Elecciones y Seguro Social


CONTEXTO POLITICO SOCIAL

El modelo neoliberal le ha arrebatado a los más amplios sectores de la población desarrollo, igualdad y justicia social. A través de la apertura unilateral, desregulación económica y laboral, privatizaciones, modificaciones a las leyes, tratados de libre comercio y otros mecanismos, han transformado la salud, las telecomunicaciones, la educación, la producción agrícola, entre otros, en simples “mercancías”, reservadas exclusivamente para quienes tienen el dinero para comprarlas.

Este modelo es el que nos ha llevado a protagonizar innumerables episodios de lucha social en la búsqueda incansable de la justicia social y la igualdad de oportunidades.

En este contexto la salud pública tiene que ser factor transversal en el desarrollo social de nuestro país. La Caja Costarricense de Seguro Social es un destacado actor del sistema nacional de salud, institución autónoma, que constitucionalmente le compete el gobierno y administración de los seguros sociales (art. 73CP).

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE C.C.S.S.

Desde hace muchos años venimos denunciando los peligros que acechan al Seguro Social y el derecho a la salud, pero desafortunadamente, los diferentes gobernantes fueron sordos a nuestras justificadas preocupaciones.

Nuestro sistema de seguridad social se sustenta en los principios de universalidad, solidaridad y subsidiaridad. Este último principio compromete al Estado a contribuir con el financiamiento de la seguridad social y fue consagrado con la reforma que se hizo al artículo 177 de la Constitución Política.

Lamentablemente el Estado costarricense, en cabeza de los diferentes gobiernos de turno, hasta ahora, no ha sido un celoso cumplidor de este precepto constitucional, que le procura a la institución las rentas suficientes para cubrir sus necesidades actuales y futuras.

Los movimientos sociales, esperamos, por el contrario, el nuevo gobernante, marque un hito y que el Estado asuma fielmente las obligaciones que se derivan del mandato constitucional.

1.- DEUDA DEL ESTADO CON LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

A pesar de la reforma del artículo 177 constitucional, la historia de la deuda del Estado con la Caja sigue siendo la misma cada 4 años, Administración tras Administración.

La Caja no debería atravesar ninguna crisis financiera. La Constitución y las leyes son contundentes al ordenar al Estado financiar cualquier déficit que tenga la CCSS, pero el Gobierno no solo violenta la Constitución y las leyes, sino que tampoco paga a tiempo sus obligaciones como patrono y como asegurador de las personas que no pueden cotizar para la seguridad social.

La negativa reiterada del Poder Ejecutivo de cumplir con los pagos oportunos para garantizar la atención universal de toda la población y además, las crecientes responsabilidades asignadas a la CCSS en materia de salubridad pública, implica que las cuotas obrero patronales están subsidiando al Estado. Recordemos que el Estado llegó a contribuir hasta con un 3.25%, hoy solamente cotiza un 0.25% abandonando su responsabilidad en la atención de los servicios de salud.

Los gobiernos cotizan lo que quieren, pagan cuando quieren y como quieren. La atención se brinda hoy y años después se pagan, si es que lo hacen, y en los montos que impone el Ministerio de hacienda y hasta en títulos, por ejemplo, el último convenio de pago celebrado, no contempló la deuda correspondiente al traslado de los programas del Ministerio de Salud a la CCSS, que todavía no ha sido honrada. La deuda del estado es de casi 600 mil millones de colones. ¡Esto tiene que dar un giro radical!

Con todo respeto, pero con vehemencia, demandamos el compromiso político de que se normalice la situación de la deuda y se cancelen oportunamente las contribuciones que le corresponden al Estado, promoviendo reformas legales que castiguen a los jerarcas responsables, en igualdad de condiciones que los patronos privados.

2.- RECURSOS DE EMPRESASBLICAS POR ARTICULO 78 DE LPT

A 13 años de la Ley de Protección al Trabajador, todavía la CCSS no ha recibido los recursos previstos en el artículo 78 de esa Ley, que obliga a las empresas del Estado a contribuir en el fortalecimiento del Régimen de pensiones y universalizar la cobertura de los sectores no asalariados en situación de pobreza.
A raíz de la omisión y/o negativa de las autoridades del Poder Ejecutivo, la Caja Costarricense de Seguro Social ha dejado de percibir una suma cuantiosa que supera los 600 mil millones de colones.

Esperamos el compromiso de los candidatos para que, finalmente, esos recursos le sean trasladados al Seguro Social.

PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS

Los neoliberales instalados en la Caja tienen un plan sistemático y organizado para privatizar los servicios de salud, con ostentosos nombres como Modelos de Gestión, Redes de servicios de Salud, fortalecimiento del primer nivel, que pretenden engañar a la población y los trabajadores.

El supuesto “diálogo social”, impulsado por el gobierno, es solo una herramienta más en manos de los privatizadores para hacerle creer a las y los costarricenses que ese es el “modelo de Seguridad Social que los costarricenses decidieron tener”, porque su objetivo como lo indica el documento conocido por la Junta Directiva en abril de este año, es “…crear una red colaborativa de conversaciones entre los distintos actores y sectores sociales, en torno al proyecto de seguridad social que el país requiere…” cuando lo que quieren es una Caja recaudadora que compre servicios en maquilas sanitarias.

Siendo que la demanda es creciente, se disminuyen y deterioran los servicios, se han emitido directrices para obstaculiza el acceso a servicios especializados, regulaciones crecientes para limitar o coartar el otorgamiento de incapacidad en caso de enfermedad a la clase trabajadora costarricense (a pesar de que el descanso es parte del tratamiento en algunas patologías), se restringe la creación de plazas y las sustituciones de personal, congelan las vacantes, privaciones presupuestarias, equipos, infraestructura, medicamentos, recurso humano, nuevos protocolos de atención y nuevas modalidades de prestación de los servicios hospitalarios, todos como herramientas para “justificar” la privatización.

El mismo Gerente Financiero ha reiterado en varios grabaciones que se nos han facilitado, que la única obligación de la Caja es que se garanticen los servicios, pero no tiene que ser prestándolos la misma institución, sino que es más “eficiente” que sean prestados por sectores dedicados al lucro, de forma que el negocio de la enfermedad terminará matando la salud.

Por eso en el documento para el supuesto fortalecimiento de la gerencia médica se asumen varias recomendaciones de los “notables” elegidos por el gobierno empresarial de Chinchilla, entre los que destacan la recomendación 75 y 81, que traslada la atención primaria, las Áreas de Salud, al sector privado y que dispone la limitación de los servicios de salud, incluidos los medicamentos. Aunque no han podido demostrar los beneficios de entregar los EBAIS a entes dedicados a lucrar con la enfermedad, su objetivo es golpear la seguridad social, terminar con la institución, convertirla en una aseguradora- compradora de servicios.

Se crean nuevas gerencias, subgerencias, direcciones ¿será para colocar a nuevos amigos? Porque los puestos que se trasladan o eliminan son los de personas trabajadoras sin amigos poderosos.

Asimismo, según lo escrito se pretende un “Ajuste del sistema de pensiones de IVM…” modificando las regulaciones para el Comité de Vigilancia del IVM, que pasó de ser un mecanismo de participación ciudadana, de vigilancia de los trabajadores, a convertirse en un ente al servicio de opacos intereses.

Cuando otros países luchan por el acceso a los servicios e índices de salud de Costa Rica, en la Caja los neoliberales, entregan los recursos de la seguridad social a manos de los grandes empresarios.

Ese es el principal compromiso que esperamos, el cometido de revertir el proceso privatizador y fortalecer el Seguro Social como institución prestadora de los servicios públicos de salud.

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS Y LAS TRABAJADORAS

Existe en nuestro país una plutocracia que, auspiciada por organismos internacionales, en connivencia con determinados sectores empresariales, impulsan el desmantelamiento de las instituciones públicas, con el propósito de convertir los servicios que prestan en actividades lucrativas. Sería ingenuo no admitir que detrás de la “crisis de la CCSS”, existe una estrategia para transformar la atención de la salud en un jugoso negocio.

Para enmascarar ésta deliberada crisis y que el mercado privado de la enfermedad tenga posibilidades de lucro, hay que desprestigiar y debilitar al público. Un mecanismo es responsabilizar de las deficiencias a los y las trabajadoras de la institución, obviando los problemas políticos que son su causa principal. Algo totalmente injusto y que deliberadamente la clase político-empresarial ha publicitado para confundir la población y favorecer el desmantelamiento de la institución.

Porque hay que decirlo, con todas las mayúsculas, a pesar de todas las tramas de corrupción política, de todas las demás dificultades, las y los trabajadores del Seguro Social, laboran con gran abnegación. En la Caja todos los días suceden cosas sublimes, se salvan vidas y se alivian las dolencias, sin distinción de posiciones sociales.

