Echarle la culpa a otros, es lo que hizo el señor Roberto Gallardo, Ministro de Planificación en la administración Arias – quien sustituyó a Kevin Casas a raíz del escándalo del memorando del miedo durante la campaña del Sí al TLC – y nuevamente ocupando esa cartera en el actual gobierno de Laura Chinchilla, en una entrevista que publicara La Nación el domingo 17 de noviembre, típico de gobiernos incompetentes y mediocres, que pretenden atribuir a otros sus propias torpezas, falta de claridad y compromiso político con los ciudadanos.
En momentos en que el Informe del Estado de la Nación señala el incremento de la desconfianza en los partidos políticos y el gobierno, resulta cínico echarle la culpa a los ambientalistas y a las organizaciones de trabajadores, los sindicatos, de “frenar” el “avance del país”, cuando son las políticas neoliberales impuestas por los gobiernos de turno, los escandalosos casos de corrupción denunciados o no, el autoritarismo, los que han creado una enorme desigualdad social, la exclusión de las grandes mayorías. Está más que justificado el paupérrimo apoyo ciudadano a este gobierno.
En una democracia el Gobierno tiene el cometido de gobernar para el pueblo, no para sus millonarios amigos y grandes corporaciones nacionales y transnacionales, privatizando instituciones públicas y eliminando derechos a todos los ciudadanos, incluidos los trabajadores, porque los hombres y mujeres que trabajan también son ciudadanos.
Cuando los sectores sociales y populares manifiestan su descontento, acuñan el término ingobernabilidad, porque el pueblo no deja gobernar como ellos quieren. Un ingrediente más en el gran pastel de desaciertos del desafortunado gobierno saliente. Señor Ministro de planificación, ¡¡Costa Rica requiere soluciones no excusas o pretextos!!!
La pésima administración gubernamental, la corrupción y la politiquería, es lo que frena el avance del país. Si bien es cierto, los evasores son un problema fundamental, lo que no dice el Ministro, es que los grandes evasores son precisamente del gran sector empresarial que es beneficiado con grandes privilegios, que le exonera del pago de aranceles de importación y exportación mediante las zonas francas y el TLC.
Si algo ha perjudicado la democracia es la corrupción que se genera desde las altas esferas políticas de gobierno, empantanada, porque que los impuestos que se recaudan no se invierten en desarrollo y sí en millonarias consultorías, alquiler de edificios de empresarios y políticos, concesiones cuestionadas y sospechosas, jugosos salarios para presidencia ejecutivas, gerencias y diputados, así como sonados actos de corrupción como el de “la trocha”, entre muchos otros.
Ahora, en el tema de “planificación”, que le compete directamente al Ministro Gallardo pues se supone que para eso se le contrató, para planificar, es evidente que “su” planificación contempla un único punto de vista, el de los grandes empresarios y transnacionales. “Su” visión de país va encaminada a fortalecer a los sectores bancarios empresariales, aunque estos sectores no contribuyan con el desarrollo del país y solo busquen acrecentar sus abultadas “billeteras”.
Cuando el Ministro Gallardo habla sobre el problema de la brecha entre ricos y pobres no dice absolutamente nada, porque en materia de planificación toda la riqueza que produce nuestro país va directo a los bolsillos de unos pocos mientras la gran mayoría de la población costarricense se empobrece más.
Finalmente, para no variar, Gallardo propone como solución a los problemas de “su” trabajo que la Asamblea Legislativa cambie el Reglamento de debates para liquidar, de una vez por todas, cualquier vestigio de democracia y que los proyectos neoliberales del sector de ricos empresarios se imponga sin mediar ningún tipo de discusión, análisis o debate. Una cosa es el debate y otra sus estructuradas mesas de ”diálogo” para justificar la imposición de políticas públicas nocivas.
Vivimos en dos países diferentes señor Gallardo, portavoz del sector empresarial, el país de la inmensa mayoría de costarricenses que ve como se le limitan, cercenan y constriñen sus derechos y sus condiciones de vida y el suyo y el de “su gente” sus jefes, que ven como las políticas neoliberales acrecientan sus negocios y sus billeteras a costa del trabajo y la vida de la clase trabajadora. Son dos países diferentes, son dos clases sociales, los ricos y los pobres.
De ninguna manera extraña que los políticos – empresarios desde La Nación, “han puesto a decir” al Ministro Gallardo lo que justamente querían que dijera y forma parte de la “campaña” sistemática contra la organización sindical y ciudadana que defiende los derechos humanos y los recursos naturales.
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Martín Chinchilla C.
Martín Rodríguez E.
