El salario bisemanal es una conquista de todos los trabajadores de la CCSS. Este viernes 22 de octubre ¡Nada qué celebrar, mucho qué defender!
Desde cada Centro laboral de todo el país, de 12:00 m.d. a 3:00 p.m.
UNDECA unidad y lucha en defensa de nuestros derechos.
Ante la gravedad de la saturación que afecta una vez más a los hospitales y otros centros de salud de la CCSS, por el aumento exponencial de contagios por COVID-19, que ha puesto en riesgo la atención oportuna y de calidad de los pacientes enfermos por esta enfermedad y otras patologías, donde se hospitaliza una persona por esta enfermedad cada 10 minutos y se han contagiado miles de trabajadores de la CCSS, poniendo en condición de vulnerabilidad a toda la población, UNDECA demanda al presidente de la República, al Ministro de Salud y a la Comisión Nacional de Emergencias, entre otros, tomar las medidas y acciones para proteger el derecho a la salud y la vida de todos los ciudadanos.
La CCSS está al borde del colapso, cada día hay menos disponibilidad de recursos humanos, insumos, equipos y capacidad operativa, como lo han advertido el propio presidente ejecutivo Macaya Hayes, el Gerente Medico, Dr. Mario Ruiz y los directores de centros médicos, en oficio enviado a las altas autoridades sanitarias y de la CCSS, cuyas proyecciones en el corto plazo son alarmantes.
Denunciamos, que a pesar de los esfuerzos que realiza cada persona trabajadora por brindar los servicios, la fatiga por las extenuantes y exigentes jornadas laborales, el estrés, el desgaste emocional, los recargos laborales, la incertidumbre respecto al nombramiento de los interinos, los retrasos en los pagos de salario y los tiempos extraordinarios, unido a la angustia de sus familias, entre otros desafíos, repercuten en la vida laboral y la eficacia en la atención de la salud.
El derecho a la salud es un derecho fundamental inherente al ser humano que el Estado debe tutelar, por lo que, el señor presidente de la República y demás jerarcas ejecutivos y sanitarios deben anteponer los intereses de la colectividad, sobre las presiones internas y externas que persiguen el lucro, evitando más muertes, discapacidades y otros costos humanos, que afectan la estabilidad de la CCSS y la calidad de vida de las familias y comunidades.
San José, 10 setiembre 2021
El Gerente Médico mediante oficio GM-12979-2021 instruyó ilegal rebajo de los salarios a las personas trabajadoras que participaron en movimientos en julio y agosto del año en curso.
Esta disposición fue dictada a contrapelo de la resolución de la Sala Constitucional del pasado 16 de abril de 2021, que suspendió la aplicación judicial y administrativa, en virtud de una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 376, 376 bis y 379 del Código de Trabajo, reformado por la Ley para brindar seguridad a las huelgas y sus procedimientos.
La misma institución interpuso procesos judiciales relacionados con esos movimientos, cuyo trámite fue suspendido por el correspondiente Juzgado de Trabajo, con fundamento en la resolución citada del Tribunal Constitucional.
El asunto del descuento salarial está estrechamente relacionado con el conjunto de normas impugnadas, por lo que, no corresponde la ejecución del rebajo de los salarios de los y las trabajadoras que participaron en esos movimientos, o cualquier otro, hasta tanto no se resuelva, en definitiva, la acción de inconstitucionalidad.
UNDECA, mediante oficio presentado el día de hoy, exige que se suspenda, en forma inmediata, esa ilegitima y arbitraria instrucción de la Gerencia Médica.
San José, 08 de setiembre de 2021
Trabajadores de la Caja salen nuevamente en defensa de la salud pública
Largas filas de espera, de hasta 8 horas, saturación en servicios de emergencias, amenaza de cierre de servicios de maternidad, fin del Convenio de colaboración de cirugía general de baja complejidad y obstetricia, entre el CASI Marcial Fallas y el Hospital San Juan de Dios, saturación en servicios de atención Covid-19 y falta de personal en casi todos los servicios, entre ellos enfermería, fueron los detonantes que provocó que los trabajadores de la Clínica Marcial Fallas de Desamparados se manifestaran y exigieran una negociación para mejorar los servicios a la población desamparadeña.
Tras 8 días de negociación se logró el objetivo de asegurar recursos financieros, por 400 millones de colones, así como recursos humanos para garantizar la prestación de los servicios de salud en el CAIS Dr. Marcial Fallas Díaz de Desamparados, todo en beneficio directo de la población asegurada de ese importante cantón.
Las sistemáticas maniobras de deterioro de los servicios de salud pública, que incluye la falta de equipo, personal e infraestructura, proyectos de Ley para condonar deudas a la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, no son casualidad y responden a los intereses de quienes pretenden destruir la Caja y privatizarlo todo.
La situación vivida por la Clínica Marcial Fallas no es única, los hospitales, clínicas, Ebais, ATAP, toda la institucionalidad de salud pública sufre las mismas consecuencias, un ataque para entregar servicios a intereses privados, provocando el deterioro de servicios, mediante la falta de recursos económicos, atrasos de pago salarial, tiempo extraordinario y disponibilidades, por hasta 5 meses al personal fijo o interino.
