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A propósito del estudio de pensiones de la Caja

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El día de hoy 20 de diciembre se hace público, por los diferentes medios de comunicación, el resultado de un extenso estudio efectuado por la Universidad de Costa Rica, UCR, referente al Régimen de Invalidez Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, que protege aproximadamente a 1 millón 300 mil costarricenses de la clase trabajadora del sector público y privado del país.

Según los resultados de este estudio, que debemos de ver con mucha preocupación, tomando en cuenta un fracasado intento entre la Caja y la SUPEN que obligó a cancelar un contrato con una empresa que no contaba con el currículum necesario.

De acuerdo al estudio de la UCR, que debemos aclarar no hemos analizado y que habrá que hacerlo con toda responsabilidad, algunos escenarios indican elevar la edad de 65 a 70 años. En la mayoría de los casos consideramos que ni en las empresas públicas ni privadas, están en capacidad de sostener a personas trabajando activamente a esa edad tomando en cuenta enfermedades laborales, emocionales, desgaste físico, problemas psiquiátricos, accidentes, recargos de trabajo, exposición de muy alto riesgo, etc. Más aún con una obsoleta Ley de Salud Ocupacional que no resguarda la salud y la vida de los trabajadores.

Actualmente para el cálculo de la pensión los y las trabajadoras están siendo castigadas severamente con un monto hasta en un 50% de su salario y este estudio indica que debería bajarse al 40%. Esto sin que la Caja posea un medio serio y responsable para revalorar la pensión a esos miles de pensionados a los que hoy no les alcanza para sobrevivir.

A esto se suma que para tener posibilidad de pensionarse, según este escenario habría que trabajar entre 40 y 45 años, en algunos casos hasta más tiempo. Así es que no existe la menor duda que los resultados de este estudio deberán ser profundamente analizados y estudiados por el impacto en la seguridad social y el en el entorno familiar de las personas que se pensionen, y que se prevé sea el doble de los que hoy se acogen a la pensión.

En UNDECA, desde ya llevaremos este estudio de la UCR para el conocimiento de las organizaciones sindicales y sociales, así como de los trabajadores del país, para tomar las acciones que sean necesarias.

68 años del crimen del Codo del Diablo

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La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, se une a la conmemoración y condena nacional del crimen contra seis presos sindicales y políticos el 19 de diciembre de 1948, en la zona conocida como el “Codo del Diablo” en Siquirres.

El atroz crimen que cobró las vidas de Federico Picado, Tobías Vaglio, Octavio Sáenz, Lucio Ibarra, Álvaro Aguilar y Narciso Sotomayor, perpetrado por militares al servicio de la Junta de Gobierno encabezada por José Figueres Ferrer, se realizó cuando los presos políticos, que viajaban esposados hacia San José fueron bajados del tren en la zona conocida como “El Codo del Diablo”, acribillados y lanzados al río.

A 68 años de este acto UNDECA condena este crimen y la impunidad que llega hasta nuestros días. Los soldados evidentemente llevaban órdenes de los altos mandos de la Junta de Gobierno de Figueres, sin embargo nunca se investigó al autor intelectual y los soldados escaparon sin castigo ante la complicidad de la Junta.

Como resultado de la guerra civil de 1948 los sindicatos, que entonces eran una gran fuerza social, fueron ilegalizados, dirigentes encarcelados y bienes confiscados. El Partido Vanguardia Popular fue proscrito y sus dirigentes encarcelados y exiliados.

La conmemoración de esta fecha se mantiene viva en la memoria de generaciones de trabajadores y de trabajadoras que día y día luchan por sus derechos laborales, económicos y sociales y nos recuerda que los ataques a los sindicatos clasistas y consecuentes continúan, ahora impulsada por la misma clase politiquera y corrupta que ha tomado las riendas del país desde 1948.

BUSSCO Apoya la lucha por la tierra-territorio y autonomía de los Pueblos Originarios de la Zona Sur

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El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense expresa al pueblo de Costa Rica, los Pueblos del Mundo y el Gobierno de Costa Rica:

1. Conocemos que los Pueblos Bribris de Iriria Bribri Sä Kä (Cabagra) y Salitre y el Pueblo Nasö Broran de Térraba viene llevando a cabo procesos de recuperación de tierras-territorios que están llevando a cabo y dichos procesos de saneamiento territorial se desarrollan de acuerdo a la historia y cultura de estos pueblos y en ejercicio de sus derechos tutelados en la legislación nacional e internacional (Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU).

2. Que a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó Medidas Cautelares a favor del Pueblo Bribri de Salitre y del Pueblo Naso Broran Térraba desde mediados del año 2015, las agresiones y amenazas contra esos pueblos continuan hasta la fecha.

3. Que sabemos y se ha demostrado que en los Territorios de Iriria bribri Sä Kä, Salitre y Térraba se dá una ocupación ilegal de la mayoría de dichos Territorios por parte de terratenientes que usurpan y lucran de los mismos.

