Diputados FA y PAC reciben Proyecto Ley


Con el objetivo de dar a conocer su posición con respecto a la crítica situación por la que atraviesa la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, representantes de organizaciones sociales y sindicales se reunieron este viernes 28 de marzo de 2014, en las instalaciones de la Asociación Nacional de Educadores, ANDE, con diputados electos del Frente Amplio y de Acción Ciudadana.

En esta reunión se plantearon no solo los problemas que día a día vive la benemérita institución, una de las más importantes para el pueblo de Costa Rica, sino que además se plantearon propuestas concretas.

Estas propuestas van en dos vías. Primero la forma como las organizaciones sociales y sindicales quieren relacionarse tanto con diputados del Frente Amplio, como con los del Partidos Acción Ciudadana, PAC, con el fin de defender a la CCSS de las garras de la corrupción y la forma como los y las diputadas esperan que se dé esa relación.

Segundo hacieron formal propuesta de un Proyecto de Ley para lograr que las garras politiqueras de los corruptos sigan destruyendo y privatizando la salud pública.

“Los problemas de la CCSS tiene un trasfondo político y estructural, en el que la toma de decisiones ha ido en función de la destrucción de la Caja y en el ataque sistemático contra los trabajadores y trabajadoras y sus derechos laborales. Se debe investigar profundamente todo lo actuado por la anterior y la actual administración de la Caja”, dijo Luis Chavarría Vega, Secretario General de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA.

El documento fue bien acogido por los y las dipuatadas del Frente Amplio, lo analizarán y agregarán, junto a las organizaciones sindicales y sociales, aquellos aspectos que le den mayores posibilidades de que sea aprobado en la Asamblea Legislativa.

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PROYECTO DE LEY

Proyecto de Ley Para Rescatar a la CCSS de Manos de la Politiquería

Breve exposición de motivos:

Los problemas de la CCSS son muchos y de diferente índole sin embargo se puede afirmar que todos ellos presentan un denominador común: La intromisión politiquera. Con flagrante violación del artículo 73 de la Constitución Política que establece un régimen de autonomía para la CCSS en materia de gobierno y de administración, el Artículo 6 de su Ley Constitutiva establece la figura de la presidencia ejecutiva de nombramiento libre por parte del Consejo de Gobierno y lo define como el máximo funcionario con responsabilidades superiores no solo en materia de política sino también en materia administrativa.

Los gerentes institucionales solo pueden ser nombrados por la Junta Directiva, si sus nombres son propuestos por la presidencia ejecutiva. Por otra parte la presidencia ejecutiva suscribe acuerdos que comprometen a la Institución sin someterles a aprobación de la Junta Directiva.

Tal intromisión ha destruido la carrera administrativa. Los funcionarios a todos los niveles son nombrados mediante decisiones políticas, lo cual ha creado un clima laboral de absoluta desmotivación agravando los de por sí difíciles problemas administrativos, técnicos y financieros.

La usurpación de la autonomía va de la mano con los intereses evidentes por privatizar los servicios de la C.C.S.S., con consecuencias funestas para la mayoría de la población, sobre todo con los sectores de menores recursos económicos.

Entretenerse en medidas de carácter administrativo para “salvar a la C.C.S.S.”, como quizás con buena intención proponen algunos sectores, o responsabilizar a los profesionales de la salud, o en general a los trabajadores de la institución de los problemas que se agudizan, no sólo conlleva distraer la atención de la ciudadanía, sino servirle a los intereses politiqueros y a aquellos interesados en la privatización de los servicios de salud. La causa primaria de los principales problemas nacionales se encuentra en la política y es obvio que la C.C.S.S. no es una excepción.

Todo lo contrario es la frontera del proyecto de destrucción del estado social de derecho que representa un botín de varios miles de billones.
El presente proyecto busca resolver la causa principal de los problemas de la C.C.S.S. y establecer las condiciones necesarias para empezar a hacer frente a los aspectos administrativos, técnicos y financieros atendiendo los altos intereses nacionales y no los de reducidos grupos mercantiles.

