El editorial recrimina que el pronunciamiento judicial restablece un odioso privilegio, que, de mantenerse la sentencia – advierte haciendo un juicio apocalíptico –, implicará un enorme retroceso de los esfuerzos que se han hecho para ordenar las finanzas institucionales.
La sentencia del Tribunal, contra la que se alza La Nación , declaró la nulidad absoluta del acuerdo que adoptó la Junta Directiva de CCSS, en junio del 2011, por resultar sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico. La sentencia corrige el abuso que cometió la Junta Directiva al revocar, de manera arbitraria y unilateral, un legítimo derecho de los trabajadores, que tiene sustento en la propia ley constitutiva de esa institución.
Desmentimos, de manera categórica, que este beneficio constituya un privilegio, ya que es un derecho que estamos recuperando, como corresponde en un Estado de derecho, recurriendo a los tribunales de la República, aunque la sentencia cause tanta irritación en ese tradicional medio informativo.
Mucho menos es cierto, como malintencionadamente se nos atribuyó en ese editorial, que no haya podido dejar de reconocer los abusos que se cometieron.
De esta manera, La Nación la emprende infundadamente no solamente contra esta organización y los trabajadores que representamos – esta no es la primera vez –, sino también contra los tribunales de la República, olvidando esa corporación que tiene techo de vidrio.
Este linchamiento mediático cumple tres objetivos, que son muy fáciles de comprender: 1) prejuiciar la opinión pública contra los servidores de la Caja, que es un oficio compartido con la Presidencia Ejecutiva de esa institución, 2) desacreditar la sentencia de los tribunales de la República, y 3) presionar a la jerarquía del Poder Judicial, lo cual desde ahora estamos denunciando.
Termina esa diatriba periodística sentenciando que, con este precedente judicial, “así se construye la crisis fiscal del Estado costarricense”, lo cual se devuelve como un bumerán contra el propio diario.
La crisis fiscal del Estado obedece a otra clase de causas, que desde luego no le conviene reconocer a La Nación , inmersas en el contexto de la crisis del modelo neoliberal que interesadamente defiende ese periódico, dentro de las cuales destacan la regresiva estructura impositiva del país, acompañada de la evasión tributaria, que, por lo visto, para muchas empresas constituye un deporte nacional.
No es ocioso recordar que ese grupo corporativo recientemente fue denunciado por la Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios y Aduaneros, por los supuestos delitos de defraudación fiscal y tributaria, por una presunta evasión de impuestos de ¢1.918.300.797,43.
Si en algo coincidimos con este editorial, es en que efectivamente, de esa manera, “así se construye la crisis fiscal del Estado costarricense”.
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Derecho de respuesta publicado en La Naci ón
Actualizado el 11 de diciembre de 2013 a: 12:00 a.m.
Derecho a huelga: Sindicatos se reunieron con Magistrados de la Sala II
UNDECA, Sintrajap y Sindeu se reunieron con los Magistrados de la Sala II de la Corte Suprema de Justicia, Licda. Julia Varela Araya y Lic. Orlando Aguirre Gómez, Presidente, con el fin de presentar una serie de razonamientos por los cuales se considera que las declaraciones de ilegalidad de las huelgas no son bien analizadas y se margina a las organizaciones sindicales.
El Lic. Manuel Hernández Venegas, asesor legal de UNDECA, realizó una exposición ante los Magistrados y documentó las diversas incongruencias en la tramitación y declaración de ilegalidad de las huelgas en Costa Rica, lo que se evidencia en que en este país, en más de 70 años solamente una o dos huelgas has sido consideradas legales.
_“Son muchos los temas que consideramos verdaderos atropellos a la justicia por parte de algunos jueces cuando, junto a los patronos, declaran una huelga ilegal, como por ejemplo una juez que le pide al jefe de personal de un centro de trabajo que reúna a todos los y las trabajadoras para hacer un censo, exponiéndolos y sometiéndolos a la censura patronal. También casos en los cuales se margina la participación de los dirigentes sindicales a la hora de hacer la inspección._”, comentó Manuel Hernández.
Por su parte Luis Chavarría Vega y Martha Rodríguez González manifestaron que lo que buscan es que se haga verdadera justicia y se le permita a los y las trabajadoras y sus organizaciones sindicales, la oportunidad de defenderse.
“La huelga es un derecho humano, es la legítima herramienta con la cual la clase trabajadora se defiende de los atropellos de los patronos cuando todas las vías de negociación se han cerrado por parte de la parte patronal. Un país que se considere verdaderamente democrático respeta el derecho a huelga, respeta la libertad sindical y no puede ser que en Costa Rica, por presiones de los patronos tanto en el sector público y más en el sector privado, el 99.9% de las huelgas sean declaradas ilegales.”, dijo Martha Rodríguez.
