Grave amenaza contra los trabajadores y trabajadoras

Bajo el falso pretexto de cortar privilegios a los empleados públicos y de unificar sobresueldos, el gobierno neoliberal liberacionista anunció un proyecto de ley que significa una de las mayores y más agraves agresiones a los derechos sociales y laborales de los y las trabajadores.

De golpe y porrazo el gobierno de Laura Chinchilla recupera uno de los más viejos anhelos de la oligarquía costarricense desde que se aprobaron el Código de Trabajo y las Garantías Sociales.

En las condiciones de 1943 y dada la correlación de fuerzas existentes, el movimiento sindical y popular logró una victoria histórica con la aprobación de una legislación que iba a cambiar profundamente el rostro social de Costa Rica. La clase trabajadora pasaba a ser un sujeto de derechos que sabía luchar por ellos y por su defensa.

La legislación social y laboral, sin embargo, por muy avanzada que pudiera ser en su momento, siempre está limitada por los contextos históricos en los que se desenvuelven las luchas sociales y de clases.

Había que seguir luchando no solamente para que lo conquistado no se pierda, sino para tratar de seguir ampliando también esos derechos por medio de la organización y de la lucha social. Por ejemplo, el derecho a la libertad sindical está en el Código y en la Constitución, pero hoy en la democrática Costa Rica más del 95% de los trabajadores y trabajadoras de la empresa privada no tienen ese derecho.

Es cierto que lamentablemente sólo en el sector público existe la libertad sindical. Eso ha permitido mejorar las condiciones de vida y de trabajo de decenas de miles de trabajadores. La negociación colectiva y la firma de convenciones, instrumentos de toda verdadera democracia, permiten que los derechos se puedan elevar sobre los mínimos de ley establecidos, como es el caso de la cesantía, de los incentivos salariales y otros.

Aunque hay una campaña feroz que califica de privilegio cualquier conquista social o laboral, lograda ya sea por medio de la lucha o por medio de la negociación colectiva, no son privilegios son derechos aquí y en cualquier parte del mundo donde se respeten los derechos de las clases trabajadoras.

¿Qué puede haber situaciones de abusos y de corrupción? Indudablemente, ni el sindicalismo ni ningún grupo social está vacunado contra el abuso y ciertos casos de corrupción. Pero son insignificantes al lado de un movimiento que a lo largo de nuestra historia ha dado sobradas muestras de patriotismo. Tampoco es homogéneo el movimiento sindical y junto a sectores que siempre han dado ejemplo de honestidad y coherencia, también han existido sectores que tradicionalmente se prestaron para hacerle el juego a la patronal.

¿Qué es lo que quiere el gobierno de los ricos en realidad?

Terminar nivelando a todos los trabajadores hacia abajo, quitándoles derechos con burdos pretextos que lamentablemente llegan a calar en otros sectores populares y progresistas del país, dada le persistente y feroz campaña antisindical de la plutocracia nacional.

Lo que busca el neoliberalismo es en el fondo nivelar a los trabajadores del sector público con los del sector privado. Ese siempre ha sido su proyecto. Abolir los derechos sociales y laborales que todavía existen en el sector público, y colocar a todo el mundo en las mismas condiciones en que se trabaja en la maquila, en la construcción, en el comercio y el transporte, en piñeras, bananeras y otras plantaciones, etcétera. Si pudieran recuperarían la vieja nostalgia de la oligarquía cafetalera de hacer un país de peones y de pequeños propietarios atados para siempre al beneficio y al exportador.

No se trata de reconocer a los trabajadores y trabajadoras del sector privado derechos laborales y sociales que son brutalmente desconocidos por la inmensa mayoría del sector empresarial y de los gobiernos a su servicios, sino de quitarle derechos a los trabajadores del sector público para que todos sean igualiticos en bajos salarios y otras garantías laborales y sociales.

¿Qué es sino el TLC?

