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UNDECA y sindicatos de Salud, dan ultimátum al gobierno y autoridades de la CCSS, al próximo viernes 16 de octubre, para dar respuesta y presentar propuestas a las demandas de los trabajadores.

Luego de reprocharle al Presidente Ejecutivo de la CCSS Román Macaya, su comitiva técnica y representantes de gobierno, su falta de voluntad resolutiva, la compañera Martha E. Rodríguez, Coordinadora de la Mesa de negociación por parte de los sindicatos de Salud, expuso la posición de UNDECA y organizaciones de Salud, en el sentido de dar el viernes 16, como fecha última para una respuesta institucional.

Las 15 peticiones giran en torno a que la institución presente el diseño, planificación e implementación de un plan estratégico para garantizar la mayor protección de la seguridad, salud y bienestar integral de las personas trabajadoras, el adecuado suministro de equipos de protección para todos los funcionarios, la derogatoria del lineamiento temporal para el uso extendido y reutilización de respiradores filtrantes de partículas (N-95 o su equivalente), el reconocimiento de una licencia remunerada a las personas trabajadoras que sufran un aislamiento preventivo. Además se pide que se atienda y normalice la atención de las listas de espera, gravemente afectadas por la atención urgente de la pandemia, entre otras medidas para contrarrestar los efectos de la Pandemia en la población y trabajadores.

A esta fecha esa falta de resolución ha significado en la institución: 3.500 trabajadores infectados, el 30% de trabajadores enviados a cuarentena y 12 lamentables muertes, mientras el Dr. Macaya y el gobierno siguen pidiendo “equipos técnicos” para resolver las críticas condiciones en que tienen sumida a la Caja, a la Salud y al país.

La Junta Directiva de UNDECA denuncia que este 9 de octubre se suspendió la reunión con la Ministra de Trabajo, Geannina Dinarte; la delegación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que representa al presidente ejecutivo, Román Macaya y los representantes de nuestro sindicato; Luis Chavarría; secretario general, Martha Rodríguez, secretaria adjunta y Manuel Hernández, asesor legal.

La suspensión del encuentro se debió a que las instalaciones establecidas para la mesa de negociación no reunían los requisitos mínimos de espacios seguros que garanticen el protocolo demandado por el Ministerio de Salud Pública.

“La mesa de negociación fue una iniciativa de UNDECA para proteger la vida y salud de los trabajadores, y en ella pretendemos elaborar de forma conjunta las propuestas para resolver los preocupantes riesgos y necesidades de protección que tiene el personal de salud, sus familias y el pueblo en general ante el COVID-19”, señaló Luis Chavarría.

Lamentamos este tropiezo y comunicamos que la próxima reunión se estableció para el lunes 12 de octubre.

Instamos al personal de la CCSS a mantenerse atento sobre los avances de este proceso y apoyar cualquier llamado de apoyo que realicen UNDECA.

UNDECA COMUNICA

Desde que se declaró el estado de emergencia, a consecuencia de la pandemia por Covid-19, la administración Alvarado y la clase política han evidenciado una absoluta incompetencia para resolver la crisis sanitaria, económica y social de nuestro país.

Las disposiciones sanitarias y ocupacionales de la Junta Directiva y el Presidente Ejecutivo de la CCSS, Román Macaya, han sido medidas erráticas e improvisadas, comprometiendo de manera seria, grave e irresponsable la protección de la salud y vida de los trabajadores y sus familias.

UNDECA con gran firmeza y contundencia viene denunciando, la mala calidad y la escasez de equipos de protección personal, sin que a la fecha la institución haya resuelto las necesidades apremiantes en los centros de trabajo.

Sin lugar a duda, han ocurrido hechos condenables, con aparente tráfico de influencias, uno de ellos la adquisición de 700.000 mascarillas, que fueron retiradas de los centros y no menos grave la infructuosa compra de 12 millones de mascarillas, por $4.000.000, sin que hasta el momento se conozcan acciones que determinen los responsables políticos y administrativos.

Esta semana, las gerencias de la CCSS han emitido lineamientos por la escasez de mascarillas de protección, obligando al personal a reutilizar equipo descartable, hasta por 5 veces, pese a que el ordenamiento jurídico obliga al Estado a velar por el derecho fundamental a la salud.

El artículo 76 de la Ley General de Salud y el “Manual de bioseguridad para establecimientos de salud y afines” (Decreto Ejecutivo Nº 37552-S, 2012) prohíbe, de manera absoluta, que materiales descartables puedan ser reutilizados.

