Criminalización de la protesta social


Luego de sobrellevar desde el mes de octubre pasado una investigación por supuesta obstrucción de vía pública, y donde el Ministerio Público de Ciudad Neily lo acusaba junto a otros dirigentes locales supuestamente de “incitar al desorden y entorpecer los servicios”(…), el Juzgado Penal de Pavas, determinó el pasado 22 de mayo, dictar el sobreseimiento definitivo a favor del compañero Víctor Álvarez dirigente de UNDECA y demás acusados, al no encontrar en la investigación ningún acto material ni prueba para demostrar su culpabilidad.

Con este fallo, queda demostrada la mala intención del Ministerio Público al “inventarse” razones de acusación sin pruebas contundentes y además, la ratificación de que las manifestaciones con motivo del rechazo popular contra el paquetazo fiscal, donde miles de personas se manifestaron a lo largo y ancho del país, fueron acciones totalmente pacíficas y en ejercicio legítimo del derecho de expresión y libre manifestación.

Para UNDECA es lamentable que siendo nuestro país supuestamente de derecho, el propio Ministerio Público, sea propiciador de acusaciones espurias como la aquí demostrada.

Víctor Álvarez es un destacado líder sindical de la Zona Sur y dirigente de UNDECA en el hospital de Ciudad Neily, que se destacó en la pasada huelga contra el proyecto 20580 (paquetazo fiscal) por su liderazgo y beligerancia en las acciones de protesta que se llevaron a cabo en la zona fronteriza con Panamá por parte de trabajadores del sector público, grupos sociales e indígenas.

UNDECA defenderá derecho a huelga y respeto a libertad sindical

UNDECA respondió la consulta del presidente de la Comisión Especial, Carlos Ricardo Benavides, manifestando su rotunda oposición al proyecto 21.049, Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, cuyo texto sustitutivo profundiza, de manera salvaje, las disposiciones originales del proyecto, violentando la Libertad Sindical y el Derecho de Huelga, a contrapelo de nuestra Constitución Política y los convenios internacionales y pronunciamientos de OIT.

Los diputados y diputadas del PAC, PLN y PUSC desatendieron completamente el Informe técnico de la OIT, prohibiendo la huelga contra las políticas públicas (admitidas por OIT), incluyendo una disposición draconiana que establece que la huelga en los servicios esenciales “es manifiestamente ilegal.” quebrantándose el debido proceso y el derecho de defensa y compromete la realización de piquetes de huelga, que resultan lícitos y conciliables con el C. 87 y los principios de OIT en materia de Libertad.

En lugar de atender, las pertinentes y calificadas observaciones de OIT, extinguen la huelga legal por mandato judicial y amplia las causales de disoluciones de los sindicatos, manteniendo el enfoque punitivo antisindical, en abierta contradicción con las garantías constitucionales de libertad de expresión y manifestación.

El texto sustitutivo refleja no sólo una posición abiertamente antisindical, sino, una manifiesta aversión a la OIT, tanto que una diputada de esa Comisión, pregonó que nuestro país tiene que abandonar este organismo internacional, el más antiguo de la humanidad, que precisamente este año está celebrando su centenario.

Este proyecto no solo reafirma y profundiza la política autoritaria y represiva del PLN, PAC y PUSC, sino que está enfocado a destruir el Estado Social y Democrático, por lo que interpondremos las denuncias internacionales pertinentes, para que se respete el Derecho fundamental de Huelga.

San José, 5 de junio de 2019

CCSS no quiso dialogar y prefirió imponer


La compañera Martha Elena Rodríguez, Secretaria General Adjunta de UNDECA, participó junto a representantes de organizaciones del sector Salud, en la reunión convocada por autoridades de la CCSS, quienes luego de pedir la “buena voluntad” y una “condonación” de la deuda y ser rechazada tajantemente por los representantes de los trabajadores, prefirieron dejar para luego la conversación y dar por terminada la reunión.

