Sin embargo, este régimen al igual que el Seguro de Salud, han estado sometidos a la injerencia de los partidos políticos y gobiernos de turno, produciendo efectos graves y dañinos en su administración y sostenibilidad financiera, por esto es que se han realizado muchas reformas irresponsables, en perjuicio de la mayoría de los costarricenses.
Ahora con el mayor descaro y desfachatez la Presidenta Ejecutiva de la Caja y el Superintendente de pensiones, anuncian y amenazan que van a promover otras reformas para aumentar la edad para pensionarse, el monto de cotización al doble y otros requisitos que afectarían el monto a recibir por pensión.
En el año 2005 se dio un fuerte debate con relación a la crisis del fondo de pensiones, donde participamos sectores sindicales, donde no aparecieron los culpables del mal manejo en la inversión de los ingresos.
Así fue como se promovió una reforma donde se incrementó la base contributiva en un 3% más, pasando de un 7.5% a un 10.5% en un período de 20 años, implementándose en un 0,5% progresivamente cada 5 años el aporte del trabajador (a) patronal y el gobierno, condicionada ésta reforma a que la alta jerarquía de la Caja tenía que garantizar eficiencia y mejoramiento en la administración de los ingresos.
Sin embargo en el gobierno de Oscar Arias, el Presidente Ejecutivo, el Gerente y su Junta Directiva, dieron el primer golpe bajo, disminuyendo la tasa de intereses de los préstamos de este fondo en un 2% y otras acciones políticas que fueron muy cuestionadas concluyendo con la separación y el despido del señor Miguel Pacheco Ramírez, Gerente de Pensiones, pero aún desconocemos las gestiones penales que debieron gestionarse.
Existieron dos reformas más que se manejaron totalmente ocultas en los años 2007 y 2008 de forma unilateral, afectando dramáticamente el porcentaje del cálculo de las pensiones de un 70% del salario a solo un 43%, es decir; al día de hoy, por cada ¢100.000 se reconocen ¢43.000 por pensión, es decir en un salario de ¢300.000 recibiría la ridícula suma de ¢129.000 por mes.
Pero en el caso de los salarios más altos del país, en el Régimen de I.V.M. de la Caja se paga un tope máximo de ¢1,400.000 por mes, como si lo anterior fuera poco, nos proponen cotizar el doble, es decir; pasar de un 7.5% a un 15% del salario y elevar los años para pensionarse.
Emplazamos firme y categóricamente a la Presidenta Ejecutiva y miembros de la Junta Directiva de la CCSS para que rindan cuentas al pueblo costarricense sobre ¿qué acciones y gestiones han realizado para recuperar aproximadamente medio billón de colones (500 mil millones) que no se han pagado al RIVM en razón del artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador? La misma Sala Constitucional en voto del año 2011, obligaba al Estado a resarcir los montos dejados de percibir, así como los daños y perjuicios causados por la no aplicación de esta ley.
De igual manera, se explique qué pasó con los ¢1.694 millones incluidos intereses que invirtió la CCSS en fideicomisos administrados por el Banco Popular, donde se informó de irregularidades en la compra de los títulos por parte de altos funcionarios de la Caja.
Una y otra vez, la crisis de la Caja la paga el pueblo, los trabajadores y trabajadoras, mientras los culpables políticos y gobiernos siguen impunes.
Llamamos al pueblo trabajador, del sector público y privado, a salir a las calles a protestar este 1º de Mayo en el Parque Central y muy pronto a una manifestación de protesta contra la reforma.