UNDECA deplora esta política, y advierte a las autoridades que no pueden ser insensibles a los miles de trabajadores en confinamiento sanitario, a los 3000 trabajadores contagiados, al dolor humano de las familias de los fallecidos, por lo que no puede menospreciar, la provisión de equipos de protección adecuados que garanticen la salud y la vida de los trabajadores y de la población costarricense.

UNDECA recurrirá a todas las herramientas y medidas, que sean necesarias, en defensa de ese contingente, que hoy son la primera línea de atención de la pandemia.

¡Nuestro compromiso es con los trabajadores y el pueblo!

San José, 22 de setiembre 2020.

Lucha por el Hospital Nacional Psiquiátrico Pbro. Manuel Antonio Chapuí y Torres se ve fortalecida gracias a las gestiones emprendidas por UNDECA.

El martes 4 de agosto, se hizo presente al Hospital Nacional Psiquiátrico, (HNP), la Gerencia Médica, de Logística e Infraestructura, junto con una comitiva de más de 15 miembros de diferentes departamentos, para escuchar de parte de la Seccional de nuestra organización y trabajadores, los planteamientos propuestos con apoyo de UNDECA, que permitan garantizar la protección del bienestar de los usuarios y de los trabajadores de este Nosocomio. 

Como primer acercamiento la Gerencia Médica se compromete:

1- Garantizar que se mantendrá el nombre del Hospital Nacional Psiquiátrico Pbro. Manuel Antonio Chapuí y Torres, pese a la modalidad de atención dual a la que será sometido el Centro Hospitalario por conversión transitoria para atención de COVID-19, garantizándose la continuidad de atención a las patologías de salud mental que ha brindado por 136 años.

2- Garantizar en lo inmediato la presencia de un equipo de acompañamiento de la Gerencia Médica y Administrativo que permita el apoyo necesario para fortalecer los canales de comunicación entre los trabajadores del Centro Hospitalario, ofrecer las condiciones idóneas para el desarrollo de las funciones que permita la capacitación y la inducción necesaria por los cambios que van a implementarse en un corto tiempo y, garantizar la logística necesaria para los procedimientos y el volumen en la demanda de trabajo que se está teniendo y se extenderá por la duración de la Pandemia.

3- Garantizar los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas de los trabajadores en cuanto al respeto de las Vacaciones Profilácticas, el Incentivo de Riesgos Hospitalarios y el respeto al registro de Elegibles local.

4- Garantizar la atención psicolemocional de los trabajadores y de los familiares que se vean sometidos en la atención de pacientes por COVID-19.

5- Garantizar el reforzamiendo de los Equipos de Protección para los trabajadores del HNP por la implementación de la atención transitoria de pacientes por COVID-19, así como el resguardo de la salud de los trabajadores con factores de riesgo permitiendo su desempeño en otras áreas de trabajo acorde a sus perfiles o por medio del teletrabajo.

Este miércoles 5 de agosto, luego de varias horas de diálogo con autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, se lograron importantes acuerdos sobre los puntos anteriormente expuestos y que significan un triunfo en la defensa de la institución y los servicios de salud.

El compromiso adquirido por las autoridades de la Caja serán fiscalizados en su cumplimiento por nuestro sindicato.

Pensiones de la Caja no pueden ser simbólicas.

UNDECA y el Bloque Sindical y Social Costarricense, BUSSCO, que reúne a más de 60 organizaciones sindicales y sociales, denuncia que, como si fuera poco la grave crisis sanitaria y las consecuencias económicas y sociales producto de las políticas neoliberales impuestas por los sectores político empresariales, ahora se anuncia un nuevo ataque a las familias trabajadoras.

La Junta Directiva de la CCSS pretende aprobar la próxima semana una reforma al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte, con propuestas precipitadas e inconsulta, sin análisis o debate público.

La regresiva propuesta aumenta las contribuciones que deben realizar los trabajadores, patronos y el Estado al régimen en un 5,5% y disminuye dramáticamente el monto de las pensiones para las personas trabajadoras y sus familias, en el sector público y privado.

Preocupa, que la jerarquía de la CCSS, en el caso de las mujeres, muestre una visión del mundo del trabajo que evade los roles de las mujeres en nuestra sociedad y desconoce las acciones afirmativas a favor de las mujeres costarricenses.

Las pensiones de la Caja son un pilar fundamental, en la estructura de la Seguridad Social costarricense, por lo que un asunto de esta trascendencia no se puede dirigir y resolver de esa manera.

En un documento presentado, el día de hoy, con argumentos objetivos y legítimos, hemos rechazado las propuestas y solicitamos se disponga una mesa de diálogo social para el debate del tema, con la participación de los diversos sectores sociales que promueva el bienestar de las personas adultas mayores, la sostenibilidad del sistema de jubilaciones y que garantice calidad de vida a las personas trabajadoras.