4. Que desde el 2009 el Pueblo Bribri de Salitre y desde el año 2016 el Pueblo Bribri de Iriria Bribri Sä Kä han sufrido múltiples actos violencia brutal ejercida por personas plenamente identificadas, que han promovido y participado en actos de barbarie contra estos pueblos.
Y nos preocupa e indigna ver la forma racista e inoperante, con la que han tratado estos casos las instancias judiciales y policiales del Cantón de Buenos Aires, lo que ha llevado a una total y avergonzante impunidad.

5. Que los Pueblos Bribris de Salitre y de Irria Bribri Sä Kä (Cabagra) presentaron al gobierno de Costa Rica, propuestas de Protocolo para el Saneamiento Territorial, la Seguridad e Integridad de estos Territorios, propuestas elaboradas por ambos pueblos y entregadas al gobierno desde el 24 de abril en el caso de Salitre y desde el 15 de julio en lo que respecta a Iriria Bribri Sä Kä y hasta la fecha no han recibido ninguna respuesta por parte del gobierno.

6. Que desde el 28 de junio del 2015 un grupo de 40 familias originarias Naso Broran de Térraba recuperaron Finca San Andrés, la cual estuvo ocupada ilegalmente por muchos años y que hasta el momento no ha sido entregada a las y los recuperadores originarios y légitimos.

7. Que en este año 2016, en el Territorio de Iriria Bribri Sä Kä se están desarrollando dos procesos de recuperación de tierra – territorio, el primero ubicado en Nima Dikol (Palmira) y que inició el pasado 22 de febrero y el otro iniciado en la misma fecha y reafirmado el 30 de setiembre ubicado en Brazo de Oro.

8. Que hasta el día de hoy se siguen dando reiterados hechos de violencia contra los Pueblos Bribris de Salitre e Iriria Bribri Sä Kä, perpetrados por grupos y personas plenamente identificadas y que públicamente hacen alarde de su odio y racismo, como el caso de la Comisión Cantonal Bonarense y que hasta hoy impera la impunidad.

9. Que ante las demandas legítimas de tierra – territorio de las recuperaciones de Nima Dikol y Brazo de Oro y los ataques que han sufrido l@s recuperadores y legítimo@s hereder@s el gobierno no ha atendido sus demandas y ha optado por un absoluto y avergonzante silencio.

De hecho el Ejecutivo por medio de la Viceministra de Presidencia ha expresado a los medios de prensa que no se va referir al tema y que es “un asunto de seguridad”; además conocemos que la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) ha destacado personal para intervenir en ambos territorios; por lo que lamentamos que la respuesta del gobierno sea poner el tema en manos del Ministerio de Seguridad y los paratos de inteligencia y represión.

Por lo anterior demandamos y exigimos:

1. La inmediata acción del Poder Ejecutivo para realizar los desalojos administrativos contra terratenientes usurpadores, que ya han priorizado los Pueblos Bribris de Salitre (7 desalojos priorizados desde setiembre de 2014) y de Iriria Bribri Sä Kä (13 desalojos priorizados en julio de 2016), situación conocida por el Gobierno desde las fechas indicadas.

2. Que el Gobierno haga las acciones que correspondan para entregar formalmente la Finca San Andrés a las 40 familias originarias Naso Broran Térrabas que las habitan y trabajan desde el 28 de junio del 2015 y que dicha Finca no sea entregadad a la asociación de Desarrollo del Territorio.

3. Que el Gobierno haga lo que le corresponda para poner en formal posesión a las familias originarias que desde el 22 de febrero y 30 de setiembre de 2016 han recuperado sus tierras – territorio en las comunidades de Nima Dikol (Palmira) y Brazo de Oro, ambas ubicadas en el Territorio de Iriria Bribri Sä Kä.

4. Que las Instancias Judiciales, Policiales y Políticas pertinentes brinden un informe del actuar de l@s funcionarios judiciales y policiales de la zona y presenten un plan minucioso, con plazos y responsables sobre las medidas para acelerar y evitar la impunidad en los procesos de las zonas mencionadas. Y que resuelvan con toda celeridad los dos procesos por tentativa de homicidio expedientes 16-20136-0634-PE y 16-000500-0634 PE, referidos a los ataques en Palmira y Brazo de Oro.

5. Demandamos a las autoridades o instancias nacionales e internacionales, proceder a investigar estas lamentables violaciones de los derechos humanos en Costa Rica.
Expresamos nuestro total apoyo a las acciones que los Pueblos Originarios estimen convenientes para lograr el saneamiento territorial, la paz social y la seguridad e integridad de estos pueblos.

Acuerdo plenario del BUSSCO, lunes 12 de diciembre 2016.

Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense

UNDECA denuncia: Es inaceptable subir más cotización para pensionarse en la caja

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En un artículo publicado por el Diario La Extra de este viernes 9 de diciembre de 2016, la SUPEN AFIRMÓ QUE QUIERE ELEVAR CUOTAS PARA PENSIONARSE, ante esta situación, se hace necesario advertir que los trabajadores y trabajadoras que cotizan para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, no se pensionan con el 60% o 68% del salario. Se hace con un promedio de los salarios de los últimos 20 años, lo cual disminuye gravemente el salario de referencia que se utiliza para calcular su pensión hasta en un 50% o más.

