficiente. (…) si no les pagan a los hospitales, si no les pagan ni a los médicos, si se niegan a mandar al paciente a un especialista porque cobra más, si se resisten a entregarle los medicamentos apropiados, ¿qué diablos es lo que hacen las EPS con la plata de la gente?…

El naufragio de Caprecom

(…) Caprecom, la única EPS estatal que le queda a Colombia…se está hundiendo en el lodazal de corrupción que la ha saqueado…(…) La entidad tiene 465 empleados de planta, pero hay 7.000 trabajadores más, llamados “contratistas”, que son vinculados a través de misteriosas cooperativas de intermediación laboral…Caprecom le paga a la cooperativa 10 millones de pesos por un trabajador, pero él solo recibe 5 millones. La cooperativa se queda con el resto. ¿Por qué la justicia colombiana no se ha atrevido nunca a averiguar quiénes son los verdaderos dueños de esas cooperativas?

Las EPS privadas

Hay empresarios de la salud que tienen una imaginación infinita para defraudar al sistema… dentro del pago que hacen los usuarios está contemplada una atención domiciliaria, el _“servicio de enfermería en casa“…le cambiaron el nombre: lo llaman “cuidador en casa”_…y eso les permite cobrar dos veces el mismo servicio…el Ministerio de Salud le reconoce en promedio a cada EPS la suma de 1.665 pesos mensuales por paciente… /para/ promoción y prevención de salud…y deberían trasladarlo a clínicas y hospitales… solo les transfieren 140 pesos por paciente…la EPS se queda con 1.525 pesos…

Ladrones en todas partes

La corrupción y el desorden…se cobra por atender a personas que ni siquiera existen…reportan atención a una cantidad de enfermos superior al número de habitantes de la población entera.

(…) el sistema colombiano de salud ha muerto. Ya está podrido. Hay que enterrarlo. Brille para él la luz perpetua…(…) Hay que luchar por tener un régimen de salud que sea único, universal y para todos. Que no excluya a nadie de ningún servicio en ningún hospital ni clínica. Que un solo carné sirva para que la gente no se muera en la puerta esperando que la atiendan…”

Juan Gossaín (Extracto publicación Diario El Tiempo, Colombia 23 de marzo de 2012.)

¡NO PERMITAMOS LA PRIVATIZACIÓN DE LA SALUD EN COSTA RICA!
¡DEFENDAMOS LA CAJA!

¡La Caja es del Pueblo que Trabaja!
UNDECA

Denuncia contra la CCSS por contratar morosos


FRENTE AMPLIO DENUNCIA A CONTRALORÍA Y A GERENTA DE LA CCSS POR IRRESPETAR LA LEY Y PROMOVER CONTRATACIÓN DE EMPRESAS MOROSAS

  • Pide a Presidenta Ejecutiva y a Junta Directiva definir posición única y rechazar intentos de debilitar controles del artículo 74 de su Ley Orgánica.
  • También protesta “enérgicamente” ante la Contraloría por sabotear los esfuerzos del Parlamento para fortalecer a la CCSS


En una carta enviada hoy a la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Ileana Balmaceda, y a la Junta Directiva de esa entidad, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, denunció a la Gerenta de Infraestructura y Tecnología, Gabriela Murillo Jenkins, por haber solicitado a la Contraloría General de la República (CGR) una interpretación del Artículo 74 de la Ley Orgánica de la CCSS, con el fin de facilitar la adjudicación de licitaciones a empresas morosas con los seguros sociales.

El artículo 74 de la Ley Orgánica de la CCSS fue recientemente reformado por la Asamblea Legislativa, por iniciativa del Frente Amplio, para establecer claramente la obligatoriedad de estar al día con la seguridad social, como requisito ineludible de las empresas para participar en procedimientos de contratación administrativa.

En respuesta a la solicitud de Murillo Jenkins, la Dirección de Contratación Administrativa de la CGR emitió la resolución R-DCA-393-2012, del 30 de julio de 2012, en la cual rectifica la interpretación que, por mayoría, había adoptado y que establecía que el propósito y espíritu de ese artículo es impedir que empresas morosas sean aceptadas en licitaciones públicas. El Frente Amplio también protestó “enérgicamente” ante la CGR por esta resolución.

Villalta resaltó el hecho de que el Gerente Financiero de la CCSS, Gustavo Picado, ha impugnado esta última resolución de la CGR por ser contraria al régimen legal y constitucional que protege los seguros sociales y a la propia ley orgánica de la CCSS.

