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Washington, 17 sep (PL) Más de 30 mil maestros de la ciudad de Chicago, Illinois, decidieron hoy mantener la huelga que entra en su séptimo día y rechazaron el proyecto de acuerdo con las autoridades por considerarlo insuficiente.

La presidenta del sindicato local de educadores, Karen Lewis, dijo que el Consejo de Delegados está molesto con el borrador del nuevo contrato porque no resolverá nada y mostró frustración por no disponer de más tiempo para considerar el extenso documento, informó el diario Chicago Tribune.

El alcalde de esa urbe, Rahm Emanuel, calificó de ilegal el paro y amenazó con acusar a sus organizadores ante los tribunales.

Emanuel advirtió que solicitará una orden judicial para forzar a los huelguistas a retornar a sus puestos de trabajo y el reinicio de los clases de alrededor de medio millón de alumnos, afectados por el paro, el primero en más de 25 años.

Desde que las conversaciones comenzaron hace 10 meses, los profesores se han quejado de que el plan de reforma educacional previsto por las autoridades citadinas es irrespetuoso y agresivo hacia el sector, agrega el rotativo.

La decisión del Alcalde de extender la duración diaria de las clases motivó una reacción de los sindicalistas, quienes solicitaron un incremento del 30 por ciento en los salarios de los maestros.

Otro punto conflictivo es el plan del gobierno local de cerrar 120 escuelas en los próximos meses, concluye el periódico.

La huelga en Chicago, el tercer distrito escolar en importancia en Estados Unidos, enfrenta a Rahm Emanuel, alcalde demócrata de esa urbe y ex jefe de personal de la Casa Blanca, con los sindicatos, punto de apoyo imprescindible para el partido azul con vistas a las elecciones del 6 de noviembre.
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Nota de Democracy Now

Huelga de docentes en Chicago: un desafío para la reelección de Obama

Por Amy Goodman

En Estados Unidos, los sindicatos están siendo víctimas de ataques políticos no solo por parte de personas como el gobernador republicano de Wisconsin, Scott Walker, sino que ahora también, a raíz de la huelga de profesores en Chicago, por parte del propio círculo íntimo del Presidente Barack Obama. Esta vez, los embates han llegado de parte del ex jefe de Gabinete de Obama y actual alcalde de la ciudad, Rahm Emanuel. En Chicago, 25.000 docentes y trabajadores de la educación están en huelga y han paralizado el sistema de educación pública del tercer distrito escolar más grande del país. La lucha que se está desatando en estos momentos en Chicago, la ciudad natal de Obama, tiene su base en este histórico bastión de trabajadores organizados y en el movimiento iniciado exactamente hace un año en el país: Occupy Wall Street. El conflicto representa una situación difícil para Obama, que necesitará el apoyo de los sindicatos para ganarle las elecciones a su rival, Mitt Romney, pero que, a su vez, tiene un estrecho vínculo político con su grosero ex colaborador, el alcalde ‘Rahm-Ney’ Emanuel (apodado así por su cercanía con las posturas de Mitt Romney).

Una de las principales causas del conflicto es cómo serán administradas las escuelas en Chicago: a nivel local, desde las bases, mediante el control de padres y docentes; o en forma vertical, por parte de una junta escolar designada por Emanuel. Karen Lewis, presidenta del Sindicato de Docentes de Chicago, trabajó como profesora de química en la secundaria preuniversitaria King College, en Chicago. Sabe cómo funciona el sistema. Meses antes de la huelga, le pregunté acerca de la situación en Chicago. Emanuel, quien había sido electo alcalde recientemente, había designado a una junta escolar que estaba integrada en su mayoría por empresarios vinculados a la organización Academia para el Liderazgo de las Escuelas Urbanas (AUSL, por sus siglas en inglés). Lewis me dijo: “Uno de los problemas más graves es que, cuando quien está a cargo del sistema educativo es el presidente de una empresa, en lugar de un funcionario de la educación, de un verdadero educador, lo que termina sucediendo es que literalmente no tienen idea de cómo administrar una escuela. Tenemos a una organización que afirma que ellos tienen la solución y que va a funcionar. Y en los papeles se ve maravilloso. Pero se trata de personas que han sido capacitadas de una manera determinada y, sinceramente, esa agenda no tiene en cuenta a una gran proporción de nuestros alumnos”. La Academia para el Liderazgo de las Escuelas Urbanas no solo depende de ejecutivos de empresas sin experiencia en administrar escuelas, sino que también contrata a egresados universitarios recién recibidos para enseñar. Contratar a estas personas no es costoso, pero llegan con muy poca o ninguna experiencia en la educación.

