INTERNACIONALES: Grandes avances económicos y sociales impulsan a Correa

Quito (PL) Ha sido un año muy bueno, resumió el Presidente ecuatoriano, Rafael Correa, al destacar los avances económicos y sociales de su gobierno en 2012, aunque sin ocultar las dificultades para aprobar leyes y la guerra declarada de la prensa privada.

Los avances son evidentes y ni siquiera los enemigos del Gobierno se toman el trabajo de intentar ocultarlos pues están a la vista, aunque sus lanzas de ataque resultan los males sociales heredados, como la inseguridad delictiva, la cual es menor pero no ha sido erradicada.

País que carece de moneda nacional al ser dolarizado en 2000 por el gobierno de turno, de los actuales 15 millones 635 mil ecuatorianos el 49.56 por ciento vive en la región Sierra; 44.62 por ciento en la Costa y más de un cinco por ciento en la Amazonía.

Según anticipó el propio Correa, Ecuador espera cerrar este año con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PBI) de alrededor del cinco por ciento, luego de estar el pasado 2011 entre los países de más alto incremento en toda la región.

El nivel de desempleo cayó este año a un 4.2 por ciento, la tasa más baja en la historia del país y posiblemente de América Latina, y está aparejada con la disminución de la pobreza mediante una política de generación de empleos de calidad que se van logrando.

En el Ecuador, el salario básico unificado aumentó de 264 dólares en el pasado año a 292 el 1 de enero de 2012, lo cual respondió a las variables de inflación del 5,14 por ciento en ese mes y la productividad del 5,43 por ciento, para un incremento del 10,6 por ciento.

El país aspira a que el salario mínimo se convierta en un “salario digno”, meta que se conforma a partir de la canasta básica unificada.

Por primera vez en la historia del Ecuador, la pobreza extrema por ingresos (miseria total) está en un dígito, el 9,4 por ciento, lo cual es prácticamente la mitad de cuando comenzó este gobierno en el 2007, en que se encontraba en el 16,9 por ciento de la población.

El indicador de pobreza por ingresos, los que no pueden comprar una canasta de consumo para satisfacer las necesidades básicas, está en la actualidad alrededor del 25,3 por ciento, 12,3 puntos porcentuales menos que el 37,6 por ciento de diciembre de 2006.

Donde más ha bajado la pobreza, según cifras oficiales, es en los sectores indígenas y tradicionalmente excluidos como los afrodescendientes y montubios, política unida a la eliminación del trabajo infantil en más de 450 mil niños y niñas en los últimos cinco años.

Esto lo reconoció la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cuando colocó a Ecuador como uno de los mejores países en el 2011 en reducción de la pobreza, así como en la atención a más de 130 mil personas con discapacidades.

Los saltos son impresionantes en educación y salud pública universal y gratuita, en asistencia social a ancianos y el apoyo a madres solteras cabezas de familias, mediante el Bono de Desarrollo Humano otorgado a más de un millón 800 mil beneficiarios.

Próximamente se incrementará de 30 a 50 dólares mensuales este Bono, condicionado a la obligación de las madres de enviar a sus hijos a las escuelas y garantizar su adecuado crecimiento con programas de alimentación infantil para evitar la desnutrición crónica.

De país primario exportador, basado en la extracción de petróleo aunque importador de derivados y de electricidad de sus naciones vecinas, Ecuador está empeñado en cambiar la matriz productiva hacia un Estado que ofrezca servicios asociados al conocimiento.

Con millonarias inversiones en ocho centrales hidroeléctricas, a partir del 2016 no sólo dejará de importar electricidad a Colombia y Perú, sino que la exportará, y con un mega proyecto de 12 mil millones de dólares en la Refinería del Pacífico igualmente exportará derivados.

Fuertes inversiones de China, Venezuela y otros países en Ecuador refutan las campañas sobre el poco atractivo a la inversión extranjera, enfrascada además de los proyectos mencionados en la exploración hidrocarburífera del sur de la nación y en la minería.