Es un proyecto simple que propone eliminar la presidencia ejecutiva y establecer el nombramiento de gerencias estables, profesionales e independientes de los vaivenes políticos. Desde luego que ninguna solución será suficiente si los trabajadores no nos organizamos para defender en todos sus extremos a la C.C.S.S., pero el paso de rescatar su autonomía es fundamental.

Artículo 1. Se elimina la figura de la Presidencia Ejecutiva
Se modifica el Artículo 6 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, para que diga:

“La Caja será dirigida por una Junta Directiva, integrada en la siguiente forma: Nueve personas de máxima honorabilidad, que serán nombradas así:
a) tres representantes del Estado, de libre nombramiento del Consejo de Gobierno quienes no podrán ser Ministros de Estado, ni sus delegados.
b) Tres representantes del sector patronal.
c) Tres representantes del sector laboral.
De su seno la Junta Directiva nombrará un Presidente que ejercerá sus funciones por un año y podrá ser reelecto. Las funciones del Presidente se limitan a coordinar las sesiones de la Junta Directiva, y representar a la Institución en aquellos actos en que así se acuerde. La elección del presidente de la Junta Directiva requiere una votación calificada no menor de siete votos del total de los directivos.

Lo demás igual.

Artículo 2. Creación de la Gerencia General:
_Se modifica la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social en su Artículo 15, para que diga: _

La Junta Directiva nombrará mediante concurso público, un Gerente General y tres Subgerentes: uno administrativo, uno médico y otro financiero, quienes tendrán a su cargo la administración en sus respectivos campos de competencia, la cual será determinada por la Junta Directiva.
La votación para elegir el Gerente General o los Subgerentes requerirá una votación calificada de al menos siete votos del total de los directivos. Durarán seis años en sus cargos y podrán ser reelegidos indefinidamente. Serán inamovibles durante el período de su cometido, salvo que, a juicio de la Junta Directiva, no cumplan con sus funciones o que se declare contra ellos alguna responsabilidad legal de índole penal, civil o administrativa. Para ocupar el cargo de gerente o de subgerente es necesario reunir los requisitos profesionales que le acrediten para desempeñar las respectivas responsabilidades.

El gerente y los subgerentes estarán sujetos a las mismas restricciones y prohibiciones de los miembros de la Junta Directiva, lo mismo que a sus casos de cesación en el desempeño de sus cargos.

Lo demás igual.

Artículo 3. En todos aquellos otros artículos donde la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social otorgue facultades a la Presidencia Ejecutiva, figura que mediante la presente ley se deroga, tales facultades se considerarán propias del Gerente General.

Transitorio único:
En un plazo no mayor de seis meses luego de su nombramiento, el Gerente General deberá presentar a la Junta Directiva un plan de desarrollo institucional basado en las necesidades de salud de la población, que defina las necesidades de recursos humanos, técnicos, de infraestructura y financieros. La Junta Directiva someterá tal plan al conocimiento de los diversos sectores sociales y políticos para recibir observaciones y lo deberá aprobar en un plazo no mayor de seis meses a la fecha de presentación por parte de la Gerencia General.

Rige a partir de su publicación.

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FRENTE NACIONAL POR LA SEGURIDAD SOCIAL
Marzo, 2014

¡IMPONENTE!


¡DIGNIDAD, RESPETO Y LIBERTAD!, parte de las consignas de miles y miles de trabajadores y trabajadoras de la Caja se manifestaron este jueves 20 de marzo junto a trabajadores de diversas organizaciones sindicales y sociales en todo el país.

En todas las provincias se realizaron acciones de protesta contra la corrupción que carcome la democracia costarricense desde las altas esferas del poder político y económico que con la imposición del modelo neoliberal destruye instituciones fundamentales para el desarrollo, la salud y la educación.

Guanacaste, Limón, Puntarenas, San Carlos, Heredia, Alajuela, San José, se llenaron de trabajadores y trabajadoras, de ciudadanía que exije respeto y lucha con dignidad.

