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La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) es del criterio que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), debe ser una instancia eminentemente técnica y no política, pues su dirigencia, encabezada por Luis Chavarría y Martha Rodríguez, secretario general y secretaria general adjunta, respectivamente, abogan por una eliminación de la intromisión política.

Rodríguez y Chavarría, en visita a DIARIO EXTRA expusieron sus preocupaciones y fueron categóricos en que el Estado mantiene abandonadas sus responsabilidades con la salud pública. Agregó que los gobiernos, pese a la existencia de leyes especiales, no destinan presupuesto para hacer frente a la atención de la población, pues dejan todo en manos de la Caja.

Los dirigentes conversaron sobre diversos temas relacionados con esa institución con Iary Gómez, gerente general del Grupo Extra, y Paola Hernández, subdirectora de DIARIO EXTRA. A continuación un resumen de la entrevista.

Uno de los problemas de la Caja es que no ha sido eficiente en tema de cobro…

– Rodríguez: Lastimosamente la Caja no ha sido eficiente en cobrar y el Estado no ha tenido la intención de cumplir con sus obligaciones. Paga cuando quiere, como quiere y lo que quiere. La experiencia ha sido que a la institución le llegan a pagar, en la mayoría de los casos, con títulos valores, con lo que no podemos comprar nada y se han efectuado traslados de las obligaciones del Estado, inicialmente le trasladan los hospitales en las peores condiciones, luego en 1994 con la reforma al sector salud se le comienza a trasladar los programas del Ministerio de Salud. Cuando la actual presidenta de la Caja era ministra de Salud, reconoció la deuda y la cuantificó, pero no la pagó.

¿A qué atribuyen esos problemas en la gestión de cobro que se ha dado en la Caja?

– Rodríguez: La institución tiene un problema político, las decisiones que se toman en la Caja no son técnicas, sino políticas. Al tener una presidencia ejecutiva que la elige el gobierno, debe responder a los intereses del gobierno. (…) no vela por los intereses genuinos de los usuarios, sino por los políticos. Se condonaron deudas por ¢135 mil millones cuando estuvo Eduardo Doryan como presidente ejecutivo de la Caja. Se han hecho negociaciones para pagar con títulos valores, con los cuales no se compra nada.

¿Cómo valoran las negociaciones de la Caja y el Ministerio de Hacienda para saldar la deuda proveniente de diferentes programas especiales así como el traslado de programas y funcionarios del Ministerio de Salud que se dio en 1994?

– Rodríguez: Estamos preocupados por las reuniones que se están dando entre la presidenta ejecutiva de la Caja, que es representante del gobierno y el Ministerio de Hacienda. La información que tenemos es que se llegó a un acuerdo entre estas autoridades y ni siquiera se llevó a la junta directiva de la Caja. Si no se mejora la gestión administrativa y financiera, es porque no hay voluntad para cambiar las cosas.

Ante esta preocupación, ¿consideran que el problema de pago del Estado con la CCSS se mantendrá pese a este nuevo intento?

-Chavarría: Todas esas leyes en algún momento pretendieron mejorar la gestión y administración de la Caja, pero se quedaron en el papel. El principal problema era la injerencia política en la Caja, donde predomina la ley 4×3, es decir, cuatro miembros de la junta directiva son nombrados por el gobierno y los otros tres por sectores. Muchas de esas leyes fueron muy permisibles. Hubo complicidad de las distintas administraciones y por más leyes que se hicieran, eran muy pocos los resultados que se iban a alcanzar.

¿Se ha dado un real interés por mejorar los servicios?

– Chavarría: El interés de dotar a la institución de recursos apropiados para suministrar un mejor servicio se quedó en el papel. Por ejemplo, en el traslado de funciones del Ministerio de Salud a la Caja, la ley decía que el gobierno debía responsabilizarse de todos los costos, pero después de 20 años no ha amortizado ni un solo cinco. La Caja asumió el personal y el programa, lo que le generó un impacto económico importante. A la institución le han cargado muchas otras responsabilidades de salud pública, pero lo menos que le han dado es el presupuesto para funcionar de manera eficiente, ello ha afectado la calidad de los servicios.

¿Es la Caja la única que debe velar por la salud del pueblo?

-Rodríguez: El Estado tiene la obligación de dedicar parte del Producto Interno Bruto (PIB) a la salud. Cuando se hizo el traslado de los programas, el Estado le dedicaba un 8% del PIB a salud, pero cuando se dio el abandono la contribución bajó a un 6%. Seguimos con una deuda astronómica del Ministerio de Salud. No se reconoce, además la deuda que ya tiene el Estado con la Caja, pues todavía encontramos órdenes patronales con la leyenda de patrono moroso en algunas instituciones. Hay abandono del Estado en sus responsabilidades con la salud pública, un traslado a la Caja, las cuotas obrero-patronales han estado prácticamente subsidiando al Estado; en esas condiciones no puede haber una institución fuerte que brinde servicios con calidad y calidez.

