Debate electoral sobre CCSS: ¡Esto dijeron los candidatos!

Con la presencia de cientos de personas se realizó el Debate con los candidatos a la Presidencia de la República sobre el tema “Situación actual y futura de la Caja Costarricense de Seguro Social”.

Los partidos invitados al debate respondieron de diversas formas. Frente Amplio, Patria Nueva y Unidad Socialcristiana respondieron con sus candidatos a la Presidencia José María Villalta, José Miguel Corrales y Rodolfo Piza Rocafort respectivamente. Liberación Nacional fue representado por Walter Coto Molina y Acción Ciudadana con Helio Fallas, el único que no quizo dar la cara, ni siquiera con un representante, fue el Movimiento Libertario.

¿Qué dijeron ls candidatos y los representantes de los otros partidos que sí asistieron?

José Miguel Corrales, Partido Patria Nueva


José María Villalta, Partido Frente Amplio


Walter Coto, Partido Liberación Nacional (Representando a Johnny Araya)


Rodolfo Piza, Partido Unidad Social Cristiana


Helio Fallas, Partido Acción Ciudadana (Candidato a Vicepresidente y representando a Luis Guillermo Solís)

UNDECA exige investigación a miembro de Junta Directiva de la Caja por morosidad


La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) presentó una denuncia ante la Presidenta de la República, Laura Chinchilla y el Consejo de Gobierno, para que ordene la apertura de un procedimiento administrativo y se investigue al miembro de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), José Luis Loría Chaves, representante del sector cooperativo.

Esto porque el directivo, de acuerdo a información divulgada por la propia institución, registra una deuda con la CCSS como patrono por concepto de cuotas no pagadas a FODESAF, por un monto de 1.005.198 colones.

“Los integrantes de la Junta Directiva de la Caja deben velar por la supremacía de los intereses institucionales, mantener una conducta íntegra y cumplir personalmente, de manera rigurosa, cualquier obligación contributiva que se derive o comprenda la seguridad social en su conjunto”, explico Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.

Al respecto, la Ley Constitutiva de la Caja establece que el incumplimiento con el pago de las obligaciones es motivo de separación de la Junta Directiva.
Independientemente que el deudor cancele o realice algún arreglo de pago, estas conductas no justifican que se haya cometido la infracción que la ley sanciona de aquella manera.

“En la prueba que adjuntamos a la denuncia se demuestra que el señor José Luis Loría Chaves está o estuvo registrado en la condición de patrono moroso de la seguridad social”, concluyó Chavarría.

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Denuncia pública del “Cobrador de la Caja”:
http://robertomorasalazar.ticoblogger.com/2013/11/04/jerarcas-de-la-ccss-adeudan-a-nuestra-seguridad-social-₡1-145-936-00/

UNDECA denuncia al gobierno por beligerancia y hostilidad antisindical ante la OIT


La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) ha presentado una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el gobierno de Costa Rica, por beligerancia antisindical en violación de los derechos y garantías sindicales, contemplados en los convenios 87 y 98 de dicho organismo.

Esto porque el Ministro de Planificación y Política Económica, Roberto Gallardo emitió declaraciones en medios de comunicación, en los cuales aseguró que la democracia del país está empantanada por los grupos más conservadores del país, refiriéndose al movimiento sindical.

La declaración del ministro nos inculpa a los sindicatos, como enemigos del cambio, radicalmente opuestos a cualquier discusión y nos traslada la responsabilidad sustancial de las consecuencias que hoy sufre el pueblo costarricense.

“Esta es una declaración de beligerancia política, hostilidad antisindical que violenta los convenios mencionados, que establecen que las organizaciones sindicales tenemos el derecho a organizar nuestra administración, actividades y programas de acción y las autoridades de gobierno deben abstenerse de toda intervención que pretenda limitar su derecho”, comentó Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.

La declaración del ministro configura un acto de censura contra la legítima actividad de los sindicatos, que nos corresponde velar por los derechos de la clase trabajadores y defender los pilares de la democracia costarricense.

