La exposición realizada el 30 de mayo en la Asamblea Legislativa por la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, evidencia las perversas intenciones en política fiscal del presidente Carlos Alvarado.
Durante su campaña insistió en la necesidad del diálogo, en temas referentes a las finanzas públicas, citando inclusive la coyuntura de los años cuarenta cuando diferentes sectores negociaron, a pesar de sus diferencias, la reforma social, que efectivamente enfrentó los grandes intereses capitalistas de esa época y los de la clase trabajadora. Pero todo lo prometido, por Alvarado, fue a dar al cajón de la basura.
Según la Ministra de Hacienda el contrato social en nuestro país está en riesgo y entre todos, debemos asumir la responsabilidad de seguir garantizando las condiciones que como sociedad hemos disfrutado históricamente. La señora Aguilar responsabiliza a todos los costarricenses y omite mencionar a los verdaderos responsables políticos de lo que ocurre en materia fiscal en Costa Rica.
En congruencia con las exigencias del Fondo Monetario Internacional la administración Alvarado impone:
1. Reducción generalizada de los salarios a los Trabajadores.
• Reducción de los salarios.
• Congelamiento de jubilaciones a todos los pensionados.
• Reducir en más de un 50% la dedicación exclusiva.
• Congelamiento del monto de las anualidades.
• Congelamiento y eliminación de la carrera profesional.
• Salario único: bajar salarios de empleados públicos para congelar salarios en el sector privado.
• Precarización del empleo: prohíben reasignar plazas pero mantienen trabajadores calificados en puestos inferiores.
• Deterioro de los servicios públicos: congelar plazas y reducir tiempo extraordinario, tendrá un impacto muy negativo en la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos. Entre 2014 y 2015 se perdieron 52.461 plazas en el sector público.
• Congelar plazas pone en riesgo a miles de trabajadores interinos que han ocupado plazas vacantes por décadas.
• Vaciar de contenido las convenciones colectivas.
2. Reducir los presupuestos del Estado.
• Estas acciones tienen el objetivo de presionar a los diputados del PLN, PUSC y Restauración Nacional para que aprueben el combo fiscal del PAC.
• Traslada el peso de la “crisis fiscal” a la clase trabajadora del sector público, a los ciudadanos y sacrifica el aparato estatal. La Regla Fiscal pone en riesgo la misma existencia del estado social.
• El propósito es desmantelar el Estado y deteriorar los servicios públicos para
favorecer los mercaderes político-empresariales.
3. Más impuestos contra el pueblo.
• Es mentira que imponen el IVA “para evitar la evasión”. El IVA es un mecanismo para obligar a los ciudadanos y pequeños empresarios a pagar más impuestos, gravando incluso la canasta básica, salud, educación y otros servicios fundamentales para todo el pueblo.
• ¿Qué pasó con la búsqueda de un sistema tributario más equitativo e igualitario? ¿Qué pasó con el control de la evasión, la elusión y el fraude fiscal? ¿Qué pasó con la revisión de los privilegios y exoneraciones fiscales a grandes conglomerados empresariales? Para la ministra estos temas son accesorios y no requieren de medidas concretas.
Consideramos que lo expuesto por la ministra de Hacienda es una clara declaración de guerra contra la clase trabajadora del sector público y el pueblo en general y echa por la borda todos los esfuerzos del movimiento sindical para instalar una Mesa de Diálogo para el tema fiscal.
A pesar de los reiterados esfuerzos de BUSSCO y movimiento sindical para propiciar el diálogo, el gobierno el PAC-PUSC provoca la confrontación social. Cuando las élites se muestran intolerantes y soberbias, sólo la organización popular podrá garantizar la defensa de derechos esenciales como el empleo, el salario y una vida digna.
BUSSCO hace un llamado a toda la clase trabajadora y a la ciudadanía en general a prepararnos para la lucha y la movilización ante esta arremetida neoliberal.
Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO)
San José, 05 de junio 2018.