Para el diputado Villalta, la última interpretación adoptada por la Contraloría “es antojadiza, por ser contraria a la letra y el espíritu de la ley. Si el artículo 74 prohíbe a las personas morosas con la seguridad social participar en procesos de contratación administrativa, no existe posibilidad alguna de interpretar que el término “participación” se refiere a “la posibilidad de resultar adjudicatario del procedimiento de contratación”. Para ser adjudicatario se requiere haber participado en el proceso, haber presentado ofertas y que estas ofertas hayan sido analizadas y valoradas por la Administración.”

“La Contraloría alcahuetea a los morosos, socavando los esfuerzos que ha hecho la Asamblea Legislativa para garantizar el financiamiento de los seguros sociales. Se debilita el mecanismo de control concebido por el legislador, porque los oferentes morosos que no tengan posibilidad de ser adjudicados no tendrán ningún incentivo para ponerse al día con la CCSS. Podrán concursar y, si ven que no tienen opción de ganar, simplemente seguirán morosos con la CCSS”, expresó el parlamentario.

Agregó que, con la resolución de la CGR, también “se fomenta la competencia desleal entre oferentes, pues una empresa podrá bajar sus costos de operación y presentar una mejor oferta a costa de encontrarse morosa con la seguridad social, en perjuicio de otra que sí hizo los esfuerzos y sacrificios necesarios para ponerse al día.”

En su carta, Villalta considera “lamentable que a algunas autoridades de la CCSS no les preocupe esta grave situación. Parece que incluso ven el interés cortoplacista de poder incluir más oferentes en sus licitaciones –aunque estén morosos-, sin considerar que la calidad y sostenibilidad de los servicios que prestan dependen del combate frontal a la morosidad con la seguridad social.”

“Pareciera que no entienden que, si se debilita el financiamiento de la CCSS, a mediano y largo plazo faltarán recursos para mejorar la infraestructura y la prestación de los servicios de salud. Sin recursos para obras, de nada les servirá contar con más oferentes, morosos incluidos, salvo que lo que se busque es seguir favoreciendo al sector privado, en detrimento de la seguridad social”, agregó.

Por lo anterior, solicita a las autoridades de la CCSS informarle “cuál es criterio oficial de la institución, si respalda las gestiones de algunos funcionarios para debilitar la aplicación del artículo 74 de su Ley Orgánica y si se considera correcto, dentro de una adecuada y eficiente gestión institucional, que existan posiciones contradictorias sobre un tema de tanta importancia. Asimismo, me informe sobre las acciones que tomará para evitar que esta lamentable situación se repita.”

Finalmente, advierte que “si la Administración Superior de la CCSS no hace cumplir su propia Ley Constitutiva y permite que se burlen los mecanismos dispuestos por el Poder Legislativo para combatir la morosidad, no habrá manera de fortalecer ni rescatar esta institución de la grave crisis que enfrenta.”

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Nota de Undeca

Desde UNDECA creemos que es verdaderamente sorprendente como, desde la misma Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, se violentan las Leyes en detrimento de los más altos intereses de los costarricenses. Este tipo de acciones contribuyen al deterioro de la imagen de la institución y peor aún va en contra de los intereses económicos de la Caja.

UNDECA se une a esta denuncia y exigirá que la Junta Directiva de la Caja, encabezada por Ileana Balmaceda, que brinde respuestas claras sobre este nefasto accionar y que rectifique su proceder.

Libertad a los 5 Héroes cubanos, ¡YA!

  • Reclaman libertad para los Cinco desde diversas latitudes
  • 14 años detenidos por denunciar, a las autoridades de Estados Unidos, planes de acciones terroristas desde Miami.


Los actores estadounidenses, Danny Glober y Peter Coyote explican la detención de los 5 héroes cubanos y exigen su libertad (Hay otro VIDEO abajo)


NUEVA YORK, 12 de septiembre.— Al cumplirse hoy 14 años de la injusta encarcelación de los Cinco patriotas cubanos que luchaban contra el terrorismo en Estados Unidos, es cada vez más amplia la solidaridad internacional hacia ellos.

Numerosas han sido las peticiones al presidente estadounidense Barack Obama de que haga uso de sus prerrogativas constitucionales y ponga fin a la injusticia cometida contra Gerardo Hernández, Fernando González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y René González.

En Nueva York, varias organizaciones de solidaridad como el Comité Internacional por la Liberación de los Cinco reclamaron justicia durante un acto celebrado en la emblemática Iglesia Riverside de Manhattan, refiere PL.

