UNDECA aprueba importantes mociones


La primera Moción “Contra el Combo Fiscal, por la defensa de la CCSS, contra proyecto de empleo público y la Reforma del Estado”, ratifica, una vez más, la lucha inclaudicable del sindicato y los trabajadores de la CCSS en defensa de la salud pública y el pueblo costarricense.

La segunda Moción aprobada por unanimidad se refiere a la “criminalización de la protesta social”, los juicios a trabajadores y dirigentes sindicales por ejercer el derecho Constitucional a la protesta.

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“Contra el Combo Fiscal, por la defensa de la CCSS, contra proyecto de empleo público y la Reforma del Estado”

El modelo neoliberal por más de 3 décadas ha explotado y excluido a la mayoría de los ciudadanos costarricenses, un modelo que ha profundizado la desigualdad, la precarización laboral y la pobreza.

El Combo fiscal es parte de las políticas empobrecedoras de los partidos Liberación Nacional, PUSC y PAC, su contenido y repercusiones para toda la clase trabajadora pública y privada y el pueblo costarricense, es un fin en sí mismo, para destruir las conquistas obtenidas a través de las grandes luchas sindicales, sociales y políticas obtenidas desde los años 40 con el pacto social.

El pacto social construido con la participación del expresidente de la República Rafael Ángel Calderón Guardia, el político Manuel Mora Valverde del partido comunista y Monseñor Víctor Sanabria de la Iglesia Católica, y posteriormente José Figueres Ferrer, de forma visionaria, obviando diferencias y obstáculos, hicieron posible las garantías sociales, el Código de Trabajo, la educación pública, las universidades estatales, la banca nacionalizada, el Instituto Costarricense de Electricidad, Instituto Nacional de Seguros, Consejo Nacional de Producción, Instituto Nacional de Aprendizaje y la Caja Costarricense de Seguro Social, ejemplo para el mundo por los estándares de salud de nuestro país, una institución emblemática de la democracia costarricense.

Estos acontecimientos políticos de la vida de nuestro Estado Social significaron desarrollo, bienestar y paz social, empleo, caminos, vivienda, servicios públicos, entre otros, que ahora los políticos pretenden liquidar, con reformas arbitrarias al estado, en favor de sus propios negocios y el capitalismo transnacional.

Es así como con el mayor descaro e impunidad los gobiernos han venido saqueando, hasta la médula. los fondos públicos de los costarricenses con cada vez más impuestos, a tal extremo que están llevando al país hoy a un colapso económico.

Por tanto, la Asamblea General resuelve:
1. Condenar a los diputados, partidos políticos y gobiernos del PLN, PUSC, PAC, responsables de estos y otros actos premeditados para destruir el ESTADO SOCIAL y la institucionalidad de nuestro país.

2. Defendemos la autonomía de gobierno y administración de la CCSS, nos oponemos a la privatización y desmantelamiento de ésta emblemática institución.

3. Demandar a las instancias políticas consecuentes y comprometidas con los más profundos valores y sentimientos ciudadanos, así como a la Sala Constitucional y el Ministerio Público, proceder con la mayor transparencia y agilizar los múltiples casos de corrupción, con la finalidad de que se sienten los precedentes administrativos y penales que correspondan.

4. A los señores y señoras Magistrados de la Sala Constitucional respetuosamente los llamamos a ejercer sus potestades, con la mayor independencia, en relación con las consultas que se tramitan en esa instancia, por la forma y el fondo, del proyecto 20.580.

5. En relación con la unidad sindical y popular, UNDECA desde hace muchos años por disposiciones superiores de Congresos y Asambleas tiene como objetivo estratégico la promoción de la unidad sindical y popular, cuyo propósito sociopolítico es fortalecer la lucha social contra el modelo neoliberal que entrega nuestro país a intereses mercantilistas y la promoción de las transformaciones sociales y políticas.

6. La reciente alianza patriótica con el movimiento sindical es histórica para nuestro país, fue producto de la demanda coyuntural de confrontar el combo fiscal, que fortaleció la lucha contra la derecha neoliberal.

7. Repudiamos la actitud intransigente, intolerante y represiva del gobierno y la clase política, que se ha ensañado con la clase trabajadora y la falta de capacidad para el diálogo que resuelva los grandes desafíos sociales y económicos de nuestro país.

8. UNDECA reafirma su compromiso y pertenencia a la Federación Sindical Mundial, como instancia internacional y al Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) como instancia unitaria nacional, constituida desde el año 2013 para enfrentar y derrotar al modelo neoliberal.

9. Debemos tener claridad de que otras organizaciones, bajo ninguna circunstancia, pueden violentar, coaccionar o representar a otras organizaciones sindicales o sociales, por lo que manifestamos nuestro respeto absoluto a la autonomía de todas las organizaciones.

D*e conformidad con las consideraciones apuntadas, dado nuestro carácter clasista y unitario, cuya herramienta principal es la lucha por la dignidad y calidad de vida de los ciudadanos y la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria:*

Autorizamos a la Junta Directiva para que según las circunstancias convoque a los movimientos y acciones que sean necesarios, incluyendo la huelga u otras modalidades de protesta para seguir confrontando el combo fiscal, la precarización del empleo público, el desmantelamiento y destrucción con la reforma del Estado, la defensa del salario escolar y cualquier otro tema que afecten los derechos y las conquistas laborales.

Acuerdo firme.
Publíquese esta resolución.

San José, 02 de noviembre 2018.
Aprobada por unanimidad.

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Moción 2.

Censura y condena a la represión policial y la judicialización de la protesta social

Reunidos en la Ciudad de San José, la Asamblea General de UNDECA acuerda:

En virtud de que tenemos compañeros procesados administrativa y judicialmente, como mecanismo represivo contra trabajadores sindicalizados y dirigentes sindicales, por participar en un movimiento de huelga nacional patriótica y oponerse a políticas fiscales arbitrarias y empobrecedoras del pueblo:

Nos pronunciamos, condenamos y censuramos estos actos represivos y judiciales contra la clase trabajadora y exigimos el cese inmediato de la represión, persecución y criminalización de la protesta social.