Es claro que sus declaraciones se refieren a que nos oponemos al desmantelamiento y la privatización de las principales instituciones del sector público, necesarias para el desarrollo estratégico del país, como el Seguro Social, la educación, telecomunicaciones, los puertos, suministros de agua potable, concesión de carreteras, minería, etc..

“El ministro Gallardo considera que somos conservadores porque no estamos de acuerdo con el proyecto de reforma tributaria, que pretende que la carga fiscal siga recayendo sobre los sectores populares. Porque exigimos que las empresas de zonas francas e inversión extranjera paguen más impuestos y respeten la libertad sindical y el derecho de la clase trabajadora a organizarse, el pago de salario mínimo”, añadió Chavarría.

Esta política, de corte dictatorial y autoritario, se refleja en la cantidad de manifestaciones y protestas que los diferentes sectores hemos realizado y el hecho de que esta Administración pasará tristemente a la historia como el Gobierno contra el cual se registraron mayor cantidad de protestas y movilizaciones populares, no tuvo la mínima capacidad de diálogo con los sectores sociales.

Pero la posición de este Gobierno no llega hasta ahí, sino que además resulta tendenciosa, porque nos coloca a la misma altura que la criminal evasión fiscal de más de 200 mil millones que los empresarios no pagan.

Esta burda equiparación estigmatiza a los sindicatos, con la finalidad de desacreditarnos ante la opinión pública, dando lugar a una indiscutible práctica antisindical, que pretende coartar movilizaciones, que ha sido la constante en el actual gobierno.

No es casualidad las tantas denuncias que existen en la OIT y los compromisos de este y otros gobiernos que nunca se han cumplido, desprestigiando la democracia y la libertad de este país y habrán muchas más posiblemente hasta llegar a aplicarse alguna vergonzosa sanción al país por culpa de los políticos radicales.

Incumplimiento de la Caja con Radioterapia llevaría a 10 mil trabajadores a huelga


Trabajadores y trabajadoras de radioterapia del Hospital México se fueron a paro de labores ante el incumplimiento de acuerdos firmados y la violación de la Normativa de Relaciones Laborales con relación a las vacaciones profilácticas al estar expuestos a peligros químicos y radioactivos.

Esta situación ya había provocado una acción similar en el Centro Nacional de Citología y cuyos trabajadores y trabajadoras se fueron a paro por una semana.

Gerente médico incumple su palabra

El 24 de mayo de este año, la gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, firmó los acuerdos en los cuales se comprometió a la “conformación de una Comisión técnico legal tripartita que realizaría un estudio profesional sobre los riesgos y peligros a los que están expuestos los trabajadores de servicios de rayos x, radioterapia, citología, etc, y que la decisión final fuera tomada por la Comisión Nacional de Salud Ocupacional, CNSO, que sería de acatamiento por las partes. Los dos estudios presentados por la CNSO dictaminó que de acuerdo a los estudios realizados recomendó continuar el otorgamiento de las vacaciones a los técnicos del servicio de radioterapia, pero ahora simplemente la Gerente médico y las autoridades de la Caja toman la decisión de eliminarlas, exponiéndolos a peligros inminentes de su vida y su salud”.

De esta forma la Gerente Médico de la Caja irrespeta el carácter vinculante de la recomendación final de Salud Ocupacional.

10.000 trabajadores podrían ir a huelga

Para Luis Chavarría Vega, Secretario General de UNDECA la situación que viven hoy los técnicos de radioterapia del Hospital México no es nueva, “se han venido violentando derechos fundamentales de la clase trabajadora de la Caja en forma arbitraria y antojadiza, incumpliendo acuerdos firmados en días recientes en el Ministerio de Trabajo. Esta situación provocará la inminente reacción de legítima defensa de los cerca de 10.000 trabajadores y trabajadoras que están protegidos por regulaciones que protegen su salud y su vida como son las vacaciones profilácticas, la peligrosidad, el pago por exposición de riesgo, entre otros. Desde este momento llamamos a los y las trabajadoras de radioterapia como de otras especialidades de todo el país, para que se mantengan en alerta.”