En Canadá, el Comité Internacional de Vancouver para la Liberación de los Cinco realizó una vigilia frente al consulado estadounidense, dedicada a los luchadores y a las víctimas del terrorismo apoyado por Washington; mientras otros grupos solidarios efectuaron un mitin en Montreal para exigir libertad para los Cinco Héroes de la isla caribeña.

Organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, convocadas por el Comité Argentino por la Libertad de los Cinco y el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba (MasCuba), marcharon hasta la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires.

Allí fue reconocida la importante actividad de difusión del caso realizada por jóvenes de El Dorado (Misiones) en las Cataratas del Iguazú, así como la labor desplegada en ese mismo sentido por la Agrupación Motor, del municipio bonaerense de La Matanza.

De gran significación fueron considerados asimismo los decretos, resoluciones y ordenanzas emitidos a favor de la libertad de los Cinco por los Concejos Deliberantes y Municipales de Rosario, Necochea, Morón y La Plata.

Mientras tanto, en Guatemala la Coordinadora de Solidaridad con Cuba y los Pueblos insistió en la Universidad de San Carlos (la más importante de ese país), en la necesidad de poner fin a la injusticia, como la de Gerardo, condenado a dos cadenas perpetuas más 15 años.

Por su parte, la Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba entregó en la sede diplomática de Estados Unidos en Santo Domingo, una carta para el presidente Obama, en la cual pide el indulto de los luchadores cubanos.

Solicitamos que disponga, mediante amnistía, la libertad de Gerardo Hernández, Fernando González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y René González para restaurar el sentido de justicia, señala el texto.

La misiva también se refiere a la situación de René González, quien estuvo encarcelado hasta el 7 de octubre del 2011, y ahora cumple tres años de libertad supervisada en suelo norteamericano. Su seguridad personal, expone, está más amenazada en las calles de Estados Unidos que detrás de los barrotes ignominiosos.

Desde Haití, la corresponsal de Granma, reportó que el club de amigos de Cuba de la comunidad de Darbonne reclamó la inmediata excarcelación de los luchadores antiterroristas con una gala político-cultural, en la cual hicieron un llamado a la solidaridad y a la necesidad de romper el bloqueo informativo en torno a esa injusticia.

La velada, que contó con la presencia de funcionarios de la Embajada cubana en Haití y los colaboradores de la Misión del Azúcar, también fue oportuna para celebrar los seis años de creado el club que actualmente integran 65 personas de la comuna.

A su vez, en Nicaragua se realizó una celebración ecuménica en la iglesia de Managua como parte de la campaña mundial a favor de los Cinco.

El embajador cubano en esa nación centroamericana, Eduardo Martínez Borbonet, destacó que la cita reunió a evangélicos, católicos y ateos en reclamo de justicia frente a uno de los casos ilustrativos de la vendetta política contra la Revolución cubana.

También en Asunción, la secretaria general del Partido Movimiento al Socialismo de Paraguay, y la presidenta del Comité Paraguayo Pro Libertad de los Cinco, Ligia Prieto, coincidieron en que estos luchadores representan el ejemplo de Cuba y los anhelos del mundo entero.

Mientras tanto, un panel para develar aspectos importantes relacionados con el juicio y la condena a los Cinco fue celebrado en La Paz, con los colaboradores y miembros del cuerpo diplomático cubano en Bolivia, quienes enviaron un mensaje solidario desde la nación andina.

En declaración conjunta publicada en Lima, destacados intelectuales, artistas, escritores, científicos sociales y otras personalidades peruanas, como los escritores Arturo Corcuera, Hildebrando Pérez y Winston Orrillo demandaron al presidente de Estados Unidos que libere a los antiterroristas.

Desde Moscú, la coordinadora general del Comité Nacional ruso de solidaridad con los luchadores cubanos, Lena Loshkina, declaró que “la más importante dirección de nuestro trabajo es romper el bloqueo informativo en los medios centrales de difusión”.

En Rusia, la solidaridad con los Cinco tiene lugar a diferentes niveles, incluido la Duma (parlamento), en el que fueron aprobadas unánimemente dos resoluciones por los Cinco y tenemos apoyo gubernamental en ese empeño, consideró la activista.

En mayo del 2005, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias determinó que la privación de libertad de los Cinco era arbitraria y exhortó a Washington a adoptar las medidas necesarias para rectificar esa injusticia, algo desoído hasta ahora por la justicia norteamericana. (SE)

Danny Glober habla sobre los 5 Héroes cubanos

39 años del golpe de estado en Chile




AVN.- Las movilizaciones estudiantiles, que se intensificaron en 2011, son un reflejo de esta realidad. Los estudiantes chilenos piden volver al modelo educacional planteado durante el gobierno de Allende; que establecía la gratuidad de la enseñanza, donde el Estado se hacía cargo de garantizar este derecho a todos por igual.

