Thatcher y la demencia del neoliberalismo senil

WALTER GOOOBAR “Marx y Spencer (la cadena de tiendas inglesa) han triunfado sobre Marx y Engels”, sentenció Margaret Thatcher cuando –en el apogeo de su carrera política– proclamó el triunfo del neoliberalismo en su país. Nunca hubo milagro en el thatcherismo, sólo ingresos extraordinarios durante la década del ochenta gracias la destrucción sistemática de todas las medidas de protección social junto con la venta de un par de joyas de la corona halladas en el desván del imperio: las empresas estatales y el petróleo del Mar del Norte.

Con puntillosidad británica, Thatcher ejecutó las recetas neoliberales como la privatización de empresas estatales, la reforma de los sindicatos, la reducción de impuestos y la rebaja del gasto social. Por una parte, consiguió reducir la inflación pero, por otra, no supo contener el desempleo, que aumentó drásticamente durante sus años en el cargo. Su política causó sufrimiento a millones de personas abandonadas por el Estado de bienestar y provocó un fanatismo mercantilista que, con los años, llevó al sistema a su peor crisis en cerca de un siglo.

La era Thatcher tuvo su punto de partida con su victoria electoral en 1979, que revalidaría en dos ocasiones y que le permitió liderar el gobierno británico hasta 1990. Esos once años en el poder representaron un hito en la política de Reino Unido del siglo XX, acostumbrada a primeros ministros menos duraderos. Esos once años no sólo supusieron una etapa clave en la historia británica, sino la institucionalización de un sistema político, el “thatcherismo”, con tantos adeptos como detractores, y cuyas consecuencias los británicos sufren aún hoy.

Sus admiradores señalan que la Dama de Hierro resucitó el mito del imperio británico, aunque este fuese en realidad un apéndice de EE UU. Para sus críticos, fue una ideóloga que legitimó las desigualdades, deterioró la educación y la sanidad, causó un terrible daño a los servicios públicos, prostituyó la prestigiosa BBC y destruyó el arraigado sentido de solidaridad y de orgullo cívico de los británicos.

Fue en el conflicto de Malvinas cuando la Thatcher vivió uno de los momentos cruciales de su carrera. Contra las predicciones y opiniones, esta vez de una mayoría de su gabinete, decidió que la recuperación de las islas por parte de la dictadura militar argentina no podía quedar impune y envió su flota a retomarlas a sangre y fuego. La superioridad británica fue irresistible. No hubo excesivas bajas y la Thatcher sería reelegida con una mayoría de 144 escaños.

Thatcher nunca olvidó el apoyo, casi en solitario, de Reagan a su guerra para retener las Malvinas, convirtiendo al Reino Unido en una prolongación de la estrategia global estadounidense.

Permitió el uso del territorio británico para bombardear Libia en los ’80, respaldó la guerra de las galaxias estadounidense para debilitar a la URSS y, por medio de su relación con Mijail Gorbachov, jugó un papel clave en la implosión del bloque soviético.

En 1984, la primera ministra sobrevivió a un atentado del IRA que tenía por objetivo la cumbre del Partido Conservador celebrada en Brighton.
Pragmática pero constante, no le importó la ocasional impopularidad y libró una batalla contra los sindicatos, a los que acusaba de tener excesivos privilegios. Eliminó, por ejemplo, la costumbre de votar a mano alzada en las asambleas sindicales, estableció el voto secreto para decidir si se iba a una huelga, y el enfrentamiento decisivo con los mineros, en el que pararon durante un año, se saldó con la derrota sindical. La Premier que venía reforzada por su clamorosa victoria en las Malvinas, no tendría pelos en la lengua en la refriega con los sindicatos, declaró que igual que se había vencido al enemigo del exterior (Argentina) “había que vencer al del interior” (los mineros) porque eran más peligrosos.
En la elección de 1988 también arrasó.

Después de festejar sus once años en Downing Street, el carisma de Thatcher fue quedando eclipsado por iniciativas que generaron conflictos, incluso a miembros de su propio partido, y su buena estrella comenzó a eclipsarse: la disputa con algunos de sus ministros sobre la Unión Europea alimentó una conspiración que la desalojaría del poder.

