¡Llamamos a la paz en Gaza!


El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense hace un llamado urgente al Gobierno de Luis Guillermo Solís a romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Israel, un Estado que está ejerciendo una acción desproporcionada, ilegal y violatoria de los Derechos Humanos contra el pueblo palestino.

La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, ONU, recientemente condenó estos actos como crímenes de Lesa Humanidad y diversas naciones del mundo han suspendido sus relaciones con el gobierno israelí.

La muerte de niños, mujeres y ancianos no se justifica por ninguna razón, muertes que ya superan las 800 víctimas. Por esas razones se pide al Gobierno costarricense que condene la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza y que se proteja a la población de ese territorio ocupado desde hace décadas pese a constantes condenas internacionales contra el gobierno de Israel.

El pueblo costarricense, amante de la paz y con autoridad moral internacional, se solidariza con los trabajadores, trabajadoras y pueblo de Palestina en general, ante los indiscriminados bombardeos que destruyen pueblos y acaban con la vida de cientos de personas inocentes.

Solicitamos al Gobierno de Costa Rica ejercer su autoridad moral internacional y solicite al Consejo de Seguridad que adopte una resolución que condene la agresión militar israelí contra la población civil palestina en la Franja de Gaza, que cese de inmediato ese criminal ataque, que levante el bloqueo y pida la protección de los palestinos ya que la potencia ocupante no ha cumplido con su obligación legal de hacerlo.

La posición firme de las naciones del mundo puede detener la guerra y hacer que prevalezca la paz.

La ruptura de relaciones diplomáticas con Israel debe ser inmediata y hasta tanto no abandonen el territorio palestino y cesen los bombardeos.

Hacemos un llamado al pueblo costarricense y sus organizaciones sociales a manifestarse contra este brutal ataque al pueblo palestino y unamos nuestras voces por la paz en la Franja de Gaza.

Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense

Primer Informe sobre la CCSS


El 19 de junio me incorporé a la junta directiva de la CCSS como representante del movimiento sindical. He asumido el compromiso de representar a todos los sindicatos y no solo a aquellos que me eligieron. Con ese propósito me he estado reuniendo con todas las organizaciones posibles y asistiendo a gran cantidad de actividades en las que he explicado mis primeras consideraciones acerca del funcionamiento de la junta directica y de la situación de la CCSS. Brindo ahora de manera resumida mi primer informe.

1. Principio de transparencia
En la práctica casi todos los problemas de la convivencia humana están sujetos a decisiones de carácter político y todas las decisiones, no solo las políticas, se toman a partir de la información con que se cuente. En la época actual la transparencia lucha por abrirse campo, es una demanda para construir una nueva categoría ciudadana. No se trata de enterarse por enterarse, sino de saber para involucrarse. En el caso que nos ocupa la organización de los servicios de salud debe dejar de ser una preocupación tecnocrática, para convertirse en una preocupación nacional.

a. Mi primera solicitud a la Junta Directiva ha sido en el sentido de que las actas se aprueben al inicio de cada una de ellas y se publiquen en la web. Después de 5 sesiones ya se aprobó la primera pero solo se ha publicado un resumen de acuerdos. Sigo insatisfecho con esto y espero que las personas y las organizaciones sociales exijan más transparencia. Mi criterio es que los borradores de las actas, incluso antes de ser aprobadas, deben publicarse y que las actas deben reproducir de manera íntegra lo que se discute en las sesiones. Es una práctica común que algunos directivos pidan se apaguen las grabadoras para externar criterios, me opongo a esto. Las actas son documentos jurídicos e históricos, no sé si existe pero si no es así debería legislarle al respecto.

b. He defendido la idea de que la figura de la presidencia ejecutiva, por su nombramiento y por las funciones que la ley le asigna viola la autonomía que la Constitución le da a la CCSS. Cuestioné que la anterior Presidenta Ejecutiva firmará acuerdos con el Poder Ejecutivo, sin someterles a aprobación de la Junta Directiva. Como resultado de tal discusión se tomó el siguiente acuerdo:
“Solicitar a la Presidencia Ejecutiva que, en un plazo de quince días, presente a la Junta Directiva una propuesta de política que regule e incluya todas las opciones para la aprobación y firma de convenios en la Institución. Mientras tanto no se firmará ningún convenio referente al pago de la deuda del Estado con la Caja”
Este informe aún no se ha presentado. Seguiré informando.