De acuerdo a una reforma a la Constitución aprobada tras la llegada de Allende al poder se estableció “la libertad de enseñanza. La Educación Básica es obligatoria. La educación es una función primordial del Estado, que cumple a través de un sistema nacional del cual forman parte las instituciones oficiales de enseñanza y las privadas que colaboran en su realización, ajustándose a los planes y programas establecidos por las autoridades educacionales”, artículo 10 reformado de la Carta Magna.

“Las Universidades estatales y las particulares reconocidas por el Estado son personas jurídicas dotadas de autonomía académica, administrativa y económica. Corresponde al Estado proveer a su adecuado financiamiento para que puedan cumplir sus funciones plenamente, de acuerdo a los requerimientos educacionales, científicos y culturales del país”.

Además añadía “Los estudiantes universitarios tienen derecho a expresar sus propias ideas, y a escoger, en cuanto sea posible, la enseñanza y a los profesores que prefieran’”.

También el sector económico y el control estratégico de los recursos naturales del país tuvo prioridad en los tres años de gobierno de Allende. En ese sentido se nacionalizó la industria del Cobre en 1971, con el Estado bajo control del 100% de la misma.

En términos generales, el plan del gobierno de la coalición Unidad Popular incluían: nacionalización de las áreas claves de la economía chilena, aceleración de la reforma agraria, control de precios, aumento de salarios a todos los trabajadores, reforma constitucional y creación de una cámara única en el Congreso.

“Salvador Allende fue un hombre que luchó cincuenta años por mayor justicia social para que este país fuera diferente”, dijo en una oportunidad la senadora María Isabel Allende, hija del ex gobernante.

Golpe de Estado

No obstante, todos estos cambios se vieron truncados en 1973, cuando el 11 de septiembre un comando encabezado por el general Javier Palacios asaltó La Moneda (casa de Gobierno), por órdenes de Augusto Pinochet, jefe del Ejército, con el objetivo de derrocar al gobierno socialista de Allende.

Los medios de comunicación jugaron un papel relevante para la concreción del golpe, proceso que se inició desde el mismo momento de la asunción de Allende al poder.

Después del asalto, Pinochet asumió la Presidencia de facto hasta 1990. En este período se desató una ola de violencia represiva sin precedentes, sobre todos los barrios populares que fueron ocupados militarmente.

Cifras de organismos de derechos humanos señalan que hubo 3.200 muertos, 8.000 torturados y cerca de 300.000 exiliados.

Políticas de Pinochet

La precarización laboral, sobre todo en el sector minero, la extranjerización de la economía, y la mercantilización de la salud y la educación son las marcas más profundas que la dictadura militar de Pinochet dejó en el país.

Durante la dictadura de Pinochet se establecieron una serie de normas, todavía vigentes en Chile, que ampliaron la brecha entre los más ricos y los más pobres del país; y dejaron la conducción de la nación suramericana en manos de sectores burgueses imbuidos del ideal neoliberal y de las consignas de los Chicago’s Boys.

“A partir de la dictadura de Pinochet vivió un profundo cambio en la arquitectura del estado, caracterizado por la privatización de sectores, como la salud, previsión y educación. Este largo proceso fue llevado a cabo en un ambiente de represión, bajo la aspiración de cumplir todas las máximas neoliberales propuestas por la llamada Escuela de Chicago, del economista Milton friedman”, de acuerdo a la profesora chilena Monica Peña Ochoa.

Ochoa dice además que, por ejemplo, “el modelo educacional pasó de ser público a uno descentralizado, caracterizado por la municipalización de las escuelas públicas, así como el nacimiento de un sector particular – subvencionado administrado por privados que reciben financiamiento, al igual que las escuelas municipalizadas, a través de una subvención a la demanda, es decir una subvención económica calculada a través de la asistencia de alumnos”.

Para sellar las políticas en materia de educación aplicadas previamente, con un ideario empresarial, se promulgó el 10 de marzo de 1990, último día de la dictadura, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Loce), sobre la cual el ahora presidente Sebastián Piñera tuvo una influencia importante; pues era quien proponía un desplazamiento de las funciones del Estado chileno: que no tenga como meta garantizar la educación sino velar por los créditos financieros.