UNDECA reiteró derogar el acuerdo tomado por la Junta Directiva en el año 2011, debe procederse a actualizar el punto por carrera profesional y la apertura de la recepción de todos los atestados profesionales, en particular los no recibidos antes de la Ley 9635, entre otros.

La CCSS se comprometió con las personas trabajadoras desde el mes de febrero pasado, y creemos que lo pactado debe cumplirse, en beneficio de todos las personas trabajadoras de la salud.

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Las siniestras conductas antidemocráticas de diputados de la Asamblea Legislativa de los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Partido Acción Ciudadana y otros, dictaminaron positivamente un inquisidor texto contra el derecho a huelga y la protesta social, son fiel reflejo de la decadencia de los dirigentes de los partidos políticos, que hoy, pretenden acallar el grito de protesta ciudadana, contra la corrupción, ineptitud, el saqueo, la impunidad, la evasión fiscal, el desempleo, impuestos regresivos y la exclusión social, entre otros.

El extremismo enfermizo de esta oligarquía violenta los convenios internacionales ratificados por el Estado costarricense, resoluciones de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos y los criterios emitidos en el memorándum técnico respecto al derecho a huelga de la Organización Internacional de Trabajo, OIT,

Queda totalmente claro que esta clase política sigue, lamentablemente, atentando contra el ESTADO SOCIAL DE DERECHO, emulando a partidos políticos criminales de la derecha mundial, cómplices del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y toda esa élite empresarial.

Es repudiable e inaceptable que en el centenario de la OIT se pretenda disolver sindicatos, acabar con el derecho a huelga y criminalizar la protesta.

Llamamos a la clase trabajadora y al pueblo costarricense a defender el derecho a huelga y la protesta ciudadana sin libertad de pensamiento y manifestación no habrá democracia.

Satisfacción en UNDECA por investigación de la Fiscalía General de la República en la CCSS

Con mucha satisfacción la Junta Directiva de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, recibe la noticia de que la Fiscal General, Emilia Navas, abrió una investigación contra altos funcionarios que ocupan o ocuparon puestos importantes en el manejo de fondos públicos que aportan todos los costarricenses a la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, como de políticos de alto poder económico en administraciones anteriores.

Desde hace aproximadamente diez años, valientes trabajadoras y trabajadores presentaron denuncias por supuestas anomalías y corrupción en el manejo de gastos e inversiones en esta institución.

Como sindicato, en UNDECA también procedimos a hacer las respectivas denuncias, no solo para tratar de proteger de la persecución que se dio contra algunos trabajadores que fueron acosados laboralmente y tratar de evitar de esa forma que se siguieran presentando este tipo de denuncias, sino también para proteger la más importante institución de salud pública de Costa Rica.

De igual manera, recurrimos hasta los más altos mandos de la Caja, así como a la Junta Directiva, para que se procediera administrativamente a constituir y formalizar todos los órganos internos de investigación, con el propósito de identificar a las personas responsables. Sin embargo esto no fue así, y por estas circunstancias se ha tenido que esperar todos estos años para que con la nueva coyuntura y la llegada de la nueva Fiscal General, Emilia Navas, pudiera llegarse a investigar y esclarecer esta situación que anteriores funcionarios en su puesto no fueron capaces.

Sin embargo es importante agregar, que desde el año 2016, el sindicato UNDECA también procedió, entre otras acciones, a denunciar la pérdida de cerca de mil millones de colones en medicamentos que según un auditoraje de la Caja se identificó, pero que por diversos motivos que no conocemos, no se actuó con mano fuerte, por lo que nuestro sindicato procedió a realizar la respectiva denuncia tanto a la Junta Directiva como al Presidente Ejecutivo de entonces, para demandar la apertura de las investigaciones requeridas y medidas cautelares de los funcionarios aparentemente involucrados en este asunto.

De igual manera, por no haberse realizado la investigación, según información obtenida, más de cien expedientes podrían contener pruebas importantes de empresas licitadoras que violentaron los contratos o que fueron favorecidos con la compra de medicamentos o activos de la institución.

