INTERNACIONALES: España aprueba dictatorial «Ley mordaza»

El Gobierno de España aprobó este viernes un proyecto de Ley de “Seguridad Ciudadana” conocida popularmente como “Ley Mordaza”, que busca criminalizar y penalizar la protesta social.

Partidos de izquierda, sindicatos y movimientos sociales coinciden en denunciar que esta nueva ley lo que pretende es impedir determinadas críticas que son especialmente incómodas para el poder político.

Ante las protestas, el Gobierno de Mariano Rajoy solo ha suavizado algunos aspectos del anteproyecto que eran notoriamente inconstitucionales. Sin embargo, se mantienen preceptos que generan dudas de constitucionalidad en el ámbito de las retenciones, identificaciones y cacheos. Y, especialmente, se mantiene todo un listado de sanciones contra diversas formas de ejercicio del derecho de manifestación, del derecho de crítica y de la libertad de expresión, que son castigados con unas cuantías económicas desorbitadas.

De esta manera, el Gobierno busca vías de sanción que no ha encontrado en el poder judicial, que de forma reiterada ha desestimado las pretensiones del poder político de castigar formas de protesta que están amparadas por la libertad de expresión y otros derechos fundamentales. Con la nueva ley el Gobierno pretende convertirse en juez y parte, para actuar sobre los derechos fundamentales en las situaciones en las que recibe críticas por parte de la ciudadanía.

Devandas: La sociedad debe participar

Los problemas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) son tan grandes y complejos, que no los puede resolver ni el Gobierno ni la junta directiva, si no es con participación de la sociedad costarricense, alertó el economista Mario Devandas, quien se está estrenando como nuevo directivo de la entidad en representación del sector laboral.

A 15 días de haber iniciado funciones la nueva directiva de la CCCSS –integrada por tres representantes del Gobierno, tres del sector patronal y tres del laboral−, Devandas dice que ya inició el trabajo que se ha impuesto de hablar con gremios de trabajadores, médicos, empresa privada, partidos políticos y otros sectores de la sociedad, “a ver si es posible concitar voluntades para lograr unas acciones que nos conduzcan a empezar a establecer las bases, para resolver los problemas de la Caja”.

No existen “soluciones mágicas” para la problemática de la Caja, que afecta a toda la población, incluidos 52.000 trabajadores del sector salud, señaló Devandas, tras analizar por años la situación de la CCSS, una institución cuyo presupuesto equivale al 7% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y que, solo en lo que respecta al seguro de salud, alcanza un billón y medio de colones anuales, acotó.

Hay muchos diagnósticos de los problemas de la Caja, pero estos no están bien definidos, considera el directivo. Por ejemplo, cuando se habla del problema financiero, algunos ponen énfasis en la morosidad de las empresas privadas, otros en la deuda del Estado −que ya va por ¢700.000 millones aproximadamente−, o las cotizaciones de los sectores por cuenta propia. Pero, el problema financiero en el fondo es cómo financiar la CCSS y eso no está claro, asegura.

Estima que la CCSS es una institución aseguradora, que debe cobrar primas para asegurar de riesgos a la gente, pero no existe un plan de desarrollo, ni una planificación a 15 o 20 años plazo, y entonces no se sabe cuáles son los recursos que se necesitan. No hay una contabilidad de costos confiable, por lo que no se sabe cuánto están costando una consulta externa o un tratamiento, y por qué el costo es distinto de un Ebáis o un hospital a otro, siendo la misma Caja, señala el nuevo directivo.

Don Mario, en su opinión ¿cuáles son los problemas principales de la institución?

−Hay un problema financiero, obviamente; pero, básicamente hay un problema de financiación, sobre todo de la universalización del seguro de salud. Esto, porque los trabajadores que cotizan a través de planillas están aportando el 80% de los ingresos del seguro de salud, junto con las empresas, pero los trabajadores en planilla son el 26% de la población. Entonces tenemos un 74% de la población casi a expensas de la cotización obrero patronal. Ahí hay un problema en el modelo financiero, que hay que estudiar.

