Las razones por las que rechazamos el proyecto 20.580 y porqué exigimos la apertura de una mesa de diálogo para abordar el tema fiscal.
Actualmente la Asamblea Legislativa discute el proyecto, Expediente Legislativo 20.580 denominado “Ley fortalecimiento de las finanzas públicas”, que es respaldado en forma irresponsable, casi unánimemente, por parte de todas las fracciones legislativas. Con especial vehemencia lo apoyan el PAC, el PLN y el PUSC, varias fracciones minoritarias; y, en lo que tiene que ver con el ataque a la clase trabajadora, los libertarios.
Nos oponemos a este proyecto, en primer lugar, porque el mismo no va a resolver realmente en forma estructural el problema fiscal nacional, dado que su objetivo no es ese, sino que buscan otros propósitos como son:
– Partir de la premisa de que la acción principal para enfrentar el déficit fiscal es reducir el gasto como señal de “responsabilidad gubernamental”, pero resulta que el gasto se reduce haciendo fuertes cambios regresivos a derechos laborales de las trabajadoras y de los trabajadores del sector público y privado como reducir anualidades, cesantías, gravar ahorros y dividendos de cooperativas y solidaristas, aumentar el pago de impuesto de renta a los salarios y cobrar impuesto de renta a pensiones complementarias y voluntarias.
– Garantizarse, casi en forma automática, un aumento de la recaudación impositiva al modificar el actual Impuesto de Ventas (IV) en Impuesto al Valor Agregado (IVA). Está muy documentado que el IVA es el impuesto más difícil de evadir porque se cobra a lo largo de toda la cadena productiva. Decimos además que es un aumento automático en la recaudación, porque va a gravar servicios que hoy no tienen ningún tipo de gravamen impositivo.
– Incorporan el principio de Regla Fiscal para lo que tiene que ver con gasto público. Este es el sueño de los promotores de la austeridad neoliberal, que lo que busca es la reducción del Estado por este mecanismo. Ya vemos el ejemplo de Brasil que puso en marcha desde el golpe de Estado parlamentario, una fuerte contracción a la inversión pública por la vía de una regla fiscal. Vemos también hoy las consecuencias sociales en Europa de crecimiento de la pobreza, del desempleo, de la desigualdad y de la exclusión, por estas medidas de austeridad. El problema de la regla fiscal es que, literalmente, congela el crecimiento real de la inversión pública y, en el mediano plazo, llega a contraerse. Si se empieza a reducir el volumen de crecimiento del gasto público se afectan programas de asistencia social, financiamiento de las instituciones gubernamentales, transferencias a la educación y a la salud, financiamiento para el desarrollo de infraestructura pública; y, finalmente, el despido de trabajadores y trabajadoras del sector público. Con las consecuencias sociales subsecuentes, de las que no hay que explicar demasiado: desempleo, crecimiento de la pobreza, de la desigualdad y de mayor vulnerabilidad social.
Rechazamos la ligereza e irresponsabilidad con la que diputados del PAC/PUSC, embriagados por un resultado electoral que no es un cheque en blanco, vienen impulsando esta acción en contubernio con la fracción neoliberal del PLN, que, aprovechando el momento, quieren dar el ataque total al Estado costarricense, un sueño que no pudieron llevar adelante ni en la Administración Arias Sánchez, ni en la de Chinchilla Miranda.
Llamado a la moderación al nuevo gobierno
Empieza muy mal este gobierno, si su apuesta es la salida fiscalista neoliberal de aumentar impuestos al consumo de bienes y servicios, aumentar los impuestos al salario (principalmente al sector laboral público), atacar derechos laborales fundamentales; y, del otro lado, no tocar a los sectores económicamente poderosos que no sólo evaden y/o eluden, sino que desarrollan su actividad económica por medio del fraude fiscal. En consecuencia, se está mandando una muy mala señal de que, a pesar de lo dicho en campaña electoral, es más de lo mismo.
El tema fiscal no es algo que se resuelve con ocurrencias
La fiscalidad es la herramienta más importante para la inclusión social y garantizar una justa distribución de la riqueza. En nuestro país estamos muy lejos de alcanzar eso. La gravedad del problema es que nuestro sistema tributario profundiza la desigualdad social y no permite combatir efectivamente el crecimiento de la pobreza.
El 64% de lo que se recauda por impuestos proviene de impuestos al consumo. Por ejemplo, el impuesto de ventas representa, él sólo, un 41% del total recaudado. Resultado: pagan más impuestos quienes menos tienen. No se grava en este país ni el patrimonio, ni las ganancias de capital, ni las utilidades financieras.