2. Una Junta Directiva presa de la inercia
Los asuntos que desde las gerencias llegan a la JD, en la práctica, impiden que esta se aboque a aspectos medulares. La cantidad de asuntos de menor trascendencia es abrumadora. Sobre esto se acordaron dos aspectos muy importantes: Elaborar una agenda estratégica de la JD, para lo cual ya se está preparando la temática y discutiendo la metodología de trabajo y modificar de manera radical la confección de las agendas de la JD. Al respecto cabe decir que la formalidad de la agenda de cualquier sindicato supera con creces la de la JD de la CCSS.

3. Interlocución social.
Para que la ciudadanía se constituya en un interlocutor válido en la búsqueda de las soluciones de los problemas de la atención de la salud, es necesario que se informe y construya su propia agenda. A esa tarea estamos dedicados. Existen muchos insumos que están siendo analizados en el seno de las organizaciones y se espera que para fines de agosto se proponga un proyecto de agenda nacional unitaria. Dentro de esa agenda se estaría contemplando: el pacto ético, la gestión política (ya existe un proyecto de ley para eliminar la presidencia ejecutiva), la planificación institucional, el modelo de salud, el modelo administrativo y el modelo financiero. Se establecerán medidas a diversos plazos.

4. La Junta Directiva fue sorprendida con la ampliación de una compra a una empresa cuestionada en el Hospital Calderón Guardia. A pesar de las explicaciones de carácter jurídico y de oportunidad brindadas por la gerencia respectiva, a mi juicio no se actuó con prudencia al no coordinar e informar de manera adecuada a la JD sobre un asunto tan delicado, de manera que ésta no tuviese que enterarse a través de la prensa, y además dado que los problemas relacionados con este tema se conocen por la administración desde el año 2012, se debió empezar desde entonces a implementar un plan de emergencia. Al no actuarse así se sujetan las manos de la institución a seguir tratando con una empresa cuyas buenas prácticas de negocio están severamente cuestionadas. A mi criterio el tema debería ser más investigado y tomar acciones con los responsables, pero no se ha tomado ningún acuerdo al respecto.

5. El mayor tiempo de la JD se consume en atender consultas de proyectos de ley y en asuntos contenciosos, una situación que se debe revertir de manera urgente, como ya expliqué en el tema 2.

6. Es importante saber que desde la administración anterior el Poder Ejecutivo negociaba un préstamo con el Banco Mundial para hacer frente a parte de sus deudas con la CCSS. Estos préstamos los pagaría el Gobierno, pero en el contrato es usual que se impongan condiciones generalmente lesivas para el país. No se han suministrado a la JD los borradores de tal acuerdo, pero es algo sobre lo que debemos estar alertas ya estaré informando.

7. Solicité un informe acerca de los nombramientos en las direcciones regionales de Puntarenas y Guanacaste, a efecto de cerciorarme de que no ha imperado la política partidaria. La presidencia Ejecutiva dio una explicación del tema y espero que las personas interesadas puedan consultar el acta respectiva en el menor plazo y hacer las observaciones pertinentes.

8. Propuse revisar el tema de las becas a los trabajadores de la CCSS, debido a que no se someten a concurso a pesar de que así lo dispone el reglamento respectivo. La Presidencia Ejecutiva ha pedido un informe al CENDEIS. Debemos darle seguimiento.

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Mario Devandas
San José 21 de julio de 2014

Por un ajuste salarial digno


El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, que aglutina en su interior a centrales sindicales, el grueso de las organizaciones magisteriales, sindicatos no confederados, sindicatos del sector salud, Bloque Sindical de la Federación Sindical Mundial, Sindicatos de Muelleros, representantes del ICE, INA, organizaciones sindicales representantes de diferentes ministerios, entre otros; con suma preocupación por la crisis económica que constantemente golpea a nuestro pueblo y principalmente a los estratos media y baja, considera:

1. Que uno de los principales factores que impacta la economía de los hogares, lo representan la fórmulas incomprensibles de incrementos constantes en combustibles, tarifas de transporte, electricidad, agua y otros servicios públicos como el uso de aparatos telefónicos, en donde tienen responsabilidad la ARESEP y la SUTEL.

2. La creciente especulación de precios en prácticamente todos los productos de consumo impacta permanentemente los ingresos de la clase trabadora y lógicamente además la calidad de vida de los ciudadanos, ya que de este modo se afecta negativamente la canasta básica.