En San José la marcha de UNDECA salió del Parque Braulio Carrillo (La Merced), recorriendo la Avenida “Juanito” Mora Porras (Av. Segunda), llegando al Parque Central en donde se encontraron con los y las trabajadoras de APSE y de ahí hasta la Fuente de la Hispanidad para toparse con ANDE, UNT, SITECO, entre muchas otras organizaciones sindicales y grupos sociales como el Comité Pro Defensa de la Caja y la Seguridad Social.

Llegando a Casa Presidencial la multitud se encontró con dos situaciones. Primero una barricada militar que impedía ingresar frente a la casa de gobierno, barricada que fué derribada por la multitud que exigía su derecho a manifestarse libre y pacíficamente. Aunque se quitaron las barandas de metal, se hizo con respeto a los funcionarios de seguridad pública pero con vehemencia.

La segunda situación fué que se encontraron con que la presidenta de la República le había dado asueto al todo el personal de Casa Presidencial, ella incluída porsupuesto.

Eso no solo no desanimó a los manifestantes, al contrario, encendió más los ánimos y desde ya se promete otra gran acción de “despedida” de la presidenta Chinchilla.

¡Sobran los motivos para movilizarse!

Luego de 30 años de neoliberalismo impuesto por los partidos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana en complicidad con el Movimiento Libertario y los partidos pseudo cristianos tenemos un país con mayor pobreza (1 millón de costarricenses) y desempleo (10%, unos 400 mil costarricenses sin trabajo). Somos el país de América Latina en el que ha crecido más la desigualdad social, se ha incrementado más la corrupción y la impunidad: Carretera San Ramón, trocha fronteriza, la pletina, ruta 27, Crucitas y otros. Han desmantelado nuestro Estado Social solidario y entregado a intereses privados internacionales nuestra infraestructura pública estratégica más rentable (Puertos, Carreteras, Aeropuertos).

Vamos a huelga porque nos oponemos a esa agenda; porque el país necesita con urgencia un cambio de rumbo y porque demandamos al gobierno actual y al entrante, el cumplimiento de lo siguiente:

– Revisar el paupérrimo e indigno ajuste salarial del 0.43% y establecer un aumento salarial acorde con el costo de vida actual. – Negociar y consensuar una nueva fórmula para el cálculo del reajuste salarial. – Fortalecer la CCSS, la salud pública, régimen de pensiones y detener su desmantelamiento. – Revisar el contrato de Concesión de la APM Terminals y anular la cláusula 9.1 que crea un monopolio en los puertos; impulsar una verdadera modernización portuaria y fortalecer JAPDEVA. – Parar las concesiones privadas de obras públicas estratégicas. – Fortalecer la Educación Pública y cumplir con el 8% del PIB para la educación. – Detener el desmantelamiento del ICE que solo busca beneficiar sectores privados nacionales y transnacionales. – Frenar el alto costo de la vida, resultado de la especulación financiera con el tipo de cambio del dólar. – Impulsar una Reforma Tributaria que haga pagar a los grandes capitales y persiga la evasión y elusión fiscal. – Respetar las Convenciones Colectivas de trabajo. – Retirar toda iniciativa de Ley de Empleo Público que pretenda eliminar componentes salariales. – Actuar clara y contundentemente contra la corrupción y la impunidad enviando a la cárcel a los corruptos.

El Bloque Unitario Sindical y Social, integrado por una diversa cantidad de organizaciones sindicales, sociales, movimientos comunales, estudiantiles, etc.; fueron los organizadores de Huelga Nacional de este 20 de marzo y desde ya se anuncian otras acciones para despedir a Laura Chinchilla y exigir al nuevo gobierno, sea quién sea, que tenga un apolítica de puertas abiertas al diálogo y la negociación con los sectores sociales y no sólo con el sector empresarial y que ponga fin a la desenfrenada corrupción político-empresarial.

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Videos y fotos en las próximas horas

Autoridades de la caja con privilegios


La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) denuncia que la presidencia ejecutiva, 6 gerentes, 2 con rango de sub-gerentes y miembros de la Junta Directiva, se han auto-beneficiado con las decisiones que han tomado con el Gobierno de Laura Chinchilla, recetándose millonarios aumentos salariales, jugosas dietas, gastos astronómicos en alimentación y hasta el pago de viáticos para salir al extranjero.