En cuanto a la industria del Cobre, el régimen de facto aplicó en 1981 la ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras. Con esta normativa, los yacimientos de minerales pasaron a ser concesiones plenas, abriendo la explotación a compañías privadas que además recibían rebajas tributarias.

Este proceso tuvo sus efectos negativos, en 1973 el 94% de la producción cuprífera estaba en manos del Estado, para 2007 ese porcentaje se reducía a 31%.

Las políticas pinochetistas también provocaron una reducción del gasto público, despido de trabajadores públicos, aumento al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la anulación del sistema de ahorro y préstamos de vivienda.

Estas medidas neoliberales siguen vigentes 22 años después del fin de la dictadura. Por esa razón los chilenos se encuentran en las calles, para pedir una reforma constitucional, cambio al sistema educativo, renacionalización del cobre, entre otras medidas que beneficien a la totalidad de los habitantes de este país suramericano.

También, familiares de víctimas de la dictadura denuncian impunidad.

“Aquí hay muchos sordos”

Leonardo Jeff

En declaraciones a la Radio Pública de Argentina, Leonardo Jeff, académico chileno y director del Centro de Estudios Latinoamericanos analiza el ambiente convulsionado que vive el país que conduce Sebastián Pinera. Los incesantes reclamos sectoriales, la crítica a la mercantilización de la educación, la respuesta represiva del Gobierno y las próximas elecciones, configuran un escenario político y social complejo e incierto.

– Desde su visión integral de la temática educativa ¿cuál es el eje del conflicto que se da en Chile desde hace dos años de manera tan profunda?

– El meollo es la lucha por la defensa de la educación pública, la educación que está a cargo del establecimiento del Estado para que sea efectivamente gratuita. Ustedes no lo pueden concebir porque la educación en la Argentina, las universidades nacional y públicas son gratuitas. Pero acá, la universidad estatal es pagada por las familias.

Lo segundo es luchar contra el lucro en la educación, porque se ha convertido en un buen negocio para consorcios económicos de carácter nacional y trasnacional. Entonces, estamos también luchando porque hay en el país prácticamente 60 universidades, de las cuales son 16 del Estado de Chile, 9 son privadas trasnacionales y el resto 35 son privadas, formadas durante el gobierno militar. Y de esas 35, muchas de ellas son realmente un negocio.

En un estudio que hecho por el ministerio de Educación de Chile sobre el estado financiero de las universidades aparece que el 90 por ciento tiene vínculos con empresas privadas en un promedio de 6 por universidad. Frente a esa situación, incluso el Ministro de Educación parece no tener muchas posibilidades de intervención.

Es cierto que las universidades tienen vínculos con empresas, pero habría que ver qué tipo de empresas. Yo, por ejemplo, digo categóricamente que a Universidad Andrés Bello, la Universidad de las Américas y la Universidad Viña del Mar pertenecen a un consorcio de carácter norteamericano. Ellos lo que buscan es la venta obligada de sus inversiones. Para ello, utilizan una figura, porque la ley no permite que las universidades persigan fines de lucro, y la figura es tener una empresa que les arrienda los inmuebles donde ellos funcionan. A través de ello del arriendo obtienen las utilidades. Ese es el caso más corriente de diferentes universidades privadas. Hay algunas otras universidades que tienen empresas pero que tienen que ver con su quehacer, así que habría que hacer un distingo muy claro de qué empresa se trata.

– ¿Se puede pensar que el reclamo estudiantil comienza a ser parte de los reclamos de otros sectores sociales, como la Confusam, por ejemplo?

Unos días atrás, la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada (Confusam) dio un abrazo simbólico al Congreso pidiendo una constituyente en Chile, una reforma de la Constitución. Yo creo que hay reclamos de muchos sectores y pasan por un periodo de mayor intensidad durante el año 2011. Ahora se está retomando fuerza y hay muchos sectores afectados, entre ellos además de los trabajadores de la salud los deudores hipotecarios por asuntos de vivienda. Así que hay un movimiento que trasciende la educación.

– ¿Cuál es la respuesta del sistema político frente a estos reclamos crecientes?

En principio, yo creo que el Gobierno no entiende nada de lo que se tratan las demandas estudiantiles. El ministro de Educación ha dicho recientemente que los estudiantes perdieron sus banderas de lucha. Las banderas de lucha están muy claras, lo que pasa es que él no quiere escuchar, no quiere oír. Y no hay peor sordo que el que no quiere oír, como dice el dicho.