San José, 2 de noviembre de 2018.
Publíquese.
Propone: Deivis Ovares Morales
Aprobada por unanimidad.

Declaración en Día de Defensa de la CCSS

Las organizaciones sociales, consientes y consecuentes con la defensa de la más valiosa institución de los costarricenses declaramos:

1.- Que la pretensión de los diputados de aprobar el proyecto 20.580 atentaría contra la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, y afectaría sensiblemente sus finanzas.

2.- El Combo Fiscal mediante el paquete de impuestos del proyecto 20.580 y en su contenido, la regla fiscal, pretende darle al Ministerio de Hacienda la potestad de establecer el límite de gasto de la CCSS y se incrementarán las dificultades para que la institución atienda las necesidades de la población. Los servicios que brinda la Caja y que son de denuncia constante por parte de la ciudadanía, se deteriorarán aún más y se favorecerá con esto la privatización de la salud.

3.- Condicionar la inversión en salud pública con la regla fiscal, viola de manera grave la Constitución Política y pone en peligro la continuidad de la principal conquista social de los costarricenses.

4.- En el fondo la aprobación de este proyecto lo que pretende es tercerizar primero, entregar servicios a empresas privadas y finalmente privatizar los servicios de la Caja.

Desde las organizaciones sociales, consecuentes con los principios de Seguridad Social, seguiremos denunciando y luchando para que este proyecto no se convierta en ley y podamos mantener los principios democráticos de la seguridad social a salvo de los políticos que solo pretenden cargarle al pueblo costarricense más impuestos. Así mismo, lucharemos contra las velas intenciones privatizadoras de tan noble y emblemática institución.

Seguiremos manteniéndonos firmes en la defensa de la salud pública, seguiremos luchando por defender los servicios fundamentales para la vida. Respaldamos la decisión de la Junta Directiva de la Caja de rechazar este proyecto. Así mismo exigimos:

1.- Se establezcan las políticas institucionales de forma que los servicios públicos de salud sean asumidos íntegramente por la Caja Costarricense de Seguro Social.

2.- Se detenga y revierta el proceso de contratación de servicios tercerizados en REDES, aseo, vigilancia, laboratorio, así como otros servicios que han acelerado su avance en la institución en contra de lo establecido en el Reglamento y sin que existan las respectivas de declaratorias de inviabilidad, facilitando la plataforma privatizadora de los servicios que brinda la institución.

3.- Se investiguen las facilidades administrativas y financieras que se le dan, en la Comisión de gasto institucional a los contratos a terceros.

4.- Que se creen las nuevas plazas institucionales de forma que los servicios tercerizados se asuman a través de servidores institucionales y no con empresas con fines de lucro ajenas a la institución.

San José, 8 de noviembre de 2018

Impactos negativos del Proyecto 20.580 para la Caja Costarricense de Seguro Social

SGA-072-2018 San José, 18 de octubre del 2018

Señores (as)
Román Macaya Hayes, Presidente Ejecutivo
María de los Ángeles Solís Umaña
Fabiola Abarca Jiménez
Marielos Alfaro Murillo
Pablo Guzmán Stein
Álvaro Salas Chaves
José Luis Loría Chaves
Maritza Jiménez Aguilar
Mario Devandas Brenes
Directores
Caja Costarricense de Seguro Social.

ASUNTO: IMPACTOS NEGATIVOS DEL PROYECTO 20.580 PARA LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS)

Estimados señores y señoras:

Quienes suscribimos, LUIS CHAVARRIA VEGA y MARTHA ELENA RODRIGUEZ GONZALEZ, Secretario General y Secretaria General Adjunta, respectivamente, de la UNION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA CAJA Y LA SEGURIDAD SOCIAL (UNDECA), organización gremial mayoritaria de los trabajadores y trabajadoras de esa institución, comparecemos ante este órgano colegiado a manifestar nuestra posición acerca del proyecto denominado “Ley de fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, que se tramita en el Expediente Nº 20.580, en virtud de la consulta realizada a la Institución.

Con fundamento en los argumentos que nos permitimos desarrollar, la organización social que representamos, sumamente preocupada por las serias consecuencias para una institución, solicitamos se rechace el proyecto 20.580.

I- Impactos indirectos de la modificación del Impuesto de Ventas (IV) en Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la CCSS

Según la teoría económica cada vez que hay aumento de impuestos ello tiene un impacto directo en la capacidad de consumo y de vida de las personas de los estratos económicamente ubicados como de ingresos medios y bajos. Dicho impacto se expresa en forma directa en cambios en los hábitos de consumo, orientados a una contracción del consumo personal y familiar en ámbitos no esenciales en primera instancia, asimismo modificación de gastos referidos a inversión de protección en seguridad habitacional, equipos, y menaje personal, también en servicios de salud no básicos, y otros gastos referidos a recreación, cultura y deporte.

En el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se empezó a poner en práctica en América Latina desde la década del noventa impuesto, vía presiones, del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), hay abundante literatura sobre el impacto inmediato de la entrada en vigencia de dicho impuesto en el aumento casi automático en los precios de bienes y servicios.

A pesar de operar como un mecanismo de crédito y débito fiscal a lo largo de la cadena productiva, quien finalmente termina pagando el IVA es el consumidor final. Por lo que la tendencia inicial es que el ajuste entre el crédito fiscal, el débito fiscal y el pago final de IVA, se haga ajustando los precios al alza, porque nadie en la cadena productiva quiere perder “competitividad” y mucho menos ver disminuida su tasa de ganancia, lo anterior va a ser más evidente en todos aquellos servicios que empezarán a pagar IVA.