Sobre este tema el Magistrado Fernando Cruz dijo hace algunos meses que “un dato inquietante revela que casi todas las huelgas en Costa Rica, se han declarado ilegales. La ilegalidad como regla en el ejercicio de un derecho reconocido constitucionalmente, requiere una evaluación cuidadosa, porque suscita un serio interrogante sobre la existencia de una grave disfunción en las normas de procedimiento que regulan el derecho a la huelga. Un derecho reconocido en la Constitución, debe ser regulado conforme a normas razonables y equitativas, evitando que las exigencias procesales, deroguen, en la práctica, un derecho reconocido en la constitución y en el derecho convencional.”
Luis Chavarría indicó que “sabemos de las limitaciones profesionales que tienen los Magistrados para con los jueces y juezas, lo que pedimos es que este tema sea visto y analizado por la Sala II para que de alguna forma se establezcan mecanismos para que las autoridades judiciales respeten y tomen en cuenta el derecho humano de la clase trabajadora a la huelga y que la presión de los patronos no incida directamente para sea declarada ilegal “solo por sí”.”.
UNDECA se comprometió a preparar un documento compilatorio de todos los casos que se considera que se violenta la justicia en la declaración de ilegalidad de una huelga y entregarlo los Magistrados de la Salas II de la Corte Suprema de Justicia. “En lo que vamos a hacer énfasis es en temas como el tiempo o término para poder contestar la declaratoria de ilegalidad, la inadmisibilidad de prueba de descargo, las irregularidades en el reconocimiento judicial de los centros de trabajo, restricción de las acciones recursivas, además de las inconsistencias en orden a la determinación de requisitos de declaratoria de ilegalidad, dictados de sentencia sin que estén firmes los autos, el plazo para recurrir la sentencia y finalmente el tema de la dilación en la tramitación y resolución de recurso de apelación contra la sentencia en primera instancia” dijo Manuel Hernández.
Los efectos de las incapacidades en el aguinaldo y salario escolar
Los efectos más nocivos del cambio con el pago de subsidio en lugar de salario en las incapacidades realizado de forma abrupta por la Junta Directiva, la Presidencia Ejecutiva de la Caja y la Procuraduría General de la República son inescrupulosos para el cálculo del pago del aguinaldo, salario escolar y pensiones.
Miles de trabajadores y trabajadoras del sector público y privado se verán seriamente afectados por esta inapropiada y unilateral decisión de los jerarcas de la Caja y el Gobierno que repercutirán negativamente con las necesidades y demandas de jefes de familia en sus hogares en navidad, año nuevo y la entrada a clases.
Este ha sido el “regalo” que les espera a todas estas personas en estos tiempos, por el hecho insoslayable de enfermarse e incapacitarse.
¿Quién no ha tenido la desgracia de sufrir un accidente de tránsito o laboral, una operación, una fractura, una enfermedad terminal?
¿Quién no está expuesto a la enfermedad del estrés en su trabajo, en su hogar, por recargo de funciones, acoso laboral, sexual, persecución, intimidación?
Esta situación es más grave, es un problema social y humano, más aún si al estar incapacitado no se cotiza para el régimen de pensiones.
Suficiente motivo ha sido este flagelo para que UNDECA, haya recurrido al Tribunal Contencioso Administrativo, quien en primera instancia ha fallado a favor de todas estas personas afectadas, a quienes les solicitamos denunciar sus testimonios al correo: comunicacion@undeca.cr
Demostraremos después que el impacto financiero en la CCSS por las incapacidades no es tan cierto como lo dice la Presidenta Ejecutiva.
Deudas millonarias del INS con la CCSS afectan la atención de salud
Solamente en el caso del INS, existe una enorme diferencia entre los montos que se facturan por la atención de pacientes cubiertos por el SOA y lo que el INS en la realidad cancela a la Caja.
En este sentido, en poco más de un año (entre abril 2012 a agosto 2013) la Caja le facturó al INS más 13.500 millones de colones, solo por servicios brindados a pacientes que sufrieron accidentes de tránsito cubiertos por el SOA. Sin embargo, la aseguradora canceló poco más de 4.399 millones de colones, por ende, le dejó de pagar a la Institución más 9 mil millones de colones.
Adicionalmente, en el caso de las pólizas vencidas la Caja facturó una suma que supera los 4.210 millones de colones, pero el INS, con el pretexto de que estaban caducas, pagó parcialmente a la Institución algunos montos y en otros casos, ni siquiera canceló la atención, dejando de percibir la CCSS más de 3.442 millones de colones.