3. El sistema financiero, tanto público como privado no cesa de imponer incrementos desmedidos en los créditos que prácticamente de manera forzosa adquirimos como trabajadores. Incluimos aquí a la población afectada por tarjetas de crédito de carácter especulativo.

Además el alza de la moneda nacional en el tipo de cambio influye severamente en la economía de los trabajadores

Como consecuencia de estas políticas económicas neoliberales del libre mercado, que son (tigre suelto contra el burro amarrado) favoreciendo a quienes poseen el poder y el gran capital y empobreciendo de la clase trabajadora y nuestro pueblo.

En razón de lo anterior, el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense-BUSSCO, propone:

PRIMERO:

Que el Gobierno de la República mediante compromiso del señor Presidente Luis Guillermo Solís Rivera y el señor Ministro de Trabajo Víctor Morales Mora, mediante un exhausto y riguroso examen del marco legal correspondiente, se impulsen las modificaciones al mismo, tendientes a evitar en el futuro próximo, la continuación desmedida de alzas y tarifas en contra del pueblo trabajador. Dicho compromiso debe contemplar un llamado de parte de las autoridades mencionadas a las distintas fracciones parlamentarias, a fin de hacer efectivas, estas modificaciones legislativas.

SEGUNDO:

El Gobierno debe utilizar los mecanismos eficaces y necesarios para evitar la especulación comercial en todos los órdenes de la vida cotidiana del país.

TERCERO:

En cuanto a la Política Salarial el Gobierno debe ser consecuente con su propósito público de justicia salarial, retomando, reconociendo y aplicando mediante una fórmula negociada que incluya los elementos y factores que innegablemente afectan los ingresos de los trabajadores del sector público, tales como costo de vida, inflación, inequidad en la distribución del PIB, como forma justa de crecimiento económico, entre otros.

CUARTO:

El Gobierno debe comprometerse a combatir exclusivamente las pensiones de lujo y los salarios exorbitantes, situación de la que goza la clase política y de ninguna manera amenazar los componentes salariales de los servidores públicos que no pertenecemos a esa élite.

El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense-BUSSCO, está en disposición de negociar una verdadera política salarial y social, así como un aumento real en los salarios de los trabajadores del sector público.

*BLOQUE UNITARIO SINDICAL Y SOCIAL COSTARRICENSE
(BUSSCO)*

Devandas: La sociedad debe participar

Los problemas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) son tan grandes y complejos, que no los puede resolver ni el Gobierno ni la junta directiva, si no es con participación de la sociedad costarricense, alertó el economista Mario Devandas, quien se está estrenando como nuevo directivo de la entidad en representación del sector laboral.

A 15 días de haber iniciado funciones la nueva directiva de la CCCSS –integrada por tres representantes del Gobierno, tres del sector patronal y tres del laboral−, Devandas dice que ya inició el trabajo que se ha impuesto de hablar con gremios de trabajadores, médicos, empresa privada, partidos políticos y otros sectores de la sociedad, “a ver si es posible concitar voluntades para lograr unas acciones que nos conduzcan a empezar a establecer las bases, para resolver los problemas de la Caja”.

No existen “soluciones mágicas” para la problemática de la Caja, que afecta a toda la población, incluidos 52.000 trabajadores del sector salud, señaló Devandas, tras analizar por años la situación de la CCSS, una institución cuyo presupuesto equivale al 7% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y que, solo en lo que respecta al seguro de salud, alcanza un billón y medio de colones anuales, acotó.

Hay muchos diagnósticos de los problemas de la Caja, pero estos no están bien definidos, considera el directivo. Por ejemplo, cuando se habla del problema financiero, algunos ponen énfasis en la morosidad de las empresas privadas, otros en la deuda del Estado −que ya va por ¢700.000 millones aproximadamente−, o las cotizaciones de los sectores por cuenta propia. Pero, el problema financiero en el fondo es cómo financiar la CCSS y eso no está claro, asegura.

Estima que la CCSS es una institución aseguradora, que debe cobrar primas para asegurar de riesgos a la gente, pero no existe un plan de desarrollo, ni una planificación a 15 o 20 años plazo, y entonces no se sabe cuáles son los recursos que se necesitan. No hay una contabilidad de costos confiable, por lo que no se sabe cuánto están costando una consulta externa o un tratamiento, y por qué el costo es distinto de un Ebáis o un hospital a otro, siendo la misma Caja, señala el nuevo directivo.

Don Mario, en su opinión ¿cuáles son los problemas principales de la institución?