“No podemos ser mendigos sentados sobre un saco de oro”, ha dicho Correa en varias ocasiones a los detractores de la explotación minera responsable, cuando ya existen evidencias de grandes reservas de cobre por explotar, oro y otros minerales.

En respuesta a quienes se oponen al desarrollo minero alegando defender la naturaleza, el mandatario ecuatoriano demostró con cifras que los mayores depredadores son la expansión de la frontera agrícola y la minería clandestina irresponsable.

Frente a ello, proclamó el compromiso de dedicar parte importante de los ingresos petroleros y de las utilidades mineras a la eliminación de la pobreza en esos territorios, los más abandonados en la historia nacional, hasta que hayan eliminado ese injusto atraso.

Junto a ello, el Ecuador propuso al mundo preservar el Parque Yasuní ITT, donde se concentra la mayor riqueza en flora y fauna de la humanidad, a cambio de la corresponsabilidad internacional con la mitad de lo que se obtendría al explotar esas reservas de petróleo.

La recuperación del ferrocarril, con la reconstrucción de la ruta del tren inaugurado por el histórico líder de la Revolución Liberal, Eloy Alfaro, unirá de nuevo a Quito con la costa del Pacífico, y un moderno aeropuerto capitalino comenzará a funcionar en febrero.

Casi nueve mil kilómetros de carreteras, autopistas y 78 puentes por todo este país andino son la principal herencia de estos algo más de cinco años de gobierno, en vísperas de nuevas elecciones el 17 de febrero próximo, cuando el pueblo decidirá sobre su reelección.

Pese al incuestionable apoyo mayoritario de la población, Correa se enfrenta a una feroz avalancha mediática de la prensa privada y a una estrategia opositora para impedirle al gobernante Movimiento Alianza PAIS conquistar en las urnas la mayoría parlamentaria.

Victorioso en numerosos comicios y consultas populares, el gobierno de la Revolución Ciudadana espera en un nuevo período avanzar en varios ejes y aprobar leyes bloqueadas hasta ahora por la oposición como las de tierras, agua, comunicación, cultura y el código penal.

Las conquistas sociales, económicas, culturales y patrimoniales, el rescate de la soberanía y la dignidad, y el prestigio ganado por su firme política internacional en favor de la unidad e integración de la Patria Grande latinoamericana y caribeña, son la carta de triunfo de Correa.

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*Jefe de la corresponsalía de Prensa Latina en Ecuador. arb/prl

“Es una bofetada de realidad”


La comparecencia de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, ante la Comisión Permanente Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa, este martes 12 de enero en horas de la mañana, puso “los puntos sobre las íes” cuando se refirió al tema del cáncer de mama en Costa Rica.

Luis Chavarría Vega, secretario general y Martha Rodríguez González, secretaria general adjunta, asistieron a la audiencia con el fin de presentar un estudio del sindicato con respecto a la problemática que aqueja a miles de mujeres en todo el país, el cáncer de mama.

“Es una bofetada de realidad, la que hemos recibido el día de hoy”, dijo la diputada del PAC, Carmen Muñoz, y agregó que “todo el lindo panorama que nos pintaron las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, tal parece que no es así y los datos e información que no entrega UNDECA nos pone ante un decepcionante panorama sobre la problemática del cáncer de mama en nuestro país”.

En una minuciosa investigación, realizada por UNDECA, se demuestra que el panorama de acciones para combatir el flagelo del cáncer de mama, por parte del Gobierno es “nada más que retórica política y la información que emana de las autoridades de la CCSS no permite saber a ciencia cierta los alcances de la inoperancia administrativa en este tema, también”, recalcaron los dirigentes sindicales de UNDECA.