En total el INS dejó de pagarle a la Caja más de 12.615 millones de colones, entre ambas facturaciones.
(Ver imagen DATOS Reveladores)
“El INS solo canceló una pequeña parte del total facturado, con lo cual los cotizantes al fondo del Seguro Social asumieron el costo de atención de dichas pólizas”, comentó Luis Chavarría secretario general de UNDECA.
El artículo 71 de la Ley de Tránsito le otorga a la Caja la prioridad en el pago de las prestaciones en dinero y de los servicios médicos, no obstante, los altos jerarcas del INS interpretan que la prioridad se da cuando hay facturas en cobro presentadas por varios proveedores de salud privada la vez, creando cuantiosas pérdidas millonarias al Seguro Social, que bien podrían invertirse en el mejoramiento de los servicios de salud.
Demuestra esta situación, las grandes debilidades de los altos jerarcas de la Caja en el sistema de cobro para recuperar deudas.
Igualmente la capacidad gerencial para tomar medidas fuertes o reformar leyes que no permitan a las empresas aseguradoras como el INS pero también a otras, obtener ganancias a costa del Seguro Social
Conviene también, para resolver este problema que entre la jerarquía de la CCSS y el la Superintendencia General de Seguros (SUGESE) a revisar y definir las primas de la cobertura y el monto de las pólizas, de tal forma que los fondos para la atención y la prevención de la salud de la Caja no sean utilizados por el INS y otras aseguradoras.
¿Hasta cuándo los altos jerarcas de la CCSS de uno u otro gobierno, tendrán la capacidad y el interés de recuperar las multimillonarias deudas con la morosidad, la evasión y la subdeclaración, pues este es el verdadero motivo por el cual la Caja hoy pasa por una preocupante crisis económica.
Debate electoral: Crisis y futuro de la Caja Costarricense de Seguro Social
Los candidatos deben hablar sobre los principales problemas, más allá de los eslóganes superficiales de la campaña electoral y promesas políticas, esta noble institución se ha visto cada vez más deteriorada por la corrupción, su prestigio ha sido afectado por las largas listas de espera, la incapacidad para resolver el deterioro de los servicios, falta de medicamentos, equipo médico y de trabajo, etc.
Además, el orden financiero resulta el elemento más preocupante, debido a la incapacidad de las altas jerarquías, por realizar el cobro de las multimillonarias deudas, dejadas por cada gobierno y partido político gobernante.
Por ejemplo, con la ley de traspaso del personal y los programas del Ministerio de Salud a la Caja, se acumularon deudas por más de 10 años, de alrededor de 400 mil millones de colones aún no cancelados.
También están los dineros que se dejaron de percibir por la Ley de Protección al Trabajador, que suman 600 mil millones de colones, más de 400 mil millones del actual gobierno al Régimen de Salud, 15 mil millones del INS, así como deudas de instituciones públicas y el sector patronal privado.
Y ni qué decir del despilfarro de más de 75 mil millones en compra de servicios privados, cada vez mayor por el interés de favorecer, mercantilizar la salud, la medicina privada y sus rentables negocios con fondos de los costarricenses cotizantes.
Se ha propuesto la despolitización y democratización en el nombramiento de los altos puestos de la Junta Directiva, Gerencias y Presidencia Ejecutiva de la CCSS, que ha venido obedeciendo al interés político-partidario, en perjuicio directo a esta institución.
Todos estos problemas obligan a que los candidatos y partidos políticos le digan al pueblo costarricense sus propuestas de forma clara y transparente.
¡SEÑORES CANDIDATOS A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y DIPUTADOS EL PUEBLO ESPERA DE USTEDES UNA ACTITUD SERIA Y RESPONSABLE!
Quedamos a la espera de que ningún candidato este ausente en el debate a realizarse el martes 10 de diciembre de 2013, en el Auditorio del Hospital México, “Situación actual y futuro de la Caja Costarricense de Seguro Social”
Acreditación de medios de comunicación
Por esta vía se les informa a los medios de comunicación que desean darle cobertura al Conversatorio con Candidatos a la Presidencia, “Presente y futuro de la CCSS”, el próximo martes 10 de diciembre, que tienen tiempo de acreditarse hasta el domingo 8 de diciembre a las 12:00 m.d.
Deben enviar un mail al correo comunicacion@undeca.cr con los nombres de los funcionarios del medio respectivo para realizar su acreditación respectiva.
No podrán ingresar medios de comunicación que no estén acreditados.
Saludos cordiales,