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, siempre al frente en la defensa de los derechos de los trabajadores y de los servicios de salud, eficientes y de calidad para el pueblo costarricense, con el respaldo de trabajadores y trabajadoras, mantendrá su disposición de organización y lucha. Los principales beneficiarios de estos acuerdos son los usuarios, quienes esperamos, puedan ver en el corto plazo una mejora en la atención y una reducción de los tiempos de espera y filas en los servicios de emergencias, área Covid-19, farmacia y otros.
A la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social ha sido trasladado el expediente para consultar el Proyecto de Ley que pretende condonar millonarias deudas a grandes políticos y empresarios evasores, ocultando sus intenciones detrás de personas cotizantes independientes y pequeñas empresas que adeudan la cuota obrera y patronal, Ley de protección al Trabajador (LPT) intereses, servicios médicos prestados y multas.
Este proyecto es inconstitucional, según los criterios emitidos por la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la Republica donde se indica que ni el legislador, ni la misma administración de la Caja puede condonar deudas a la institución.
La inconstitucionalidad reside en que usar los dineros de la Seguridad Social para fines distintos violenta el Artículo 73 de la Constitución Política. Entre los criterios de la Procuraduría se encuentra el OJ-28-2011, OJ-069-2020, OJ-105-2020 que indican; “(…) no puede obviarse frente a condonación propuesta que, en orden a alas deudas por cotización de la Seguridad Social y sanciones conexas, hemos insistido que, por el destino constitucionalmente prefijado que tienen dichas contribuciones, la Caja nos solo tiene la potestad de perseguir las sumas adeudas, sino el deber constitucional y legal de emprender todas las acciones procedentes en Derecho para tal fin. De modo que cualquier omisión de la Caja en ejercitar las acciones cobratorias-administrativas o judiciales-, desconocería ilegítimamente preceptos constitucionales y legalmente establecidos al efecto. E igual situación podría presentarse si se decide condonar las deudas a favor de la Seguridad Social. Violación constitucional que también podría producirse si el legislador autoriza esa condonación.”
El Proyecto de Ley propuesto no busca beneficiar a los verdaderos trabajadores independientes, sino a políticos, diputados y grandes empresarios que se afilian como independientes, y otros patronos, sin que se analice su capacidad de pago y otras alternativas que no sean inconstitucionales.
Recordemos que la evasión del pago de las cuotas obrero patronales y del Estado, incide en la calidad de los servicios y la atención a las personas aseguradas, en las listas de espera, la falta de personal, de camas y equipo, así como de infraestructura hospitalaria. Frente a la Pandemia del Covid-19 las instituciones de salud pública y sus trabajadores y trabajadoras, han sido vitales y son la primera línea de defensa de la vida.
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, se opone contundentemente a este proyecto de ley por cuanto significaría un fuerte golpe a las finanzas de las instituciones de salud pública, de la Caja, y un portillo para quienes buscan su privatización.
De buenas a primeras, se puede afirmar que el bloque político hegemónico sufrió una seria derrota, que francamente les va a costar mucho revertir.
El voto del Tribunal contiene una declaratoria de inconstitucionalidad de más de una treintena de artículos del Proyecto Ley Marco de Empleo Público, que no es cualquier cosa. Pero no sólo es por la cantidad de normas que fueron declaradas inconstitucionales, sino, además, porque el voto trastocó el contenido esencial del proyecto.
El eje central del proyecto, la gobernanza absoluta del empleo público que se le atribuye a MIDEPLAN, sufrió el inapelable reproche de constitucionalidad.
El núcleo duro de la desafortunada iniciativa legislativa, concerniente al menoscabo de la independencia del Poder Judicial, las autonomías de las universidades públicas, las municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social, sencillamente, no pasó la prueba de constitucionalidad.
El voto también declaró que el artículo 6 del proyecto, que regula la gobernanza totalitaria y autocrática de MIDEPLAN, no resulta aplicable porque “somete la CCSS a la potestad de dirección del Poder Ejecutivo”; que fue uno de los aspectos que la representación de UNDECA, de manera enfática, denunció en las audiencias en las que participamos en la Asamblea Legislativa.
Además, el voto dispuso que la Caja no está sometida a las directrices, reglamentos y disposiciones de MIDEPLAN (declaratoria de inconstitucionalidad del segundo párrafo del inciso a) del artículo 9), y que resulta inconstitucional la aplicación de las normas del sistema de reclutamiento y selección del personal del proyecto.
No queda la menor duda que la Sala Constitucional le está dando la razón en estos temas a los sindicatos, lo cual ocultan maliciosamente los medios de comunicación, que promovieron toda una campaña de odio contra las y los empleados públicos.
El Frankenstein regresará a la Asamblea Legislativa, pegado a un respirador, con destino directo a una Unidad de Cuidados Intensivos.
Repetimos, la oligarquía que pretendió imponer un Estado de facto, a contrapelo de nuestra Constitución Política, salió sangrada, con heridas severas y profundas.
Nos mantendremos enérgicos, oponiéndonos y combatiendo lo que aún queda de este descuartizado proyecto, que, no obstante, todavía sigue estando en la agenda salvaje de la clase política neoliberal.
UNDECA hace un llamado a continuar firmes en la lucha, para sepultar, en definitiva, este proyecto que se vuelve contra el Estado Social y Democrático.
San José, 02 de agosto 2021.