El proyecto de crear un mercado regional único, donde se compita sobre la base de menores salarios y beneficios sociales, sin sindicatos que jodan si es posible.

La propuesta de ley, de hacerse realidad, sería un retroceso de dimensiones históricas en el significado de lo que representa la lucha social, la organización sindical y la negociación colectiva.

No sólo es una agresión a grupos de trabajadores y de trabajadoras del sector público, es una agresión que afectaría profundamente al conjunto de la clase trabajadora, incluida la del sector privado aunque hoy no puedan ser plenamente conscientes de ello, por las condiciones de encierro y de miedo a los que están sometidos por un poder patronal despiadado.

También es una agresión contra la sociedad democrática costarricense y todo el movimiento social popular, pues se trata de un eslabón de la misma estrategia contra nuestros derechos democráticos y sociales.

Es necesario y urgente decir inmediatamente no a este perverso proyecto y prepararse para las necesarias movilizaciones que tendrán que darse en todas las calles y centros de trabajo de nuestra patria.

PARTIDO FRENTE AMPLIO

Sigue el despilfarro de miles de millones en la CCSS


El impacto de esta directriz contrajo serias dificultades a nivel local para asumir el mantenimiento de los equipos, debido a que no contaban con el personal suficiente y capacitado y sin el presupuesto para la contratación.

Previo a la reestructuración la institución a nivel central por medio de la Sección de Mantenimiento de Equipo Médico contaba con técnicos experimentados, personal que en los últimos años se ha limitado a labores administrativas bajo el nombre de Gestión de Mantenimiento.

En ese entonces existían 35 técnicos, con un alto grado de especialidad y conocimiento que le brindaban a los hospitales, clínicas, áreas de salud y administrativo, un excelente servicio en el mantenimiento y prevención de equipos de alta, mediana y baja complejidad.

Entre estos, el personal atendía equipos médicos electromecánicos (Esterilización, Unidades Dentales, Máquinas Anestesia, Ventiladores pulmonares, etc), especialidad en electromedicina ( laboratorio clínico, monitores, desfibriladores, electrocardiogramas, mesas y lámparas de cirugía etc.) y equipos de RX ( Rx convencionales, mamógrafos, TAC, etc.), asesoraban a las altas autoridades institucionales en la compra y adquisición de tecnología de punta y eran capacitados como requisito para la reparación y mantenimiento de los mismos.

Pero de pronto unos “iluminados”, esos a los que nunca se les investiga, se les previene o sanciona, tomaron la decisión de prescindir de este personal, que contaba con un taller central en la Uruca.

Cabe recalcar que la Sub-Área de Equipo Médico cuentan con un edificio donde se encuentra parte del personal, del Área de Gestión Tecnológica, la otra parte del personal está alquilando o pagando, teniendo infraestructura y espacio físico adecuado en la Sub-Área de Equipo Médico en la Uruca.

Desde entonces, a estos 35 técnicos, se les quitaron las funciones, igualmente se les prohibió reparar cualquier equipo médico, aunque fuera de significativa necesidad para brindar el servicio al asegurado.

Durante estos años, estos trabajadores no hacen más que archivar papeles y llevar algunos controles, siendo la mitad de ellos reubicados en otras áreas, mientras equipos médicos de altísimo valor, esperan su reparación.

Esto no es ni más ni menos que un enorme despilfarro de recursos económicos, por parte de los altos jerarcas de la Caja, en la compra de estos y otros servicios privados, en el alquiler de edificios, traslado de pacientes en la Cruz Roja y otros vehículos por más de 50 mil millones de colones al año.

Si hiciéramos un inventario de salarios, estaríamos hablando de alrededor de 3 mil millones de colones en estos 7 años, más el valor de los equipos deteriorados y dañados, el monto se elevaría a muchos miles de millones.