Además queremos aclarar una serie de argumentos que evidencian, lo inaceptable que es la propuesta de la SUPEN.

Sostenibilidad hasta el 2038
Otro elemento que queremos resaltar es que en el 2005 la jerarquía de la Caja, apoyado por estudios avalados por autoridades técnicas mundiales en el seno de la OIT, la Institución de mayor prestigio mundial en esta materia, prometieron a los trabajadores y trabajadoras de todo el país, que este régimen de pensiones (IVM) sería sostenible al menos hasta el año 2038.

Aumento del 3% a la cotización
En el año 2005, resolvieron efectuar ajustes en la cuota, para que cada 5 años se ajuste, hasta alcanzar un aumento de la base contributiva de un 3%, es decir pasar de 7.5% a un 10.5% en un período progresivo de 20 años (0.5% cada 5 años), de forma que cuando las contribuciones fueran insuficientes esa alza adicional debería garantizar la sostenibilidad de este régimen.

Esa contribución se inició en el 2010, por lo cual durante todos estos años los trabajadores deberán cotizar más al régimen. Por lo que, consideramos totalmente inaceptable que ahora se quiera aumentar, aún más, las cargas al salario de la clase trabajadora.

Esperanza de vida, pensiones precarizadas y subsidios por incapacidad
La CCSS arbitrariamente eliminó el retiro anticipado hace pocos meses, vigente desde hace muchos años, que reconocía por una parte, aunque fuera simbólicamente, el trabajo no remunerado y la doble jornada que realizan las mujeres y los trabajadores con periodos laborales no permanentes.

Además hoy son miles de trabajadores con graves enfermedades terminales o crónicas cáncer, accidentes y otros cuyos subsidios sustituidos por el pago de salario por incapacidad no cuentan para el aporte de la cuota al fondo de pensiones, con los cual esos trabajadores quedan descubiertos de la protección social, doblemente castigados, por la enfermedad y por los graves cambios realizados de forma arbitraria en esta materia.

Monto de pensiones no son revaloradas
Por la afectación en años anteriores de reformas realizadas por la Institución, existen hoy más de 300 mil pensionados indignados, porque los montos de su pensión no se revalorizan acorde con la devaluación y costo de vida con el pasar de los años, perdiendo el valor real de su pensión.

Oposición a la reforma de pensiones
De forma que, sin un estudio actuarial validado, con las condiciones de los pensionados, estas propuestas regresivas proscriben el derecho a una vejez con dignidad tras una larga vida laboral.

UNDECA en resguardo de los legítimos intereses de la clase trabajadora, en momentos en que se quiere cargar en los hombros de los trabajadores la crisis del modelo político, se opone a cualquier reforma que aumente la edad de pensión, incremente aún más las cuotas o desmejore el perfil de beneficios.

Diputada Sandra Piszk responde a los mandatos empresariales atacando a la clase trabajadora

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La diputada Liberacionista, Sandra Piszk, pretende retar al Gobierno increpándole, con una conducta berrinchosa muy escolar, asegurando que las autoridades le tienen miedo a los sindicatos.

La señora Piszk, cuando fue Ministra de Trabajo, presentó un proyecto de ley para eliminar derechos laborales conquistados por los trabajadores; ahora con el sombrero de diputada del PLN, se ha valido de toda clase de menesteres para lograr su aprobación.

De esta forma el 22 de noviembre, presentó una moción para que se consultara a varios actores el “texto sustitutivo” del proyecto de Ley de remuneraciones adicionales al salario base y auxilio de cesantía en el sector público, N° 19.506, cuyo texto fue aprobado, para su discusión, hasta el 30 del mismo mes, por la Comisión Permanente de Asuntos Sociales.

Al Partido Liberación Nacional, que representa la diputada, no le interesa que el Código de Trabajo se aplique a menos del 40% de los trabajadores, pues a más de una tercera parte se les niega derechos elementales, entre ellos el salario mínimo, siendo los montos más bajos devengados por las mujeres; cuyo incumplimiento se corona con la imposibilidad de constituir sindicatos en el sector privado y negociar colectivamente sus condiciones de trabajo.

Evidentemente el proyecto neoliberal del PLN, entre otros partidos, todos subordinados por igual a los mandatos de los empresarios y el gran capital, promueve la rebaja generalizada de salarios y pensiones, abaratar los ingresos de la clase trabajadora para favorecer a los mercaderes de la educación y salud, desmantelar instituciones como la CCSS, UCR y finalmente destruir los sindicatos, defensores del Estado Social de Derecho.

Esperamos que ese recorte brutal que el PLN quiere aplicar a los salarios de la clase trabajadora, no sea la última presea que busca doña Sandra en su paso por la función pública.

Los trabajadores y trabajadoras, representados en UNDECA y BUSSCO, estamos preparados para luchar por el bienestar de nuestras familias y la defensa de lo que aún queda de la democracia.