A su vez, el modelo administrativo de la Caja es obsoleto, y hay que modificarlo radicalmente. Hay también un problema de la cultura institucional en el trato a la gente. La gente se queja del trato que recibe. La cultura hospitalaria y el modelo de salud tienen que ser sometidos a una fuerte revisión.

¿No se puede afirmar entonces, como lo han hecho autoridades de la Caja, que se logró equilibrio financiero de la institución luego de la crisis del 2012?

−Ahí entramos en sistemas de información contable, financiera, estadística, que tienen que ser sometidos a una revisión, a fin de tener la información indispensable para tomar las decisiones que se requieren. Los sistemas de información no están integrados, no se ha podido establecer el expediente electrónico, lo que es inadmisible.

¿A qué atribuye esa situación?

−Obviamente ha habido un interés de las últimas administraciones políticas, por llevar a la Caja a esa crisis. Ha habido intereses para empujarla hacia la privatización. Si se oculta eso empezamos mal. Uno de los peligros es el interés de hacerse con el negocio de la salud, que es un negocio muy grande.

¿Los gobiernos han impulsado eso?

−Los gobiernos como un instrumento muy importante, a través de las presidencias ejecutivas. La gestión política de los gobiernos anteriores ha destruido todos los sistemas internos. Por ejemplo, el sistema de administración de recursos humanos, el sistema de administración financiera, el sistema de contabilidad.

¿Deliberadamente?

−Pareciera que lo han hecho deliberadamente, al colocar a personas que no se han preocupado por esto; algunas, quizás, sabiéndolo dejaron que las cosas pasaran.

¿Puede el nuevo Gobierno ayudar a corregir esa situación?

−Si un gobierno nos dice: “costarricenses, tenemos que pagarle tanto a la Caja, pero no tenemos los recursos, apoyen una reforma tributaria”, bueno, entonces los costarricenses vamos a tener una conciencia más clara de para qué se necesitan los recursos.

Pero si se ha venido ocultando esa deuda por maniobras inducidas desde el Poder Ejecutivo dentro de la Caja, entonces los costarricenses no tenemos el problema claro. Evidentemente sí hay una presidencia ejecutiva de la Caja con disposición de ponerse la camiseta para hacer las cosas bien hechas, y si la junta directiva une sus esfuerzos para que esto se haga, pues son actores muy importantes; pero lo cierto es que no basta con eso. Aquí los gremios médicos, de trabajadores de la Caja y de todo el país, las juntas de salud, las universidades, tenemos que unir fuerzas, definir bien los nortes y canalizar las energías para que podamos empezar a sacar la institución adelante.

¿Cómo lograr esa unión de fuerzas?

−En el momento que he sido electo, le he dicho a la gente que mi tarea es servir de enlace. Estoy desarrollando conversaciones con todos los sectores, empezando por los sindicatos, aquellos que me eligieron y aquellos que me adversaron, porque yo ahora represento a todos los trabajadores del país en la junta directiva de la Caja. Estamos impulsando ya un encuentro nacional de diversas organizaciones. Me he reunido con los gremios médicos, para ver cómo empezamos a concitar todas esas fuerzas y espero tener una reunión con la señora ministra de Salud, para conversar sobre esto.

El objetivo es tener un encuentro nacional sobre el tema de la Caja, donde se definan algunos temas y estrategias prioritarias, no solamente de decisiones técnicas y políticas, sino de acciones sociales. Si no hay una fuerza que impulse esos planteamientos, se van a quedar ahí, porque son demasiados los escollos que hay que vencer.

Quiero decir que en las conversaciones que tuve con el señor presidente de la República, fui muy claro en esto y él me dijo que contaba con el apoyo del Gobierno en esa línea de trabajo. O sea, que está anuente a impulsar una Caja basada en los tres principios de: servicio público, solidario y universal. En eso me pareció muy bien la posición del presidente y, bueno, vamos a ver.

Y ¿no es necesario remover mandos administrativos en la Caja, para que ahí las cosas realmente cambien?

−Ya hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para eliminar la presidencia ejecutiva de la Caja. Es satisfactorio que la actual presidente ejecutiva (María del Rocío Sáenz) está anuente a eso. Si esto se produjera, implicaría una restructuración completa de los mandos superiores de la Caja.