Pero adicionalmente a éstos, también se han erogado otros miles de millones por parte de la Gerencia de Infraestructura y Tecnología, en la contratación de mantenimiento de equipos viejos y nuevos, donde muchas veces se incumplen los malos contratos que se firman.
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¡Exijamos rendición de cuentas de los altas jerarcas!_

Perverso ataque contra derechos y salarios en sector público – CCSS

·Anteproyecto del gobierno de Liberación y otros, elimina los pluses

Para todo aquel personal que tenía duda o se dejó confundir – ya se confirmó – el gobierno de Laura Chinchilla, Liberación Nacional, diputados de otros partidos y la Junta Directiva de la CCSS, anuncian la eliminación de todos los pluses salariales.

Ya se conocía esta malvada intención y hoy por medio de un anteproyecto denominado “Ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector público” se comprueba el perverso ataque contra aproximadamente 300.000 empleados públicos, incluyendo los 50 mil del Seguro Social.

El objetivo es eliminar todo aquel complemento o plus salarial que esté por encima del salario base o mínimo legal: disponibilidades, prohibición, riesgo laboral, peligrosidad, ajuste técnico, remuneraciones por puesto, cesantía, riesgo manicomial, alimentación, uniformes, zonaje, vivienda, etc.

En el sector de la CCSS la totalidad del personal disfruta, dependiendo de su puesto, de varios de estos conceptos salariales.

Con esto, los políticos de turno, pretenden supuestamente solventar el déficit fiscal, denigrándonos ante la opinión pública, diciendo que son “privilegios odiosos”, mientras que los ricos evaden el pago de los impuestos tributarios, a las grandes empresas extranjeras se les privilegia con la exoneración en el pago de tributos por miles de millones y los salarios de jerarcas del gobierno, diputados, la profunda corrupción y las pensiones de lujo, no se tocan.

Somos, con mucha dignidad y autoridad moral, empleados públicos decentes y honrados. En su mayoría contamos con un salario apenas para vivir dignamente, para mantener a nuestras familias y garantizarles el estudio a nuestros hijos, no somos delincuentes, corruptos, ni ladrones y debemos de defender lo que tenemos a toda costa, y que nadie nos lo regaló porque fue peleado, o correríamos el riesgo de perder hasta los bienes materiales y familiares.

Preguntamos: ¿Quién vive en este país con un salario mínimo, de forma decente?, Ni nosotros, menos con el del sector privado, con quienes piensan equipararnos.

PREPARÉMONOS PARA LA GRAN BATALLA DE CLASES SOCIALES

“Aquí hay muchos sordos”

Leonardo Jeff

En declaraciones a la Radio Pública de Argentina, Leonardo Jeff, académico chileno y director del Centro de Estudios Latinoamericanos analiza el ambiente convulsionado que vive el país que conduce Sebastián Pinera. Los incesantes reclamos sectoriales, la crítica a la mercantilización de la educación, la respuesta represiva del Gobierno y las próximas elecciones, configuran un escenario político y social complejo e incierto.

– Desde su visión integral de la temática educativa ¿cuál es el eje del conflicto que se da en Chile desde hace dos años de manera tan profunda?

– El meollo es la lucha por la defensa de la educación pública, la educación que está a cargo del establecimiento del Estado para que sea efectivamente gratuita. Ustedes no lo pueden concebir porque la educación en la Argentina, las universidades nacional y públicas son gratuitas. Pero acá, la universidad estatal es pagada por las familias.

Lo segundo es luchar contra el lucro en la educación, porque se ha convertido en un buen negocio para consorcios económicos de carácter nacional y trasnacional. Entonces, estamos también luchando porque hay en el país prácticamente 60 universidades, de las cuales son 16 del Estado de Chile, 9 son privadas trasnacionales y el resto 35 son privadas, formadas durante el gobierno militar. Y de esas 35, muchas de ellas son realmente un negocio.

En un estudio que hecho por el ministerio de Educación de Chile sobre el estado financiero de las universidades aparece que el 90 por ciento tiene vínculos con empresas privadas en un promedio de 6 por universidad. Frente a esa situación, incluso el Ministro de Educación parece no tener muchas posibilidades de intervención.