No es cierto, como se repite insistentemente con mala intención, que las amenazas que se ciernen sobre la Caja sean las demandas de los empleados y el excesivo poder de sus organizaciones.

Por eso, es necesario conocer el pensamiento de los candidatos, el compromiso con la clase trabajadora, de forma que se evite el irrespeto a los derechos y condiciones de trabajo puntualizados en el Informe de Estado de la Nación 2013, de forma que se garantice condiciones laborales y calidad de vida para la clase trabajadora.

AUTONOMÍA, PRESIDENCIA EJECUTIVA Y OTRAS JERARQUÍAS

Lo primero que se debe comprender es que la gestión política de la Caja, está dirigida por el Poder Ejecutivo. El Gobierno nombra la Presidencia Ejecutiva, y a través de ella, a todos los gerentes, los mandos medios y regionales. De tal manera que si la gestión no ha funcionado, es responsabilidad propia de Casa Presidencial, de este y los anteriores Gobiernos.

Es así como los diferentes Presidentes Ejecutivos, sirviendo a las demandas coyunturales de la Casa Presidencial, han puesto en segundo lugar los intereses de salud de la población. Conocidos de sobra son los actos de corrupción, negligencia y sometimiento a las esferas del poder político que han golpeado y siguen golpeando a la CCSS, mediante la acción u omisión de su Presidencia Ejecutiva.

La primera condición, absolutamente necesaria, para empezar a resolver los problemas de la CCSS es que se le devuelva la autonomía que le otorga la Constitución política y se elimine la figura de la presidencia ejecutiva, asimismo democratizar los nombramientos de las jerarquías.

MEJORAMIENTO, EFICIENCIA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

Los servicios que brinda la CCSS siempre pueden ser mejorados, pero las soluciones no están ni en las altas esferas, ni en la cabeza de ningún genio.

Como trabajadores y trabajadoras de la salud, tenemos propuestas en materia de políticas públicas, en financiamiento, mejoramiento de los servicios, para acercar los servicios a las comunidades y sus familias, en relación con las aseguradoras comerciales y la protección de riesgos laborales y de tránsito, en materia de sostenibilidad de las pensiones y el fortalecimiento de la participación ciudadana a través de las Juntas de Salud, que expondremos al candidato que esté comprometido con el fortalecimiento de nuestro extraordinario sistema nacional de salud basado en su carácter universal, público y solidario.

En el caso de las condiciones de salud y la calidad de vida de los adultos mayores, sector totalmente abandonado por los gobiernos de turno y las autoridades institucionales, es necesario generar políticas que les integren efectivamente a la vida ciudadana.

No nos engañamos, sabemos que el horizonte es de lucha, de una lucha tenaz por la defensa de la democracia, de la libertad y de la justicia social, El compromiso nuestro es la lucha, sin cuartel ni desanimo, por la defensa de un modelo exitoso, del Seguro Social como lo concibieron las anteriores generaciones.

San José, 10 diciembre 2013

MOVIMIENTOS SINDICAL Y SOCIAL
UNDECA

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San José, 31 dic (elpais.cr)– El Benemérito de la Patria, Héroe Nacional y Libertador de Costa Rica, Don Juan Rafael Mora Porras, nació en San José el 8 de febrero de 1814. Sus padres fueron Camilo Mora Alvarado y Benita Porras Ulloa. Desempeñó la Presidencia de la República en dos ocasiones.

La primera administración fue en 1849 y durante esa administración construyó la Fábrica de Licores, la Universidad de Santo Tomás y el Palacio Nacional, que por años fue la sede del cuerpo legislativo. Durante su administración, el ingeniero Nicolás Gallegos levantó el primer plano de la ciudad de San José.

También logró el establecimiento de la primera diócesis de Costa Rica el 1° de mayo de 1850, una vez que España reconoce nuestra independencia.

En 1853 fue reelecto Presidente. Mejoró el camino de Cartago a Puntarenas, vía que contribuyó a acelerar el desarrollo económico del país. Se vio obligado a afrontar la Guerra de 1856, conocida como la Campaña Nacional contra los filibusteros norteamericanos, para expulsar al invasor William Walker del territorio centroamericano. El Ejército Nacional, encabezado por don Juan Rafael, resultó vencedor.