Hacemos un llamado a todos los trabajadores del país y a los sectores sociales, a defender el derecho a pensiones dignas.

San José, 31 de julio de 2020

Las propuestas para todos los trabajadores del país.

Plan 1           

Elimina totalmente el retiro anticipado.

Plan 2.

Aumenta la edad para el retiro anticipado: hombres a los 64 años con 30 años cotizados y mujeres a los 62 años, con más de 37 años cotizados.

Disminuye el monto de pensión:

• Utiliza el promedio de toda la vida laboral para el salario de referencia
• La pensión se calcula con el 40%, 45% y 50% del salario de referencia.
• Aumenta en 5 años el requisito para reconocer mes adicional cotizado
• Aumento contribuciones: incremento en 5,5% tripartito. De 10,66 a 15,16%.

Plan 3.

Elimina y aumenta la edad para el retiro anticipado: lo elimina para los hombres. Las mujeres aumentan la edad a 62 años con más de 37 años cotizados.

Disminuye el monto de pensión:

• Utiliza el promedio de toda la vida laboral para el salario de referencia
• La pensión se calcula con un 45% del salario de referencia.
• Aumenta en 5 años el requisito para reconocer mes adicional cotizado
• Aumento contribuciones: incremento de 5,5% tripartito. De 10,66 a 15,16%.

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Solicita a Comisión de Gobierno y Administración dictamen negativo 

UNDECA manifestó a los y las Diputadas su profundo reconocimiento a las personas servidoras de la Caja Costarricense de Seguro Social, que están en la primera línea de defensa de la salud y vida de la población costarricense.

El pasado 14 de julio de 2020, en un extenso documento argumentamos nuestra oposición al texto sustitutivo, Proyecto N° 21336 Ley Marco de Empleo Público, por cuanto:

1. Este texto responde a las exigencias de los organismos financieros internacionales, dirigidas a reestructurar la Administración Pública de Costa Rica, deteriorando la provisión de los servicios públicos y promoviendo su privatización.
2. Se construyó con la asesoría de la OCDE y el BM, pero se excluyó a las organizaciones sindicales que representamos los legítimos intereses de las personas que prestan sus servicios en la Administración Pública.
3. Al gobierno no les bastó con la Ley N° 9635 y los desproporcionados sacrificios que se impusieron a los servidores públicos a merced de esta perniciosa ley.
4. La administración Alvarado sigue con legislaciones fiscalistas y de austeridad para reducir los salarios de los servidores públicos, precarizar la calidad de sus condiciones de vida y trabajo y deteriorar los recursos que se destinan a la provisión de servicios públicos.
5. El proyecto contiene serios problemas de constitucionalidad, porque aspira a imponer un único régimen de empleo en toda la Administración Pública, aunque sea violentando la autonomía constitucional de un conjunto de instituciones fundacionales del Estado costarricense, como las universidades públicas, la Caja Costarricense de Seguro Social y, las municipalidades.
6. La gobernanza de este sistema único de empleo se le atribuye a MIDEPLAN, que se transforma en un supraministerio, desbordando los límites jurídicos que son inherentes a una función de rectoría política, y, por otra parte, esa rectoría no puede oponerse a la autonomía constitucional de aquellas instituciones.
7. La imposición de un régimen único de empleo y salarios, para nuevos funcionarios, que excluye los espacios de negociación colectiva, vulnera el Convenio N° 98, 151 y 154 OIT.
8. Este estilo de la Administración Alvarado Quesada refleja una gobernanza autoritaria del sistema de las relaciones laborales, que se aparta de los cauces de participación democrática y el Diálogo Social.
9. El proyecto de ley desprecia los pronunciamientos de los órganos de control de OIT, que de manera reiterada han manifestado su preocupación por la afectación del derecho de negociación colectiva en el sector público.
10. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de OIT, en su último informe de febrero de este año (CEACR/CR/2020), insistió en su preocupación por el estado de la cuestión y cifró esperanzas en que se fortaleciera el derecho de negociación colectiva en la función pública. El proyecto le propinó un fuerte golpe de martillo a este pronunciamiento de la Comisión de Expertos, porque en lugar de potenciar la negociación colectiva en la función pública, la elimina radicalmente.
11. Es la hoja de ruta hacia la privatización de los servicios públicos y el desmantelamiento del Estado Social y Democrático. En lugar de apostar por el mejoramiento de la calidad y el fortalecimiento de los servicios públicos, el proyecto se decide por la contracción de estos servicios y la destrucción de empleo público. 

Este proyecto debe ser dictaminado negativamente porque si se desmantela y debilita la provisión de estos servicios, se martilla y destruye el Estado Social y Democrático.

San José, 29 julio 2020.

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