Es cierto que las universidades tienen vínculos con empresas, pero habría que ver qué tipo de empresas. Yo, por ejemplo, digo categóricamente que a Universidad Andrés Bello, la Universidad de las Américas y la Universidad Viña del Mar pertenecen a un consorcio de carácter norteamericano. Ellos lo que buscan es la venta obligada de sus inversiones. Para ello, utilizan una figura, porque la ley no permite que las universidades persigan fines de lucro, y la figura es tener una empresa que les arrienda los inmuebles donde ellos funcionan. A través de ello del arriendo obtienen las utilidades. Ese es el caso más corriente de diferentes universidades privadas. Hay algunas otras universidades que tienen empresas pero que tienen que ver con su quehacer, así que habría que hacer un distingo muy claro de qué empresa se trata.

– ¿Se puede pensar que el reclamo estudiantil comienza a ser parte de los reclamos de otros sectores sociales, como la Confusam, por ejemplo?

Unos días atrás, la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada (Confusam) dio un abrazo simbólico al Congreso pidiendo una constituyente en Chile, una reforma de la Constitución. Yo creo que hay reclamos de muchos sectores y pasan por un periodo de mayor intensidad durante el año 2011. Ahora se está retomando fuerza y hay muchos sectores afectados, entre ellos además de los trabajadores de la salud los deudores hipotecarios por asuntos de vivienda. Así que hay un movimiento que trasciende la educación.

– ¿Cuál es la respuesta del sistema político frente a estos reclamos crecientes?

En principio, yo creo que el Gobierno no entiende nada de lo que se tratan las demandas estudiantiles. El ministro de Educación ha dicho recientemente que los estudiantes perdieron sus banderas de lucha. Las banderas de lucha están muy claras, lo que pasa es que él no quiere escuchar, no quiere oír. Y no hay peor sordo que el que no quiere oír, como dice el dicho.

Además, las clases políticas, los partidos, los parlamentarios tienen sensibilidades muy diferentes. Hay algunos muy sensibles, pero son la minoría. Y frente a una posibilidad de una Asamblea Constituyente, la mayoría se opone a ello porque no está establecido en la Constitución para que exista una constituyente. Entonces, si ellos no quieren, no hay paso para ello, salvo que haya una presión social que los obligue a hacer una reforma en la Constitución y establezca la Asamblea Constituyente.

Pero observamos que el oficialismo, el Gobierno, ante los reclamos está reprimiendo. Y tampoco hay salida política. Cualquier analista podría plantear que es un callejón sin salida, y puede terminar en situaciones mucho más complejas.

– La presión social, ¿cómo se cataliza?

Desgraciadamente el Gobierno actúa reprimiendo. Y la represión es cada vez más fuerte. En las principales ciudades de Chile, donde se hacen las manifestaciones, se observa la fuerza policial extremadamente armada en términos provocativos. El otro día un alumno de la Universidad fue tomado en la calle, subido a un bus de la policía, paseado durante varias horas, con la incertidumbre de saber qué le podía pasar, y así, hay una serie de otras medidas en las que la policía arremete con fuerza contra los manifestantes.

Incluso hay denuncias de abusos de algunos estudiantes detenidos. Y esto está recordando los viejos tiempos de la Dictadura. Realmente uno no ve los procedimientos policiales. La incorporación de lo que se ha insistido tanto, que ellos tienen que ser formados en el respeto a los derechos humanos; en este caso los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de este país.

– En estos días denunció el ingreso de personal policial o carabineros a las universidades ¿Esto está permitido? ¿Se pueden hacer estos procedimientos?

El único autorizado a solicitar la fuerza pública es el Rector de la universidad, salvo que se esté cometiendo un delito flagrante.

Las organizaciones estudiantiles están denunciando que les impiden realizar asambleas dentro de las universidades o las instituciones educativas; y hemos visto cómo se saca a los estudiantes de una manera abrupta.