Esto lo han realizado en la plena crisis que se declaró en el Seguro Social en el año 2011, donde promovieron campañas difamatorias para hacer creer a los medios y a la opinión pública que la crisis y todos los males eran responsabilidad de los y las trabajadores (as).

Con estas campañas tomaron medidas de contención del gasto, acelerando aún más el deterioro los servicios de salud, la falta de especialistas, de recurso humano, medicamentos y de las largas filas de espera, que hoy a 45 días de la entrega de esta administración, no han podido resolver.

Además estas autoridades llegaron inclusive a eliminar conceptos de viáticos, zonaje, pago de peligrosidad y hasta amenazar los derechos laborales del personal.

Eso sí, para estas jerarquías no existe la crisis, así se confirma en documentación oficial solicitada desde el año 2012, que fuera remitida al sindicato recientemente.

Seis cargos de gerente y dos con cargo de subgerente pasaron de ganar ¢1,322.306 en el año 2005 a ¢7,157.383, incluyendo el 65% por concepto de prohibición, para un desproporcionado aumento de ¢5,835.077.00 en 28 días.

Lamentablemente se nos negó la información del salario de la Dra. Ileana Balmaceda Arias, Presidenta Ejecutiva, pero según algunas informaciones, su salario es superior a los ¢7,000.000.00.

Pero la fiesta no se quedó ahí, también está confirmado que los 8 miembros de la Junta Directiva de la CCSS durante el período 2010-2013 han recibido un monto aproximado de 85 millones por pago de dietas.

Pero aún más, por concepto de contratación de alimentación en el 2013 fue de 15.446.490, con lo cual los gastos del período de su gestión pudieron rondar los 60 millones de colones.

Otra cifra que nos alerta aún más, es el pago de viáticos al exterior que se le pagó al Lic. Adolfo Gutiérrez Jiménez, directivo representante del sector empresarial por un monto de $1.844 para realizar un curso en Estados Unidos “Teoría y Herramientas del Proceso de Negociación”. Pero es del entendido que la temática no tiene nada que ver con sus funciones en la Junta Directiva

Según informaciones varios directivos y ex gerentes han participado en estas mismas capacitaciones no muy afines a sus responsabilidades, menos aún en ponerlos en práctica en estos años, donde por el contrario han promovido mayor confrontación laboral.

Estas autoridades no tienen la moral para hablar de implementar fuertes de medidas de austeridad si se han recetado jugosos beneficios, mientras han sido incapaces de recuperar las enormes deudas del Gobierno.

Fuerte castigo al salario público

¡Quedó claro!, el Gobierno inmoralmente trató de maniobrar al movimiento sindical para que el ajuste salarial se resolviera después del proceso electoral, para favorecer a Liberación Nacional, no nos prestamos, se consumió el hecho, el decretazo del 0.43%, ¢430 por cada ¢100.000 y ¢1.000 adicional para los que no tienen ningún plus salarial.

¿Dónde queda la ética y la moral de estos políticos?, aún sabiendo de que el pueblo de Costa Rica ha castigado duramente estas posturas neoliberales con los resultados electorales, impusieron un vergonzoso incremento salarial que se burla de los trabajadores.

De esta manera, el Gobierno de Laura Chinchilla le pasa la factura a una buena parte de los empleados públicos, justificando el elevado déficit fiscal, no así a todos aquellos puestos políticos de altas jerarquías de todas las instituciones públicas, que se han recetado en este Gobierno onerosos salarios en plena crisis económica.

Por ejemplo el mayor jerarca del Banco Nacional que gana 18 millones de colones, también de los privilegiados salarios de gerencias, puestos de confianza de instituciones del gobierno central y del sector público, donde sus sueldos son de varios millones de colones al mes, adicional al pago de sus vehículos, gastos discrecionales, combustibles, chofer, viáticos, etc.

No menos es el salario de todos los diputados, sus asesores, embajadores, sus onerosos y gastos complementarios. Estas son las dos clases sociales, totalmente opuestas, más aún los del sector privado.

