Juliana Leiva, jueza del Juzgado Penal de Segundo Circuito Judicial, rechazó eliminar una prueba financiera obtenida en un banco del Caribe, ubicado en Bahamas, por el Ministerio Público. Leiva consideró que existía una orden legal de levantamiento del secreto bancario emitida por un juez, en el caso que se sigue contra el presidente del Grupo Nación, Manuel Francisco Jiménez, el exviceministro de Hacienda, Carlos González Jiménez y el abogado Javier León Longhi, quienes figuran como acusados por el supuesto delito de defraudación fiscal.
El 6 de febrero pasado se realizó una audiencia en los Tribunales de Goicoechea, en la cual el abogado Carlos Tiffer, defensor de Jiménez, González y León, solicitó la anulación de tres pruebas, entre ellas la obtenida en este banco caribeño.
Leiva le informó anteayer a la Oficina de Prensa del Poder Judicial que ya había emitido una resolución ante las solicitudes de la defensa, pero que no se podían hacer públicas aduciendo que “…de conformidad con el numeral 295 del Código Procesal Penal, el procedimiento no es público para terceros, ya que las actuaciones solo podrán ser examinadas por las partes…”.
Una fuente, quien prefirió el anonimato, señaló que dentro de los argumentos dados por la jueza para rechazar la solicitud de la defensa de Grupo Naci ón fue que los documentos financieros fueron obtenidos siguiendo los procedimientos que establece el ordenamiento jurídico costarricense sobre el levantamiento del secreto bancario.
Los informes financieros fueron solicitados por la Fiscalía, en una primera instancia a un banco local, al parecer del antiguo Banco Banex, actualmente HSBC, y éste a su vez los pidió a una subsidiaria ubicaba Bahamas, donde muchas entidades tienen sus operaciones llamadas “off shore”.
La causa contra el Grupo Naci ón fue presentada al Ministerio Público por la Dirección de Tributación desde el 2004, y en la misma se señala el supuesto hecho de defraudación fiscal por más de 1.900 millones de colones obtenidos de la aparente simulación de la venta de unas rotativas.
Declaración indagatoria
La jueza también rechazó una solicitud de la defensa que pretendía invalidar una declaración indagatoria de Daniel Robert,Vicepresidente Corporativo del Grupo Nación. La defensa argumentaba que se había hecho utilizando un expediente obtenido ilegalmente por el Ministerio Público en la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL).
Sin embargo, Leiva indicó en sus argumentaciones que, aunque la información sí fue obtenida de forma ilícita, dicho expediente era solamente uno de los tantos elementos con los que contaba la Fiscalía de Delitos Económicos para haber establecido las posibles acciones ilícitas de las que, en su momento, se puso en conocimiento a Robert, por lo que la indagatoria se mantiene dentro del expediente.
El expediente de SUGEVAL contenía información que había solicitado dicha entidad a La Nación, dentro de un proceso administrativo que seguía en contra de la empresa.
Al parecer, el Ministerio Público habría secuestrado la documentación sin orden de un juez. La fuente indicó que no fue un fiscal quien fue hasta la SUGEVAL a secuestrarla, sino un oficial del OIJ y que la misma luego fue incorporada al expediente.
Sin embargo, la fuente indicó que el propio Grupo Naci ón había hecho pública esa información dentro de sus reportes financieros y por esa razón no debía haberse declarado ilegal.
Además, según la fuente, al quedar por fuera dicha prueba, lo único que se eliminaría sería uno de los posibles delitos por los que se podría haber señalado a Robert.
Según documentos en poder de crhoy .com, fue precisamente Robert – Vicepresidente Corporativo del Grupo Nación – quien el 2 de marzo del 2005 y como representante de la empresa Capital Leasing Corporation otorgó un poder generalísimo sin límite de suma al abogado Javier León Longi.
Y es que, según documentación de la Dirección de Tributación, La Naci ón S.A., presentada por Manuel Francisco Jiménez Echeverría, habría simulado la venta de dos rotativas viejas, ya depreciadas, a Capital Leasing Corporation, por un monto de $2 millones.
Capital Leasing Corporation, domiciliada en Belice, habría simulado la venta de las mismas rotativas a Arrendadorta Interfin S.A., de la cual Luis Liberman era Vicepresidente, por la suma de $5 millones, generando una ganancia a la compañía de Belice de $3 millones, que aparentemente pierden los demás accionistas de La Naci ón y el Ministerio de Hacienda, por la proporción de los impuestos no pagados por utilidad generada.
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Fuente: crhoy .com