Además, las clases políticas, los partidos, los parlamentarios tienen sensibilidades muy diferentes. Hay algunos muy sensibles, pero son la minoría. Y frente a una posibilidad de una Asamblea Constituyente, la mayoría se opone a ello porque no está establecido en la Constitución para que exista una constituyente. Entonces, si ellos no quieren, no hay paso para ello, salvo que haya una presión social que los obligue a hacer una reforma en la Constitución y establezca la Asamblea Constituyente.

Pero observamos que el oficialismo, el Gobierno, ante los reclamos está reprimiendo. Y tampoco hay salida política. Cualquier analista podría plantear que es un callejón sin salida, y puede terminar en situaciones mucho más complejas.

– La presión social, ¿cómo se cataliza?

Desgraciadamente el Gobierno actúa reprimiendo. Y la represión es cada vez más fuerte. En las principales ciudades de Chile, donde se hacen las manifestaciones, se observa la fuerza policial extremadamente armada en términos provocativos. El otro día un alumno de la Universidad fue tomado en la calle, subido a un bus de la policía, paseado durante varias horas, con la incertidumbre de saber qué le podía pasar, y así, hay una serie de otras medidas en las que la policía arremete con fuerza contra los manifestantes.

Incluso hay denuncias de abusos de algunos estudiantes detenidos. Y esto está recordando los viejos tiempos de la Dictadura. Realmente uno no ve los procedimientos policiales. La incorporación de lo que se ha insistido tanto, que ellos tienen que ser formados en el respeto a los derechos humanos; en este caso los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de este país.

– En estos días denunció el ingreso de personal policial o carabineros a las universidades ¿Esto está permitido? ¿Se pueden hacer estos procedimientos?

El único autorizado a solicitar la fuerza pública es el Rector de la universidad, salvo que se esté cometiendo un delito flagrante.

Las organizaciones estudiantiles están denunciando que les impiden realizar asambleas dentro de las universidades o las instituciones educativas; y hemos visto cómo se saca a los estudiantes de una manera abrupta.

Lo que pasó días atrás fue en el Instituto Nacional, el establecimiento educacional más antiguo del país, fundado en 1813, que se apronta a conmemorar los 200 años. Ahí entró un bus policial dentro del recinto. Eso es inadmisible. Ahora, las asambleas, por lo menos en mi universidad, la Universidad de Valparaíso, que es una Universidad del Estado de Chile, se pueden realizar normalmente, no hay problema. El problema se produce en la calle.

– ¿Qué es lo que sigue, cuál es su impresión del futuro inmediato?

Yo creo que van a haber manifestaciones cada vez más fuertes, para ver si los partidos políticos pueden entender lo que está pasando porque pronto, hacia fin de año, hay elecciones de alcaldes, que equivale a las elecciones de intendentes y de concejales en Argentina. Y esa elección va a ser muy importante en la perspectiva de la elección presidencial que hay el próximo año. Así que en la medida en que se acerquen esos comicios, la fuerza del movimiento social se va a manifestar para hacerse oír, porque aquí hay muchos sordos.

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Por Laura Colmenares y Bárbara Perrera | Desde Mendoza, Argentina
03|09|2012
Fuente: apasdigital. org

El caso islandés: Corruptos a la cárcel

La crisis en Islandia golpeó a bancos pero también arruinó a familias y empresas. Los autores analizan el caso islandés, un ejemplo muy interesante para Europa

Elvira Méndez / Antonio Estella – 23/03/2012 – 07:00

En El País del 29 de marzo de 2011, dos profesoras de Economía, Lourdes Benería y Carmen Sarasúa, señalaban, en un excelente artículo de opinión, lo siguiente: “Si tuviéramos nociones claras de qué es un crimen económico y si existieran mecanismos para investigarlos y perseguirlos se hubieran podido evitar muchos de los actuales problemas. No es una utopía. Islandia ofrece un ejemplo muy interesante”.

Nos gustaría emplear estas líneas para abundar en el ejemplo islandés, cuyos ecos llegan de vez en cuando a España con algo de retraso y no siempre reflejan acertadamente la realidad y el contexto de los acontecimientos que allí suceden. Conviene seguir de cerca su ejemplo, simplemente porque allí la sociedad civil lleva desde octubre de 2008 enfrentándose a sucesos que solo se han entendido después en el continente tras el empeoramiento de la actual crisis económica. El caso islandés permite preguntarse si hay diferentes alternativas, heterodoxas o incluso convencionales, de las que se están proponiendo desde Europa para salir de la crisis y avanzar en materia de justicia económica y social.