−Hay un problema financiero, obviamente; pero, básicamente hay un problema de financiación, sobre todo de la universalización del seguro de salud. Esto, porque los trabajadores que cotizan a través de planillas están aportando el 80% de los ingresos del seguro de salud, junto con las empresas, pero los trabajadores en planilla son el 26% de la población. Entonces tenemos un 74% de la población casi a expensas de la cotización obrero patronal. Ahí hay un problema en el modelo financiero, que hay que estudiar.

A su vez, el modelo administrativo de la Caja es obsoleto, y hay que modificarlo radicalmente. Hay también un problema de la cultura institucional en el trato a la gente. La gente se queja del trato que recibe. La cultura hospitalaria y el modelo de salud tienen que ser sometidos a una fuerte revisión.

¿No se puede afirmar entonces, como lo han hecho autoridades de la Caja, que se logró equilibrio financiero de la institución luego de la crisis del 2012?

−Ahí entramos en sistemas de información contable, financiera, estadística, que tienen que ser sometidos a una revisión, a fin de tener la información indispensable para tomar las decisiones que se requieren. Los sistemas de información no están integrados, no se ha podido establecer el expediente electrónico, lo que es inadmisible.

¿A qué atribuye esa situación?

−Obviamente ha habido un interés de las últimas administraciones políticas, por llevar a la Caja a esa crisis. Ha habido intereses para empujarla hacia la privatización. Si se oculta eso empezamos mal. Uno de los peligros es el interés de hacerse con el negocio de la salud, que es un negocio muy grande.

¿Los gobiernos han impulsado eso?

−Los gobiernos como un instrumento muy importante, a través de las presidencias ejecutivas. La gestión política de los gobiernos anteriores ha destruido todos los sistemas internos. Por ejemplo, el sistema de administración de recursos humanos, el sistema de administración financiera, el sistema de contabilidad.

¿Deliberadamente?

−Pareciera que lo han hecho deliberadamente, al colocar a personas que no se han preocupado por esto; algunas, quizás, sabiéndolo dejaron que las cosas pasaran.

¿Puede el nuevo Gobierno ayudar a corregir esa situación?

−Si un gobierno nos dice: “costarricenses, tenemos que pagarle tanto a la Caja, pero no tenemos los recursos, apoyen una reforma tributaria”, bueno, entonces los costarricenses vamos a tener una conciencia más clara de para qué se necesitan los recursos.

Pero si se ha venido ocultando esa deuda por maniobras inducidas desde el Poder Ejecutivo dentro de la Caja, entonces los costarricenses no tenemos el problema claro. Evidentemente sí hay una presidencia ejecutiva de la Caja con disposición de ponerse la camiseta para hacer las cosas bien hechas, y si la junta directiva une sus esfuerzos para que esto se haga, pues son actores muy importantes; pero lo cierto es que no basta con eso. Aquí los gremios médicos, de trabajadores de la Caja y de todo el país, las juntas de salud, las universidades, tenemos que unir fuerzas, definir bien los nortes y canalizar las energías para que podamos empezar a sacar la institución adelante.

¿Cómo lograr esa unión de fuerzas?

−En el momento que he sido electo, le he dicho a la gente que mi tarea es servir de enlace. Estoy desarrollando conversaciones con todos los sectores, empezando por los sindicatos, aquellos que me eligieron y aquellos que me adversaron, porque yo ahora represento a todos los trabajadores del país en la junta directiva de la Caja. Estamos impulsando ya un encuentro nacional de diversas organizaciones. Me he reunido con los gremios médicos, para ver cómo empezamos a concitar todas esas fuerzas y espero tener una reunión con la señora ministra de Salud, para conversar sobre esto.

El objetivo es tener un encuentro nacional sobre el tema de la Caja, donde se definan algunos temas y estrategias prioritarias, no solamente de decisiones técnicas y políticas, sino de acciones sociales. Si no hay una fuerza que impulse esos planteamientos, se van a quedar ahí, porque son demasiados los escollos que hay que vencer.

Quiero decir que en las conversaciones que tuve con el señor presidente de la República, fui muy claro en esto y él me dijo que contaba con el apoyo del Gobierno en esa línea de trabajo. O sea, que está anuente a impulsar una Caja basada en los tres principios de: servicio público, solidario y universal. En eso me pareció muy bien la posición del presidente y, bueno, vamos a ver.

Y ¿no es necesario remover mandos administrativos en la Caja, para que ahí las cosas realmente cambien?