“El cáncer es un grave problema de salud pública, que amenaza en convertirse en la primera causa de muerte en Costa Rica. Pese a que esta realidad es conocida desde hace años, tanto que se pretendió crear un Instituto que se dedicará a atender ésta patología (1998), se creó una Dirección del Cáncer en la CCSS en el 2000; dirección que se eliminó en el 2005, sin resultados concretos.”, dijo Martha Rodríguez y agregó que “en el 2009 se trasladan los recursos del Instituto Costarricense contra el Cáncer (ICCC), a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y en ese mismo año, la Junta Directiva de la institución aseguradora declaró de interés y prioridad institucional la prevención, detección temprana y atención oportuna del cáncer, con la finalidad de fortalecer la red oncológica nacional. Para desdicha de muchas mujeres, esta declaración no ha sido más que una declaración retórica y política.”.

Según un informa de la Contraloría General de la República el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de 2006-2010, la “estrategia” era desarrollar políticas, con respecto al cáncer con metas por cumplir del 70%, pese a ello el Ministerio de Salud ni siquiera tomó en cuenta el tema del cáncer en su “plan estratégico 2008-2010”, lo que demuestra que el tema es “panfletario y solo es papel en una gaveta del algún escritorio de esa institución”.

No hay falta de recursos

Para UNDECA que cualquiera podría considerar que la falta de recursos económicos podría ser el pretexto para no combatir este flagelo que perjudica a miles de mujeres, pero lo cierto es que no es así.

Tanto Martha Rodríguez como Luis Chavarría coincidieron en que dinero hay, “esto no es congruente con el informe de gestión de los recursos trasladados del Instituto Costarricense contra el cáncer, ICCC, que señala que al 31 diciembre de 2010, de los ¢38,616,6 millones girados la CCSS, solo ejecutó ¢1,802,1 millones (4,66%). Esta sub-ejecución es una explicación que nos deben las autoridades de la CCSS.”

Como si lo anterior no fuera poco, el Informe de Evaluación de la Radioterapia Oncológica en Costa Rica, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en referencia al Plan Nacional para el Control del Cáncer 2007-20016, señala: “_Es de destacar que el programa de cribado de cáncer de cérvix alcanza aproximadamente un 30% de la población objetivo, mientras que el programa de cribado de cáncer de mama no ha comenzado a realizarse.”_

Fragilidad de la Red de servicios CCSS

Aunque la CCSS señala que tiene una Red para la atención del cáncer, distribuida en todo el país, el mismo informe puntualiza que no hay articulación entre el Nivel central, las Direcciones Regionales y las Áreas de Salud.

Rodríguez señala que “lo más lamentable es que no cuente con un proceso sencillo y ágil para asegurar una referencia fluida de los pacientes con cáncer en la red. Solo conseguir una orden para la mamografía exige un burocrático protocolo que obstaculiza su acceso, que implica que muchas mujeres puedan estar sufriendo el flagelo del cáncer de mama, por las dificultades que afronta dentro de esa red de servicios.”

Para ilustrar esta dramática realidad, UNDECA presentó una serie de ejemplos constatables y que cuentan con la documentación pertinente para probarlo.

1. Hospital de Ciudad Nelly: en atención a consulta de UNDECA, en la Región Brunca, el Hospital de Ciudad Nelly certifica, mediante oficio del 28 de marzo de 2012:
“(…) le informo que desde agosto del 2009 el mamógrafo de nuestro hospital se encuentra fuera de servicio, por tal razón las referencias que se habían recibido hasta ese entonces fueron devueltas “ y agregan “(…) por tanto no contamos con lista de espera para realizarse mamografía porque no se les otorga cita, con respecto a las referencias de otros centros (Coto Brus, Golfito y Osa) las solicitudes para mamografía de los EBAIS Corredor Centro, Corredor Sur, Corredor Norte y Fincas el médico, se las da al paciente y este viene a la ventanilla a sacar cita, se les devuelve porque no se están concediendo.” (negrita y subrayado no es del original)

Datos como los consignados ponen en duda la veracidad de las listas de espera y nos pueden hacer pensar que las listas son encubiertas o disimuladas mediante subterfugios administrativos.