Ante esta potencial escalada en los precios de bienes y servicios, no es de extrañar que una muy posible situación sea el crecimiento de la morosidad estructural en las cuotas obrero/patronales del IVM, por parte del pequeño, mediano empresariado, así como de microempresas inscritas en el régimen. Este fenómeno puede ser aún más evidente en las cuotas obrero/patronales de sectores como el de trabajadores independientes, asegurados voluntarios, aseguradas por servicio doméstico y sectores agrícolas. Que pueden empezar a tomar la decisión de priorizar en otros gastos esenciales, dejando inicialmente en una segunda o tercera prioridad el pago de la cuota de aseguramiento ante una escalada de precios.

Este escenario no sólo puede convertirse en crítico para la institución, sino que podría crear una situación de mayor vulnerabilidad para aquellos sectores sociales, que hacen un importante esfuerzo mensual, por estar al día con sus obligaciones con la CCSS, como mecanismo de protección social. La experiencia en la región latinoamericana señala que en escenarios de crisis económica y de volatilidad de los precios, uno de los sectores más impactados es el de la protección social. En el caso nuestro, la vulnerabilidad es aún mayor, dada la actual situación de estancamiento económico, poco dinamismo en la generación de empleo y una mayor precariedad de la inserción laboral, todo ello, tiene una correlación directa en el impacto que pueda traer la entrada en vigencia del IVA en materia de estabilidad del régimen de aseguramiento del IVM en los sectores orientados al empleo independiente, a asegurados voluntarios y programas especiales de aseguramiento como el del empleo doméstico y agricultores.

A manera de conclusión, un impacto producto de la entrada en vigencia del IVA que afecte la morosidad en el aseguramiento de aquellos sectores asalariados por cuenta propia, voluntarios, del empleo doméstico y agrícola, significa profundizar la desigualdad social ya existente, por algo ocupamos el noveno lugar en desigualdad a nivel global. Por cuanto, los damnificados serán aquellos sectores más vulnerables, que verán potencialmente precarizarse sus condiciones mínimas de protección social. Ese impacto social, no puede pasar desapercibido para una institución como la CCSS.

II. La Regla Fiscal como medida de austeridad para contraer inversión social.

La Regla Fiscal es para el paradigma neoliberal “la joya de la corona”, en términos de mecanismo regulador del gasto público, pero principalmente como mecanismo orientado a limitar el crecimiento del mismo, léase austeridad presupuestaria. Los promotores de la regla fiscal señalan que la misma busca dar una mayor sostenibilidad a la deuda, a brindar estabilidad a las finanzas públicas y fortalecer la credibilidad de los gobiernos.

En términos reales, la regla fiscal busca por la vía del control presupuestario rígido, crear superávits inducidos que se orienten al pago del servicio de la deuda, por otra parte, la supuesta estabilidad de las finanzas públicas se alcanza, no resolviendo estructuralmente las causas del bajo nivel de ingresos públicos (evasión/elusión, fraude fiscal, exoneraciones/privilegios fiscales, etc); sino simplemente haciendo una contracción del crecimiento real del gasto. Obviamente esa fórmula neoliberal es la que supuestamente les da credibilidad a los gobiernos ante los organismos financieros internacionales, léase: calificadoras de riesgo, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional.

En América Latina, las experiencias de reglas fiscales se han promovido desde gobiernos mas conservadores que creen en la austeridad como una vía para la “estabilidad económica”, hasta llegar a la propuesta del gobierno de facto de Temer en Brasil con la PEC 241 que es congelar por 20 años el gasto social.
En el caso del proyecto 20.580 la regla fiscal está orientada a promover una rígida política de control presupuestario promediando crecimiento del PIB con crecimiento de la deuda. Se establece directamente que la CCSS deberá ajustarse a dicha normativa presupuestaria, y sólo quedan exentos los recursos del IVM y el régimen no contributivo, en todo lo demás operativo de la CCSS, deberá seguir al pie de la letra la normativa en mención.

Un primer impacto muy grave para la CCSS es que la norma determina que, para el acceso a endeudamiento, sólo contará con garantía del Estado, si aplica rígidamente lo que indica la norma, cualquier incumplimiento provocarán que no se brinde dicha garantía. Ello deja en un estado de indefensión a la institución, ante sus requerimientos de acceso a crédito internacional.

La lógica de la regla fiscal aprobada en primer debate es establecer en forma permanente esta política de austeridad presupuestaria, aún en períodos de crecimiento económico y bajos niveles de deuda, incluso en períodos de recesión económica se podrá suspender la aplicación de la regla, pero por un período máximo de dos años. Ello implica que esta “camisa de fuerza” orientada a la austeridad no se ve como una medida temporal o para períodos críticos de sobreendeudamiento, sino como algo estable, lo que va a implicar un severo ajuste a nuestro estado social.
Se dota a la Contraloría de la República de un papel aún mayor al que ha tenido hasta ahora, estableciéndosele como el órgano encargado de autorizar o no los presupuestos públicos de las instituciones, a partir del cumplimiento estricto y rígido de la regla fiscal. Abriéndose la posibilidad, de trasladar a instancias judiciales a aquellos jerarcas que incumplan la norma, algo que el propio presidente Alvarado, no quiere para los evasores de impuestos, pero sí, para jerarcas que no se apeguen estrictamente a esta lógica de austeridad neoliberal.

Las implicaciones en lo que respecta ampliar gasto o inversión en mejoras de equipos, cobertura de servicios, modernización de instalaciones, contratación de personal, etc, quedan para la CCSS muy limitadas o literalmente anuladas. La lógica de esta regla fiscal en el caso de la CCSS es simplemente mantener los niveles actuales de inversión, que ya es harto conocido son absolutamente insuficientes para llenar las necesidades de la población costarricense de gozar de servicios de salud sostenibles y universales.