Entre sus decisiones más controvertidas figura el “poll tax”, un impuesto local que obligaba a todos a contribuir por igual y que generó importantes disturbios sociales, y su oposición a una mayor integración en Europa. Presionada por su partido, Thatcher terminó dimitiendo en noviembre de 1990, tras lo cual John Major se convirtió en líder “tory” y primer ministro.

Los “tories” reivindican ahora su estatura como estadista en la escena internacional, “vencedora” en segunda instancia de la Guerra Fría y precursora del euroescepticismo que en su día incitó a la revuelta interna en su partido, pero que el tiempo ha terminado reconociendo.

“¿Vamos a tener una moneda única que no podemos controlar y vamos a ser incapaces de determinar nuestros propios tipos de interés?”, fue la pregunta que dejó en el aire Margaret Thatcher en su última entrevista como primera ministra, cuando sus miembros de gabinete Geoffrey Howe y Nigel Lawson habían roto ya filas con ella y alentaban la conspiración al estilo Rey Lear.

Los ojos vidriosos de la Dama de Hierro en su despedida de Downing Street lo dijeron todo. Durante años, y pese a ceder finalmente el timón a su “delfín” John Major, la sensación de haber sido víctima de una traición la persiguió hasta su último minuto de vida. En 1992, temiendo la disolución inevitable de su legado, llegó a suplicar desde las páginas de Newsweek: “¡No deshagan mi trabajo!”.

Thatcher escribió dos libros de memorias que fueron publicados en 1993 y 1995. Sin embargo, con la llegada del nuevo siglo comenzaron también los problemas de salud de la no tan de hierro Margaret Thatcher. En 2001 y 2002 sufrió una serie de accidentes cerebrovasculares que provocaron que redujera sus apariciones públicas y cancelara sus actividades como oradora. La familia de la ex primera ministra admitió en 2008 que padecía demencia senil por lo que desde hace más de una década confundía la guerra de los Balcanes con la de Malvinas y se sorprendía cada vez que le recordaban que su marido Denis había fallecido. ¿Qué oscuro lugar en los laberintos de su mente habrá ocupado el hundimiento del crucero General Belgrano?
“Hundimos ese barco porque era peligroso para nuestros barcos (…) Había órdenes de hundirlo y fue hundido. Estaba en un área peligrosa para nuestros barcos. Ya lo he dicho por cuarta vez”, dijo Thatcher sin mostrar jamás el menor remordimiento de conciencia. Ni siquiera un ápice de duda o de empatía.

En su historia del siglo XX, Tiempos Modernos, el historiador británico Paul Johnson sólo dedica a Margaret Thatcher una línea. “(Con ella) Gran Bretaña inicia en 1979 una dolorosa readaptación (…) y regresa al mercado”, escribe el flemático autor británico que en 1989 derramó ríos de tinta cuando la revista Time proclamó a Maggie una de las veinte personalidades que moldearon el siglo XX.

El tiempo ha limado las peores aristas de esta mujer que rigió los destinos de los británicos. Dos décadas después de su caída, “Maggie” sigue polarizando a la población británica, en un camino paralelo al trazado en Estados Unidos por su incombustible aliado en la “contrarrevolución” conservadora, Ronald Reagan. Pese a que es ahora, precisamente, cuando los británicos en particular y los europeos en general, están pagando la auténtica factura de la desregulación de Thatcher y Reagan.

Sin embargo, tanto con el estreno de la película La Dama de Hierro, con Meryll Streep como en el mundo político, parece existir un pacto para silenciar el debate sobre el infausto legado de Maggie porque su impronta en bastantes aspectos ha perdurado. Cuando llegaron al poder prometiendo “la tercera vía”, los socialistas de Tony Blair prácticamente no tocaron la legislación laboral introducida por la Thatcher.