2. Hospital Dr. Tomás Casas: en la misma región Brunca, el Hospital Dr. Tomás Casas del cantón de Osa, mediante oficio del 2 de mayo de 2012 dirigido a nuestra Organización, indica que tenía referencias en espera de trámite desde del 2008 al 2012 y Golfito manifiesta que tiene en espera desde el año 2007. Como se observa en la gráfica si son mujeres que tenían algún signo o síntoma, con referencia desde el 2007 o 2008, la espera sería fatal.

Lo anterior son solo dos ejemplos de la realidad prevaleciente, que se maquilla estadísticamente con cifras que están muy lejos de la verdad.

A esto habría que agregar la inequidad en el acceso a mamografías entre las mujeres del área metropolitana y las de las regiones, la contradicción entre el interés público y la compra de servicios privados más costosos y que no cumplen con el Plan Nacional para la atención del cáncer y que la misma defensoría de los Habitantes señaló sobre la compra de servicios a terceros: “La CCSS no tiene una contabilidad de costos que permita conocer el costo de cada servicio y menos aún, hacer una buena proyección de las metas propuestas. La ausencia de una contabilidad de costos aplicada a la totalidad de la Institución impide medir costos por procedimiento, lo cual podría revelar ineficiencias, desperdicios, y por qué no, corrupción…”

Finalmente Luis Chavarría señaló que “las autoridades de la Caja, hablamos de la Junta Directiva de la CCSS, no ha abierto el espacio de discusión NACIONAL sobre este tema, toman decisiones incongruentes y que decisiones importantes se quedan en el papel”, agregó que este tema lo ponen sobre la mesa de la Comisión Legislativa como también lo harán ante la Defensoría de los Habitantes. En cuanto al Instituto Nacional de la Mujer, INAMU, “creemos que debería manifestarse, hacerse sentir, decir algo al menos, estamos hablando de la vida de miles de miles de mujeres, solo en el 2011 fallecieron 226, “ y no es solo estadística, no son números fríos, son 226 familias que perdieron una hija, una madre, una esposa”

Adjunto pueden leer el informe que presento UNDECA ante la Comisión Legislativa.

Bloque sindical clasista rechaza amenazas a pluses y cesantía

El bloque sindical clasista de sindicatos afiliados y amigos de la Federación Sindical Mundial, FSM, de nuestro país, que reúne a 18 organizaciones del sector público: CCSS, Magisterio, ICE, muelles, universidades, INA, Poder Judicial, bancos y sector privado vienen reuniéndose para unificar la lucha en contra de las amenazas y atropellos del gobierno de Liberación Nacional de Laura Chinchilla.

Este sector sindical, consecuente con los principios y derechos de la clase trabajadora no negociará absolutamente nada que signifique retroceder en materia salarial o laboral, como la eliminación de los pluses salariales, años de cesantía, condiciones de trabajo, impuestos al aguinaldo o salario escolar, etc.

Además, reivindicamos el derecho a la huelga en el sector público y privado, sin ninguna represión y el respeto a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Exigimos la aprobación del proyecto original y de consenso del movimiento sindical con relación a la reforma procesal laboral, el derecho a huelga, la libertad sindical en el sector público y privado y la exclusión de los comités permanentes en las negociaciones de carácter sindical, y rechazamos la iniciativa que negociaron otras organizaciones inconsultamente, que fue vetado por la Presidenta de la República.

Como bloque nos preparamos para movilizaciones y llamar a HUELGA GENERAL en caso de que la clase política no ceda en sus pretensiones y llevaremos a la OIT las denuncias que sean necesarias.