Consideramos que la regla fiscal, va a provocar en el mediano plazo un deterioro sostenido en los servicios de salud que brinda la institución, además al establecer una rigidez presupuestaria tan amplia, no va a posibilitar ni ampliar cobertura, ni mejorar servicios y mucho menos invertir en investigación de nuevas necesidades de atención primaria y hospitalaria, para hacer frente al crecimiento de la población.
La regla fiscal en el caso de la CCSS, no sólo es la vía a promover una mayor privatización de los servicios de salud, por medio de la austeridad presupuestaria, sino lo más grave, es el camino para el desmantelamiento estructural, de la institución más emblemática de nuestro Estado, el pilar de una Costa Rica que durante décadas fue más inclusiva socialmente. Hoy sin posibilidades reales de brindar salud de calidad a la totalidad de la población costarricense. La regla fiscal convertirá efectivamente la salud no en un derecho humano, sino en una mercancía, haciendo que la CCSS quede como la prestadora de servicios de salud precarios y deteriorados para aquellos sectores sociales que no puedan pagarlos, y para quienes puedan pagar, habrá una diversa oferta privada de servicios de calidad.

III. El Proyecto Violenta la Autonomía de la Caja.

Se mantiene la injerencia política en los asuntos institucionales, cuyo objetivo, evidentemente no es fortalecer la autonomía institucional, sino profundizar la acción política de la figura de la presidencia ejecutiva, convertida tradicionalmente en faja de transmisión del Gobierno de la República, que valiéndose de ese estratégico órgano, de nombramiento exclusivo de Consejo de Gobierno, se garantiza la subordinación de los intereses institucionales a los intereses particulares del gobierno de turno y el partido político que ganó los comicios electorales.

La Caja Costarricense de Seguro Social es una institución que tiene un grado de autonomía distinto y superior al resto de las instituciones autónomas, lo cual así lo ha determinado, de manera reiterada, la jurisprudencia constitucional.

Este grado de autonomía superior que la Constitución le reconoce a esta institución (art. 73 constitucional), no se puede, en lo absoluto, conciliar con la figura de la presidencia ejecutiva, que la propia ley constitutiva.

La realidad institucional nos dice que la autonomía constitucional de la Caja está secuestrada, a merced de la presidencia ejecutiva, instrumento del gobierno de turno para dirigir y controlar la gestión política y administrativa institucional.
Por otra parte, la presidencia ejecutiva constituye un obstáculo para alcanzar el fortalecimiento de la competencia técnica de la Caja, a merced de otra clase de intereses que promueven la privatización de la seguridad social.

IV. La Constitución Política le otorga a la Caja Costarricense de Seguro Social autonomía de administración y gobierno.

El sistema de seguridad social se reconoció en el nivel más alto de nuestro ordenamiento jurídico, a nivel constitucional, cuyo artículo 73 estipula lo siguiente:

_“Artículo 73.- Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine.

La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense del Seguro Social.
No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales.
Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de los patronos y se regirán por disposiciones especiales”.

Esta disposición constitucional estableció los seguros sociales a favor de las personas trabajadoras, cuya administración y gobierno se le atribuyó a la Caja Costarricense de Seguro Social.

Dada la importancia que se reconoció a los seguros sociales, se le confirió a esta institución un nivel de autonomía superior, que no se limitó a la administración de estos seguros, sino que también comprendió la autonomía de gobierno:
“b) la norma le concede, en forma exclusiva a la Caja Costarricense de Seguro Social, la administración y gobierno de los seguros sociales, grado de autonomía que es, desde luego, distinto y superior al que se define en forma general en el artículo 188 ídem” (Voto 6256-94).

Las sentencias reiteradas del Tribunal Constitucional resaltan que la Caja tiene un grado de autonomía, por un lado, distinto y por otro lado, superior al resto de las instituciones autónomas comprendidas en el art. 188 constitucional, cuya potestad de gobierno implica: “(…) a) la fijación de fines, metas y tipos de medios para realizarlas b) la emisión de reglamentos autónomos de servicio o actividad, acorde con las disposiciones normalmente llamadas de política general.” (Sala Constitucional N° 30994 de las 15:00 horas del 5 de julio de 1994).

La autonomía de gobierno de la CCSS, comprende la autonomía presupuestaria, reforzada en el art. 1°de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Nº 8131, de 18 de setiembre de 2001. (Ver Voto N° 2011-15655).
Este grado de autonomía, diferente y superior, que ostenta la Caja Costarricense de Seguro Social, la faculta promulgar las normas reglamentarias necesarias para cumplir efectivamente su cometido, incluyendo los aspectos presupuestarios seriamente amenazados a través de la Regla Fiscal.

De manera que, no solo se pretende violentar esa autonomía especial, sino que lo que se pretende con la Regla Fiscal es hacer absolutamente nugatorio el Art. 177* que estableció que para lograr la universalización de los seguros sociales y garantizar el cumplimiento de pago de las obligaciones del Estado, ya sea en su carácter de patrono y Estado como tal, se deben crear rentas suficientes a favor de la Caja, que cubran las necesidades actuales y futuras de la institución y que si se produce un déficit, el Estado lo debe financiar en el siguiente presupuesto para cubrir en su totalidad las cuotas del Estado.

*“Artículo 177.- La preparación del proyecto ordinario corresponde al Poder Ejecutivo por medio de un Departamento especializado en la materia, cuyo jefe será de nombramiento del Presidente de la República, para un período de seis años.
Para lograr la universalización de los seguros sociales y garantizar cumplidamente el pago de la contribución del Estado como tal y como patrono, se crearán a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social rentas suficientes y calculadas en tal forma que cubran las necesidades actuales y futuras de la Institución.
Si se produjere un déficit por insuficiencia de esas rentas, el Estado lo asumirá para lo cual el Poder Ejecutivo deberá incluir en su próximo proyecto de presupuesto la partida respectiva que le determine como necesaria la citada institución para cubrir la totalidad de las cuotas del Estado”._

Los motivos de carácter fiscal y austeridad que se pudieran haber argüido para atropellar a nuestra institución, no son atendibles, que por más que se traten de anteponer otros motivos de excusa, mucho menos son válidos en el campo de la Seguridad Social, sustentada en los principios de solidaridad, subsidiaridad y suficiencia, constitutiva de nuestro Estado Social de Derecho, y jamás podrían estar por encima de la Constitución y enervar el cumplimiento de obligaciones constitucionales reforzadas, destinadas a satisfacer derechos fundamentales de la sociedad costarricense,.