Lo que pasó días atrás fue en el Instituto Nacional, el establecimiento educacional más antiguo del país, fundado en 1813, que se apronta a conmemorar los 200 años. Ahí entró un bus policial dentro del recinto. Eso es inadmisible. Ahora, las asambleas, por lo menos en mi universidad, la Universidad de Valparaíso, que es una Universidad del Estado de Chile, se pueden realizar normalmente, no hay problema. El problema se produce en la calle.

– ¿Qué es lo que sigue, cuál es su impresión del futuro inmediato?

Yo creo que van a haber manifestaciones cada vez más fuertes, para ver si los partidos políticos pueden entender lo que está pasando porque pronto, hacia fin de año, hay elecciones de alcaldes, que equivale a las elecciones de intendentes y de concejales en Argentina. Y esa elección va a ser muy importante en la perspectiva de la elección presidencial que hay el próximo año. Así que en la medida en que se acerquen esos comicios, la fuerza del movimiento social se va a manifestar para hacerse oír, porque aquí hay muchos sordos.

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Por Laura Colmenares y Bárbara Perrera | Desde Mendoza, Argentina
03|09|2012
Fuente: apasdigital. org

El caso islandés: Corruptos a la cárcel

La crisis en Islandia golpeó a bancos pero también arruinó a familias y empresas. Los autores analizan el caso islandés, un ejemplo muy interesante para Europa

Elvira Méndez / Antonio Estella – 23/03/2012 – 07:00

En El País del 29 de marzo de 2011, dos profesoras de Economía, Lourdes Benería y Carmen Sarasúa, señalaban, en un excelente artículo de opinión, lo siguiente: “Si tuviéramos nociones claras de qué es un crimen económico y si existieran mecanismos para investigarlos y perseguirlos se hubieran podido evitar muchos de los actuales problemas. No es una utopía. Islandia ofrece un ejemplo muy interesante”.

Nos gustaría emplear estas líneas para abundar en el ejemplo islandés, cuyos ecos llegan de vez en cuando a España con algo de retraso y no siempre reflejan acertadamente la realidad y el contexto de los acontecimientos que allí suceden. Conviene seguir de cerca su ejemplo, simplemente porque allí la sociedad civil lleva desde octubre de 2008 enfrentándose a sucesos que solo se han entendido después en el continente tras el empeoramiento de la actual crisis económica. El caso islandés permite preguntarse si hay diferentes alternativas, heterodoxas o incluso convencionales, de las que se están proponiendo desde Europa para salir de la crisis y avanzar en materia de justicia económica y social.

Tuvimos la inmensa suerte de conocernos en una visita de investigación y trabajo que llevó al profesor Estella en 2010 a Islandia. Exactamente el mismo día en que aterrizaba en el país, el día 16 de junio, el Tribunal Supremo islandés adoptaba la decisión de declarar nulas de pleno derecho las cláusulas de indexación de los créditos a divisas extranjeras. A pesar de que la ley islandesa prohibía expresamente utilizar este mecanismo de indexación desde 2001, los bancos islandeses se dedicaron a una frenética actividad de comercialización de préstamos en coronas que a cambio de ofertar tipos muy atractivos indexaban el reembolso del capital y de los intereses a divisas extranjeras como el yen, el dólar o el euro. Como consecuencia, decenas de miles de familias y empresas contrajeron estos créditos indexados para financiarse sin sospechar su ilegalidad. Estos créditos eran muy atractivos, ya que los préstamos islandeses clásicos aparte de abonar intereses en torno al 5% están indexados automáticamente por ley a la inflación, históricamente muy elevada en Islandia.

A la ilegalidad de la práctica de indexación se añade el detalle de que los bancos olvidaron alertar a los ciudadanos de los enormes riesgos que contraían al contratar esos créditos ya que, si la corona se devaluaba, la deuda contraída se multiplicaba de la noche a la mañana. Y lo más doloroso de todo: como luego se ha sabido, los bancos jugaban a dos bandas, ya que mientras ofrecían estos créditos, apostaban en masa en contra de la corona para presentar mejores resultados trimestrales, incrementando artificialmente el valor de sus activos en el extranjero.