Tuvimos la inmensa suerte de conocernos en una visita de investigación y trabajo que llevó al profesor Estella en 2010 a Islandia. Exactamente el mismo día en que aterrizaba en el país, el día 16 de junio, el Tribunal Supremo islandés adoptaba la decisión de declarar nulas de pleno derecho las cláusulas de indexación de los créditos a divisas extranjeras. A pesar de que la ley islandesa prohibía expresamente utilizar este mecanismo de indexación desde 2001, los bancos islandeses se dedicaron a una frenética actividad de comercialización de préstamos en coronas que a cambio de ofertar tipos muy atractivos indexaban el reembolso del capital y de los intereses a divisas extranjeras como el yen, el dólar o el euro. Como consecuencia, decenas de miles de familias y empresas contrajeron estos créditos indexados para financiarse sin sospechar su ilegalidad. Estos créditos eran muy atractivos, ya que los préstamos islandeses clásicos aparte de abonar intereses en torno al 5% están indexados automáticamente por ley a la inflación, históricamente muy elevada en Islandia.

A la ilegalidad de la práctica de indexación se añade el detalle de que los bancos olvidaron alertar a los ciudadanos de los enormes riesgos que contraían al contratar esos créditos ya que, si la corona se devaluaba, la deuda contraída se multiplicaba de la noche a la mañana. Y lo más doloroso de todo: como luego se ha sabido, los bancos jugaban a dos bandas, ya que mientras ofrecían estos créditos, apostaban en masa en contra de la corona para presentar mejores resultados trimestrales, incrementando artificialmente el valor de sus activos en el extranjero.

El sistema financiero islandés se derrumbó en octubre de 2008, tras la caída de Lehman Brothers. Fue el primer y más contundente aviso del verdadero perfil que podría adquirir que luego ha adquirido la crisis económica. La crisis golpeó a los bancos, sí, pero sobre todo destruyó la economía de miles de familias y empresas que perdieron ahorros y esperanzas. La corona se derrumbó perdiendo el 50% de su valor y se inauguró la fase del corralito islandés o la Cuba del norte, como a veces se refieren los ciudadanos críticos a su isla. Las deudas ligadas a créditos de consumo, empresariales e hipotecarios se multiplicaron por dos de un día para otro. Los islandeses, que una vez pudieron soñar con un tipo de prosperidad igualitaria, muy característica de los países escandinavos (pero de la que hasta entonces Islandia había quedado al margen) eran devueltos de golpe y porrazo a su época más oscura.

Pero no todo fueron malas noticias. Por increíble que pueda parecer en este momento en España, uno de los aliados de los ciudadanos, que emergió con fuerza, fue el Tribunal Supremo de Islandia. Este órgano asumió un papel fundamental en la reestructuración de la deuda privada, ya que el legislador, primero, no intervino y, después, adoptó una norma parcialmente inconstitucional (Ley 151/2010).

La jurisprudencia sobre estos créditos ha ido in crescendo a medida que las noticias reflejaban los crímenes económicos que ahora empiezan a llegar a los tribunales de lo penal y los abusos de las instituciones financieras al recalcular los préstamos ilegales. Esta saga jurídica cuenta con los siguientes hitos: en los asuntos 92/2010 y 153/2010, se declaró que la indexación a divisas extranjeras está prohibida y que los préstamos se realizaron en realidad en coronas islandesas. En el asunto 471/2010 se sustituyeron, en un préstamo de financiación de un coche, los intereses iniciales por el interés tipo del Banco Central islandés. En los asuntos 603/2010 y 604/2010 se amplió el ámbito de esta jurisprudencia a los préstamos hipotecarios. En los asuntos 30/2011, 31/2011 y 155/2011 se aplicó esta jurisprudencia de derecho civil contractual a las empresas. Finalmente, en el asunto 600/2011, cuya sentencia del pasado 15 de febrero ha sacudido a la sociedad islandesa durante una semana, se declaró que la Ley 151/2010 tiene una cláusula inconstitucional. Las consecuencias de la ilegalidad no pueden suponer la revisión del pasado en perjuicio de los deudores. La sustitución de intereses originales por los intereses del Banco Central islandés solo operará para el futuro. La Ley 151/2010 ha sido acusada de servir en última instancia para que los bancos recuperaran las pérdidas de la indexación mediante el cálculo retroactivo de intereses, intereses de demora e intereses sobre intereses usurarios, anulando pagos de buena fe hechos en el pasado. Al fin, el Tribunal Supremo ha revisado la constitucionalidad de dicha ley limitando su retroactividad en ese punto y avanzado en el camino hacia la justicia social.