Zarpazo a la Imprenta Nacional: Papelería Electoral se convirtió en negocio

– Grandes dudas surgirán en los procesos electorales

Después de eliminar La Gaceta impresa, la Imprenta Nacional sufre un nuevo golpe, dado que según consta en el acta No. 11-2013 el Tribunal Supremo de Elecciones tomó la desición de prescindir de los servicios de la Imprenta Nacional para la confección del material electoral (papeletas), contratando a la transnacional RR Donnelley, empresa dueña de Formularios Moore, donde se pretende se imprima las papeletas para Presidente y Diputados de las elecciones de febrero de 2014.

Este serio golpe a la institucionalidad costarricense atenta contra la transparencia del proceso electoral, pues a lo largo de la historia ha sido la Imprenta Nacional la que ha confeccionado el material electoral en las distintas elecciones, siempre cumpliendo con su labor, entregando a tiempo dicho material y donde nunca se ha perdido una sola papeleta, donde todo ha marchado a la perfección. Por lo tanto, no hay justificación ni explicación para que el Tribunal no contrate en esta ocasión a la Imprenta Nacional. Todo nos revela que ya la papelería electoral, se convirtió en un negocio más.

Desde la UNT denunciamos esta grave decisión de los magistrados del TSE, puesto que si hay alguien en este país que cuenta con el personal capacitado y comprometido para la impresión de papeletas ha sido el de la Imprenta Nacional, un personal que brinda la seguridad jurídica necesaria para este proceso, al ser institución estatal y que está bajo cualquier control jurídico y político, respondiendo así ante cualquier eventualidad. Nos preguntamos: ¿Cómo controlar esto en una empresa privada? ¿Le darán el espacio requerido al TSE de tomar las instalaciones de dicha imprenta y tener ahí elementos de la Fuerza Pública con armas de grueso calibre custodiando el proceso?

Por otra parte vale la pena preguntarse también: ¿Cuál es la insistencia de los formularios continuos? ¿Por qué si hay otras imprentas del Estado capaces de realizar este proceso no se pensó en ellas como primera instancia? ¿Por qué en el acuerdo del Tribunal Electoral se deja como segunda alternativa la Imprenta del ICE? ¿Será que no hay confianza en que la empresa privada cumpla? ¿Si no existe esa confianza por qué no se contrató en primera instancia la imprenta del ICE? ¿Por qué en momentos en que se dice que hay crisis en las finanzas del Estado, por qué se le trasladan millones a una empresa transnacional? ¿Cuántos millones de dólares pagará en este negociado el TSE?

Elevamos la voz de alerta y decimos categóricamente que es la Imprenta Nacional quien históricamente ha cumplido esta tarea y que, no se justifica que la imprenta del Estado que garantiza la seguridad jurídica de este país, sobre todo en este tipo de procesos, se haya hecho una licitación “a la medida” de una empresa privada para lograr justificar la salida de las papeletas de manos del Estado.

Como sindicato y como ciudadanos y ciudadanas, demandamos de las autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones, desistir de este intento de convertir la papelería electoral en un negocio para beneficiar a grandes compañías transnacionales.

Susan Quirós Díaz
Secretaria General UNT

Guillermo Murillo Castillo
Secretario General Adjunto UNT

UNT: Por el fortalecimiento de la Imprenta Nacional


La UNT impulsará proyecto de ley para garantizar la subsistencia y el fortalecimiento de la Imprenta Nacional

La Imprenta Nacional es una verdadera empresa productiva del Estado en el campo de las artes gráficas. A través del tiempo, ha demostrado un alto profesionalismo y compromiso con la sociedad costarricense, gracias a un personal altamente calificado y comprometido, y a la posibilidad contar con alta tecnología para realizar sus labores.