El sistema financiero islandés se derrumbó en octubre de 2008, tras la caída de Lehman Brothers. Fue el primer y más contundente aviso del verdadero perfil que podría adquirir que luego ha adquirido la crisis económica. La crisis golpeó a los bancos, sí, pero sobre todo destruyó la economía de miles de familias y empresas que perdieron ahorros y esperanzas. La corona se derrumbó perdiendo el 50% de su valor y se inauguró la fase del corralito islandés o la Cuba del norte, como a veces se refieren los ciudadanos críticos a su isla. Las deudas ligadas a créditos de consumo, empresariales e hipotecarios se multiplicaron por dos de un día para otro. Los islandeses, que una vez pudieron soñar con un tipo de prosperidad igualitaria, muy característica de los países escandinavos (pero de la que hasta entonces Islandia había quedado al margen) eran devueltos de golpe y porrazo a su época más oscura.

Pero no todo fueron malas noticias. Por increíble que pueda parecer en este momento en España, uno de los aliados de los ciudadanos, que emergió con fuerza, fue el Tribunal Supremo de Islandia. Este órgano asumió un papel fundamental en la reestructuración de la deuda privada, ya que el legislador, primero, no intervino y, después, adoptó una norma parcialmente inconstitucional (Ley 151/2010).

La jurisprudencia sobre estos créditos ha ido in crescendo a medida que las noticias reflejaban los crímenes económicos que ahora empiezan a llegar a los tribunales de lo penal y los abusos de las instituciones financieras al recalcular los préstamos ilegales. Esta saga jurídica cuenta con los siguientes hitos: en los asuntos 92/2010 y 153/2010, se declaró que la indexación a divisas extranjeras está prohibida y que los préstamos se realizaron en realidad en coronas islandesas. En el asunto 471/2010 se sustituyeron, en un préstamo de financiación de un coche, los intereses iniciales por el interés tipo del Banco Central islandés. En los asuntos 603/2010 y 604/2010 se amplió el ámbito de esta jurisprudencia a los préstamos hipotecarios. En los asuntos 30/2011, 31/2011 y 155/2011 se aplicó esta jurisprudencia de derecho civil contractual a las empresas. Finalmente, en el asunto 600/2011, cuya sentencia del pasado 15 de febrero ha sacudido a la sociedad islandesa durante una semana, se declaró que la Ley 151/2010 tiene una cláusula inconstitucional. Las consecuencias de la ilegalidad no pueden suponer la revisión del pasado en perjuicio de los deudores. La sustitución de intereses originales por los intereses del Banco Central islandés solo operará para el futuro. La Ley 151/2010 ha sido acusada de servir en última instancia para que los bancos recuperaran las pérdidas de la indexación mediante el cálculo retroactivo de intereses, intereses de demora e intereses sobre intereses usurarios, anulando pagos de buena fe hechos en el pasado. Al fin, el Tribunal Supremo ha revisado la constitucionalidad de dicha ley limitando su retroactividad en ese punto y avanzado en el camino hacia la justicia social.

La revolución islandesa ofrece por tanto luces y sombras que no siempre se entienden en Europa. Mientras en el mundo se pensaba que las pérdidas de los bancos islandeses no habían sido repercutidas a la sociedad civil (los bancos se declararon en quiebra y la deuda externa por el conflicto Icesave con Reino Unido y Holanda dio lugar a dos plebiscitos negativos), la verdad sobre este punto era muy diferente para la deuda contraída por residentes en Islandia.