Para confrontar este vergonzoso decreto consultaremos con el Bloque del Movimiento Sindical y Social, para realizar acciones de repudio y de protesta a un Gobierno desgastado que apostó a las políticas económicas neoliberales en perjuicio del pueblo costarricense.

Proclama de la CELAC

(ORIGINAL FIRMADO POR LAS JEFAS Y JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS, INCLUÍDA COSTA RICA)

Las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), reunidos en La Habana, Cuba, los días 28 y 29 de enero de 2014 en la II Cumbre, en nombre de sus pueblos e interpretando fielmente sus anhelos y aspiraciones,

Ratificando el compromiso de sus países con los Propósitos y Principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, y conscientes de que la prosperidad y estabilidad de la región contribuyen a la paz y seguridad internacionales,

Conscientes de que la paz es un bien supremo y anhelo legítimo de todos los pueblos y que su preservación es un elemento sustancial de la integración de América Latina y el Caribe y un principio y valor común de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC),

Reafirmando que la integración fortalece la visión de un orden internacional justo, afirmado en el derecho y en una cultura de paz que excluye el uso de la fuerza y los medios no-legítimos de defensa, entre ellos las armas de destrucción masiva y, en particular, las armas nucleares,

Destacando la relevancia del Tratado de Tlatelolco para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe que estableció la primera zona libre de armas nucleares, en un área densamente poblada, siendo este una contribución a la paz y la seguridad regional e internacional,

Reiterando la urgente necesidad del Desarme Nuclear General y Completo, así como el compromiso con la Agenda Estratégica del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (OPANAL), adoptada por los 33 Estados miembros del Organismo, en la Conferencia General de Buenos Aires en agosto de 2013.

Recordando los principios de paz, democracia, desarrollo y libertad que inspiran las actuaciones de los países miembros del SICA,

Recordando la decisión de las Jefas y Jefes de Estado de UNASUR de fortalecer a Suramérica como Zona de Paz y Cooperación,

Recordando el establecimiento, en 1986, de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur,

Recordando también nuestro compromiso, acordado en la Declaración de la Cumbre de la Unidad de la América Latina y el Caribe, el 23 de febrero de 2010, de promover la implementación de mecanismos propios de solución pacífica de controversias,

Reiterando nuestro compromiso de que en América Latina y el Caribe se consolide una Zona de Paz, en la cual las diferencias entre las naciones se resuelvan de forma pacífica, por la vía del diálogo y la negociación u otras formas de solución, y en plena consonancia con el Derecho Internacional,

Conscientes también del catastrófico impacto global humanitario y a largo plazo del uso de las armas nucleares y otras armas de destrucción masiva, y de las discusiones en curso sobre este tema,

Declaramos:

1. América Latina y el Caribe como Zona de Paz basada en el respeto de los principios y normas del Derecho Internacional, incluyendo los instrumentos internacionales de los que los Estados miembros son parte, y los Principios y Propósitos de la Carta de las Naciones Unidas;

2. Nuestro compromiso permanente con la solución pacífica de controversias a fin de desterrar para siempre el uso y la amenaza del uso de la fuerza de nuestra región;

3. El compromiso de los Estados de la región con el estricto cumplimiento de su obligación de no intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos de cualquier otro Estado y observar los principios de soberanía nacional, la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos;

4. El compromiso de los pueblos de América Latina y el Caribe de fomentar las relaciones de amistad y de cooperación entre sí y con otras naciones, independientemente de las diferencias existentes entre sus sistemas políticos, económicos y sociales o sus niveles de desarrollo; de practicar la tolerancia y convivir en paz como buenos vecinos;

5. El compromiso de los Estados de la América Latina y el Caribe de respetar plenamente el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural, como condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones;

6. La promoción en la región de una cultura de paz basada, entre otros, en los principios de la Declaración sobre Cultura de Paz de las Naciones Unidas.

7. El compromiso de los Estados de la región de guiarse por la presente Declaración en su comportamiento internacional;

8. El compromiso de los Estados de la región de continuar promoviendo el desarme nuclear como objetivo prioritario y contribuir con el desarme general y completo, para propiciar el fortalecimiento de la confianza entre las naciones.