Por tanto, fundamentado en los aspectos mencionados, solicitamos atentamente a esa Junta Directiva, en cumplimiento de la supremacía de la Constitución Política y en resguardo de los intereses de todos los y las habitantes de nuestro país, rechazar el proyecto N° 20.580 que les fue consultado.

Recibimos notificaciones en: undecacr@gmail.com.

Atentamente,

P/JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
UNDECA

Luis Chavarría Vega
Secretario General

Martha E. Rodríguez González
Secretaria General Adjunta

FSM: V Encuentro Juventud del Cono Sur


Ocurre en una coyuntura desafiante, de más de 10 años de crisis capitalista internacional, una fuerte ola conservadora y en un período de transición geopolítica, en el que vemos la potencia, antes hegemónica, de los Estados Unidos desplazarse hacia el oriente, permitiendo la creación de bloques multipolares de poder.

En el mundo del trabajo vemos cambios profundos en el modo de organización, en una transición que ocurre desde el final del siglo pasado, en que es raro tener grandes concentraciones de trabajadores en el mismo lugar de trabajo, al contrario, nos encontramos cada vez más pulverizados incluso internacionalmente. Esta situación nos plantea el desafío de cómo organizar la clase obrera en esas nuevas condiciones.
Por lo tanto, la coyuntura actual implica una serie de retos, pero también de esperanzas para la lucha obrera en el mundo y particularmente en nuestra región. La recuperación de espacios políticos por la derecha, que ha recurrido a la estrategia de presentar falsos candidatos – outsider provenientes del mundo empresarial, conscientes del agotamiento de la clase política tradicional, ha significado el crecimiento general de medidas que atentan contra la clase trabajadora, mientras el imperialismo se convierte en la fuerza de la oligarquía para doblegar a los países que se oponen a este tipo de acciones, con medidas que van desde los bombardeos y acciones militares hasta coerciones de tipo económico, como los casos de bloqueo a Cuba y Venezuela. Sin embargo, la arremetida de la derecha puede resultar una oportunidad para que la clase trabajadora y los movimientos afines generen acciones conjuntas, necesarias para hacer una defensa en unidad de los derechos que tanto ha costado alcanzar, como así también, de los procesos políticos que los reivindican. A continuación se presenta un panorama de diversas situaciones que pueden ayudar a comprender lo qué está sucediendo.

Este V encuentro, ocurre en la hermana República Bolivariana de Venezuela, país que es ejemplo para los pueblos del mundo y que continúa su resistencia ante las presiones imperialistas, bajo el liderazgo del presidente obrero Nicolás Maduro Moros. El bloqueo financiero ha significado que el Estado no pueda utilizar sus cuentas en el exterior, en una medida análoga a la empleada contra Gadafi en 2011, pero se destaca que las reservas venezolanas son de su propiedad, manteniendo el Banco Central de Venezuela el resguardo de las mismas. Los pequeños y medianos empresarios, si bien han sido favorecidos por la Revolución Bolivariana, al evitar su absorción por parte de grandes monopolios empresariales, han convertido los espacios comerciales en aparatos políticos de la contrarrevolución, condicionando a la población a que rechace abiertamente al gobierno, como el llamado desde panaderías y transportistas públicos a abstenerse en las elecciones presidenciales, acciones que claramente muestran presiones de tipo económico para condicionar acciones políticas.

Este hecho (presiones económicas para conseguir resultados políticos) se repite en escala macro a través de las acciones de bloqueo económico y financiero por parte de la administración Trump, la cual sin embargo trata de actuar contra Venezuela a través de los gobiernos lacayos pertenecientes al “Grupo de Lima”, al cual se suman países como Guyana, que se adhieren a las presiones contra Venezuela, a pesar de verse beneficiados por programas de ayuda como Petrocaribe.

Es importante destacar, que la Revolución Bolivariana protege a la clase a través de una serie de medidas impulsadas por las y los trabajadores. Entre las que se encuentran: el decreto de inamovilidad laboral que reconoce el derecho al trabajo como un derecho humano, la Ley del Primer Empleo que resguarda a los jóvenes que ingresan a la población económicamente activa, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras que utiliza un lenguaje inclusivo con perspectiva de género, reconoce a un trabajador o a una trabajadora, como la persona que ejerce un trabajo (más allá de haber un contrato escrito) y que establece un régimen de derechos, consolida la igualdad de género y otorga una mayor protección a la maternidad. Por estas razones los trabajadores y trabajadoras del mundo, deben reconocer la agresión imperialista contra Venezuela, como parte de la búsqueda de los grandes poderes económicos, de hacer retroceder las conquistas de los derechos alcanzados. Por eso es importante reivindicar al presidente obrero Nicolás Maduro Moros (recientemente reelecto con un 68% de votos favorables) como un ejemplo de resistencia al imperialismo.

La administración Trump y el imperialismo estadounidense, también han dedicado sus esfuerzos a presionar a los países que han apostado por la integración regional y la defensa de los derechos de las y los trabajadores. Dichas presiones contemplan, recrudecer el bloqueo contra del pueblo Cubano, como así también contra los pueblos del Caribe, y de esta forma, socavar el apoyo de sus pueblos al gobierno de Venezuela, con acciones que van desde la infiltración del movimiento popular, el apoyo abierto a sectores opositores violentos, como también golpes de Estado. De igual forma, retrocesos gigantescos en la temática de los derechos humanos, al presenciar en EEUU políticas anti-inmigratorias severas que incluso amenazan las orientaciones internacionales sobre el tema, llegando al punto de separar a padres e hijos migrantes. Todas estas acciones demuestran el declive de esa potencia y sus esfuerzos de mantenerse en la hegemonía.