Esta sentencia y otra del 17 de febrero donde se confirma la primera condena de cárcel por abuso de información privilegiada a un alto funcionario ha dado esperanza a una ciudadanía islandesa en la justicia. Alternativas jurídicas para salir de la crisis, constituir un nuevo contrato social y repartir equitativamente los daños económicos provocados según las responsabilidades existen desde siempre. Lo que falta es el coraje de las instituciones para plantearse un nuevo sistema de justicia social que reaccione frente a nuevos tipos de violencia económica, de tal manera que en el futuro nada de esto vuelva a repetirse, no solo en Islandia, sino también en otros lugares de Europa.

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Elvira Méndez / Antonio Estella. Profesora de Derecho en la Universidad de Islandia / Profesor de Derecho de la Universidad carlos III de Madrid y Responsable de Internacional de la Fundación IDEAS

Elvira Méndez ha sido una de las demandantes en los asuntos que dieron lugar a las sentencias 604/2010 y 600/2011. Antonio Estella está realizando actualmente el estudio ‘Iceland: an alternative way out from the economic crisis?’.

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Islandia sale adelante sin rescatar banqueros

Luisfi61.com
junio 19, 2012 | 1 Comment

Ni el estado benefactor corporativo, ni el mercantilismo o crony capitalism son las mejores formas de dejar atrás una crisis, de forma sana. Ahora que Grecia se hunde y que España está por involucrarse en un festival de rescates de banqueros, Islandia nos da una lección:

En 2007, Islandia era el país pequeño que es ahora, poco poblado y con un alto grado de estado benefactor. Cuatro pequeños bancos operaban en el interior del país. Poco a poco se fue permitiendo privatizar ciertos recursos, se facilitó la especulación bancaria. Se abusó de la vivienda como recurso de inversión, llegó el boom inmobiliario y con él, la concesión de créditos sin límite. En 2008, fueron nacionalizados los tres mayores bancos y su deuda pública empezó a multiplicarse. Un año después, el Parlamento acordó devolver la deuda a Gran Bretaña y Holanda, sus principales acreedores bancarios. Cada familia islandesa debía pagar 3,500 durante 15 años al 5,5 % de interés. Aumentaron las protestas sociales y se convocó un referéndum en el que se decidió rebajar el interés al 3% y aumentar el periodo de pago a 37 años. Finalmente, Islandia tuvo que pedir un rescate internacional del FMI que le obligó a acometer importantes ajustes económicos.

Pero, ahí empieza la diferencia: el gobierno islandés no les dió ni una sola corona de los tributarios a los banqueros. Los dejó quebrar.

A Islandia aún le quedan asuntos por resolver, pero está en el camino de conseguirlo. Su deuda pública sigue suponiendo el 100% del PIB y tiene una importante deuda privada, la inflación no está del todo estable y, aunque pagó anticipadamente de 339, 2 millones al FMI, aún le queda parte del préstamo por devolver. El mismo órgano acaba de publicar su última revisión sobre el estado de Islandia y las previsiones dicen que este año su economía crecerá un 2,4%, con un consumo privado tirando al 3% y compensando la caída de la inversión pública fruto de las medidas de austeridad.

Los tribunales escandinavos juzgaron al ex primer ministro Geir Haarde como parte responsable en la crisis financiera . Y este fue el único proceso judicial abierto ¡en el mundo! contra un político por su presunta implicación en una crisis económica. El ex primer ministro negó todos los cargos, claro. Finalmente fue exculpado de tres de los cuatro cargos que se le imputaban aunque se le condenó por violar la ley de responsabilidad de los ministros.

Islandia también sentará en el banquillo de los acusados a la directiva del Kaupthing Bank. El presidente y el consejero delegado de la entidad, fueron acusados junto a otros de fraude y manipulación por la Fiscalía Especial de Islandia, en el marco de sus investigaciones sobre el colapso de la banca islandesa en 2008.

Y, ¡sorpresa!, Islandia está levantando cabeza. Los islandeses tiraron por el caño el manual convencional para lidiar con las crisis económicas y no pusiaeron la basura bajo la alfombra. Yo digo que hay que darle seguimiento al caso islandés y aprender de él. No de Grecia, no de España, no de Europa continental.