Pauline Lipman es docente de Educación y estudios políticos de la Universidad de Illinois, en Chicago. Lipman me explicó: “Chicago fue la ciudad donde nació esta reforma educativa neoliberal con orientación empresarial, con su sistema de pruebas estandarizadas, denominadas ‘high stakes tests’, que afectan las posibilidades futuras de docentes y alumnos, que le paga a los profesores en función de los resultados de sus estudiantes y retira el dinero de las escuelas barriales y las termina cerrando para convertirlas en escuelas ‘chárter’, gestionadas por empresas privadas”.

La profesora Lipman le atribuye a Arne Duncan haber impulsado esta iniciativa empresarial en las escuelas públicas de Chicago. Duncan, Secretario de Educación del gobierno de Obama, fue el director del sistema de escuelas públicas de Chicago, donde dirigió la creación de las denominadas “escuelas chárter” (escuelas públicas gestionadas de manera privada, que se rigen por una normativa diferente a las demás). Un 90% de estas escuelas no permiten la sindicalización. Lipman me dijo: “Arne Duncan promovió esta agenda, que incluye cerrar las escuelas barriales para entregarlas a operadores privados, ampliar o impulsar la creación de más escuelas ‘chárter’…y presionar cada vez más a los profesores para que respondan a las pruebas estandarizadas. Esa agenda que ha sido realmente perjudicial en Chicago, y que ya había sido muy perjudicial en 2008 luego de cuatro años, fue la agenda que Duncan impulsó a nivel nacional cuando fue nombrado Secretario de Educación”.

Chicago también es el epicentro de una iniciativa comunitaria en contra de la ofensiva de Duncan, Obama y Emanuel contra las escuelas públicas y los sindicatos de docentes. Lewis es miembro del Comité de Educadores de Base (CORE, por sus siglas en inglés), que asumió la dirección del sindicato con el compromiso de una administración transparente de las escuelas. La oposición a las medidas de Emanuel llevó al sindicato a iniciar esta huelga histórica. Phil Cantor es profesor y uno de los líderes huelguistas del grupo Profesores por la Justicia Social (Teachers for Social Justice). Explicó: “Rahm Emanuel ha impulsado leyes en Illinois que, en mi opinión, fueron básicamente diseñadas para su beneficio político. Legalmente se nos permite hacer huelga solamente por temas vinculados al salario. Sin embargo, a los profesores no nos interesa tanto el salario, sino que lo que más nos interesa es poder hacer nuestro trabajo para los estudiantes a quienes nos debemos”.

Gracias a la organización de los grupos de base previa a la huelga (en las mismas calles de Chicago donde Obama fue hace tiempo un líder comunitario), los profesores en huelga cuentan con todo el apoyo de los padres y los alumnos. Rhoda Rae Gutiérrez es madre de dos niños que acuden a la escuela primaria en Chicago. Forma parte del grupo Parents 4 Teachers (Padres a favor de los maestros) y está acompañando la movilización de los profesores. Me dijo: “Creemos que las condiciones de trabajo de los profesores se ven reflejadas en las condiciones de aprendizaje de nuestros alumnos. Y cuando luchamos por los derechos de los profesores a un contrato justo, a un salario digno, a clases con menos alumnos, a escuelas con mayores recursos, es decir, a tener psicólogos, tener suficientes trabajadores sociales, suficiente personal de apoyo, suficientes colaboradores en el aula, enfermeras… Estamos luchando por todo esto. Cuando los profesores tienen estos recursos en sus escuelas, sabemos que nuestros niños pueden hacer cosas increíbles”.

Esta lucha refleja la esencia del movimiento Occupy Wall Street: miembros de la comunidad de todas las clases sociales, raza y origen que se unen para oponerse en forma organizada al poder de las empresas. El autor y periodista Chris Hedges, quien ha observado de cerca al movimiento Occupy, contextualizó la huelga:

“La huelga de docentes en Chicago probablemente sea una de las acciones sindicales más importantes en décadas. Si fracasa, pueden estar seguros de que este modelo de ataque a los sindicatos se extenderá a todo el país, en contra de otros sindicatos de maestros y en contra del último reducto de actividad sindical, que está en el sector público, por supuesto: los bomberos y la policía”.