Aun no aprobándose esa ley −ya que es probable que tenga bastantes escollos que vencer en el parlamento−, pienso que la restructuración de los mandos superiores de la Caja es algo que se debe discutir, no para perseguir ni maltratar a nadie, sino simplemente porque esa estructura de la Caja es una macrocefalia casi impenetrable, que uno no sabe dónde empieza y dónde termina, ni cuáles son responsabilidades de unos y de otros. Ese es uno de los temas que hay que resolver. A algunas cosas hay que entrarles de inmediato, para tratar de apagar algunos incendios, pero los cambios en las estructuras van a ir dando sus resultados hasta en dos o tres años. Si alguien piensa que ya mañana la Caja empieza a funcionar bien, eso no es posible.

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_Semanario Universidad
Miércoles, 02 de Julio de 2014 00:00
Escrito por Jorge Luis Araya_

Foto: UNDECA

Israel, una máquina de asesinar y torturar en masa

A partir del martes 8 de julio Gaza está bajo continuo ataque aéreo de Israel como parte de la operación Margen Protector. El miércoles ya las víctimas palestinas ascendían a más de 40 muertos y cerca de trescientos heridos, contando niños, mujeres y ancianos.

A la campaña aérea seguirá una larga incursión por tierra y el lunático jefe del estado mayor israelí ha dicho que “activaremos toda nuestra fuerza y nos tomaremos todo el tiempo que sea necesario… para alcanzar la victoria” . El ejército ha llamado a 40.000 reservistas.

Ya son incontables las agresiones de Israel contra la Franja de Gaza y, en general contra los palestinos, en los minúsculos ripios que les van quedando de lo que fue su patria alguna vez. Para justificar la nueva ola de bombardeos los mandamases de Tel Aviv esgrimen cínicamente el lanzamiento desde Gaza de los obsoletos y defectuosos misiles de la resistencia patriótica, ninguno de los cuales ha podido penetrar el famoso “domo de hierro”, generosamente financiado por Washington, que entrega a Israel tres mil millones de dólares anuales en ayuda.

Los palestinos están virtualmente desarmados ante Israel, sexto exportador mundial de armas con uno de los ejércitos más modernos del mundo y un considerable arsenal nuclear ilegal.

En Palestina no existen, incluso desde bastante antes de la funesta creación del Estado hebreo(1948), otros agresores que no sean los sionistas. Me baso en los brutales métodos de expulsar millones de palestinos de sus tierras a la fuerza, el arrasamiento de aldeas y el asesinato de sus habitantes, la destrucción de miles de casas y de cientos de olivares y otros medios de subsistencia, la erección del muro de la ignominia y el robo descarado del agua a sus dueños. Además, la no retirada de los territorios ocupados en 1967 y el incumplimiento de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU en defensa de los derechos palestinos. La lucha armada palestina contra la ocupación extrajera es totalmente defensiva y un derecho consagrado por la ley internacional.

¿Tres jóvenes israelíes, hijos de colonos ilegales, secuestrados y asesinados? Nada justifica ese crimen pero sí existe la posibilidad de explicarse en qué condiciones se puede producir. Y no necesariamente por extremistas palestinos pues la turbiedad con que la autoridad ocupante ha manejado y censurado la información sobre el hecho, refuerza la sospecha de que el sionismo haya montado una operación de falsa bandera con tal de hacer inviable el alentador acuerdo de unidad entre Fatah y Hamás y la formación de un gobierno central apoyado por ambas organizaciones.

En cuanto a menores asesinados, la soldadesca israelí tiene el triste record de haber ultimado 15 jóvenes en la operación de castigo al estilo nazi montada en Cisjordania en los días posteriores al secuestro, del que, por cierto, se acusó a Hamás sin pruebas. Luego un grupo de colonos que ya confesó su crimen quemó vivo a un muchacho palestino.

Desde 2000 hasta abril de este año balas israelíes habían segado la vida de de 1520 niños palestinos. En junio de 2013 el Comité para los Derechos de los Niños de la ONU denunció que los niños palestinos son sistemáticamente heridos, torturados y usados como escudos humanos por Israel. Meses antes la UNICEF había informado que cada año alrededor de 700 jóvenes palestinos entre 12 y 17 años, en su mayoría niños, son detenidos por fuerzas israelíes y sometidos a maltrato “sistemático”.

