Categoría: Comunicados

Ante la noticia de que el Ministro de Obras Públicas solicitó ser relevado en la negociación de la concesión de la ruta a San Ramón, la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (UNT), manifiesta:

Ante la gravedad de los hechos que se le imputan, el Ministro no solo debe separarse del proceso de negociación, sino que la Presidenta de la República debe exigirle su renuncia inmediata.

Creemos que esta decisión es más una cortina de humo que pretende desmovilizar la valiente lucha del pueblo ramonense y demás comunidades del Occidente de Alajuela, y para que quede impune la corrupción que se ha destapado en este proceso. Dichosamente, las y los ramonenses no “comen cuento” y se mantienen firmes en la lucha para que el Gobierno de Laura Chinchilla eche marcha atrás con esa vergonzosa estafa al pueblo costarricense.

Además, muchos otros tienen que rendir cuentas y enfrentar sus responsabilidades. ¿Qué pasará con los funcionarios de la Contraloría General de la República que dieron el refrendo a este ilegal contrato?

Ya es hora de que estas personas den la cara y rindan cuentas en relación a los refrendos de contratos ilegítimos, ilegales y leoninos para los intereses de las y los costarricenses. Recordamos como los contratos de concesión de Puerto Caldera, que habían sido rechazados en dos ocasiones por tener serios vicios de nulidad, finalmente fueron refrendados a pesar de que mantenían los vicios que habían motivado dos rechazos anteriores.

La Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (UNT) respalda en todos sus extremos la demanda del Foro de Occidente, para que se anule la concesión y se separe definitivamente de su puesto al Ministro de Obras Públicas y Transportes. Asimismo, consideramos que ya es hora de que todos aquellos que hayan incurrido en actos de corrupción, sean juzgados y encarcelados. ¡Basta ya de impunidad!

Susan Quirós Díaz
Secretaria General UNT

En diciembre de 2011, dos cuestionados votos de Magistrados de la Sala Constitucional, dictados en sendos procesos de amparo, “decretaron” la prohibición de la huelga en los servicios públicos esenciales, particularmente los hospitalarios.

A raíz de estos singulares votos del Tribunal Constitucional, que violentan la Libertad Sindical y el Derecho Fundamental de Huelga, UNDECA presentó a principio de 2012, con el apoyo de la Federación Sindical Mundial (F.S.M.), una queja en el Comité de Libertad Sindical de la OIT, contra el Gobierno de la República de Costa Rica, por violación de los Convenios ratificados –OIT (CASO Núm. 2929).

El Comité admitió la queja, emplazó al Gobierno Liberacionista de la señora Laura Chinchilla y recientemente, en la primera reunión de este año, el Consejo de Administración de OIT conoció el informe que presentó el Comité de Libertad Sindical.

En la correspondiente resolución de OIT se exhortó al Gobierno a que en consulta con las organizaciones sindicales más representativas de trabajadores y de empleadores, se presente un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa sobre mecanismos de resolución de conflictos en la administración pública.

Esta resolución de los órganos de control de OIT, tiene una extraordinaria importancia, porque OIT echa de menos la existencia en nuestro ordenamiento jurídico y democrático de un proceso de resolución de conflictos colectivos de trabajo, en el sector público, que comprenda los procedimientos de conciliación, arbitraje y el derecho a huelga.

UNDECA y el movimiento sindical clasista, celebra esta resolución y estamos solicitando a las autoridades gubernamentales que se apruebe una ley que atienda esta advertencia de OIT, que garantice a los servidores públicos el Derecho Fundamental de Huelga y los procedimientos de composición de los conflictos colectivos.

Desde luego que el proyecto, como también lo demanda OIT, debe ser resuelto y consultado con las organizaciones legítimas que defienden los intereses de la clase trabajadora, que distan de otras que se seleccionan al libre albedrío para participar en las la Conferencias de la OIT.

UNDECA DEMANDA RESPETO Y TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO ANTE LOS SINDICATOS Y LA OIT

Diversas organizaciones sindicales han enviado a Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República, una nota en la cual denuncian su preocupación por una aparente “negociación” sobre “_El derecho a huelga en servicios esenciales del sector público y privado”_ únicamente con dos organizaciones, marginando a más de 34 organizaciones sindicales de las más importantes, que representan a más de 100 mil trabajadores.

Al tratarse de una reforma al Código de Trabajo, para ejercer el derecho a huelga y la libertad sindical no pueden objetarse restricciones que impidan el pleno y efectivo derecho a la participación de todo el movimiento sindical para restringirla únicamente a esas dos organizaciones, además de su poca representatividad.

Como es de su conocimiento el debate acerca de la Reforma Procesal Laboral en el Movimiento Sindical ha sido extenso, debido a que se consideró que el proyecto como había sido negociado con estas mismas organizaciones, inicialmente contenía aspectos lesivos y regresivos, que no resolvían los aspectos denunciados años atrás ante la Organización Internacional del Trabajo-OIT.

Por lo tanto es inaceptable que ahora después que la misma señora Presidenta y el Gobierno vetara esta ley, a pesar de haberse comprometido con esas dos organizaciones denunciadas, insista una vez más con los mismos actores que no pueden arrogarse la representatividad de la clase trabajadora costarricense, de quienes firmamos y constituimos la gran mayoría del movimiento sindical, representado en las organizaciones del Magisterio Nacional, la CCSS, el sector del ICE, Gobierno Central, los muelles y otras instituciones del sector público.

Luis Chavarría Vega, Secretario General de UNDECA, declaró que “Por todas estas circunstancias, hemos entregado un documento a la señora Presidenta de la República el día de hoy, 18 de marzo 2013, solicitándole nos conceda una audiencia a la mayor brevedad posible, con la finalidad de que se nos incluya en estos debates por los motivos suficientemente representativos y de interés sindical, si es que existe el verdadero interés en resolver y así evitar recurrir una vez más ante las instancias superiores de la OIT.”