Todo indica que este año cerrará con grandes movimientos laborales para defender los derechos laborales, “no porque sea diciembre y celebremos las fiestas de navidad y año nuevo quiera decir que no luchemos por nuestros derechos, nos declaramos en estado de alerta y si no se resuelve esta situación nos verán organizándonos y preparándonos para luchar.”

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¿Qué son las vacaciones profilácticas?

El Artículo 45 de la Normativa de Relaciones Laborales establece que “El personal que labore en contacto directo y permanente en actividades, servicios o unidades peligrosas previa y técnicamente determinadas, que pueden afectar la salud física o mental de los trabajadores(as), tendrán derecho a disfrutar de vacaciones profilácticas siempre y cuando este período se constituya como un medio o elemento preventivo o descongestionante para el organismo o salud mental del trabajador(a).”

Se trata de la salud de trabajadores y trabajadoras que realizan funciones con sustancias tóxicas, químicos y realizan funciones que producen estrés térmico, trabajo monótono, hipovigilancia, lapsus o bloqueos por saturación mental, fatiga mental, somnolencia, pérdida visual, ergonomía, vapores, etc., científicamente comprobadas.

En la actualidad hay funcionarios con incapacidades producto de lesiones en espalda y hombros, problemas visuales y psicológicos también producto del tipo de trabajo que realizan.
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¿Cómo se construye la crisis fiscal de Costa Rica?

Luis Chavarría Vega


El editorial recrimina que el pronunciamiento judicial restablece un odioso privilegio, que, de mantenerse la sentencia – advierte haciendo un juicio apocalíptico –, implicará un enorme retroceso de los esfuerzos que se han hecho para ordenar las finanzas institucionales.

La sentencia del Tribunal, contra la que se alza La Nación , declaró la nulidad absoluta del acuerdo que adoptó la Junta Directiva de CCSS, en junio del 2011, por resultar sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico. La sentencia corrige el abuso que cometió la Junta Directiva al revocar, de manera arbitraria y unilateral, un legítimo derecho de los trabajadores, que tiene sustento en la propia ley constitutiva de esa institución.

Desmentimos, de manera categórica, que este beneficio constituya un privilegio, ya que es un derecho que estamos recuperando, como corresponde en un Estado de derecho, recurriendo a los tribunales de la República, aunque la sentencia cause tanta irritación en ese tradicional medio informativo.

Mucho menos es cierto, como malintencionadamente se nos atribuyó en ese editorial, que no haya podido dejar de reconocer los abusos que se cometieron.

De esta manera, La Nación la emprende infundadamente no solamente contra esta organización y los trabajadores que representamos – esta no es la primera vez –, sino también contra los tribunales de la República, olvidando esa corporación que tiene techo de vidrio.

Este linchamiento mediático cumple tres objetivos, que son muy fáciles de comprender: 1) prejuiciar la opinión pública contra los servidores de la Caja, que es un oficio compartido con la Presidencia Ejecutiva de esa institución, 2) desacreditar la sentencia de los tribunales de la República, y 3) presionar a la jerarquía del Poder Judicial, lo cual desde ahora estamos denunciando.

Termina esa diatriba periodística sentenciando que, con este precedente judicial, “así se construye la crisis fiscal del Estado costarricense”, lo cual se devuelve como un bumerán contra el propio diario.

La crisis fiscal del Estado obedece a otra clase de causas, que desde luego no le conviene reconocer a La Nación , inmersas en el contexto de la crisis del modelo neoliberal que interesadamente defiende ese periódico, dentro de las cuales destacan la regresiva estructura impositiva del país, acompañada de la evasión tributaria, que, por lo visto, para muchas empresas constituye un deporte nacional.

No es ocioso recordar que ese grupo corporativo recientemente fue denunciado por la Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios y Aduaneros, por los supuestos delitos de defraudación fiscal y tributaria, por una presunta evasión de impuestos de ¢1.918.300.797,43.

Si en algo coincidimos con este editorial, es en que efectivamente, de esa manera, “así se construye la crisis fiscal del Estado costarricense”.