Después de la victoria, el cólera atacó al país y mató 10.000 personas, casi la décima parte de la población costarricense de esa época. Ratificó el tratado Cañas-Jerez, el 15 de abril de 1858, en el que se fijaron los límites entre Costa Rica y Nicaragua.

A principios de 1859 fue reelecto para un tercer período, pero el 14 de agosto de ese año fue derrocado por los cuarteles de San José, dirigidos por la oligarquía, quienes lo obligaron a dejar el poder y lo expulsaron del país.

Se refugió en El Salvador, donde con sus amigos y compañeros de armas decidió regresar a Costa Rica para recuperar el poder. Desembarcó y tomó el puerto de Puntarenas. En medio de sangrientos combates contra las fuerzas de gobierno de José María Montealegre, fue apresado y se le fusiló el 30 de setiembre de 1860 en Puntarenas.

La historia recuerda a Don Juanito (como se le llama cariñosamente desde su primera Presidencia) por su heroico combate contra los filibusteros partidarios de la esclavitud, logrando la victoria para Costa Rica y Centroamérica.

Fue declarado Benemérito de la Patria el 25 de junio de 1850.

Don Juanito fue declarado Libertador y Héroe Nacional, por la Asamblea Legislativa el 16 de setiembre de 2010.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó por unanimidad, en setiembre anterior, la Declaración del Año 2014 como Bicentenario del Libertador Juan Rafael Mora Porras.

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Dos proclamas de Don Juanito para enfrentar a los filibusteros:
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Primera proclama de Juan Rafael Mora Porras:

El Presidente de la República de Costa Rica, a todos sus habitantes:

_Costarricenses:

La paz, esa paz venturosa que, unida a vuestra laboriosa perseverancia, ha aumentado tanto nuestro crédito, riqueza y felicidad, está pérfidamente amenazada.

Una gavilla de advenedizos, escoria de todos los pueblos, condenados por la justicia de la Unión americana, no encontrando ya donde hoy están con qué saciar su voracidad, proyectan invadir a Costa Rica para buscar en nuestras esposas e hijas, en nuestras casas y haciendas, goces a sus feroces pasiones, alimento a su desenfrenada codicia.

¿Necesitaré pintaros los terribles males que de aguardar fríamente tan bárbara invasión pueden resultaros?

No; vosotros los comprendéis; vosotros sabéis bien qué puede esperarse de esa horda de aventureros apóstatas de su patria; vosotros conocéis vuestro deber.

¡Alerta pues costarricenses! No interrumpáis vuestras nobles faenas, pero preparad vuestras armas. Yo velo por vosotros, bien convencido de que en el instante del peligro, apenas retumbe el primer cañonazo de alarma, todos, todos os reuniréis en torno mío bajo nuestro libre pabellón nacional.

Aquí no encontrarán jamás los invasores, partido, espías ni traidores. ¡Hay del nacional o extranjero que intentare seducir la inocencia, fomentar discordias o vendernos! Aquí no encontrarán más que hermanos, verdaderos hermanos resueltos irrevocablemente a defender la patria como a la santa madre de todo cuanto aman y a exterminar hasta el último de sus enemigos.

Juan Rafael Mora.

“San José, noviembre 20 de 1855”._
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Segunda Proclama del Presidente Juan Rafael Mora Porras

_COMPATRIOTAS:

¡A las armas! Ha llegado el momento que os anuncié. Marchemos a Nicaragua a destruir esa Falange impía que la ha reducido a la más oprobiosa esclavitud. Marchemos a combatir por la libertad de nuestros hermanos.

Ellos os llaman, ellos os esperan para alzarse contra sus tiranos. Su causa es nuestra causa. Los que hoy los vilipendian, roban y asesinan, nos desafían audazmente e intentan arrojar sobre nosotros las mismas ensangrentadas cadenas. Corramos a romper las de nuestros hermanos y a exterminar hasta el último de sus verdugos. No vamos a lidiar por un pedazo de tierra: no por adquirir efímeros poderes; no por alcanzar misérrimas conquistas, ni mucho menos por sacrílegos partidos. No, vamos a luchar por redimir a nuestros hermanos de la más inicua tiranía: vamos a ayudarlos en la obra fecunda de su regeneración, vamos a decirles: Hermanos de Nicaragua, levantaos: aniquilad a vuestros opresores. Aquí venimos a pelear a vuestro lado por vuestra libertad, por vuestra patria. Unión, nicaragüenses, unión. Inmolad para siempre vuestros enconos; no más partidos, no más discordias fratricidas. Paz, justicia y libertad para todos. Guerra sólo a los filibusteros.