Esta institución ha sido un pilar esencial en nuestro Estado de Derecho, dándole publicidad a las leyes y los actos de la Administración Pública, el Poder Judicial y de terceros, cuando éstos así lo requieran para surtir efectos; mediante el Diario Oficial “La Gaceta” (con 132 años de publicación ininterrumpida) y el Boletín Judicial. La publicidad de las normas, la transparencia sobre las actividades que desempeñan los órganos gubernamentales y el manejo de la cosa pública, las resoluciones y acciones judiciales, es una garantía indispensable para la democracia, por eso los diarios oficiales bajo ninguna circunstancia pueden salir de manos del Estado.

A la vez, es en la Imprenta del Estado, donde se producen a precios de costo, los materiales que se requieran para que el Gobierno cumpla con algunas de sus labores sociales, tal es el caso de los cuadernos del IMAS, que se producen para beneficio de los niños, niñas y jóvenes de las familias de más escasos recursos a lo largo y ancho de nuestro país.

Para poder seguir cumpliendo con esta función social y legal de tanta relevancia, la Imprenta Nacional requiere garantizar su subsistencia en el tiempo; misma que se ve en peligro con el hecho de que pese a la alta tecnología y la formación profesional de su personal, las instituciones estatales no están obligadas a contratar sus servicios y de igual manera, no se le permite trabajarle a particulares ni a instituciones sin fines de lucro, lo que imposibilita la competencia en el mercado de las artes gráficas. Es un poco irónico que siendo la Imprenta del Estado, a las y los costarricenses no pueda brindarles servicios, como si lo hacen el ICE, el INS y los Bancos Estatales, que se encuentran en el régimen de competencia abierta.

La Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, ha solicitado una audiencia a las Jefaturas de Fracción de la Asamblea Legislativa, para presentarles formalmente un proyecto de ley, elaborado por el sindicato y su Seccional en la Imprenta Nacional, que busca permitir que la Imprenta Nacional compita como otras empresas estatales, brindando servicios a particulares, así como establecer legalmente la obligación de todas las instituciones estatales a contratar al menos un 10% de sus requerimientos de impresión con la Imprenta Nacional, tal y como se hizo con la ley del SINART, con respecto a la publicidad.

Para más información con Guillermo Murillo Castillo, tel. 83574264.**

Venezuela: Estos son los delincuentes que financian la oposición

LA IGUANA.TV – Una campaña requiere candidatos, eslogans, publicidad, viajes por el país, etc., es decir, requiere financiamiento. Y Capriles no dudó en recurrir para dicho financiamiento a personajes buscados por el Estado y por la Interpol por estafas al Estado y a ciudadanos venezolanos: banqueros prófugos que le suministraron 700 millones de dólares.¿Quiénes son? Dentro de la extensa lista de estos banqueros se encuentran en primer lugar los hermanos Bozo.

Gabriel y Leopoldo Castillo Bozo cuentan con una orden de captura elevada por la Interpol desde el 14 de noviembre del año 2010. ¿De qué se los acusa? Entre otras cosas de una operación relativa a los Bonos del Sur, bonos emitidos por el Gobierno en el 2007. En esa oportunidad, en un acto totalmente ilegal, los Bozo usurparon la identidad de sus empleados para solicitar la adjudicación de bonos por parte del Banco Central de Venezuela. La lista de más de mil personas que presentó en ese momento Banvalor hizo que les adjudicaran a cada uno entre 6 mil y 10 mil dólares.

Los propios empleados realizaron la denuncia ante el Ministerio Público, ninguno de ellos había autorizado a los dueños de las empresas del grupo. El presidente del banco Banvalor, Leopoldo Castillo Bozo, fue imputado por el Ministerio Público por usar la identidad de sus trabajadores para obtener una mayor cantidad de esos títulos, es decir, por el delito de Simulación de Operaciones Bursátiles. Sus hermanos, Gabriel y Juan José, también fueron inculpados. Sin embargo el proceso se estancó. El poder, valga la redundancia, tiene poder. Desde hace dos año los Bozo viven en Miami pero el último paradero real que se les supo fue la República Dominicana dónde disfrutan del dinero robado a los ahorrista venezolanos.