¿Cómo vislumbran la situación de la Caja en los próximos cinco años?

-Rodríguez: Consideramos que se deben hacer cambios en el área política, para que no haya injerencia política, así como en las actividades de gestión y de financiamiento. Los sectores sociales y sindicales estamos trabajando en una propuesta que vamos a analizar el 4 de octubre, tendiente a mejorar las áreas para garantizar el financiamiento y sostenibilidad de la institución. Además, para sacar las manos políticas de una institución que debe ser técnica.

Chavarría: Vemos este cambio de gobierno con expectativa. En ese sentido y entendiendo que hay una presidenta ejecutiva que se supone está matriculada con los objetivos del nuevo gobierno, a nosotros nos da la oportunidad de hacer esfuerzos de presentar proyectos que tiendan a mejorar la institución.

*¿Está la Caja en crisis? *

-Rodríguez: La crisis se convirtió en un estigma dentro de la institución y se generó un discurso de consecuencias apocalípticas donde se insiste que está quebrada. En la propuesta vemos el mantener el sistema público, esa posibilidad de que nosotros contribuimos en sostener lo que tenemos y lo distribuimos conforme a lo que necesitamos, que es el sostén de la solidaridad y de la seguridad social. Creemos en un modelo público. No compartimos la opinión externada por algunos sectores de que debe existir un sistema de copago o que deba privatizarse, por ejemplo, la atención primaria. La institución no tiene fines de lucro, todos sus recursos deben dedicarse a la prestación del servicio directo, sea un sistema público que le garantice a todos los costarricenses el derecho a la salud, el cual han tenido a lo largo de estos 70 años. Necesitamos un sistema de salud fuerte en el cual se brinden los servicios con criterios humanitarios y no de lucro.

¿Se debe privatizar el seguro de salud o el del IVM de la CCSS?

-Chavarría: Las causas de la privatización en la Caja datan desde hace varios años por presiones internacionales, se dan desde los PAES. En el PAE I, en tiempos de Luis Alberto Monge se pretendieron privatizar los equipos de apoyo de la Caja Costarricense de Seguro Social, como por ejemplo los servicios de nutrición, aseo y de vigilancia, pero conforme venían pasando los PAES se vino profundizando la demanda de esos organismos internacionales para privatizar ciertas áreas de la Caja. Algo que ha incidido mucho en esto son los convenios con el Banco Mundial, que por lo general en la Caja se han mantenido en secreto. Ejemplo de ello es que se acaba de firmar otro convenio con ese organismo, pero muy curiosamente no lo conoce ni la junta directiva de la institución. Estos convenios tienen muchos condicionamientos, para que a consecuencia de cierta cantidad de dólares que le puedan inyectar a la institución como préstamos pagaderos ya sea como deuda por el gobierno o pagaderos por la institución, vienen a poner estos tipos de condicionamientos.

Entonces, ¿la privatización viene de los organismos internacionales?

-Chavarría: La presión de la privatización, en la mayoría de los casos, viene más de afuera, de los organismos internacionales y de las transnacionales que tienen mucho poder, por los que nos introducen pequeñas cláusulas cuando tienen que ver con préstamos a la CCSS.

Se siente una especie de dificultad de acceso a los diferentes niveles de salud

-Rodríguez: Hay una estrategia institucional, algunos tecnoburócratas con intereses de privatización dentro de la institución. Denunciamos que había una directriz que iba a obstruir absolutamente el derecho de los usuarios a los diferentes niveles de atención y no nos han dicho nada.

¿Qué origina esa obstrucción y acceso?, ¿cuál es el objetivo?

-Rodríguez: Políticas institucionales que buscan demostrarle a la población que el servicio no sirve, para justificar la privatización.

Los médicos dedican pocos minutos a los pacientes. . .

-Rodríguez: Hay una directriz la cual estipula que el médico debe atender cinco pacientes en una hora, de lo contrario incumple con la producción. El paciente llega con una larga lista de padecimientos pero es muy difícil valorarlo en 12 minutos, entonces al salir dice que el médico ni lo volvió a ver. Además de ver a los pacientes, los médicos deben hacer el reporte de las personas que atendieron y demás papelería.

-Chavarría: Un problema que hemos detectado es que no existe un órgano de control ciudadano de transparencia. Todas las denuncias que tienen con ver con los pacientes, ¿quién las resuelve?, hay complacencia o complicidad total. En la Caja hay total impunidad. A los que sancionan son trabajadores rasos.

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Fuente: Diario Extra
Lunes 29 de Septiembre del 2014
Por: Krissia Morris Gray