−Ya hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para eliminar la presidencia ejecutiva de la Caja. Es satisfactorio que la actual presidente ejecutiva (María del Rocío Sáenz) está anuente a eso. Si esto se produjera, implicaría una restructuración completa de los mandos superiores de la Caja.

Aun no aprobándose esa ley −ya que es probable que tenga bastantes escollos que vencer en el parlamento−, pienso que la restructuración de los mandos superiores de la Caja es algo que se debe discutir, no para perseguir ni maltratar a nadie, sino simplemente porque esa estructura de la Caja es una macrocefalia casi impenetrable, que uno no sabe dónde empieza y dónde termina, ni cuáles son responsabilidades de unos y de otros. Ese es uno de los temas que hay que resolver. A algunas cosas hay que entrarles de inmediato, para tratar de apagar algunos incendios, pero los cambios en las estructuras van a ir dando sus resultados hasta en dos o tres años. Si alguien piensa que ya mañana la Caja empieza a funcionar bien, eso no es posible.

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_Semanario Universidad
Miércoles, 02 de Julio de 2014 00:00
Escrito por Jorge Luis Araya_

Foto: UNDECA

¡Brutal ataque a indígenas de Salitre!


UNDECA se une al grito de indignación por el ataque sufrido por los y las costarricenses de pueblos originarios de Buenos Aires de Puntarenas, por parte de un grupo de delincuentes.

No es secreto que hay grandes intereses comerciales en las tierras de los pueblos indígenas de Salitre, para ello han recurrido al pago de mafias delincuenciales que han quemado ranchos, perseguido y golpeado a hombres, mujeres, niños y ancianos para obligarlos a salir de sus tierras.

Esta brutal acción no ha contado con la protección policial como corresponde a ciudadanos costarricenses con los mismos derechos humanos que todos los demás.

Respaldamos el comunicado emitido por la Comisión Naciuonal de Derechos Humanos y exigimos a las autoridades del Gobierno de Luis Guillermo Solís actuar de inmediato en la protección de cientos de familias costarricenses.

Llamamos a las demás organizaciones sindicales a unirse en defensa de estos pueblos.

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Comunicado urgente sobre violaciones de los Derechos Humanos del pueblo y el Territorio Indígena de Salitre, Buenos Aires de Puntarenas, Costa Rica.

La Ley Indígena 6172 contempla que los territorios indígenas son inalienables, intransferibles e inembargables y el Convenio 169 de la OIT plantea la autonomía de los pueblos indígenas, por ello el pueblo indígena de Salitre está gestionando acciones para recuperar su territorio, ya que son los dueños legítimos de este.

En contra de este derecho de los pueblos:

1- El sábado 5 de julio llego una turba de finqueros no indígenas con matones a sueldo ejecutando hechos de violencia en contra de los Derechos Humanos del Pueblo Indígena de Salitre, quemaron ranchos que son las casas de habitación de las familias indígenas y están persiguiendo a los indígenas hombres y mujeres en las montañas.

2- El domingo 6 de julio bloquearon el acceso al territorio con piedras y arena que llevaron en dos vagonetas, cortaron la electricidad de la comunidad de Cebror del territorio de Salitre.

3- La jueza de Buenos Aires legitimo esta invasión de los no indígenas que para el medio día de hoy domingo 6 de julio eran más de 100, calificando los hechos como una contravención y de eso se ampara la fuerza pública para decir que no puede sacar a los finqueros que están haciendo ocupación ilegal y violenta del territorio indígena de Salitre.

4- Los cuerpos de policía se han retirado dejando el campo para que los finqueros hagan de las suyas. Consecuencia de ello siguen llegando más finqueros y matones en alto estado de ebriedad disparando y amenazando de muerte, están llegando a invadir las comunidades de Puente, Rio Azul y Cebror.

5- Han amenazado a las mujeres indígenas diciendo que tienen una bala para cada una de ellas y algunas otras que se escondieron en la montaña, aun no aparecen.

6- Al día de hoy lunes 7 de julio, a las 10:00am, no se ha restablecido la paz y al contrario, se nos ha comunicado que la violencia continúa, que el lanzamiento de piedras a los indígenas y a sus casas continua, inclusive a dos horas de la entrada del Territorio, finqueros amedrentan a los indígenas. Tampoco la comitiva del Gobierno se ha hecho presente al territorio, desmintiendo así las declaraciones del Gobierno que argumenta que si están presentes desde el fin de semana.