Aquí es necesario hacer un inciso para traer a la memoria un hecho ocurrido en el 2009 que involucra a Capriles con los hermanos Bozo: el 17 de febrero del 2009, a dos meses y 18 días de haber asumido la gobernación de Miranda, Capriles entregó ilegalmente la póliza de seguros de todos sus trabajadores a Seguros Banvalor (propiedad de los hermanos Gabriel y Leopoldo Castillo Bozo) a pesar de que fue la oferta más costosa y que la licitación había sido ganada por Multinacional de Seguros (propiedad de Tobías Carrero). Las conexiones entre los protagonistas de las corrupciones y negociados vienen de años anteriores, una muestra de quién es aquel que quiso ser presidente de la República.

En segundo lugar de esta lista de financieros prófugos que habrían aportado a la campaña, podemos citar a Humberto Ramírez, ex director general del Banco InverUnión, quién también huyó de la justicia venezolana y se encuentra en Miami junto a Gonzalo Tirado quien era el presidente de esa entidad.

¿De qué se los acusa? Recordemos que entre el año 2009 y 2010 el Gobierno Nacional intervino a doce entidades bancarias venezolanas por irregularidades en su funcionamiento. De la intervención resultaron 17 banqueros detenidos, al menos 16 con prohibición de salir del país y 25 prófugos. De esa lista de 25 prófugos acusados de corrupción se encuentran Humberto Ramírez y Gonzalo Tirado. Los busca el Estado venezolano y la Interpol.

La lista es exhaustiva, de los banqueros prófugos que financiaron la campaña de Capriles podríamos nombre a 11 más: Ignacio Salvatierra, Rubén Osuna, Luis Gustavo Kowalski, Juan Fernández Lara, Carlos Dorado, Gonzalo Ernesto Vasquez, Gustavo José Mancera, Eligio Cedeño, Álvaro Gorrin, Carlos Ponce Fuente, José Omar Contreras.

Podríamos preguntarnos cómo hacían estos banqueros para entregarle el dinero a Capriles dada su situación de ilegalidad fuera del país y la imposibilidad de realizar las transacciones por los carriles habituales. La respuesta tiene un nombre: José Antonio Briquet, el hermano del operador político de Capriles, diputado regional de Miranda. José Antonio Briquet era el encargado de oficiar de enlace entre los banqueros y el ex candidato a presidente, viajando para eso regularmente a Miami.

¿Por qué financiaron a Capriles?

El proyecto que encabezó el ex candidato a presidente siempre fue un proyecto eminentemente anti-chavista, es decir, restaurador, conservador y anti-popular. En esa confluencia se sumaron actores procedentes de diferentes historiales, desde la oligarquía, sectores de la burguesía, pasando por castas políticas desplazadas hasta quienes señalamos en estas páginas: banqueros prófugos.

Existe entre los puntos que hacen posible la unión de estos actores un elemento que puede ayudarnos a entender este caso: quieren recuperar lo que perdieron en los 14 años de la Revolución Bolivariana. Empresas en el caso de la burguesía, tierras en el caso los oligarcas, puestos en el Estado en el caso los partidos caídos en la impopularidad, el manejo de PDVSA para los intereses de las clases dominantes etc. Los banqueros prófugos quieren por su parte dos cosas claras: la impunidad absoluta en las causas de las que son acusados y la devolución de los bienes que les fueron confiscados por el Estado.

Para lograr ese objetivo saben que deben conseguir que un candidato que los represente gane las elecciones. En las elecciones pasadas se trató de Capriles. De lo que no cabe duda es que continuarán financiando a quienes parezcan poder ganar elecciones contra el chavismo. Lo que no podemos conocer por ahora con precisión es cuánto dinero recibió en total para su campaña Capriles, el caso que señalamos en estas páginas representa solo una parte de aquellos que, desde las sombras, le entregaron 700 millones de dólares.