A la lid pues, costarricenses. Yo marcho al frente del ejército nacional. Yo que me regocijo al ver hoy vuestro noble entusiasmo, que me enorgullezco al llamaros mis hijos, quiero compartir siempre con vosotros el peligro y la gloria. Vuestras madres, esposas, hermanos e hijos os animan. Sus patrióticas virtudes os harán invencibles. Al pelear por la salvación de vuestros hermanos, combatiremos también por ellos, por su honor, por su existencia, por nuestra patria idolatrada y la independencia hispanoamericana.

Todos los leales hijos de Guatemala, El Salvador y Honduras, marchan sobre esa horda de bandidos. Nuestra causa es santa, el triunfo es seguro. Dios nos dará la victoria y con ella la paz, la concordia, la libertad y la unión de la gran familia centroamericana.

Juan R. Mora. -San José, marzo 1° de 1856._

Debate electoral sobre CCSS


Con la presencia de cientos de personas se realizó el Debate con los candidatos a la Presidencia de la República sobre el tema “Situación actual y futura de la Caja Costarricense de Seguro Social”.

Los partidos invitados al debate respondieron de diversas formas. Frente Amplio, Patria Nueva y Unidad Socialcristiana respondieron con sus candidatos a la Presidencia José María Villalta, José Miguel Corrales y Rodolfo Piza Rocafort respectivamente. Liberación Nacional fue representado por Walter Coto Molina y Acción Ciudadana con Helio Fallas, el único que no quizo dar la cara, ni siquiera con un representante, fue el Movimiento Libertario.

La motivación del importante evento la realizó Luis Chavarría Vega, Secretario General de UNDECA, en donde reafirmó el interés del debate “por primera vez en la historia y de cara a la clase trabajadora de la Caja y la ciudadanía, sobre un tema vital para el pueblo costarricense, la salud pública. Nuestro interés y el de los que nos acompañan, es que tanto trabajadores y trabajadoras de la institución, como la ciudadanía en general, escuche de su propia voz las propuestas de cómo van a resolver la situación de la Caja y salud pública de llegar a la Presidencia de la República. Agradecemos a los candidatos que sí vinieron a dar la cara, que sí decidieron presentarse ante la clase trabajadora y la ciudadanía, quienes no vinieron probablemente no tienen nada que decir al respecto y/o no tienen propuestas claras”.

El debate inició con una presentación de “Propuestas para defender y fortalecer el Seguro Social” que realizó Martha Rodríguez González, Secretaria General Adjunta de UNDECA.

En esta presentación tocó temas fundamentales para el fortalecimiento de la Caja y entre estos mencionó que “El modelo neoliberal le ha arrebatado a los más amplios sectores de la población desarrollo, igualdad y justicia social. A través de la apertura unilateral, desregulación económica y laboral, privatizaciones, modificaciones a las leyes, tratados de libre comercio y otros mecanismos, han transformado la salud, las telecomunicaciones, la educación, la producción agrícola, entre otros, en simples “mercancías”, reservadas exclusivamente para quienes tienen el dinero para comprarlas. Este modelo es el que nos ha llevado a protagonizar innumerables episodios de lucha social en la búsqueda incansable de la justicia social y la igualdad de oportunidades. En este contexto la salud pública tiene que ser factor transversal en el desarrollo social de nuestro país. La Caja Costarricense de Seguro Social es un destacado actor del sistema nacional de salud, institución autónoma, que constitucionalmente le compete el gobierno y administración de los seguros sociales”.

Entre los principales aspectos que afectan a la institución mencionó la sostenibilidad financiera, la deuda del Estado y el gran empresariado, los recursos de empresas públicas que deberían girarse a la Caja de acuerdo al articulo 78 de la Ley de Protección al Trabajador, entre otros. Además recalcó la grave situación que provocará al pueblo costarricense la privatización de servicios y más recientemente de centros de salud primaria (Ebais) para ser entregados a una empresa privada con intereses transnacionales.

Por último mencionó las propuestas concretas para resolver y fortalecer la situación de la Caja que entregarán a los candidatos a la Presidencia que tengan interés y que toca temas como el mejoramiento de las condiciones laborales de los y las trabajadoras, autonomía de la CCSS, presidencia ejecutiva y otras jerarquías, finalmente propuestas de mejoramiento, eficiencia y calidad de los servicios que se brindan al pueblo costarricense.