Instamos a todos los Estados miembros de la Comunidad Internacional a respetar plenamente esta Declaración en sus relaciones con los Estados miembros de la CELAC.

Elecciones y Seguro Social


CONTEXTO POLITICO SOCIAL

El modelo neoliberal le ha arrebatado a los más amplios sectores de la población desarrollo, igualdad y justicia social. A través de la apertura unilateral, desregulación económica y laboral, privatizaciones, modificaciones a las leyes, tratados de libre comercio y otros mecanismos, han transformado la salud, las telecomunicaciones, la educación, la producción agrícola, entre otros, en simples “mercancías”, reservadas exclusivamente para quienes tienen el dinero para comprarlas.

Este modelo es el que nos ha llevado a protagonizar innumerables episodios de lucha social en la búsqueda incansable de la justicia social y la igualdad de oportunidades.

En este contexto la salud pública tiene que ser factor transversal en el desarrollo social de nuestro país. La Caja Costarricense de Seguro Social es un destacado actor del sistema nacional de salud, institución autónoma, que constitucionalmente le compete el gobierno y administración de los seguros sociales (art. 73CP).

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE C.C.S.S.

Desde hace muchos años venimos denunciando los peligros que acechan al Seguro Social y el derecho a la salud, pero desafortunadamente, los diferentes gobernantes fueron sordos a nuestras justificadas preocupaciones.

Nuestro sistema de seguridad social se sustenta en los principios de universalidad, solidaridad y subsidiaridad. Este último principio compromete al Estado a contribuir con el financiamiento de la seguridad social y fue consagrado con la reforma que se hizo al artículo 177 de la Constitución Política.

Lamentablemente el Estado costarricense, en cabeza de los diferentes gobiernos de turno, hasta ahora, no ha sido un celoso cumplidor de este precepto constitucional, que le procura a la institución las rentas suficientes para cubrir sus necesidades actuales y futuras.

Los movimientos sociales, esperamos, por el contrario, el nuevo gobernante, marque un hito y que el Estado asuma fielmente las obligaciones que se derivan del mandato constitucional.

1.- DEUDA DEL ESTADO CON LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

A pesar de la reforma del artículo 177 constitucional, la historia de la deuda del Estado con la Caja sigue siendo la misma cada 4 años, Administración tras Administración.

La Caja no debería atravesar ninguna crisis financiera. La Constitución y las leyes son contundentes al ordenar al Estado financiar cualquier déficit que tenga la CCSS, pero el Gobierno no solo violenta la Constitución y las leyes, sino que tampoco paga a tiempo sus obligaciones como patrono y como asegurador de las personas que no pueden cotizar para la seguridad social.

La negativa reiterada del Poder Ejecutivo de cumplir con los pagos oportunos para garantizar la atención universal de toda la población y además, las crecientes responsabilidades asignadas a la CCSS en materia de salubridad pública, implica que las cuotas obrero patronales están subsidiando al Estado. Recordemos que el Estado llegó a contribuir hasta con un 3.25%, hoy solamente cotiza un 0.25% abandonando su responsabilidad en la atención de los servicios de salud.

Los gobiernos cotizan lo que quieren, pagan cuando quieren y como quieren. La atención se brinda hoy y años después se pagan, si es que lo hacen, y en los montos que impone el Ministerio de hacienda y hasta en títulos, por ejemplo, el último convenio de pago celebrado, no contempló la deuda correspondiente al traslado de los programas del Ministerio de Salud a la CCSS, que todavía no ha sido honrada. La deuda del estado es de casi 600 mil millones de colones. ¡Esto tiene que dar un giro radical!

Con todo respeto, pero con vehemencia, demandamos el compromiso político de que se normalice la situación de la deuda y se cancelen oportunamente las contribuciones que le corresponden al Estado, promoviendo reformas legales que castiguen a los jerarcas responsables, en igualdad de condiciones que los patronos privados.

