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Este proyecto pone a pagar más impuestos a los sectores populares, laborales y medios, es decir a la clase trabajadora en general, aumenta impuestos, precariza las condiciones laborales de la clase trabajadora del sector público y desmantela las instituciones públicas poniendo en riesgo la estabilidad laboral de miles de trabajadores y trabajadoras.

En esta coyuntura donde la ofensiva neoliberal apunta a descargar los efectos de la “crisis”, sobre las espaldas de los trabajadores (as), se hace imprescindible la lucha popular y clasista contra el paquete fiscal 20.580 y cualquier ataque contra los derechos laborales.

Ha quedado claro que el gobierno nunca tuvo intencionalidad de resolver en forma conjunta y en una mesa de negociación con el movimiento sindical y popular el tema fiscal.

Es evidente que este tema no es simplemente un asunto técnico, sino esencialmente político, que el movimiento sindical presentó, con toda seriedad y responsabilidad un conjunto de soluciones y propuestas técnicas en el tema fiscal sin más impuestos ni rebajos de salarios.

La lucha no se puede, ni se debe difuminar en supuestas mesas de negociación dilatorias, sin condiciones mínimas como las ya planteadas por el movimiento sindical, porque las y los trabajadores demandan resultados y acciones concretas.

Dadas las condiciones y las respuestas del gobierno, está claro que no tiene la voluntad para un verdadero diálogo, con participación ciudadana real, el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, BUSSCO considera que una mesa de diálogo sobre el tema fiscal con el gobierno no tiene sentido, si su proyecto fiscal, con el cual mantenemos diferencias irreconciliables, avanza en la corriente legislativa.

BUSSCO lamenta la posición del gobierno Piza- Alvarado, denuncia a la ciudadanía y al pueblo trabajador la falta de voluntad política de integrar una verdadera mesa de diálogo social, hacemos el llamado a prepararse para defender con dignidad los derechos humanos fundamentales y la calidad de vida de la familia costarricense.

San José, 14 de agosto 2018

MS-005-2018
San José, 30 julio 2018

Msc.
Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República
Costa Rica

Estimado Señor:

Reciba de parte del espacio de Unidad Sindical un respetuoso saludo.

El propósito de la presente nota es hacerle entrega formal de la posición del movimiento sindical en torno al tema fiscal, que es actualmente parte esencial del debate nacional.

Reiteramos en este documento, tal como lo hemos hecho en otras notas y comunicaciones que le hemos entregado a usted o a su equipo de colaboradores, nuestra visión como organizaciones representativas de la clase trabajadora de cómo vemos el tema fiscal.

Seguimos sosteniendo que Costa Rica es cada vez un país más desigual debido a dos razones principales; un modelo económico que ha favorecido exclusivamente a pequeñas élites empresariales y familiares, dejando sin acceso a los beneficios del modelo a la mayoría de la población y particularmente a los sectores populares y laborales; una segunda razón, es una estructura tributaria y fiscal de altísimo contenido regresivo en la que el 64% de lo que se recauda es por impuestos al consumo; de una bajísima carga tributaria, la segunda más baja de toda Centroamérica, que llega a un 13% del PIB, sólo superamos a Guatemala; y de una tendencia a bajar impuestos al patrimonio, a las utilidades y a las ganancias de capital

Aunado a lo anterior y como mecanismo profundizador de la característica esencialmente regresiva de nuestro modelo tributario, tenemos el crecimiento del fraude fiscal corporativo y de un desigual sistema de privilegios y exoneraciones fiscales que a lo largo de las últimas tres décadas ha beneficiado a una pequeña élite nacional.

El deterioro fiscal, desde nuestra perspectiva, radica en:

a) La creciente evasión tributaria a nivel nacional

b) La altísima evasión y elusión tributaria del comercio exterior

c) El altísimo gasto tributario por exoneraciones y privilegios fiscales para élites corporativas nacionales y transnacionales

d) El alto costo de tratados comerciales de libre comercio que han generado un hueco financiero, vía desgravaciones arancelarias

Obviamente para el Estado la forma de cubrir estos faltantes financieros, fruto de esa erosión sostenida de nuestra base imponible, que llega a representar en su conjunto un poco más del 50% del PIB, se ha hecho por medio de un proceso de endeudamiento interno y externo, mecanismo que se ha llegado a convertir en gran medida en un beneficio financiero para esas mismas élites y que terminamos pagando los mismos de siempre.

Por eso sostenemos que los desajustes fiscales que el país enfrenta se resuelven poniendo énfasis en la lucha contra el fraude fiscal, mejorar la capacidad recaudatoria del Estado, revisar a profundidad el injusto sistema de exoneraciones y privilegios fiscales, que tiene un enorme costo para el conjunto de la sociedad, las cuales son tareas prioritarias.

No es con medidas de austeridad orientadas a reducir la acción del Estado, ni con más impuestos al pueblo, ni rebajos del salario de la clase trabajadora, ni gravando servicios tan importantes como salud y educación o las medicinas, por ese camino no se garantiza justicia fiscal, es poniendo a pagar a quienes deben y pueden hacerlo, y hoy día no lo hacen.

