Categoría: Comunicados

El Secretario General de la FSM ha programado una visita a los Estados Unidos en marzo de 2018 para asistir a un evento de las Naciones Unidas en Nueva York, donde es un representante permanente de la FSM, y para participar como orador principal en la reunión sindical anual de las Organizaciones Sindicales miembros y amigos de la FSM que tendrá lugar el mismo mes en Los Ángeles, EE. UU.

Seguimos el procedimiento de ESTA, pero desafortunadamente la respuesta persistente de las autoridades estatales competentes de los EE.UU. fue negativa.

Esta posición del Departamento de Estado de los Estados Unidos es antidemocrática y tiene como objetivo prevenir la acción sindical libre y el fortalecimiento del movimiento sindical militante de los trabajadores en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, es una discriminación deliberada contra la FSM y contra su derecho a cumplir su papel dentro de las Naciones Unidas, un papel que ha tenido desde el año 1945. A los gobiernos de los EE. UU. no les gusta la firme línea anti-imperialista, anti-monopolista de la FSM, y piensan que a través de prohibiciones antidemocráticas detendrán nuestra acción internacionalista en favor de los pueblos que luchan por decidir por sí mismos, de manera libre y democrática, sobre su presente y futuro. Pero nunca lo lograrán, no importa cuántas discriminaciones racistas y antidemocráticas hagan contra el movimiento sindical internacional militante.

También nos dirigimos a la embajada de los EE. UU. en Atenas sin recibir una respuesta positiva.

El Ministro de Asuntos Exteriores de Grecia también fue informado, pero el gobierno de coalición de SYRIZA y de ultraderechista ANEL no quiere ni puede garantizar el derecho a la libre circulación de los ciudadanos de Grecia a los EE. UU.

Al mismo tiempo, las organizaciones sindicales en los Estados Unidos enviaron una carta de protesta al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Sr. Tillerson, pero hasta el día de hoy no se ha encontrado ninguna solución.

La respuesta de las autoridades competentes de los EE. UU. a todas estas acciones legales a las cuales procedimos para la expedición del visado, fue que deberíamos solicitar estar exentos de “Terrorist Travel System”.

Estas acciones son provocativas e inaceptables. La FSM es una organización sindical internacional masiva, de clase, con 92 millones de miembros en 126 países del mundo. Desde su fundación, en octubre de 1945 hasta hoy, su historia es pública y conocida. Nunca ha sido servil hacia los imperialistas o las multinacionales. Ni ahora venderá su historia.

Al mismo tiempo, la prohibición al Secretario General de la FSM de entrar a los EE. UU. destaca una cuestión más. Cómo es posible que las Organizaciones Internacionales operen en los Estados Unidos, ya que su gobierno establece de manera arbitraria reglas antidemocráticas y restricciones arbitrarias sobre la expedición de visados. Estamos esperando con interés la posición de los servicios competentes de las Naciones Unidas sobre este tema, ya que los Estados Unidos prohíben la entrada del representante legal de la FSM en el país donde se encuentra la Sede de las Naciones Unidas.

Sobre la base de esta situación, pedimos que se otorgue un visado legal al Secretario General de la FSM y que paren todas estas discriminaciones contra los cuadros de la FSM.

Aseguramos a los trabajadores de los EE. UU. que, independientemente de las dificultades y los obstáculos, la FSM estará a su lado en sus justas luchas. El internacionalismo y la solidaridad son las armas invencibles de los trabajadores y de los pueblos.

Federación Sindical Mundial
Secretariado

UNDECA interpuso denuncia ante la Contraloría General de la República y la Inspección del Ministerio de Trabajo, para que de inmediato se investigue a altos jerarcas y funcionarios de la CCSS, que por años han acumulado varios períodos de vacaciones, trasgrediendo la normativa institucional y las leyes laborales.

De acuerdo con la información que se nos ha facilitado aparecen funcionarios de las Gerencias Financiera, Médica, Infraestructura y Tecnología, Pensiones, Logística, Administrativa, Ejecutiva, así como la Auditoría, Dirección Institucional, Contraloría de Servicios de Salud, Dirección Actuarial y Económica y la Dirección de Planificación Institucional.

Entre los funcionarios con mayores tiempos acumulados son funcionarios como la secretaria de la Junta Directiva, con 17 períodos acumulados desde el año 2000 y hasta el 2017, así como varios gerentes, destacando la titular de la Gerencia Médica, quien registra 7 períodos acumulados.