2.- RECURSOS DE EMPRESASBLICAS POR ARTICULO 78 DE LPT

A 13 años de la Ley de Protección al Trabajador, todavía la CCSS no ha recibido los recursos previstos en el artículo 78 de esa Ley, que obliga a las empresas del Estado a contribuir en el fortalecimiento del Régimen de pensiones y universalizar la cobertura de los sectores no asalariados en situación de pobreza.
A raíz de la omisión y/o negativa de las autoridades del Poder Ejecutivo, la Caja Costarricense de Seguro Social ha dejado de percibir una suma cuantiosa que supera los 600 mil millones de colones.

Esperamos el compromiso de los candidatos para que, finalmente, esos recursos le sean trasladados al Seguro Social.

PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS

Los neoliberales instalados en la Caja tienen un plan sistemático y organizado para privatizar los servicios de salud, con ostentosos nombres como Modelos de Gestión, Redes de servicios de Salud, fortalecimiento del primer nivel, que pretenden engañar a la población y los trabajadores.

El supuesto “diálogo social”, impulsado por el gobierno, es solo una herramienta más en manos de los privatizadores para hacerle creer a las y los costarricenses que ese es el “modelo de Seguridad Social que los costarricenses decidieron tener”, porque su objetivo como lo indica el documento conocido por la Junta Directiva en abril de este año, es “…crear una red colaborativa de conversaciones entre los distintos actores y sectores sociales, en torno al proyecto de seguridad social que el país requiere…” cuando lo que quieren es una Caja recaudadora que compre servicios en maquilas sanitarias.

Siendo que la demanda es creciente, se disminuyen y deterioran los servicios, se han emitido directrices para obstaculiza el acceso a servicios especializados, regulaciones crecientes para limitar o coartar el otorgamiento de incapacidad en caso de enfermedad a la clase trabajadora costarricense (a pesar de que el descanso es parte del tratamiento en algunas patologías), se restringe la creación de plazas y las sustituciones de personal, congelan las vacantes, privaciones presupuestarias, equipos, infraestructura, medicamentos, recurso humano, nuevos protocolos de atención y nuevas modalidades de prestación de los servicios hospitalarios, todos como herramientas para “justificar” la privatización.

El mismo Gerente Financiero ha reiterado en varios grabaciones que se nos han facilitado, que la única obligación de la Caja es que se garanticen los servicios, pero no tiene que ser prestándolos la misma institución, sino que es más “eficiente” que sean prestados por sectores dedicados al lucro, de forma que el negocio de la enfermedad terminará matando la salud.

Por eso en el documento para el supuesto fortalecimiento de la gerencia médica se asumen varias recomendaciones de los “notables” elegidos por el gobierno empresarial de Chinchilla, entre los que destacan la recomendación 75 y 81, que traslada la atención primaria, las Áreas de Salud, al sector privado y que dispone la limitación de los servicios de salud, incluidos los medicamentos. Aunque no han podido demostrar los beneficios de entregar los EBAIS a entes dedicados a lucrar con la enfermedad, su objetivo es golpear la seguridad social, terminar con la institución, convertirla en una aseguradora- compradora de servicios.

Se crean nuevas gerencias, subgerencias, direcciones ¿será para colocar a nuevos amigos? Porque los puestos que se trasladan o eliminan son los de personas trabajadoras sin amigos poderosos.

Asimismo, según lo escrito se pretende un “Ajuste del sistema de pensiones de IVM…” modificando las regulaciones para el Comité de Vigilancia del IVM, que pasó de ser un mecanismo de participación ciudadana, de vigilancia de los trabajadores, a convertirse en un ente al servicio de opacos intereses.

Cuando otros países luchan por el acceso a los servicios e índices de salud de Costa Rica, en la Caja los neoliberales, entregan los recursos de la seguridad social a manos de los grandes empresarios.

Ese es el principal compromiso que esperamos, el cometido de revertir el proceso privatizador y fortalecer el Seguro Social como institución prestadora de los servicios públicos de salud.