La revolución islandesa ofrece por tanto luces y sombras que no siempre se entienden en Europa. Mientras en el mundo se pensaba que las pérdidas de los bancos islandeses no habían sido repercutidas a la sociedad civil (los bancos se declararon en quiebra y la deuda externa por el conflicto Icesave con Reino Unido y Holanda dio lugar a dos plebiscitos negativos), la verdad sobre este punto era muy diferente para la deuda contraída por residentes en Islandia.

Esta sentencia y otra del 17 de febrero donde se confirma la primera condena de cárcel por abuso de información privilegiada a un alto funcionario ha dado esperanza a una ciudadanía islandesa en la justicia. Alternativas jurídicas para salir de la crisis, constituir un nuevo contrato social y repartir equitativamente los daños económicos provocados según las responsabilidades existen desde siempre. Lo que falta es el coraje de las instituciones para plantearse un nuevo sistema de justicia social que reaccione frente a nuevos tipos de violencia económica, de tal manera que en el futuro nada de esto vuelva a repetirse, no solo en Islandia, sino también en otros lugares de Europa.

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Elvira Méndez / Antonio Estella. Profesora de Derecho en la Universidad de Islandia / Profesor de Derecho de la Universidad carlos III de Madrid y Responsable de Internacional de la Fundación IDEAS

Elvira Méndez ha sido una de las demandantes en los asuntos que dieron lugar a las sentencias 604/2010 y 600/2011. Antonio Estella está realizando actualmente el estudio ‘Iceland: an alternative way out from the economic crisis?’.

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Islandia sale adelante sin rescatar banqueros

Luisfi61.com
junio 19, 2012 | 1 Comment

Ni el estado benefactor corporativo, ni el mercantilismo o crony capitalism son las mejores formas de dejar atrás una crisis, de forma sana. Ahora que Grecia se hunde y que España está por involucrarse en un festival de rescates de banqueros, Islandia nos da una lección:

En 2007, Islandia era el país pequeño que es ahora, poco poblado y con un alto grado de estado benefactor. Cuatro pequeños bancos operaban en el interior del país. Poco a poco se fue permitiendo privatizar ciertos recursos, se facilitó la especulación bancaria. Se abusó de la vivienda como recurso de inversión, llegó el boom inmobiliario y con él, la concesión de créditos sin límite. En 2008, fueron nacionalizados los tres mayores bancos y su deuda pública empezó a multiplicarse. Un año después, el Parlamento acordó devolver la deuda a Gran Bretaña y Holanda, sus principales acreedores bancarios. Cada familia islandesa debía pagar 3,500 durante 15 años al 5,5 % de interés. Aumentaron las protestas sociales y se convocó un referéndum en el que se decidió rebajar el interés al 3% y aumentar el periodo de pago a 37 años. Finalmente, Islandia tuvo que pedir un rescate internacional del FMI que le obligó a acometer importantes ajustes económicos.

Pero, ahí empieza la diferencia: el gobierno islandés no les dió ni una sola corona de los tributarios a los banqueros. Los dejó quebrar.

A Islandia aún le quedan asuntos por resolver, pero está en el camino de conseguirlo. Su deuda pública sigue suponiendo el 100% del PIB y tiene una importante deuda privada, la inflación no está del todo estable y, aunque pagó anticipadamente de 339, 2 millones al FMI, aún le queda parte del préstamo por devolver. El mismo órgano acaba de publicar su última revisión sobre el estado de Islandia y las previsiones dicen que este año su economía crecerá un 2,4%, con un consumo privado tirando al 3% y compensando la caída de la inversión pública fruto de las medidas de austeridad.

Los tribunales escandinavos juzgaron al ex primer ministro Geir Haarde como parte responsable en la crisis financiera . Y este fue el único proceso judicial abierto ¡en el mundo! contra un político por su presunta implicación en una crisis económica. El ex primer ministro negó todos los cargos, claro. Finalmente fue exculpado de tres de los cuatro cargos que se le imputaban aunque se le condenó por violar la ley de responsabilidad de los ministros.

Islandia también sentará en el banquillo de los acusados a la directiva del Kaupthing Bank. El presidente y el consejero delegado de la entidad, fueron acusados junto a otros de fraude y manipulación por la Fiscalía Especial de Islandia, en el marco de sus investigaciones sobre el colapso de la banca islandesa en 2008.

Y, ¡sorpresa!, Islandia está levantando cabeza. Los islandeses tiraron por el caño el manual convencional para lidiar con las crisis económicas y no pusiaeron la basura bajo la alfombra. Yo digo que hay que darle seguimiento al caso islandés y aprender de él. No de Grecia, no de España, no de Europa continental.