Para quienes se preguntan dónde está el movimiento Occupy hoy en día, simplemente miren las calles de Chicago.

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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

© 2012 Amy Goodman

Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 750 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 400 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Aunque parezca increíble, la señora Vanessa Rosales Ardón, Presidenta Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias, la misma que puede tener poco, mucho o nada que ver en el oprobioso escándalo de la TROCHA, donde se esfumaron miles y miles de millones de colones, ahora se ha ensañado contra más de 90 familias del cantón de Parrita, muchas de ellas damnificadas del Huracán Mitch y otras inundaciones que periódicamente se dan en ese cantón, procediendo a gestionar el desalojo de estas humildes familias.

Este terreno fue adquirido por la Comisión Nacional de Emergencias, que ahora comanda la susodicha Vanessa Rosales Ardón, precisamente para dotar de vivienda a las familias damnificadas por el Huracán Mitch y otros desastres naturales. Resulta que pasaron y pasaron los años y por “misterios” que aún no podemos descifrar, el proyecto de vivienda nunca se desarrolló, lo que hizo que las personas afectadas y necesitadas de un techo para vivir, construyeran viviendas en estos predios.

Sobra decir que estos predios se ubican en la parte alta de Parrita, lugar que además de hermoso, por sus vistas al Valle de Bijagual y en la lejanía las playas del mar pacífico, es el único lugar de la zona que no logran alcanzar las constantes inundaciones que provocan las lluvias y las crecidas del Río Parrita. De aquí que estos sean sumamente apetecidos por desarrolladores de proyectos turísticos y de vivienda para personas de clase alta.

No es casualidad que ya frente al precario, ondee flamante la bandera de un hotel de cuatro estrellas, el palacete donde vive el Diputado del Movimiento Libertario, señor Adonay Enríquez Guevara y se observan, muy cercanamente, proyectos de construcción para personas de clase alta, de un conocido ricachón de Parrita, que sabemos es generoso patrocinador de los partidos políticos tradicionales.

Estamos enterados que para el día Jueves 20 de setiembre del presente año, a eso de las 05:00 horas, efectivos de la Fuerza Pública realizarán un desalojo violento contra estas 96 familias, que se encuentran en dicho terreno, familias que se componen de adultos mayores, madres solteras, niños y niñas, desalojo ordenado por la Ing Vanessa Rosales Ardón, Presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias, responsable directa de las atrocidades de la construcción de la trocha-mocha, y ahora viene a endosarse un vil crimen contra familias inocentes, que únicamente exigen el cumplimiento del acuerdo de la Comisión que les otorgue un techo digno donde vivir honradamente.

Exhortamos a la Presidenta de la República, como Jefa de Gobierno y por tanto, Comandante en Jefe de los cuerpos policiales, que proceda a detener tal atrocidad contra estas personas, que ya sufrieron los embates de la naturaleza y ahora tendrán que sufrir el embate cruel de los gases lacrimógenos, y actuar de forma inmediata para resolverle el problema de vivienda a estas familias.

Susan Quirós Díaz
Secretaria General

Guillermo Murillo Castillo
Secretario General Adjunto

Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras

AVN.- Las movilizaciones estudiantiles, que se intensificaron en 2011, son un reflejo de esta realidad. Los estudiantes chilenos piden volver al modelo educacional planteado durante el gobierno de Allende; que establecía la gratuidad de la enseñanza, donde el Estado se hacía cargo de garantizar este derecho a todos por igual.

De acuerdo a una reforma a la Constitución aprobada tras la llegada de Allende al poder se estableció “la libertad de enseñanza. La Educación Básica es obligatoria. La educación es una función primordial del Estado, que cumple a través de un sistema nacional del cual forman parte las instituciones oficiales de enseñanza y las privadas que colaboran en su realización, ajustándose a los planes y programas establecidos por las autoridades educacionales”, artículo 10 reformado de la Carta Magna.

“Las Universidades estatales y las particulares reconocidas por el Estado son personas jurídicas dotadas de autonomía académica, administrativa y económica. Corresponde al Estado proveer a su adecuado financiamiento para que puedan cumplir sus funciones plenamente, de acuerdo a los requerimientos educacionales, científicos y culturales del país”.