En Argentina el gobierno de Mauricio Macri ha tomado una serie de medidas que han deteriorado la situación del país, generando la disminución del poder adquisitivo al eliminar el control de cambio, promoviendo la apertura de las importaciones y la reducción de las exportaciones, lo que ha incidido en el incremento del desempleo y el empleo informal, situación agravada por la subida abrupta de los servicios públicos, que han generado una crisis energética ridiculizada por la respuesta irresponsable de Macri. En el campo, el levantamiento a las restricciones a las exportaciones de ciertos productos agrícolas, junto a la eliminación del impuesto al agro y el cambio del plazo en la rendición de cuentas de las divisas utilizadas para exportaciones de 90 días a 2 años han traído consecuencias altamente negativas para los trabajadores del campo. A todo ello se suma la persecución política contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la salida de Argentina de la UNASUR, el endeudamiento con el FMI, cuya suma se utilizará para pagar los atrasos en bonos de deuda, y la cesión soberana frente a las provocaciones del imperialismo británico en las Malvinas.

Recientemente en Panamá culminó la huelga obrera de la construcción, la más larga en el país en lo que va del siglo XXI, lográndose un aumento importante en las condiciones salariales de los trabajadores, demostrando la eficacia de la lucha obrera en un país cuyos gobiernos han sido marcados por la sumisión a los intereses imperiales, que imponen políticas neoliberales. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que desde la década de los ‘80 del siglo pasado no ha habido un aumento general de los salarios, lo que acentúa las desigualdades presentes, ya que el costo de la vida es alto, siendo la ciudad de Panamá una de las más costosas de la región, mientras es evidente la falta de inversión en los servicios públicos. A su vez, macroproyectos como la ampliación del Canal, afectan negativamente la calidad de vida de campesinos e indígenas, arrebatándoles sus tierras, generando un éxodo rural hacia las ciudades con graves consecuencias económicas, políticas y sociales.
El golpe de Estado en Brasil, que ha derrocado a un gobierno popular para instaurar un gobierno de corte neoliberal encabezado por Michel Temer, ha demostrado ser un retroceso sin precedentes para todos los avances logrados bajo la presidencia del obrero Luis Ignacio “Lula” Da Silva y la excombatiente Dilma Roussef. La oligarquía brasileña pretende destruir el patrimonio nacional, entregando empresas públicas estratégicas, como Petrobras (petróleo), Electrobras (energía) y la privatización del suministro del agua, en favor del capital monopólico transnacional, al tiempo que retira derechos del pueblo y de las y los trabajadores. Ejemplo de esto es la reforma laboral, que legalizó contratos precarios de trabajo, dificultó el acceso a la justicia e intentó desmantelar el movimiento sindical, no obstante este último fue uno de los principales movimientos en la resistencia al golpe en Brasil. Con mucha lucha, los movimientos sociales y el movimiento sindical consiguieron frenar el intento de reforma a la seguridad social impulsada por el actual gobierno, imponiendo así, una derrota estratégica a los golpistas y garantizando la permanencia de la jubilación para millones de brasileños y brasileñas. En el ámbito internacional, el gobierno de Brasil vuelve a ser lacayo de los Estados Unidos, dando la espalda a sus hermanos y hermanas latinoamericanos, permitiendo a las tropas imperialistas realizar ejercicios en la Amazonia para hostigar a la República Bolivariana de Venezuela, mientras Temer anuncia el retiro de Brasil de la UNASUR. Todo ello, junto al injusto encarcelamiento del expresidente Lula, ha contribuido a un crecimiento de la movilización y de la disputa por la conciencia del pueblo acerca de lo que está en juego, por lo que la lucha en Brasil es fundamental para el mantenimiento del proyecto integrador de la región.

En este encuentro, se profundiza el debate sobre las estrategias para combatir los objetivos de las corporaciones multinacionales de apropiación de los bienes y servicios esenciales de cada nación. Por ejemplo, la privatización del 70% de la energía eléctrica y del agua en América Latina, la apropiación del petróleo en Brasil, Argentina y Colombia, del gas en Chile, Brasil y Argentina, todo ello monopolizado por sólo ocho compañías europeas y norteamericanas. Luchar de forma conjunta contra tales acciones es luchar por la soberanía de los países latinoamericanos.

En este mismo orden, el pueblo Palestino sigue sufriendo una feroz agresión de parte del estado sionista de Israel, que se evidencia en el bloqueo impuesto sobre la Franja de Gaza, la aceleración en la construcción de colonias en toda Cisjordania ocupada y en la misma ciudad de Jerusalén, los asesinatos y encarcelamientos de los palestinos incumpliendo así la resolución 194 de la ONU que exige el retorno de los refugiados palestinos. Ratificamos nuestra posición solidaria con el pueblo palestino y sus derechos de autodeterminación, en establecer su estado independiente sobre las fronteras anteriores al 5 de junio 1967 con Jerusalén como su capital. El nuevo plan israelí-norteamericano conocido como el Arreglo del Siglo que comenzó con reconocer a Jerusalén como capital de Israel, recortar los compromisos estadounidenses hacia la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos y las presiones de normalizar relaciones con este país sin antes poner fin a la ocupación israelí, demuestra que la administración de Trump se presenta ante el mundo como un abogado fracasado de la ocupación y sus prácticas genocidas. Saludamos a la resistencia del pueblo palestino, y llamamos a todos los trabajadores y trabajadoras del mundo a apoyar la causa del pueblo palestino y sumarse a la campaña BDS para generar una presión popular e institucional internacional que ponga fin a la ocupación y comprometernos en luchar hasta ver una Palestina libre con Jerusalén como su capital.

