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El pueblo costarricense ha sido claro y contundente en que debe haber cambios en el país que permitan combatir el alto grado de corrupción, que desde las altas esferas de poder, se vienen multiplicando con acontecimientos que han provocado multimillonarias pérdidas que siempre termina pagando el pueblo. Esa censura a los políticos y empresarios del bipartidismo será ratificada en la segunda ronda electoral del 6 de abril.

Desde la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, vemos con agrado y apoyamos las recientes declaraciones del candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana, PAC, sobre las medidas que aplicará si es electo el próximo domingo 6 de abril, en el sentido de hacer cambios necesarios en las jerarquías de las principales instituciones, y a la vez, auditarlas para tener un panorama claro de la situación heredada luego de ocho años de gobierno liberacionista.

En el caso de la Costarricense de Seguro Social, CCSS, desde hace varios años hemos venido denunciando lo que consideramos decisiones ilegales tomadas por las altas autoridades de la Caja y que nos ha llevado a presentar recursos de inconstitucionalidad y denuncias ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República tanto contra la Presidenta Chinchilla como contra la Presidencia Ejecutiva de la Caja.

Desde principios del 2004, cuando estalló la crisis que sufre la institución provocada por las astronómicas deudas del Estado y la evasión del sector patronal, consentidas por las autoridades jerárquicas de la Caja, quedó demostrada la intervención politiquera en la Caja. Ante esto, tanto UNDECA como otras organizaciones del Bloque Sindical y Social, somos del criterio que la Presidencia Ejecutiva debe ser eliminada y respetar la autonomía de la institución, de acuerdo a la Ley Constitutiva, para evitar que siga siendo un botín politiquero del gobierno de turno.

Pero el caso de la CCSS no es único y diversas instituciones públicas que son fundamentales para el desarrollo del país, como el caso del MOPT, AyA, Ministerio de Salud, Educación, Japdeva, etc., se encuentran en situación similar por intromisión politiquera.

En la Caja y en todos los centros hospitalarios, obligatoriamente, hay que realizar auditorías para que salga a la luz pública la verdadera situación de esta institución.

Tomamos la palabra de Luis Guillermo Solís, candidato del PAC, y como organización sindical nos ponemos a las órdenes para colaborar, con denuncias y propuestas, para el fortalecimiento de la seguridad social.

UNDECA demanda la intervención e investigación de la Gerencia Financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, en este caso por cuanto denuncias de los trabajadores y su sindicato UNT, dan cuenta de subfacturación y/o atraso de la empresa en el pago de las cuotas obrero patronal a la Caja, por más de 3 años.

Trabajadores y trabajadoras de campo en la empresa AGROMONTE S.A., una empresa exportadora de piña, se fueron a la huelga no solo por las deplorables condiciones laborales a las que son sometidos, sino a nuevos e ilegales rebajos salariales y extensión de jornadas.

Sin embargo lo que nos llama poderosamente la atención es que la empresa AGROMONTE S.A. al parecer tiene más de TRES AÑOS como deudor a la Caja, sin que los encargados de cobrarle realizaran las acciones correspondientes para obligar a la empresa a ponerse al día en sus obligaciones, ya que la respectiva cuota se les ha rebajado a las personas que trabajan en la piñera.

En esta situación podrían estar los 900 trabajadores y trabajadoras de la empresa, aunque contamos con pruebas de que esta situación afecta a los y las trabajadoras más humildes y sacrificados, que son los que laboran en el campo, afectando no solo a la CCSS, sino directamente en su seguro de IVM, incapacidades y pensiones.

UNDECA llama a las autoridades de la CCSS a intervenir de inmediato y cobrar a AGROMONTE S.A. la posible millonaria deuda.

UNDECA solicita a la Defensoría de los Habitantes, intervenir e investigar este caso.

Los miles de habitantes del sector de los Hatillos y otros barrios del sur, han experimentado en los últimos días un fuerte desabastecimiento de agua con cortes que sobrepasan los límites de las 24 horas, lo cual se ha vuelto prácticamente insoportable y riesgoso.

Estos cortes de agua excesivamente prolongados, no solo afectan la preparación de los alimentos, el baño, el uso de los servicios sanitarios de miles de hogares en los que se incluye el cuido de los niños y niñas en el hogar, sino también de una importante cantidad de kínder, escuelas, colegios, clínicas y EBAIS de la zona.

Por esta situación, se han suspendido citas médicas, pero además se está exponiendo a riesgos de contaminación y a serios problemas de salud, de hecho ya existen denuncias de fuertes dolores estomacales y diarreas por la calidad del agua, pues a la hora de normalizar el abastecimiento, existen intervalos donde sale totalmente sucia.

Igualmente preocupa los efectos de las medidas sanitarias que deben darse en los diferentes comercios de la zona, como sodas, restaurantes, supermercados, carnicerías, etc.

“Por estas circunstancias diferentes organizaciones, dirigentes de la comunidad, religiosos, sindicales, están informando y consultando las acciones que se podrían realizar la próxima semana, como manifestaciones y el cierre de carreteras, incluyendo la pista y la circunvalación. Como ciudadano de estas comunidades estoy participando activamente en esta problemática junto a los vecinos”, comentó Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.

De no obtener soluciones esta semana, la próxima semana se estaría realizando las manifestaciones en estas comunidades.

Al reafirmar la Sala Tercera la condena de 4 años de cárcel al Dr. Eliseo Vargas, ex presidente ejecutivo de la Caja, por cinco delitos de peculado, se confirman los actos de corrupción en el caso Caja-Fischel.

No existe duda alguna que estos hechos, donde también fueron condenados otros directivos de la CCSS y el expresidente de la República, Rafael Ángel Calderón, fueron los que promovieron la grave crisis económica y moral del Seguro Social.

Pero ¿Por qué no se han sancionado otros altos jerarcas de la Caja, quienes siguen impunes como si nada hubiera pasado?, a pesar de fuertes denuncias que han existido contra ellos.

¿Por qué la Junta Directiva de la Institución no ha actuado con ejemplaridad, transparencia y mano dura con ex gerentes que han sido cuestionados públicamente?.

¿Por qué, la Presidenta Ejecutiva y la Junta Directiva resolvieron no implementar las sanciones de la Comisión que investigó la crisis en la Asamblea Legislativa en el Caja?.

¿Por qué, se ha perdonado a los que condonaron millonarias deudas por intereses morosos?

¿Por qué, hoy después de 15 años de traspaso de los programas del Ministerio de Salud a la Caja no se han pagado montos que superan los 800 mil millones de colones o de la Ley de Protección al Trabajador por cerca de 500 mil millones de colones y aproximadamente 400 mil millones de colones por deudas del actual gobierno de Laura Chinchilla.

La crisis no se ha resuelto, le pasaron la factura a los asegurados con el deterioro de los servicios, el congelamiento de plazas y la no sustitución de personal, largas listas de espera y la dignidad del sector laboral de la Caja.

Así los jerarcas de la Caja del Gobierno de Laura Chinchilla se irán más con pena que gloria.

Desde ya proponemos que el nuevo gobierno nombre una comisión de transparencia para llegar al fondo de estos actos bochornosos y deshonrosos del pasado y la actual situación de la Caja.

No existe duda, ahora más que nunca lucharemos para que se despolitice y democratice la conducción superior del Seguro Social.