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS Y LAS TRABAJADORAS

Existe en nuestro país una plutocracia que, auspiciada por organismos internacionales, en connivencia con determinados sectores empresariales, impulsan el desmantelamiento de las instituciones públicas, con el propósito de convertir los servicios que prestan en actividades lucrativas. Sería ingenuo no admitir que detrás de la “crisis de la CCSS”, existe una estrategia para transformar la atención de la salud en un jugoso negocio.

Para enmascarar ésta deliberada crisis y que el mercado privado de la enfermedad tenga posibilidades de lucro, hay que desprestigiar y debilitar al público. Un mecanismo es responsabilizar de las deficiencias a los y las trabajadoras de la institución, obviando los problemas políticos que son su causa principal. Algo totalmente injusto y que deliberadamente la clase político-empresarial ha publicitado para confundir la población y favorecer el desmantelamiento de la institución.

Porque hay que decirlo, con todas las mayúsculas, a pesar de todas las tramas de corrupción política, de todas las demás dificultades, las y los trabajadores del Seguro Social, laboran con gran abnegación. En la Caja todos los días suceden cosas sublimes, se salvan vidas y se alivian las dolencias, sin distinción de posiciones sociales.

No es cierto, como se repite insistentemente con mala intención, que las amenazas que se ciernen sobre la Caja sean las demandas de los empleados y el excesivo poder de sus organizaciones.

Por eso, es necesario conocer el pensamiento de los candidatos, el compromiso con la clase trabajadora, de forma que se evite el irrespeto a los derechos y condiciones de trabajo puntualizados en el Informe de Estado de la Nación 2013, de forma que se garantice condiciones laborales y calidad de vida para la clase trabajadora.

AUTONOMÍA, PRESIDENCIA EJECUTIVA Y OTRAS JERARQUÍAS

Lo primero que se debe comprender es que la gestión política de la Caja, está dirigida por el Poder Ejecutivo. El Gobierno nombra la Presidencia Ejecutiva, y a través de ella, a todos los gerentes, los mandos medios y regionales. De tal manera que si la gestión no ha funcionado, es responsabilidad propia de Casa Presidencial, de este y los anteriores Gobiernos.

Es así como los diferentes Presidentes Ejecutivos, sirviendo a las demandas coyunturales de la Casa Presidencial, han puesto en segundo lugar los intereses de salud de la población. Conocidos de sobra son los actos de corrupción, negligencia y sometimiento a las esferas del poder político que han golpeado y siguen golpeando a la CCSS, mediante la acción u omisión de su Presidencia Ejecutiva.

La primera condición, absolutamente necesaria, para empezar a resolver los problemas de la CCSS es que se le devuelva la autonomía que le otorga la Constitución política y se elimine la figura de la presidencia ejecutiva, asimismo democratizar los nombramientos de las jerarquías.

MEJORAMIENTO, EFICIENCIA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

Los servicios que brinda la CCSS siempre pueden ser mejorados, pero las soluciones no están ni en las altas esferas, ni en la cabeza de ningún genio.

Como trabajadores y trabajadoras de la salud, tenemos propuestas en materia de políticas públicas, en financiamiento, mejoramiento de los servicios, para acercar los servicios a las comunidades y sus familias, en relación con las aseguradoras comerciales y la protección de riesgos laborales y de tránsito, en materia de sostenibilidad de las pensiones y el fortalecimiento de la participación ciudadana a través de las Juntas de Salud, que expondremos al candidato que esté comprometido con el fortalecimiento de nuestro extraordinario sistema nacional de salud basado en su carácter universal, público y solidario.

En el caso de las condiciones de salud y la calidad de vida de los adultos mayores, sector totalmente abandonado por los gobiernos de turno y las autoridades institucionales, es necesario generar políticas que les integren efectivamente a la vida ciudadana.

No nos engañamos, sabemos que el horizonte es de lucha, de una lucha tenaz por la defensa de la democracia, de la libertad y de la justicia social, El compromiso nuestro es la lucha, sin cuartel ni desanimo, por la defensa de un modelo exitoso, del Seguro Social como lo concibieron las anteriores generaciones.

San José, 10 diciembre 2013

MOVIMIENTOS SINDICAL Y SOCIAL
UNDECA