Todos estos panoramas regionales y locales pueden ser entendidos como una fuerte ofensiva del imperialismo y sus lacayos, para retroceder en las conquistas alcanzadas durante los últimos años. Al mismo tiempo, es notable el declive de poder de EEUU frente al ascenso de las potencias emergentes (China, Rusia, India, Brasil, etc.), transformando la geopolítica mundial y diseñando cada vez más un mundo multipolar y pluricéntrico. Frente a esa situación, la principal potencia imperialista utiliza todos los medios para el mantenimiento de su poder, como ya se ha dicho: bloqueos económicos, leyes antipueblo, golpes de estado, financiamiento de opositores a los gobiernos progresistas, etc. En ese mismo escenario, hemos visto una serie de reformas laborales por el mundo que buscan retirar los derechos de las y los trabajadores para aumentar los beneficios de los patrones, jugando la carga histórica de la crisis económica capitalista sólo en las costas de la clase trabajadora. Tales reformas afectan más fuertemente a las mujeres y a los jóvenes, precarizando aún más el mercado de trabajo para esta parte de la población. El combate a esas medidas, así como a la ola conservadora y fascista que retorna, es deber de los jóvenes luchadores. De este modo, el reconocimiento de enfrentarnos al mismo enemigo permite dar fuerza al llamado a la unidad de la clase trabajadora en la defensa de sus derechos, así como al antiimperialismo y la integración regional como medio para avanzar en la justicia social.

En el quinto encuentro de las juventudes del Cono Sur de la Federación Sindical Mundial participaron 180 compañeros, provenientes Argentina, Brasil, Chile, Panamá, Colombia, El Salvador, Venezuela, Argelia y Palestina.

Reunidos durante cuatro (04) días, en los que se ha debatido en mesas de trabajo y con la participación de los compañeros Ministro del Poder Popular para el proceso social para el Trabajo Eduardo Piñate, Presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y trabajadores de la Ciudad, el Campo y la pesca de Venezuela Wills Rangel, Vicepresidente de la CBST y de la Federación Sindical Mundial Marco Tulio Díaz, Presidente del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores Oswaldo Vera, el Coordinador Internacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y trabajadores de la Ciudad, el Campo y la pesca de Venezuela Jacobo Torres y el Secretario General de la FAT y Vicepresidente de la FSM Alberto Reyes, en conjunto con los compañeros que han organizado el evento y cada uno de los delegados nacionales e internacionales, se aprobaron las siguientes conclusiones y propuestas:

*En el plano internacional: *

1. Convocar a todos y todas los trabajadores a participar de un foro en repudio de la realización de una nueva cumbre del G20, en Buenos Aires Argentina, los días 29 y 30 de noviembre del presente año.

2. lncidir en los procesos de emancipación en contravía del modelo económico imperante, la necesidad de fortalecer nuestros sindicatos, las nuevas luchas políticas, la movilización de masas, la formación político-ideológica y la solidaridad internacionalista pues son los principios fundamentales para encaminar una vez más la identidad de clase.

3. Participar en los espacios que faculta la Federación Sindical Mundial con el objetivo de intercambiar experiencias y aunar esfuerzos de toda la clase trabajadora, de esta manera trazar el camino de la lucha de los proletarios en procura de cambios sociales favorables a nuestros intereses de clase.

4. Priorizar la creación o potenciación de las escuelas de formación sindical clasista, que le permita a los jóvenes trabajadores, no solo conocer la historia sindical y sus raíces, sino adquirir compromisos con la lucha de clase del proletariado en procura de los cambios radicales que requerimos, también hacia la búsqueda de nuevos cuadros y la renovación de las formas organizativas del sindicalismo actual, buscando también alejarlos de los egos, la burocracia y a la vez, vincularlos a las luchas de la clase obrera y demás sectores populares. Impulsar una Escuela de Formación Política-Sindical Latinoamericana que pueda dar respuesta a las necesidades de las y los trabajadores de la región.

5. Garantizar el rol protagónico de la mujer en todas las instancias de participación en nuestras respectivas organizaciones.

6. Construir herramientas comunicacionales para contrarrestar la hegemonía de los grandes medios de comunicación global.

7. Convocar a todos y todas los trabajadores a coordinar una manifestación en la región contra los gobiernos fascistas, neo liberales y pro imperialistas.

8. Construir una comisión permanente de la juventud latinoamericana de la Federación Sindical Mundial para discutir las diversas realidades de los países que componen la región y así discutir acciones conjuntas.

9. Llevar adelante las resoluciones del congreso de la juventud de la federación sindical mundial en Roma.

10. Fortalecer con la incorporación de nuevos cuadros, la comisión de la FSM de Abogados Revolucionarios Latinoamericanos, para que pueda impulsar de manera nacional e internacional en compromiso de una nueva ética jurídica y política en el marco de la edificación del socialismo, identificada con los intereses de la clase obrera, que despliegue acciones en las diversas áreas del derecho, fundamentalmente en derecho laboral, y en unidad estratégica con el movimiento sindical revolucionario mundial.

11. Impulsar la creación de la Juventud Obrera y trabajadora del ALBA DE LOS PUEBLOS y la UNASUR tomando como equipo promotor a los jóvenes que participan del V Encuentro de la Juventud Trabajadora del Cono Sur – Venezuela 2018.

12. Fortalecer las UIS – Unión Internacional de Sindicatos como manera de articulación de los y las trabajadores.

13. Tomar con más firmeza las banderas del internacionalismo proletario y hacerlas parte de su práctica cotidiana, labor indispensable para contrarrestar el bombardeo ideológico permanente que desata la maquinaria propagandista del imperialismo, reforzado por los gobiernos arrodillados y por las centrales sindicales amarillas que alimentadas con recursos millonarios de las ONG del imperialismo, defienden los intereses de los verdugos de la clase obrera.

14. Incentivar la nueva cultura del trabajo para que reconozcamos que todos somos generadores de riquezas sin importar que seas obrero técnico o profesional, generando debates, foros, encuentros o seminarios que puedan desarrollarse a nivel internacional sobre la defensa de los derechos de los trabajadores y el trabajo digno.

15. Crear el Comité Permanente de la Juventud Trabajadora del Cono Sur siendo el comité promotor tomado de los asistentes y las asistentes al V Encuentro Internacional de la Juventud Trabajadora del Cono Sur.