El debate concluyó con preguntas del auditorio, momento en el cual tanto trabajadores y trabajadoras de la Caja como ciudadanía, realizaron preguntas a los candidatos a la Presidencia de la República y a los representantes de los partidos cuyos candidatos no asistieron.

CST: Nueva etapa, nuevas luchas


El Consejo Superior de Trabajo estuvo ausente durante muchos años de la problemática laboral por diversos temas, entre ellos, por falta de decisión política de los gobernantes y empresarios en momentos en que se discutía el Tratado de Libre Comercios con los Estados Unidos y porteriormente por los miles despidos y cierre de fábricas bajo el pretexto de la crisis económica mundial.

En el primer año de gobierno de Laura Chinchilla Miranda, en el marco de un Encuentro de Ministros y Ministras de Trabajo de Centroamércia y República Dominicana, se revivió el Consejo Superior de Trabajo mediante un decreto firmado entre la Presidencia de la República y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, MTSS, con el que se busca que dicho órgano sea más activo, participativo y que genere propuestas y respuestas.

En agosto de 2010 Sandra Piszk, ministra de Trabajo de entónces, dijo que la reactivación del CST es para que reasuma su papel en la definición de política laboral del país y aseguró que “constituye una apuesta estratégica a la democracia participativa y entre las reformas que tendrá la instancia es que no se requerirá de consensos para la aprobación de proyectos e iniciativas en el plano laboral.”

El CST es un órgano tripartito, compuesto por representantes del gobierno, patronos y trabajadores, con el objetivo de definir e implementar medidas para el mejoramiento y defensa de derechos y establecimiento de responsabilidades del sector laboral y patronal.

A poco más de seis meses para que concluya el presente gobierno, se da la juramentación de los nuevos representantes en donde destaca la presencia de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, en la designación de Martha Rodríguez González, Secretaria General Adjunta.

Martha Rodríguez ve con optimismo lo que el sector sindical, que representa a la clase trabajadora, pueda lograr en el CST, “es una instacia importante de diálogo social, en el cual podríamos avanzar en el tema de trabajo decente, el tema cada vez más grave del desempleo, sobre todo por la gran cantidad de jovenes sin empleo y sin estudios, las mujeres, y esperamos avanzar también en temas de interés para la clase trabajadora costarricense como son sus derechos fundamentales. Son muchos los retos que enfrentaremos pero en la mesa del Consejo, por nuestra parte y creemos que de parte de los demás representantes sindicales también, va a prevalecer el trabajo honesto, transparente y de cara a toda la clase trabajadora de nuestro país, nada a sus espaldas o con negociaciones por “debajo de la mesa”“

Por su parte Laura Chinchilla Miranda, Presidenta liberacionista, dijo que “espero que ahora sí funcione bien este nuevo CST, aunque ya no podré verlo y será el nuevo gobierno el que vea los frutos de su trabajo”.

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Fotos: UNDECA

Jerarquía despilfarra millones


Los servicios de salud que prestan los Ebais del Convenio UCR-CCSS en el Proyecto PAIS, lejos de ser una simple desavenencia entre ambas instituciones lo que se busca es continuar con la política liberacionista de entregar servicios de salud al negocio de la medicina privada.

El motivo en la “razonabilidad del precio” es espuria ya que según datos de la misma CCSS, en el 2011 se le pagó a cinco empresas privadas, para atender a una población de 550.192, la suma de ¢23.500 millones, un promedio de ¢42.712 por persona atendida, mientras a la Universidad de Costa Rica por atender a 192.438 usuarios se le pagó ¢5.914 millones para ¢30.731 por paciente.

Ante el despilfarro de miles de millones en compras de servicios privados, la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, encontraron serias anomalías. El Informe Global de la Corrupción 2006, para el caso de Costa Rica, denunció “una red caótica de canales a través de los cuales fluían millones de colones, inflando las cuentas de empresas farmacéuticas privadas a costas de la CCSS y, en definitiva, del contribuyente. (…) Las investigaciones presentaron muchos ejemplos de sobre-precios en servicios médicos contratados a proveedores privados… Por ejemplo, la CCSS pagó a una fundación privada cerca de un millón de dólares en el año 2000 por unas 9.600 intervenciones quirúrgicas menores, 37.000 consultas a oculistas y otorrinos y 322 vitrectomías, a un costo por intervención de entre 40% y 140% más alto que el costo del tratamiento en una de las clínicas de la CCSS.”