La evasión de dos impuestos renta y ventas representa un 8.22 % del PIB. El 70 % de las empresas o personas jurídicas en este país evaden el pago del impuesto de renta. Pero lo más grave es que la actividad económica empresarial está sustentada principalmente en el fraude fiscal, falsa facturación (sub y sobrefacturación) en el comercio exterior que representa un 38 % del PIB que se deja de percibir en el pago de impuestos, creación de sociedades offshore en paraísos o guaridas fiscales a donde envían todas esas ganancias libres del pago de impuestos. Y para terminar de cerrar este círculo perverso, a esos mismos sectores corporativos les regalamos vía exoneraciones y privilegios fiscales un 5.34% del PIB, con un costo muy alto para el Estado que terminamos pagando el conjunto de la ciudadanía. A ellos no los quieren tocar ni el PAC, ni el PUSC, ni el PLN, pero en cambio el sacrificio si debemos hacerlo la clase trabajadora.
Por otra parte, es imposible y completamente irresponsable, abordar el problema fiscal sin considerar cómo se abordará la abultadísima deuda pública del país, particularmente la deuda interna y el no menos abultado pago anual de intereses de esta, el cual está cercano al 4 % del PIB. El 32% del presupuesto nacional del año 2017 se dedicó al pago de intereses, con lo que se dejó de financiar actividades estratégicas. Pero el problema más grave aún es que el 94% de dicha deuda está en manos del sector privado, lo que significa que quienes se están enriqueciendo son los sectores empresariales vinculados al sector financiero. Sin entrar a discutir con total seriedad este problema, no habrá paquete fiscal que alcance y en poco tiempo, idearán otro para seguir golpeando los bolsillos del pueblo trabajador, haciéndole a éste responsable directo por una situación en la cual nunca tuvo nada ver.
Ante la complejidad del problema proponemos una mesa de diálogo social
Resolver el problema fiscal requiere de un esfuerzo mancomunado de todos los actores sociales y productivos. No es en una comisión legislativa con mecanismos poco democráticos, con plazos acortadísimos, con mayorías mecánicas o con ocurrencias de diputados irresponsables, que se van a encontrar soluciones sostenibles y en la dirección correcta del bien común.
Abrir el debate nacional de cómo hacemos para que nuestro sistema tributario sea más progresivo y que no esté sustentado exclusivamente en impuestos al consumo, no es algo ligero; abrir el debate sobre cómo resolvemos la evasión del pago de impuestos requiere de importantes consensos; abrir el debate sobre la efectividad y justeza de las exoneraciones fiscales también requiere de disposición al diálogo; abrir del debate de que gravemos el patrimonio, las ganancias de capital, que pasemos a un régimen de renta mundial como medida para enfrentar la evasión, requieren de importantes esfuerzos de diálogo multisectoriales.
Desde el movimiento sindical ratificamos nuestra disposición a discutir todos esos temas en una mesa de diálogo social, a fin de llegar a acuerdos que luego se tramiten en la Asamblea Legislativa. No le tememos, incluso, a discutir por qué es que planteamos que el problema fiscal del país no se resuelve por la vía del gasto y de los salarios como insisten hoy día las principales fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa.
Llamamos a la clase trabajadora a defender su salario y sus condiciones de vida.
Si los partidos PAC, PLN y PUSC insisten en continuar por el camino de que sólo con más impuestos y, principalmente, a los salarios de la clase trabajadora, se resuelve el problema fiscal; encontrarán una importante y sólida unidad sindical que va a defender hasta las últimas consecuencias nuestro salario y nuestros derechos laborales, que son la única garantía para defender una calidad de vida decente.
Llamamos a toda la clase trabajadora a prepararse para la lucha, no vamos a permitir que los neoliberales del PLN, el PUSC y del PAC pongan en riesgo la estabilidad y el derecho al salario de la clase trabajadora.
No aceptamos que sea la clase trabajadora la que tenga que “pagar los platos rotos” de una situación que es responsabilidad de gobiernos y sectores empresariales que han convertido al Estado en su instrumento particular para enriquecerse en detrimento de la calidad de vida de miles y miles de costarricenses.
Estamos dispuestos como movimiento sindical a debatir todo lo que haya que debatir en un espacio paritario de discusión, pero si la intolerancia y prepotencia de los actores políticos mantiene la actual línea de acción, encontrarán a un movimiento sindical dispuesto a dar la lucha en todos los terrenos por los derechos de la clase trabajadora.