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Derecho de respuesta publicado en La Naci ón
Actualizado el 11 de diciembre de 2013 a: 12:00 a.m.

Derecho a huelga: Sindicatos se reunieron con Magistrados de la Sala II


UNDECA, Sintrajap y Sindeu se reunieron con los Magistrados de la Sala II de la Corte Suprema de Justicia, Licda. Julia Varela Araya y Lic. Orlando Aguirre Gómez, Presidente, con el fin de presentar una serie de razonamientos por los cuales se considera que las declaraciones de ilegalidad de las huelgas no son bien analizadas y se margina a las organizaciones sindicales.

El Lic. Manuel Hernández Venegas, asesor legal de UNDECA, realizó una exposición ante los Magistrados y documentó las diversas incongruencias en la tramitación y declaración de ilegalidad de las huelgas en Costa Rica, lo que se evidencia en que en este país, en más de 70 años solamente una o dos huelgas has sido consideradas legales.

_“Son muchos los temas que consideramos verdaderos atropellos a la justicia por parte de algunos jueces cuando, junto a los patronos, declaran una huelga ilegal, como por ejemplo una juez que le pide al jefe de personal de un centro de trabajo que reúna a todos los y las trabajadoras para hacer un censo, exponiéndolos y sometiéndolos a la censura patronal. También casos en los cuales se margina la participación de los dirigentes sindicales a la hora de hacer la inspección._”, comentó Manuel Hernández.

Por su parte Luis Chavarría Vega y Martha Rodríguez González manifestaron que lo que buscan es que se haga verdadera justicia y se le permita a los y las trabajadoras y sus organizaciones sindicales, la oportunidad de defenderse.

“La huelga es un derecho humano, es la legítima herramienta con la cual la clase trabajadora se defiende de los atropellos de los patronos cuando todas las vías de negociación se han cerrado por parte de la parte patronal. Un país que se considere verdaderamente democrático respeta el derecho a huelga, respeta la libertad sindical y no puede ser que en Costa Rica, por presiones de los patronos tanto en el sector público y más en el sector privado, el 99.9% de las huelgas sean declaradas ilegales.”, dijo Martha Rodríguez.

Sobre este tema el Magistrado Fernando Cruz dijo hace algunos meses que “un dato inquietante revela que casi todas las huelgas en Costa Rica, se han declarado ilegales. La ilegalidad como regla en el ejercicio de un derecho reconocido constitucionalmente, requiere una evaluación cuidadosa, porque suscita un serio interrogante sobre la existencia de una grave disfunción en las normas de procedimiento que regulan el derecho a la huelga. Un derecho reconocido en la Constitución, debe ser regulado conforme a normas razonables y equitativas, evitando que las exigencias procesales, deroguen, en la práctica, un derecho reconocido en la constitución y en el derecho convencional.”

Luis Chavarría indicó que “sabemos de las limitaciones profesionales que tienen los Magistrados para con los jueces y juezas, lo que pedimos es que este tema sea visto y analizado por la Sala II para que de alguna forma se establezcan mecanismos para que las autoridades judiciales respeten y tomen en cuenta el derecho humano de la clase trabajadora a la huelga y que la presión de los patronos no incida directamente para sea declarada ilegal “solo por sí”.”.

UNDECA se comprometió a preparar un documento compilatorio de todos los casos que se considera que se violenta la justicia en la declaración de ilegalidad de una huelga y entregarlo los Magistrados de la Salas II de la Corte Suprema de Justicia. “En lo que vamos a hacer énfasis es en temas como el tiempo o término para poder contestar la declaratoria de ilegalidad, la inadmisibilidad de prueba de descargo, las irregularidades en el reconocimiento judicial de los centros de trabajo, restricción de las acciones recursivas, además de las inconsistencias en orden a la determinación de requisitos de declaratoria de ilegalidad, dictados de sentencia sin que estén firmes los autos, el plazo para recurrir la sentencia y finalmente el tema de la dilación en la tramitación y resolución de recurso de apelación contra la sentencia en primera instancia” dijo Manuel Hernández.