El pasado 6 de julio de 2024 la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), bajo la figura de funcionario de hecho (es decir, sin contar con el quórum estructural para sesionar y sin la presencia de la representante del sector sindical) adjudicó a terceros privados la administración de 138 EBAIS y 10 áreas de salud.
Se trata de un monto cercano a los 470 mil millones de colones, que serían distribuidos entre tres cooperativas y una asociación (Coopesana RL, Coopesiba RL, Coopesalud R.L, y Asemeco), para la administración de las Áreas de Salud de Barva, San Pablo, Escazú, Santa Ana, San Francisco, Carpio-Leon XIII, San Sebastián-Paso Ancho, Pavas, Desamparados II y Tibás.
Lo anterior sucedió pese a la existencia de advertencias en torno a sobreprecios excesivos y criterios técnicos en contra de los términos de contratación, emitidos por la propia Auditoría Interna de la CCSS. Por el motivo señalado, el pasado 10 de julio, este mismo órgano denunció los hechos ante el Ministerio Público. Además, el asunto se tramita en la Fiscalía como presunto delito de tráfico de influencias.
Es preciso recordar que tanto la Junta de Adquisiciones como la Gerencia Financiera de la CCSS recomendaron declarar la compra como infructuosa, debido a los excesivos precios ofertados por las cooperativas y la asociación que terminaron siendo seleccionadas.
Desde el Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS), espacio ciudadano que existe desde el 2012 y en el que convergen diversas organizaciones sociales, personas que integran Juntas de Salud y la ciudadanía interesada en la defensa y el fortalecimiento de la CCSS, condenamos de manera enérgica esta decisión impulsada por las maniobras de la presidencia ejecutiva de la institución y del Poder Ejecutivo.
La señora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y el poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Rodrigo Chaves Robles, han demostrado, una y otra vez, una postura en detrimento de los principios y objetivos de la institución, con la intención de desprestigiarla y avanzar en la privatización del derecho humano a la salud.
Desde FRENASS exigimos que se honre la deuda de 3,7 billones de colones que el Gobierno mantiene con la CCSS y que se sigan criterios técnicos a la hora de la toma de decisiones sobre la salud de la población. También demandamos el cese de las maniobras para modificar carteles de licitación e incidir en la composición de la Junta Directiva de una institución autónoma que el Poder Ejecutivo pretende controlar de forma maniquea.
¡La Caja no se vende, la Caja se defiende!