16. Proponer a Uruguay como sede del VI Encuentro Internacional de la Juventud Trabajadora del Cono Sur – 2019.

*En el plano nacional: *

1. Promover y ejecutar programas de formación política, ideológica, técnica y científica a la juventud incorporada a la misión chamba juvenil, CPT, sindicatos, federaciones y delegados de Prevención, articulando con las diferentes escuelas de formación revolucionarias de Venezuela y el mundo y las universidades convencionales y no convencionales.

2. Definir en las universidades carreras y pensum de estudios en ramas estratégicas que fomenten y promuevan el desarrollo del aparato productivo del país.

3. Fomentar la creación de empresas de producción comunal que garanticen la producción de mercancías realmente necesarias para el pueblo venezolano. La creación de una nueva ley de Economía Comunal que no solo contemple como forma organizativa las Empresas de Propiedad Social, bien sea directa comunal, o indirecta comunal, sino que se incorpore el elemento donde se exprese como forma de propiedad las Empresas Bajo Control Obrero organizadas en el sistema RONCA, entre otros.

4. Crear del Banco de la Clase Obrera, que garantice que la colocación del ingreso percibido en dicho banco como parte del ahorro de los trabajadores y las trabajadoras no ingrese en el capital de la burguesía financiera e industrial, sino que por el contrario retribuya en beneficios y posibilidades de financiamiento para los trabajadores y las trabajadoras. Dicho banco debe ser dirigido y administrado bajo Control Obrero Revolucionario, manejar los fondos para la seguridad social, política habitacional, pensiones y jubilaciones de los trabajadores y las trabajadoras e impulsar el desarrollo e inversión a las empresas de Propiedad Social Bajo Control Obrero Revolucionario.

5. Acompañar la constitución y el crecimiento de los Consejos Productivos de Trabajadores, garantizando programas formativos y un seguimiento permanente en el desarrollo de sus objetivos.

6. Fomentar la sindicalización de la clase obrera venezolana, garantizando una política de unificación y de fortalecimiento desde la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad, el Campo y la Pesca de Venezuela, a través de la creación de sindicatos nacionales por rama, sector o industria y limitando la creación de sindicatos que generan división y que finalmente no logran tener la fuerza necesaria para contrarrestar los ataques del patrón.

7. Recuperar las casas de cultivos que están abandonadas a nivel nacional para retomar la inversión realizada por nuestro gobierno revolucionario y hacer en ellas bancos de semillas que garanticen la siembra de nuestros campesinos para que se produzcan los alimentos que necesita la Patria, con la incorporación y recuperación además de la maquinaria de la empresa Pedro Camejo.

8. Que el Presidente Nicolás Maduro Moros ponga en manos de la Juventud Obrera de la CBST al menos una empresa en cada estado del país que nos permita demostrar las capacidades y oportunidades de ejercicio para la transformación del Estado.

Movimiento es pacífico y se fortalece


En relación con los incidentes y los actos de represión que sufren trabajadores y trabajadoras costarricenses que se mantienen, pacíficamente, en huelga en los sectores de la Garita de Alajuela, Barranca en Puntarenas, Ochomogo y Limón, por parte de la seguridad del gobierno, manifestamos nuestro total repudio a dichas medidas de represión y debe el gobierno Piza-Alvarado asumir la responsabilidad total de esos actos.


Denunciamos también las deplorables condiciones laborales en las que se encuentran los oficiales de policía, a quienes incluso los mismos compañeros huelguistas presentes, han tenido que auxiliar por presentar desmayos y otros problemas de salud a causa de las extensas jornadas, sobreexposición al sol, y al no tener dichos funcionarios asistencia médica y alimentaria, entre otros.


Para La Unidad Sindical y Social Nacional, el accionar de la Fuerza Policial al mando del Ministro de Seguridad Michael Soto, siguiendo órdenes del presidente, no es propio de una policía civilista y más bien corresponde a grupos militares represivos de otros países castristas.


Manifestamos a la opinión pública y pueblo costarricense, que nuestro movimiento patriótico nacional es pacífico y son las medidas arbitrarias y extremas de este gobierno quienes mantienen en crisis social a este país, al negarse el Presidente Alvarado a abrir una verdadera mesa de diálogo y buscar una salida real por el bien del pueblo y de nuestra Costa Rica.


Reiteramos que el Movimiento Patriótico Nacional contra el Combo Fiscal y otras medidas contra el pueblo se mantiene fuerte y continúa de manera indefinida en todos los rincones del país.

BUSSCO Salud contra el combo fiscal

Las conquistas sociales fueron construidas, de acuerdo con la idiosincrasia costarricense, a través de grandes luchas y por la vía del diálogo y el pacto social y que, lamentablemente, ahora los políticos comprometen arbitrariamente la justicia y la paz social.

Los sectores político empresariales, los organismos económicos internacionales, grandes transnacionales, interesadas en el negocio de la salud, pretenden destruir la Caja Costarricense de Seguro Social, promoviendo el deterioro y desmantelamiento de la institución, a través de la regla fiscal contenida en el proyecto 20.580.

Esta iniciativa amenaza la estabilidad e institucionalidad publica costarricense, en particular, en la Caja no solo propicia la privatización sino que impactará negativamente la prestación de los servicios, al establecer límites a la inversión y reducir recursos económicos para desarrollo programas, profundizaría las ya largas listas de espera, la calidad de los medicamentos, el congelamiento y deterioro de plazas, salarios y las condiciones laborales, de la infraestructura y los equipos, de servicios sociales y pensiones.

Los y las trabajadoras y BUSSCO-Salud nos oponemos a este nocivo Combo Fiscal y defendemos el derecho del pueblo costarricense a salud y pensiones dignas y anunciamos nuestro apoyo y participación absoluta y contundente al gran movimiento patriótico que iniciará el próximo 10 de setiembre.

El Bloque Sindical y Social Costarricense, sector salud, convoca al pueblo costarricense a defender la CCSS, la calidad de vida del pueblo y unirse a la lucha patriótica, contra el combo fiscal.

*¡NO a más impuestos y rebajo de salarios! *