Según denuncia presentada por un proveedor ante el Auditor General, por la contratación de Servicios Médicos en el Primer Nivel de Atención en las Áreas de Salud de San Juan, San Diego, Concepción de Cartago, Curridabat y Montes de Oca: “La oferta es ruinosa y pone en riesgo la calidad y continuidad de los servicios en esas comunidades, hay incumplimiento con varios puntos del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, inventaron metodología para favorecer a UNIBE a pesar de las omisiones graves en su oferta. La CCSS consideró el precio razonable de UNIBE, obviando y otorgando todo el puntaje, a pesar de que no cumplió con puntos obligatorios: el Equipo para la prestación de los servicios, el Recurso Humano necesario (plazas obligatorias), no contempla pago de servicios públicos, seguros obligatorios, mantenimiento, incumple con los salarios mínimos, y no contempla las reservas legales para aguinaldo, cesantía, preaviso, ni sustituciones por vacaciones, licencias, etc,”

¡Costarricenses, defendamos la Caja, no a la impunidad y la corrupción politiquera!

Sudáfrica se desmarca

NUEVA YORK – Una vez más los noticieros hablan de los acuerdos internacionales de inversión. Los Estados Unidos están tratando de imponer un fuerte pacto de inversión dentro de los dos grandes acuerdos que se denominan “acuerdos de asociación”, uno trasatlántico y otro transpacífico, que en la actualidad se encuentra en etapa de negociación. Sin embargo, existe una creciente oposición a tales negociaciones.

Sudáfrica ha decidido detener la renovación automática de los acuerdos de inversión que se firmaron a principios del período postapartheid, y ha anunciado que rescindirá algunos de ellos. Ecuador y Venezuela ya rescindieron los suyos. India dice que va a firmar un acuerdo de inversión con los EE. UU. únicamente si se cambia el mecanismo de resolución de controversias. Por su parte, Brasil nunca ha firmado ningún acuerdo.

Hay buenas razones para esta resistencia. Incluso en los EE.UU., los sindicatos de trabajadores y las organizaciones medioambientales, de salud, desarrollo y otras organizaciones no gubernamentales se han opuesto a los acuerdos propuestos por los EE. UU.

Los acuerdos podrían inhibir significativamente la capacidad de los Gobiernos de los países en desarrollo para proteger a su medioambiente de las empresas mineras, a sus ciudadanos de las empresas tabacaleras que, teniendo conocimiento, proveen un producto que causa muerte y enfermedad, y a sus economías de los productos financieros catastróficos, que jugaron un papel tan preponderante en la crisis financiera mundial del año 2008. Estos acuerdos restringen a los Gobiernos, incluso en lo que se refiere a establecer controles temporales para los desestabilizadores flujos de capital de corto plazo, que frecuentemente han causado estragos en los mercados financieros y han impulsado las crisis en países en desarrollo. En efecto, los acuerdos se han utilizado para cuestionar las acciones de los Gobiernos, que van desde la reestructuración de la deuda a la discriminación positiva.

Los defensores de este tipo de acuerdos aseveran que son necesarios para proteger los derechos de propiedad. Sin embargo, países como Sudáfrica ya tienen fuertes garantías constitucionales para los derechos de propiedad. No hay ninguna razón para que los bienes de propiedad extranjera estén mejor protegidos que los bienes de propiedad de los propios ciudadanos de un país.

Es más, si las garantías constitucionales no son suficientes para convencer a los inversores del compromiso que asume Sudáfrica con relación a la protección de los derechos de propiedad, los extranjeros pueden contratar un seguro de expropiación suministrado por el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (una división del Banco Mundial) o por numerosas organizaciones nacionales que suministran dicho seguro. Los estadounidenses, por ejemplo, pueden comprar un seguro de la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero.

Sin embargo, de todos modos, aquellos que apoyan los acuerdos de inversión no están realmente preocupados por la protección de los derechos de propiedad. El verdadero objetivo es restringir la capacidad que tienen los Gobiernos para imponer regulaciones e impuestos a las corporaciones, es decir, el verdadero objetivo no es solamente defender los derechos, sino que es restringir la capacidad que tienen los Gobiernos para imponer responsabilidades. Las corporaciones están tratando de alcanzar de manera subrepticia – a través de los acuerdos comerciales negociados en secreto – lo que no pudieron lograr en un proceso político abierto.

