Los integrantes de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, con una actitud intransigente y posición fundamentalista contra la clase trabajadora, impusieron un fraudulento aumento del 1% a los trabajadores asalariados, independientes y voluntarios, cuyo acuerdo responde a móviles espurios, que carecen de la menor justificación técnica, ahora demostrado por la misma Organización Internacional del Trabajo, OIT.
Si bien es cierto en 1947, la distribución de la carga fue de 2.5% para cada sector, es decir igualitaria y tripartita, en 1974, la contribución del Estado se disminuyó tan solo a un simbólico 0,25% y trasladó la diferencia al sector patronal, incrementándose a 4.75%. Pero desde el 2009, por un lado, la distribución relativa de la carga patronal sistemáticamente ha sido disminuida, generando un mayor peso a los trabajadores y por otro lado, la acumulación de ganancias a costa de la explotación de la clase obrera ha crecido exponencialmente, incluso a merced de la violación sistemática de los derechos mínimos de ley que establece el Código de Trabajo.
Los directivos que representan religiosamente los intereses patronales han defendido este aumento exclusivo contra los y las trabajadoras, lamentablemente con el apoyo incondicional de José Luis Loría y Mayra Soto, en teoría representantes del sector laboral, aunque evidentemente no responden a los sectores que los nombraron y mucho menos a los intereses de los y las trabajadoras, que ya el sector solidarista, no así el cooperativo, se pronunció contra estos gravísimos agravios cometidos contra el pueblo trabajador.
El 3 de mayo del año en curso, de manera responsable, el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, BUSSCO y la Confederación Rerum Novarum, CTRN, en atención a los supremos intereses de clase que consecuentemente representamos, iniciamos nuestra intervención en la Mesa de Diálogo, defendiendo la importancia de un proceso participativo, transparente, con la participación de otras voces representativas de la sociedad como la Defensoría de los Habitantes, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Iglesia Católica y la misma Organización Internacional del Trabajo.
A pesar de nuestros justificados planteamientos para que la Junta Directiva de la Caja brinde cuentas, rendición a la que constitucionalmente está obligada, en razón de las graves denuncias de orden financiero, moral y ético, no ha sido posible que la ciudadanía obtenga explicaciones satisfactorias a estos serios cuestionamientos y mucho menos a consultas realizadas durante las sesiones de trabajo. Si se quiere “ordenar la casa”, generar confianza, credibilidad y transparencia, estos requerimientos constituyen una premisa esencial, cuya negativa institucional ha constituido un obstáculo al eficiente desempeño de la Mesa.
La agresiva e incisiva reforma impulsada por el sector empresarial y sus adláteres en la Junta Directiva, que demanda el aumento de la edad a 70 años, disminuir las pensiones a sumas ridículas, aumentos descomunales de las contribuciones de los trabajadores, nuevos rebajos a los montos de las pensiones de los jubilados, entre otros despropósitos más, están basados en criterios políticos, en estudios plagados de subjetividades y deficiencias metodológicas elementales que no resisten la menor crítica.
Desde que se inició el accidentado proceso de diálogo, los sindicatos asumimos seriamente el compromiso y nos mantenemos en la Mesa, a diferencias de otros que convenientemente ven los toros desde la barrera, planteamos la necesidad de certificar o validar el estudio realizado por los académicos de la Universidad de Costa Rica. Lamentablemente, nos encontramos con la misma resistencia y opacidad persistente de las autoridades de la Caja, que han hecho hasta lo imposible por ocultar esta información.
A raíz de esta conducta reprochable de las autoridades de la Caja, la Mesa de Diálogo acordó solicitar dos notas técnicas a la Organización Internacional del Trabajo: una visión de la reforma de pensiones en Costa Rica y un análisis del estudio actuarial de la UCR, que por cierto este estudio ha sido el estandarte de campaña del jerarca de pensiones de la Caja y el sector empresarial, con el que han pretendido consumar la contrareforma de la seguridad social.
La OIT advirtió en la nota entregada y durante la presentación a la Mesa, graves deficiencias metodológicas en el estudio de la UCR, que desvirtúan totalmente sus resultados, viciado de graves gazapos, porque no diferenció entre cotizantes activos y pasivos, sobreestimó el número de cotizantes (1.204.116 más según la propia Caja) y en consecuencia, infló la cantidad de personas con derecho a pensión. Además, se sobreestimó la formalización del empleo y se cuestionó la fórmula de cálculo para el monto de la pensión: “es como si los salarios de Costa Rica, fueran trasladados para financiar pensiones de Noruega.” La Nota Técnica de OIT no dejó en dicho estudio piedra sobre piedra que no fuera derribada.
Cualquier intento de reforma, sin rendir de previo cuentas a los trabajadores de los fiascos financieros, desaciertos y abundantes cuestionamientos de la gestión, se convierte en un “acto de fe”, sin rigurosidad técnica y legitimidad social, que no existe la menor duda que se están anteponiendo los intereses mezquinos de un reducido sector sobre los intereses de la gran mayoría de nuestro pueblo trabajador.
Martha Elena Rodríguez González
Titular por BUSSCO en la Mesa de Diálogo de IVM
Secretaria General Adjunta UNDECA