7- Han salido informaciones de que hay niños heridos y debido al bloqueo y a la violencia con la que los finqueros actúan, la Cruz Roja no ha podido entrar para atenderlos.

Por lo cual:

1- Exigimos que el Estado cumpla con la Ley Indígena y expulse a todos los no indígenas del territorio, como una definitiva solución a la invasión que ellos han perpetrado de los territorios indígenas y del territorio indígena de Salitre en particular.

2- Demandamos que no cabe ninguna negociación, el territorio indígena es del pueblo indígena Bribri como lo establece la Ley, los derechos no se negocian.

3- Exigimos la seguridad en integridad física de la comunidad indígena de Salitre y en especifico de Sergio Rojas, quien fue declarado “No Grato” por parte de la Municipalidad de Buenos Aires y que ha sido víctima de amenazas al día de hoy.

4- Exigimos que se restablezca el libre tránsito para que, cuerpos policiales y de Cruz Roja puedan hacer su ingreso

5- Los poderes del Estado no deben evadir la responsabilidad, planteando que no pueden intervenir y con ello dejar a la población indefensa y en manos de racistas criminales.

6- Responsabilizamos al Estado, en especifico al Ministro de Seguridad Publica Celso Gamboa, por estas acciones racistas y violentas en contra de los Derechos Humanos del Pueblo Indígena de Salitre.

Exigimos que estas acciones no queden impunes, se establezcan las responsabilidades y se emprendan las acciones judiciales por la violación a los Derechos Humanos de los pueblos indígenas hasta las últimas consecuencias.

Hacemos un llamado a la solidaridad de las organizaciones y la población nacional e internacional para difundir ampliamente esta situación y demandar que el Estado costarricense respete los derechos de los pueblos indígenas.

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El pueblo fue claro en su mensaje para cambiar las prácticas irregulares de los gobiernos anteriores, especialmente en cuanto al manejo de las concesiones. Es por eso que el BLOQUE UNITARIO SINDICAL Y SOCIAL solicitamos declarar nulo el contrato que se firmó con la APM Terminals; para terminar con ese camino viciado, que violenta la Constitución Política, la independencia de poderes y atropella el bloque de legalidad y los derechos de las y los trabajadores. Ejemplos:

• Cláusula 9.1. Crea un monopolio Inconstitucional al otorgar hasta por 50 años a la APM Terminals la exclusividad en el manejo de los contenedores. Violenta los artículos 140 y 121 Constitucionales.

• Cláusula 11.8. Encarece los servicios portuarios, ya que ARESEP le aprobó a la APMT una tarifa cara de $266. Hoy JAPDEVA cobra $117 en Puerto Limón y tan solo $17 en Puerto Moín.

• Cláusula 8.3. Subdivide en 5 etapas la construcción de la supuesta mega obra de 1500mts. de muelle, comprometiéndose la empresa APMT realmente sólo a construir 600mts., y el resto 6 meses antes de terminar la concesión (o sea dentro de 50 años). Pero eso sí, cobrando desde ya la tarifa completa como si hubiera hecho toda la inversión.

• Destrucción Ambiental. Pone en riesgo los mantos acuíferos, el agua, el Humedal Nacional Cariari, el Río Moín; y varias especies de flora y fauna protegidas y en peligro como las tortugas baulas, manatíes, delfines, entre otros. Ya que se pretende construir una mole de cemento de 80 hectáreas en el mar.

• Irrespeto a Competencias. Deja sin contenido las potestades de ley que tiene JAPDEVA, y las pasa vía contrato a la APMT con todo y la carga de contenedores. Entrega la explotación de 80 hectáreas de mar y su riqueza, sin haberse aprobado una ley en la Asamblea Legislativa que es a la que le compete estas decisiones.

• Otras Anomalías. Solo hubo un “oferente” que exigió la exclusividad bajo amenaza. Se postergó 13 veces la fecha límite de recepción de ofertas: la fecha 8 se publica 4 días después y la fecha 9 se publica un mes después de vencido el plazo vigente para recibir ofertas. En vez de declararse desierto se le adjudicó a la APMT. Después de adjudicado se le otorgan 15 regalías adicionales a la APMT.

• Política Salarial. El contrato no contempla nada respecto a política salarial.

No podemos seguir lesionando la soberanía Nacional en claro beneficio de intereses egoístas extranjeros, y en perjuicio de los ciudadanos ticos. ¡El pueblo costarricense repudia esta gran impostura, corrupta, antinacional y antipatriótica!

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Bloque Unitario Sindical y Social