Por esto planteamos diversas medidas que contribuyen a estabilizar las cuentas del Estado, pero principalmente a promover un sistema tributario más equitativo, mas progresivo y más justo, entre las que señalamos:

a) Gravar las grandes utilidades

b) Ejecución eficaz de la valoración aduanera

c) Escaneo de contenedores como medida de combate a la evasión aduanal

d) Gravar a capitales especulativos

e) Eliminar privilegios fiscales a grandes Fondos de Inversión

f) Gravar ganancias extraordinarias obtenidas por los bancos con altas tasas de interés

g) Gravar utilidades financieras de operadores de tarjetas de crédito

h) Establecer los principios de Renta Global y Renta Mundial

i) Gravar las grandes herencias y patrimonios

j) Promover acciones dirigidas al combate a la evasión en el Impuesto de Ventas e Impuesto de Renta

k) Revisión de exoneraciones privilegios fiscales, con énfasis en revisión del actual Régimen de Zonas Francas, las exoneraciones del sector turístico, del sector financiero y de los sectores importadores y exportadores.

l) Acciones contra la evasión y la elusión fiscal en el comercio exterior como: norma antielusiva, listado nacional amplio de paraísos fiscales, prohibición de tener cuentas en paraísos fiscales por parte de funcionarios, normativa amplia de Precios de Transferencia, mecanismos de intercambio automático de información, eliminación legal de utilización de sociedades offshore, eliminación del secreto bancario, reportes públicos país x país.

Resolver los problemas fiscales y financieros del Estado tiene que ver con promover un modelo económico que genere empleos dignos y sostenibles, con políticas públicas que garanticen la inclusión social, con acciones contundentes contra la corrupción de operadores privados que convierten la acción estatal en un nicho de negocios oscuros.

Reiteramos nuestra oposición a la lógica actual con la que el Gobierno pretende enfrentar el tema fiscal, la vía escogida es más de lo mismo, austeridad financiera, contracción del gasto, aumento de carga impositiva a la ciudadanía y no tocar decisivamente los intereses de los grandes grupos económicos corporativos. Seguir por esa vía, significa mayor empobrecimiento y mayor desigualdad.

Manifestamos nuestra total oposición al expediente legislativo N° 20.580 y sus textos sustitutivos que hoy se discute en la Asamblea Legislativa, por cuanto su principal objetivo es ampliar la base imponible al consumo en detrimento de las condiciones de vida del conjunto de la sociedad costarricense.

Solicitamos que en este período de sesiones extraordinarias no convoque dicho proyecto, y en su lugar se convoque a una mesa de diálogo con distintos actores sociales, a fin de alcanzar acuerdos equilibrados, que promuevan efectivamente en el ámbito nacional una estructura tributaria y fiscal más progresiva y equitativa, como herramienta para la igualdad y la inclusión social.

Señor presidente, como organizaciones de la clase trabajadora costarricense le hacemos un llamado a no seguir el camino de las fuerzas oligárquicas y tecnocráticas, sino a avanzar por la senda de la igualdad, equidad y la justicia social.

Le ofrecemos nuestro acompañamiento para avanzar por la ruta de una Costa Rica que brinde oportunidades, inclusiva y solidaria, que garantice una sociedad en la que todos y todas vivamos con dignidad.

De usted con toda consideración,

POR MOVIMIENTO SINDICAL COSTARRICENSE

Firman los representantes de organizaciones sindicales

El Ministerio de Hacienda descalifica declaraciones del Presidente y vicepresidente de la República.

“El mundo va en una dirección diferente y es tasar a las personas y no a las empresas…” impuestos a zonas francas no, ni impuesto a las ganancias de tarjetas tampoco, porque “afectaría al emisor de la tarjeta…” según, Nogui Acosta, viceminstro de Hacienda.

En buen “Cristiano” lo que quiere decir, es: protejamos a las grandes empresas de los políticos empresarios corruptos y a los que roban impuestos, y rebajemos salarios y pongamos impuestos al indefenso pueblo.

La receta de Hacienda aumenta la pobreza, desigualdad y exclusión en uno de los países más desiguales del mundo.

Pareciera que Hacienda olvida que el gobierno, en una democracia, debe velar por los intereses del pueblo, y su papel no es proteger intereses espurios de grupos de poder.

La presente, es la propuesta presentada por UNDECA, BUSSCO y el Movimiento Sindical a los representantes del gobierno en la mesa de diálogo abierta luego de la gran huelga nacional del pasado lunes 25 de junio.
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El diálogo social es esencial para la convivencia democrática, para lo cual es fundamental establecer condiciones mínimas que brinden garantías a las partes, fomentando una discusión libre, honesta y respetuosa, que implica la voluntad política de redescubrir permanentemente el bien común, y un saber vivir juntos bajo criterios de equidad y justicia para todos los sectores y para todas las personas habitantes de la República.