El periodista Uri Avnery, ex miembro de la organización terrorista Irgún y ex oficial de operaciones especiales del ejército israelí, hoy activista por la paz y contra la ocupación, opina que al primer ministro Netanyahu aprovechó la coyuntura para culpar a Hamás y desencadenar una operación en Cisjordania específicamente contra esta organización planeada con “mucho tiempo de antelación”. En otras palabras, Israel esperaba el pretexto para hacer volar por los aires el eufemísticamente llamado proceso de paz, esta vez echado a andar con gran fanfarria por Obama y el secretario de Estado Kerry que ahora no hacen nada por parar la masacre.

En Gaza, objetivo fundamental del ataque viven 1.7 millones de palestinos en 360 kilómetros cuadrados, de los cuales 1.2 millones fueron expulsados de sus tierras en lo que ahora es el sur de Israel. Bloqueada, padece un 38.5 de desempleo y un 13.8 por ciento de niños en desnutrición aguda.

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ANGEL GUERRA CABRERA / REBELION

¡Brutal ataque a indígenas de Salitre!


UNDECA se une al grito de indignación por el ataque sufrido por los y las costarricenses de pueblos originarios de Buenos Aires de Puntarenas, por parte de un grupo de delincuentes.

No es secreto que hay grandes intereses comerciales en las tierras de los pueblos indígenas de Salitre, para ello han recurrido al pago de mafias delincuenciales que han quemado ranchos, perseguido y golpeado a hombres, mujeres, niños y ancianos para obligarlos a salir de sus tierras.

Esta brutal acción no ha contado con la protección policial como corresponde a ciudadanos costarricenses con los mismos derechos humanos que todos los demás.

Respaldamos el comunicado emitido por la Comisión Naciuonal de Derechos Humanos y exigimos a las autoridades del Gobierno de Luis Guillermo Solís actuar de inmediato en la protección de cientos de familias costarricenses.

Llamamos a las demás organizaciones sindicales a unirse en defensa de estos pueblos.

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Comunicado urgente sobre violaciones de los Derechos Humanos del pueblo y el Territorio Indígena de Salitre, Buenos Aires de Puntarenas, Costa Rica.

La Ley Indígena 6172 contempla que los territorios indígenas son inalienables, intransferibles e inembargables y el Convenio 169 de la OIT plantea la autonomía de los pueblos indígenas, por ello el pueblo indígena de Salitre está gestionando acciones para recuperar su territorio, ya que son los dueños legítimos de este.

En contra de este derecho de los pueblos:

1- El sábado 5 de julio llego una turba de finqueros no indígenas con matones a sueldo ejecutando hechos de violencia en contra de los Derechos Humanos del Pueblo Indígena de Salitre, quemaron ranchos que son las casas de habitación de las familias indígenas y están persiguiendo a los indígenas hombres y mujeres en las montañas.

2- El domingo 6 de julio bloquearon el acceso al territorio con piedras y arena que llevaron en dos vagonetas, cortaron la electricidad de la comunidad de Cebror del territorio de Salitre.

3- La jueza de Buenos Aires legitimo esta invasión de los no indígenas que para el medio día de hoy domingo 6 de julio eran más de 100, calificando los hechos como una contravención y de eso se ampara la fuerza pública para decir que no puede sacar a los finqueros que están haciendo ocupación ilegal y violenta del territorio indígena de Salitre.

4- Los cuerpos de policía se han retirado dejando el campo para que los finqueros hagan de las suyas. Consecuencia de ello siguen llegando más finqueros y matones en alto estado de ebriedad disparando y amenazando de muerte, están llegando a invadir las comunidades de Puente, Rio Azul y Cebror.

5- Han amenazado a las mujeres indígenas diciendo que tienen una bala para cada una de ellas y algunas otras que se escondieron en la montaña, aun no aparecen.