Incluso, la idea de que estos acuerdos tienen el objetivo de proteger a las empresas extranjeras es un ardid: las empresas con sede en el país A puede establecer una filial en el país B para llevar a cabo una demanda judicial contra el Gobierno del país A. Los tribunales norteamericanos, por ejemplo, sistemáticamente han dictado sentencias que indican que las corporaciones no deben ser compensadas por la pérdida de ganancias provenientes por un cambio en las regulaciones (mediante expropiación denominada “expropiación regulatoria”); sin embargo, dentro del marco de un acuerdo de inversión típico, ¡una empresa extranjera (o una empresa estadounidense, que opera a través de una filial extranjera) puede exigir una indemnización!

Peor aún: los acuerdos de inversión permiten a las empresas demandar judicialmente a los Gobiernos por cambios regulatorios perfectamente razonables y justos: por ejemplo, en casos en los que las ganancias de una empresa de cigarrillos se vieran reducidas debido a una regulación que restringe el uso del tabaco. En Sudáfrica, una empresa podría demandar si se considera que sus ganancias netas podrían verse perjudicadas por los programas diseñados para abordar los remanentes del racismo oficial.

Existe una presunción de larga data sobre la “inmunidad soberana”: los Estados pueden ser demandados judicialmente únicamente bajo circunstancias limitadas. Sin embargo, los acuerdos de inversión, como los respaldados por los Estados Unidos, exigen que los países en desarrollo renuncien a esta presunción y permitan que se dicten sentencias en juicios, aplicando procedimientos que se encuentran muy por debajo de los que se espera que se apliquen en las democracias del siglo 21. Tales procedimientos han demostrado ser arbitrarios y caprichosos, y no proporcionan una forma sistémica para conciliar resoluciones incompatibles emitidas por diferentes foros. Mientras que los defensores argumentan que los tratados de inversión reducen la incertidumbre, las ambigüedades e interpretaciones contradictorias de las disposiciones de dichos tratados han incrementado la incertidumbre.

Los países que han firmado este tipo de acuerdos de inversión han pagado un precio muy alto. Varios de ellos han sido objeto de demandas judiciales de gran magnitud, y han tenido que realizar pagos enormes. Inclusive, se han visto demandas judiciales que exigían que los países cumplan con contratos firmados por Gobiernos anteriores, no democráticos y corruptos, aun cuando el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones multilaterales habían recomendado la abrogación de dichos contratos.

Inclusive en los casos en que los Gobiernos de los países en desarrollo salen victoriosos de las demandas judiciales (demandas que han proliferado considerablemente en los últimos 15 años), los costos de los litigios son enormes. El efecto (deseado) es enfriar los esfuerzos legítimos que realizan los Gobiernos por proteger y hacer progresar los intereses de sus ciudadanos al imponer regulaciones, impuestos y otras responsabilidades a las corporaciones.

Además, para los países en desarrollo que fueron lo suficientemente tontos como para firmar tales acuerdos, la evidencia es que los beneficios provenientes de los mismos, si los hubo, fueron muy escasos. Según un estudio realizado por Sudáfrica, se determinó que este país no había recibido inversiones de importancia de los países con los que había firmado acuerdos, pero que sí había recibido inversiones de importancia de aquellos países con los que no tenía acuerdos firmados.

No es de extrañar que Sudáfrica, después de un estudio cuidadoso de los tratados de inversión, haya decidido que, como mínimo, dichos acuerdos deberían ser renegociados. Hacer esto no es un acto en contra de las inversiones, es un acto a favor del desarrollo. Y es un acto esencial, si es que el Gobierno de Sudáfrica desea aplicar políticas que satisfagan de la mejor manera las necesidades de sus ciudadanos y de la economía del país.

En efecto, al esclarecer mediante la legislación nacional cuáles son los tipos de protección que se ofrecen a los inversores, Sudáfrica está demostrando una vez más – como ya lo ha venido haciendo en varias ocasiones desde la aprobación de su nueva Constitución en el año 1996 – el compromiso que tiene con el Estado de derecho. Los propios acuerdos de inversión se constituyen en las más serias amenazas al proceso de toma de decisiones democráticas.

Se debería felicitar a Sudáfrica. Se espera que otros países sigan su ejemplo.

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Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, se desempeña como catedrático en la Universidad de Columbia. © Project Syndicate.