Además añadía “Los estudiantes universitarios tienen derecho a expresar sus propias ideas, y a escoger, en cuanto sea posible, la enseñanza y a los profesores que prefieran’”.

También el sector económico y el control estratégico de los recursos naturales del país tuvo prioridad en los tres años de gobierno de Allende. En ese sentido se nacionalizó la industria del Cobre en 1971, con el Estado bajo control del 100% de la misma.

En términos generales, el plan del gobierno de la coalición Unidad Popular incluían: nacionalización de las áreas claves de la economía chilena, aceleración de la reforma agraria, control de precios, aumento de salarios a todos los trabajadores, reforma constitucional y creación de una cámara única en el Congreso.

“Salvador Allende fue un hombre que luchó cincuenta años por mayor justicia social para que este país fuera diferente”, dijo en una oportunidad la senadora María Isabel Allende, hija del ex gobernante.

Golpe de Estado

No obstante, todos estos cambios se vieron truncados en 1973, cuando el 11 de septiembre un comando encabezado por el general Javier Palacios asaltó La Moneda (casa de Gobierno), por órdenes de Augusto Pinochet, jefe del Ejército, con el objetivo de derrocar al gobierno socialista de Allende.

Los medios de comunicación jugaron un papel relevante para la concreción del golpe, proceso que se inició desde el mismo momento de la asunción de Allende al poder.

Después del asalto, Pinochet asumió la Presidencia de facto hasta 1990. En este período se desató una ola de violencia represiva sin precedentes, sobre todos los barrios populares que fueron ocupados militarmente.

Cifras de organismos de derechos humanos señalan que hubo 3.200 muertos, 8.000 torturados y cerca de 300.000 exiliados.

Políticas de Pinochet

La precarización laboral, sobre todo en el sector minero, la extranjerización de la economía, y la mercantilización de la salud y la educación son las marcas más profundas que la dictadura militar de Pinochet dejó en el país.

Durante la dictadura de Pinochet se establecieron una serie de normas, todavía vigentes en Chile, que ampliaron la brecha entre los más ricos y los más pobres del país; y dejaron la conducción de la nación suramericana en manos de sectores burgueses imbuidos del ideal neoliberal y de las consignas de los Chicago’s Boys.

“A partir de la dictadura de Pinochet vivió un profundo cambio en la arquitectura del estado, caracterizado por la privatización de sectores, como la salud, previsión y educación. Este largo proceso fue llevado a cabo en un ambiente de represión, bajo la aspiración de cumplir todas las máximas neoliberales propuestas por la llamada Escuela de Chicago, del economista Milton friedman”, de acuerdo a la profesora chilena Monica Peña Ochoa.

Ochoa dice además que, por ejemplo, “el modelo educacional pasó de ser público a uno descentralizado, caracterizado por la municipalización de las escuelas públicas, así como el nacimiento de un sector particular – subvencionado administrado por privados que reciben financiamiento, al igual que las escuelas municipalizadas, a través de una subvención a la demanda, es decir una subvención económica calculada a través de la asistencia de alumnos”.

Para sellar las políticas en materia de educación aplicadas previamente, con un ideario empresarial, se promulgó el 10 de marzo de 1990, último día de la dictadura, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Loce), sobre la cual el ahora presidente Sebastián Piñera tuvo una influencia importante; pues era quien proponía un desplazamiento de las funciones del Estado chileno: que no tenga como meta garantizar la educación sino velar por los créditos financieros.

En cuanto a la industria del Cobre, el régimen de facto aplicó en 1981 la ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras. Con esta normativa, los yacimientos de minerales pasaron a ser concesiones plenas, abriendo la explotación a compañías privadas que además recibían rebajas tributarias.

Este proceso tuvo sus efectos negativos, en 1973 el 94% de la producción cuprífera estaba en manos del Estado, para 2007 ese porcentaje se reducía a 31%.

Las políticas pinochetistas también provocaron una reducción del gasto público, despido de trabajadores públicos, aumento al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la anulación del sistema de ahorro y préstamos de vivienda.

Estas medidas neoliberales siguen vigentes 22 años después del fin de la dictadura. Por esa razón los chilenos se encuentran en las calles, para pedir una reforma constitucional, cambio al sistema educativo, renacionalización del cobre, entre otras medidas que beneficien a la totalidad de los habitantes de este país suramericano.

También, familiares de víctimas de la dictadura denuncian impunidad.