La “Dama de Hierro” ha muerto de un derrame cerebral. Su deceso se produce un año después del 30º aniversario de la Guerra de Malvinas, que fue el punto de inflexión de su mandato, y del colapso de un neoliberalismo demente y senil que pretende sobrevivir a una de sus más destacadas adalides.

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Fuente: Contrainjerencia .com

UNDECA satisfecha por medidas cautelares para investigar situación de odontología en el Calderón Guardia

En razón de reintegro a sus labores del Dr. Ortiz Rechnitz al Jefe servicio de Odontología, UNDECA solicitó medidas cautelares, al estar de por medio una investigación en proceso, para garantizar la pureza de la investigación y evitar supuestas represalias contra trabajadores y trabajadoras de ese servicio.

Tal y como consta en el traslado de denuncia de fecha 27 de febrero de 2013, que se hizo por parte de nuestra Organización ante la Junta Directiva de la CCSS, por supuestas irregularidades en ese sservicio, consideramos de vital importancia, para salvaguardar pruebas y evitar posibles acciones contra testigos, que el Dr. Ortiz Rechnitz fuera separado de su cargo en tanto se realiza la investigación.

Luis Chavarría Vega, Secretario General de UNDECA indicó que “Estamos complacidos de que las medidas cautelares se hayan aplicado en este caso. En las denuncias anónimas que nos fueron presentadas en nuestra Organización se hace mención a una serie de supuestas irregularidades en las cuales se señala como principal responsable el Dr. Ortiz Rechnitz – Jefatura Servicio de Odontología.“

En razón de la gravedad de las supuestas faltas y la presunta participación del Jefe de Odontología que se mencionan en las denuncias anónimas entregadas en nuestra organización, es que UNDECA considera de vital importancia que la CCSS realice una investigación oportuna, transparente y objetiva.

UNDECA estará vigilante de que se cumplan los procedimientos en aras de fortalecer ese servicio y se garanticen los derechos de los usuarios y usuarias.

¡Llueven demandas al Ministerio de Justicia y Paz!

Las personas trabajadoras que se encargan de garantizar la seguridad en los centros penales de nuestro país, laboran en condiciones deplorables: los dormitorios no reúnen las condiciones ambientales mínimas que requiere un ser humano para descansar y dormir con dignidad ; la infraestructura física de las cárceles no es la adecuada y por falta de mantenimiento pone en riesgo la vida y la integridad física de las personas; los fortines en la mayoría de los casos carecen de un servicio sanitario en el que las personas puedan hacer sus necesidades fisiológicas; el peligro inminente en que se encuentran los policías al laborar en una cárcel, que se ve agravado con la sobrepoblación penal, son solo algunas de las situaciones a las que se enfrentan diariamente estas personas. Todo esto se agrava con el hecho de que estos compañeros y compañeras ven limitado su derecho al descanso por los abusos de las autoridades institucionales.

En su mayoría la Policía Penitenciaria labora en una jornada de 7×7 (7 días de trabajo y 7 días de descanso). Durante los 7 días de trabajo tienen prohibido salir del Centro Penal y se supone que deben cumplir jornadas de 8 horas de trabajo por 8 de descanso con un máximo de 12; no obstante generalmente trabajan 12 horas, sin reconocimiento de jornada extraordinaria y todavía después de estas, deben atender requisas, recuentos, visitas de familiares entre otras gestiones, lo que implica que su descanso diario se vea seriamente reducido. Nuestro sindicato ha tenido la oportunidad de escuchar testimonios de personas que casi han completado las 24 horas de trabajo continuo.

Pero el asunto no se queda ahí, sino que a raíz de que por ser policías se les cancela el rubro de disponibilidad, que es una figura que fue concebida para que en caso de presentarse una emergencia, caso fortuito o fuerza mayor, quienes estén en tiempo de descanso deban presentarse a laborar para atender esa situación especial, las autoridades del sistema han abusado y para no contratar más personal, obligan a los compañeros a presentarse a laborar en su semana de descanso, al menos una vez al mes, para atender asuntos ordinarios como visitas, actividades deportivas o sociales de los privados de libertad. El abuso se profundiza, con el hecho de que contrario a lo que han resuelto los tribunales laborales en estos casos, no se les cancela el tiempo extraordinario.