6- Al día de hoy lunes 7 de julio, a las 10:00am, no se ha restablecido la paz y al contrario, se nos ha comunicado que la violencia continúa, que el lanzamiento de piedras a los indígenas y a sus casas continua, inclusive a dos horas de la entrada del Territorio, finqueros amedrentan a los indígenas. Tampoco la comitiva del Gobierno se ha hecho presente al territorio, desmintiendo así las declaraciones del Gobierno que argumenta que si están presentes desde el fin de semana.

7- Han salido informaciones de que hay niños heridos y debido al bloqueo y a la violencia con la que los finqueros actúan, la Cruz Roja no ha podido entrar para atenderlos.

Por lo cual:

1- Exigimos que el Estado cumpla con la Ley Indígena y expulse a todos los no indígenas del territorio, como una definitiva solución a la invasión que ellos han perpetrado de los territorios indígenas y del territorio indígena de Salitre en particular.

2- Demandamos que no cabe ninguna negociación, el territorio indígena es del pueblo indígena Bribri como lo establece la Ley, los derechos no se negocian.

3- Exigimos la seguridad en integridad física de la comunidad indígena de Salitre y en especifico de Sergio Rojas, quien fue declarado “No Grato” por parte de la Municipalidad de Buenos Aires y que ha sido víctima de amenazas al día de hoy.

4- Exigimos que se restablezca el libre tránsito para que, cuerpos policiales y de Cruz Roja puedan hacer su ingreso

5- Los poderes del Estado no deben evadir la responsabilidad, planteando que no pueden intervenir y con ello dejar a la población indefensa y en manos de racistas criminales.

6- Responsabilizamos al Estado, en especifico al Ministro de Seguridad Publica Celso Gamboa, por estas acciones racistas y violentas en contra de los Derechos Humanos del Pueblo Indígena de Salitre.

Exigimos que estas acciones no queden impunes, se establezcan las responsabilidades y se emprendan las acciones judiciales por la violación a los Derechos Humanos de los pueblos indígenas hasta las últimas consecuencias.

Hacemos un llamado a la solidaridad de las organizaciones y la población nacional e internacional para difundir ampliamente esta situación y demandar que el Estado costarricense respete los derechos de los pueblos indígenas.

FRAP con nueva Directiva… ¡finalmente!


El pasado 25 de abril de 20914, en arduo proceso electoral en todos los centros laborales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los y las trabajadoras eligieron a sus representantes en la Junta Administrativa del FRAP.

El proceso electoral debió realizarse en noviembre de 2013, sin embargo la anterior Junta Directiva de la Caja intentó realizar un proceso absolutamente oculto y sin transparencia, esto llevó a UNDECA a interponer un Recurso de Amparo contra ese proceder que pretendía “montar” a personas electas “a dedo” y que no respondían a los intereses de los y las trabajadoras.

Esto obligó a la anterior Junta Directiva a realizar un proceso electoral abierto y transparente para el 25 de abril anterior. Y aunque se mantuvo oculto el resultado final de las elecciones, las presiones de UNDECA para que se dieran, rindió frutos este 27 de junio al declararse electos los candidatos que UNDECA respaldadó.

UNDECA, fiel a sus principios de defensa de los legítimos derechos de todos los trabajadores y trabajadoras de la institución, respaldó las candidaturas de las personas que cumplían con los más altos principios de honestidad, trabajo, disciplina, profesionalismo y que han demostrado liderazgo en la defensa de los derechos laborales y la CCSS.

Esos principios de honestidad y transparencia llevaron a la elección de todos los candidatos propietarios y suplentes, así como de la Fiscal de la Junta Administrativa del FRAP, que UNDECA apoyó en el proceso de abril pasado.

UNDECA felicita a todas las personas electas y reitera su compromiso por velar por un trabajo transparente y honesto en los puestos que les han confiado miles de trabajadores y trabajadoras de la Caja que confiaron en nuestra organización para llevarlos a cargos en los cuales la defensa de sus derechos debe estar por encima de cualquier interés particular o comercial.

Para miembros titulares de la Junta Administrativa FRAP fueron electos Benito Vega Arguedas, Alejandro Brenes Solano, Víctor Hugo Monge Aguilar, Jorge A. Chavarría López y como fiscal a Gladys Cascante Marín.

Estos entran a ejercer en forma inmediata.