El abordaje que la actual Administración le ha dado al tema fiscal ha debido, sin duda, ser acompañado de un mejor ejercicio democrático. Pero no ha sido así. Lo anterior genera que dicho abordaje gubernamental del tema fiscal, haya generado posiciones antagónicas entre fuerzas reaccionarias y ultraconservadoras y el movimiento sindical y social, motivo fundamental de la creciente conflictividad social.

Tanto las premisas que algunos integrantes de su gabinete de Gobierno y ciertos diputados de la República identifican como factores causales de la situación fiscal, así como las medidas que se han impuesto, evidencian un alto contenido ideológico cargadas hacia la regresividad fiscal; poniendo el énfasis de la carga tributaria en sectores medios y populares, protegiendo a los sectores ganadores del modelo económico quienes además poseen una mayor capacidad adquisitiva.

Estamos frente a dos visiones diametralmente opuestas: mientras el Gobierno se ha centrado en la contención del gasto, la disciplina fiscal, la revisión del régimen salarial del sector público y prioritariamente en la adopción de nuevos impuestos para el pueblo, el sector socio-laboral considera que las medidas deben combatir rigurosamente la evasión, el fraude fiscal, la revisión del régimen de exoneraciones fiscales, la evaluación de los impactos fiscales de los TLCs, el combate al fraude fiscal corporativo y, en definitiva, modificaciones estructurales del régimen tributario orientado a alcanzar una efectiva progresividad.

Por lo anterior y desde el pasado 7 de marzo del presente año, el Movimiento Sindical Costarricense anunció al pueblo trabajador, a la opinión pública nacional, y a la clase política del país, nuestra decisión de hacerle frente a todas aquellas iniciativas de ley y de política pública, que impulsan nuevos impuestos, perjudicando el ya golpeado ingreso de la clase trabajadora; y poniendo en grave aprieto las actividades económicas-productivas de las micro, pequeñas y medianas empresas, castigándolas con nuevas cargas tributarias.

De esta forma, si el Gobierno se encuentra realmente interesado en tomar nuestra propuesta de Diálogo Social, debe mostrar su voluntad política creando las condiciones necesarias que garanticen los mínimos democráticos, de respeto, de reconocimiento del otro y sus reivindicaciones, de buena fe hacia las otras iniciativas que permitan mejores soluciones para todas las partes.

Lo anterior implica:

I. Detener el trámite del paquete de impuestos (Expediente 20.580), para garantizar un periodo de gracia que permita la construcción de acuerdos sobre el tema en la Mesa de Diálogo Social Multisectorial sobre el tema fiscal.

II. Desestimar y suspender las demandas interpuestas por el Gobierno y demás Instituciones Públicas para que se declare la ilegalidad de la huelga, de forma que, se despeje del escenario político toda represalia política y legal contra las y los trabajadores que participaron del movimiento nacional regionalizado del pasado 25 de junio, para expresar el descontento nacional contra el abordaje gubernamental del tema fiscal;

III. La apertura formal de una mesa de diálogo social multisectorial, con participación de diversos sectores como la Iglesia Católica, con su respectiva propuesta metodológica consensuada, para buscar soluciones conjuntas al tema fiscal.

Pero, además, no podemos aceptar y dejamos constancia de nuestro rechazo y condena a las directrices emitidas por la señora Ministra de Hacienda en contra de los derechos laborales y la negociación colectiva en días pasados; especialmente lo relacionado con el decreto # 4167-MTSS-H, que impuso el reajuste salarial para el II Segundo Semestre de 2018 y el I semestre del 2019, suspendiendo unilateralmente el Acuerdo de la Comisión de Salarios del Sector Público del año 2007. Este tipo de decisiones socavan el derecho fundamental a negociación colectiva, así como la construcción de transparencia y de confianza en procesos de diálogo de mayor magnitud como el que se requiere para el tema del déficit fiscal.

Asimismo, manifestamos nuestro rechazo a las comisiones nombradas para la Reforma del Estado y la Reforma a la Administración Pública y lamentamos que este gobierno en lugar de la vía participativa y democrática de nuestro Estado Social, de acuerdo con el postulado que exige el artículo 9 de nuestra Constitución, le haya dado un carácter excluyente, evidenciando una uniformidad ideológica que no sorprende, denegando a la sociedad espacios reales de participación multisectorial efectiva.

No pueden ser los mismos de siempre, que representan los mismos intereses y los mismos sectores, quienes tengan el monopolio de la toma de decisiones, mucho menos con personajes con vocación totalitaria y discriminatoria o que han irrespetado la institucionalidad del país como el señor Casas. Demandamos, por tanto, que se modifique totalmente la integración de ambas comisiones hacia una orientación multisectorial, plural y diversa.

Señores del Gobierno de la República: esas condiciones objetivas son necesarias para encontrar espacios de diálogo con el Gobierno, si es que existe una disposición sincera, transparente, leal, radicada en la buena fe, de manera que ustedes tienen la palabra. Si hay vocación real y transparente por el Diálogo Social, encontrarán al movimiento sindical, dispuesto a sentarse a hablar y dialogar sin ningún tipo de reserva, en resguardo de los intereses de las grandes mayorías y del Estado Social de Derecho.