Lo asombroso ahora, lo realmente espectacular, es más bien el grado de descaro para materializarlos y defenderlos a través de un lenguaje técnico peyorativo en el que los políticos pretenden hacer ver todo tan correcto que más bien el “hijuetal” parece ser uno y no ellos.
Es cuando les escuchamos decir, con la voz engolada, que todo se ha hecho dentro del “marco jurídico” respetando la “cláusula financiera” vigente en el “contrato administrativo” de la “norma contractual” avalada por la “Sala Cuarta” al tenor de su última “interpretación constitucional”.
Y cuando la prensa increpa al jerarca político sospechoso, este se sacude con el argumento de que, por no ser técnico, firmó lo que los expertos le pusieron a firmar. Y cuando la prensa corre a preguntarle a los expertos, estos la remiten a los abogados porque el caso está abierto y no pueden hablar. Y cuando la prensa llama a los abogados, estos se fueron del país o están en sus fincas de recreo y no se les puede interrumpir.
Tratando de explicarme el porqué de este “carebarrismo” gubernamental (del sustantivo carebarro), único en los anales de nuestra historia patria, he llegado a plantearme las siguientes tres teorías:
– La impunidad ha llegado a tales niveles de relajo que la jerarquía política, convencida de que nada le sucederá en estrados judiciales, le “pela” que la descubran echándose el país entero a la billetera.
– Los ciudadanos somos unas bestias y no entendemos que, dentro del ámbito público, los negocios y las finanzas modernas incluyen como algo perfectamente normal la “cortesía”, el “premio” o el “cariñito”.
– Lejos de una vergüenza, saquear hoy las arcas públicas es un signo de estatus político avalado por el elector para seguir al pie de la teta patria.
No de otra manera se explica entonces que existan obras y proyectos que tras ser revisados una y otra vez, para atrás y para adelante, al revés y al derecho, no cuadren. No den los números. Nos condenan a pagar un escándalo de plata durante 30 años por una porquería.
En ocasiones es tan obvia la irregularidad y tan burdo el delito, que nadie entiende por qué el propio presidente del país, que uno supone sabe sumar y restar, no lo advierte, no lo ve y se resiste a rescindir o anular el contrato que propicia la barbaridad.
Y encima se cabrea cuando la conciencia popular, siempre alerta, siempre sabia, lo prejuzga y lincha como sospechoso de estar queriendo servirse del poder con cuchara grande, o consintiendo que otros – colegas, amigos, familiares y allegados – lo hagan.
Estamos asistiendo, pues, a la consagración nacional del chorizo. Cuando dentro de su agenda oculta (aunque ya ni tan oculta) la prioridad del gobierno son los intereses particulares de sus jerarcas, estamos fritos. Y cuando en materia de corrupción la élite de poder llega a esos extremos de cinismo es porque la autoridad se perdió completamente y ya no hay nada que se pueda hacer, salvo provocar la reacción pacífica pero vigorosa de los grupos cívicos organizados y redes sociales, como sucedió con Crucitas, la Trocha y la vía San José-San Ramón.
A tono con esto, parecieran venir de camino nuevos chorizos. Ya se otean en lontananza. Incluso el calificado hace unos días por la Fiscalía de “megachorizo”, que debe ser algo tan largo como una autopista, y tan jugoso como un peaje, pero que en todo caso confirma nuestra triste realidad.
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Por: Edgar Espinoza
Fuente: CRhoy. com