Pese a que esos funcionarios disfrutan vacaciones colectivas que institucionalmente se disponen en semana santa y fin de cada año, en el informe se indica que tienen los periodos completos.

UNDECA demanda a la Presidencia Ejecutiva de la CCSS, establecer las medidas administrativas que corresponden y ordenar la apertura de los procedimientos administrativos pertinentes contra los funcionarios que resulten responsables de estas graves anomalías.

17 de enero 2018

A pocos días de vencimiento del plazo de la contratación de los servicios que la UNIBE brinda a la Caja Costarricense de Seguro Social, que tiene a su cargo la atención de los EBAIS de Montes de Oca, Curridabat y San Juan-San Diego-Concepción, existen posiciones empeñadas en que este proveedor continúe facilitando esta prestación, a contrapelo, por una parte, de la normativa institucional y por otra parte, de la propia declaratoria de viabilidad para que la institución asuma, como constitucionalmente tiene que ser, la ejecución directa de estos servicios.

Efectivamente, en su oportunidad, la Dirección Regional Central Sur comunicó a las autoridades superiores la viabilidad de que la propia institución asuma y continúe prestando directamente la atención de los EBAIS anteriormente mencionados.

No obstante, la Dra. María Eugenia Villalta, Gerente Médica y la Dra. Rosa Climent, exgerente médica, ignorando esta declaratoria de viabilidad institucional, insisten en contratar estos servicios, desatendiendo, desde nuestro punto de vista, la normativa institucional que regula esta materia, la cual se analiza a continuación.

La Junta Directiva de la CCSS aprobó en la sesión N° 7997, una Política que establece que la provisión de servicios integrales de salud debe ser directamente asumida por la Caja.

No obstante, la Política también dispuso que extraordinariamente estos servicios pueden ser prestados por terceros, previo cumplimiento del siguiente requisito imprescindible: “Declaratoria de inviabilidad comprobada por parte de la unidad administrativa que genere la compra de servicios a terceros, que evidencia con claridad, los aspectos de organización, administrativos o jurídicos que impiden a la Administración brindarlos directamente en cada caso concreto.”.

El Reglamento de la misma Junta acordado en las sesiones N° 7421 y N° 7605 estableció lo siguiente: “La compra de los servicios médicos o de salud a terceros deberá, en todo caso, ha de ser temporal, excepcional y contar con la previa declaratoria de inviabilidad”.

Asimismo, estipuló que debe demostrarse que la inviabilidad no responde a “desatención o lentitud en los trámites no fue ocasionada por culpa o negligencia de sus propios funcionarios; de ser así, se deben adoptar las medidas disciplinarias del caso… Constituye falta grave, la existencia de negligencia o falta de previsión en el planeamiento ejecución de las medidas necesarias para garantizar la prestación a nivel institucional”

Así las cosas, haciendo caso omiso de estas disposiciones normativas aprobadas por la Junta Directiva, existiendo, además, una declaratoria previa de viabilidad institucional, por contrario, se pretende que un tercero asuma la prestación de esos servicios.

Desde nuestro enfoque, es absolutamente improcedente la contratación privada de esos servicios, salvo que sea violentándose la normativa institucional y la declaratoria de viabilidad de la Dirección Regional Central Sur, que determinó que la institución puede ejecutar directamente la atención de esos EBAIS.

Por otro lado, si a estas alturas, no obstante la declaratoria de viabilidad institucional, se pretende argüir que por estar a punto de cumplirse el plazo de aquella contratación, no es viable que la Caja asuma directamente la prestación de los servicios, entonces, lo que corresponde es que se ordene, sin miramientos de ninguna clase, la apertura de un procedimiento administrativo contra aquellas funcionarias jerárquicas, con el objetivo que se determine si eventualmente incurrieron en una conducta de culpa o negligencia, que facilitara que la institución no pudiera asumir la prestación directa de esos servicios.

La Junta Directiva tiene que analizar este asunto con mucho rigor, que esperamos que rescate aquellos EBAIS; que de lo contrario, también se expone a eventuales responsabilidades administrativas, por quebranto de su propia normativa o por culpa in vigilando, ya que le correspondía analizar este asunto con la suficiente antelación, para garantizar que la institución asumiera la prestación directa de los servicios de salud.

Si la Junta Directiva sigue favoreciendo la privatización de los servicios de salud y toma una decisión contraria a los intereses institucionales, llevaremos este asunto hasta las últimas consecuencias.