Para terminar el panorama de la injusticia con estas personas trabajadoras, si disfrutan vacaciones, alguna licencia o son incapacitadas para laborar, al ingresar deben reponer días de trabajo. Esta situación hace prácticamente nugatorio el derecho a vacaciones, licencias o incapacidades, con el agravante de que muchas veces durante esos días de reposición, las personas ni siquiera tienen una cama para dormir.

Estas condiciones de trabajo son una vergüenza para nuestro país, sobre todo si pensamos que el Gobierno de la República es el encargado de dar el ejemplo en cuanto al respeto y cumplimiento de los derechos humanos de las personas trabajadoras. ¿Con qué cara irá el Gobierno de la República a Ginebra en la próxima Conferencia Internacional de OIT a defender que en Costa Rica se respetan los principios del trabajo decente, si trabajadores y trabajadoras del propio Estado se encuentran laborando en estas condiciones?

Muchos y muchas policías penitenciarias han acudido a la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (UNT) para organizarse y luchar por el mejoramiento de sus condiciones de trabajo. Ante la indiferencia de las autoridades ministeriales para resolver los problemas planteados por nuestro sindicato, no nos ha quedado más camino que acudir a los tribunales laborales, interponiendo decenas de demandas para reclamar el pago del tiempo extraordinario que estas personas trabajadoras son obligadas a laborar en su tiempo de descanso.

El problema es que ante la indiferencia e irresponsabilidad de los jerarcas públicos, todos los abusos y violaciones a los derechos laborales continuaremos pagándolos las y los costarricenses.

La FSM condena amenazas contra dirigentes sindicales y sociales en Colombia


La Federación Sindical Mundial se dirige a la opinión pública y la comunidad internacional, expresando su condena ante las amenazas contra dirigentes de organizaciones sindicales y sociales de Colombia, entre ellos nuestros compañeros dirigentes nacionales y regionales de SINTRAMIENERGETICA y FUNTRAENERGETICA (afiliados a la FSM). Los dirigentes sindicales fueron amenazados por el grupo paramilitar “los rastrojos”, a través de un comunicado que circuló el 1 de abril.

Estas amenazas se presentan en momentos en que se agudizan los conflictos obreros, agrarios y populares. La FSM reitera que considera estos hechos parte de la campaña de acoso, intimidación y exterminio que se ha desatado contra la dirigencia sindical colombiana. Los últimos 25 años han sido asesinados más de 4.000 dirigentes y activistas sindicales.

Estos hechos demuestran que ni el estado colombiano, ni el gobierno actual del señor Santos pueden ni quieren garantizar la seguridad y la vida de los dirigentes sindicales, agravando la violación de los Derechos Humanos en Colombia.

Grupos de extrema derecha, como este grupo que lanzó estas nuevas amenazas, siempre han realizado el trabajo sucio del Estado y de sus fuerzas armadas, contra el movimiento sindical y popular, sirviendo así los intereses del capital y de las empresas transnacionales.

La Federación Sindical Mundial expresa su plena solidaridad de clase con los dirigentes amenazados.

En nombre de los 86 millones trabajadores de 120 países que representa la FSM exigimos al gobierno y al Régimen de Colombia el cese del terrorismo de Estado contra el movimiento sindical y popular y que se garantice realmente el libre ejercicio de la actividad sindical y política de los trabajadores.

Secretariado Federación Sindical Mundial

Rechazan anular prueba internacional en caso de presunto fraude fiscal del Grupo Naci ón

Juliana Leiva, jueza del Juzgado Penal de Segundo Circuito Judicial, rechazó eliminar una prueba financiera obtenida en un banco del Caribe, ubicado en Bahamas, por el Ministerio Público. Leiva consideró que existía una orden legal de levantamiento del secreto bancario emitida por un juez, en el caso que se sigue contra el presidente del Grupo Nación, Manuel Francisco Jiménez, el exviceministro de Hacienda, Carlos González Jiménez y el abogado Javier León Longhi, quienes figuran como acusados por el supuesto delito de defraudación fiscal.

El 6 de febrero pasado se realizó una audiencia en los Tribunales de Goicoechea, en la cual el abogado Carlos Tiffer, defensor de Jiménez, González y León, solicitó la anulación de tres pruebas, entre ellas la obtenida en este banco caribeño.

Leiva le informó anteayer a la Oficina de Prensa del Poder Judicial que ya había emitido una resolución ante las solicitudes de la defensa, pero que no se podían hacer públicas aduciendo que “…de conformidad con el numeral 295 del Código Procesal Penal, el procedimiento no es público para terceros, ya que las actuaciones solo podrán ser examinadas por las partes…”.

Una fuente, quien prefirió el anonimato, señaló que dentro de los argumentos dados por la jueza para rechazar la solicitud de la defensa de Grupo Naci ón fue que los documentos financieros fueron obtenidos siguiendo los procedimientos que establece el ordenamiento jurídico costarricense sobre el levantamiento del secreto bancario.

Los informes financieros fueron solicitados por la Fiscalía, en una primera instancia a un banco local, al parecer del antiguo Banco Banex, actualmente HSBC, y éste a su vez los pidió a una subsidiaria ubicaba Bahamas, donde muchas entidades tienen sus operaciones llamadas “off shore”.

La causa contra el Grupo Naci ón fue presentada al Ministerio Público por la Dirección de Tributación desde el 2004, y en la misma se señala el supuesto hecho de defraudación fiscal por más de 1.900 millones de colones obtenidos de la aparente simulación de la venta de unas rotativas.

Declaración indagatoria

La jueza también rechazó una solicitud de la defensa que pretendía invalidar una declaración indagatoria de Daniel Robert,Vicepresidente Corporativo del Grupo Nación. La defensa argumentaba que se había hecho utilizando un expediente obtenido ilegalmente por el Ministerio Público en la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL).

Sin embargo, Leiva indicó en sus argumentaciones que, aunque la información sí fue obtenida de forma ilícita, dicho expediente era solamente uno de los tantos elementos con los que contaba la Fiscalía de Delitos Económicos para haber establecido las posibles acciones ilícitas de las que, en su momento, se puso en conocimiento a Robert, por lo que la indagatoria se mantiene dentro del expediente.

El expediente de SUGEVAL contenía información que había solicitado dicha entidad a La Nación, dentro de un proceso administrativo que seguía en contra de la empresa.

Al parecer, el Ministerio Público habría secuestrado la documentación sin orden de un juez. La fuente indicó que no fue un fiscal quien fue hasta la SUGEVAL a secuestrarla, sino un oficial del OIJ y que la misma luego fue incorporada al expediente.

Sin embargo, la fuente indicó que el propio Grupo Naci ón había hecho pública esa información dentro de sus reportes financieros y por esa razón no debía haberse declarado ilegal.

Además, según la fuente, al quedar por fuera dicha prueba, lo único que se eliminaría sería uno de los posibles delitos por los que se podría haber señalado a Robert.

Según documentos en poder de crhoy .com, fue precisamente Robert – Vicepresidente Corporativo del Grupo Nación – quien el 2 de marzo del 2005 y como representante de la empresa Capital Leasing Corporation otorgó un poder generalísimo sin límite de suma al abogado Javier León Longi.

Y es que, según documentación de la Dirección de Tributación, La Naci ón S.A., presentada por Manuel Francisco Jiménez Echeverría, habría simulado la venta de dos rotativas viejas, ya depreciadas, a Capital Leasing Corporation, por un monto de $2 millones.

Capital Leasing Corporation, domiciliada en Belice, habría simulado la venta de las mismas rotativas a Arrendadorta Interfin S.A., de la cual Luis Liberman era Vicepresidente, por la suma de $5 millones, generando una ganancia a la compañía de Belice de $3 millones, que aparentemente pierden los demás accionistas de La Naci ón y el Ministerio de Hacienda, por la proporción de los impuestos no pagados por utilidad generada.

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Fuente: crhoy .com