Creemos que todas estas situaciones es el resultado de los séquitos de grupos político-empresariales que se han insertado dentro de la institución con el aval de gobiernos de turno.

En UNDECA esperamos que los resultados de esta investigación permitan a la Caja retomar el rumbo para recomponerse por el bien de la institución y de millones de costarricenses que tienen en la Caja la única posibilidad de tener salud.

Manifiesto de la mujer trabajadora


La penalización del embarazo

Múltiples instrumentos de derecho nacional e internacional establecen el principio fundamental de igualdad y prohíben la discriminación en el disfrute de los derechos humanos, el derecho al trabajo y la seguridad social, entre otros, con el objetivo de que el Estado garantice ambientes laborales dignos y promueva el progreso social y económico de los y las trabajadoras.

La discriminación y el trato desigual por razón de sexo, violenta los derechos laborales y la normativa internacional: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará), la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, entre otros.

Para que las mujeres consoliden su posición dentro de la sociedad, es imprescindible garantizar una protección plena y reforzada, con medidas destinadas a proteger integral y efectivamente la maternidad, la igualdad oportunidades de empleo que al hombre, los mismos criterios de reclutamiento y selección, el respeto de la igualdad de remuneración, de igualdad de trato en el trabajo y los ascensos, etc.
Discriminación deplorable contra las mujeres trabajadoras en el Seguro Social: las cifras tendenciosas

De acuerdo con datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, solamente en 2017, se contabilizaron casi 9 millones de días de incapacidad, correspondientes a todas las personas trabajadoras. De esa cifra 3,7 millones corresponde a hombres y 5,2 millones a mujeres.

Según lo señalado por la Dirección Actuarial de la Caja, “Esto lleva a un resultado estadístico desfavorable para la mujer en el ámbito laboral ya que a partir de estos resultados se determina que la mujer trabajadora se ausenta más del trabajo que el hombre trabajador…”

Esta afirmación no sólo es tendenciosa, sino absolutamente discriminatoria, enviando el mensaje de que las mujeres no son “una buena inversión” laboral; un elemento peyorativo que pesa mucho en el mercado laboral, en perjuicio de las mujeres.

¿Pero, además, que oculta la estadística institucional? Las autoridades ocultan que las mujeres somos quienes menos nos incapacitamos por enfermedad, ya que de los 5,2 millones de días de incapacidades que maliciosamente se nos atribuyen, solamente 3,4 corresponden a enfermedad, el resto de días corresponden a licencias por maternidad.

El embarazo es tratado por la jerarquía institucional como una enfermedad, utilizando para el otorgamiento de esta licencia, las mismas boletas que las de incapacidades, materializado en un abusivo y discriminatorio Reglamento de Incapacidades y Licencias de la Caja Costarricense de Seguro Social.

A raíz de este tratamiento, el embarazo se convierte en un motivo de castigo, de penalización laboral, sin obviar que muchos empresarios no pagan a la trabajadora el 50% que les corresponde sufragar.

No nos queda la menor duda de que detrás de esta estadística institucional, subyace una ideología machista y patriarcal, que tiene que ser erradicada desde su raíz.

Adicionalmente, hay situaciones o problemáticas asociadas a la gestación que obligan a la trabajadora al reposo, por las cuales son incapacitadas, perdiendo salario, vacaciones y pensión, entre otros, que es otra expresión más de la penalización del estado de gravidez.

Sostenemos que ninguna causa de salud vinculada directamente con el embarazo, puede ser susceptible de afectación del derecho al salario total, las vacaciones, ascensos, entre otros.

Exigimos equidad y justicia social

Demandamos a la Presidencia Ejecutiva de la CCSS desagraviar públicamente a las mujeres trabajadoras costarricenses por semejantes despropósitos, intencionales o no, pero que le causan un grave daño laboral, económico y social a las mujeres, que no es por casualidad que en los más altos niveles jerárquicos, prácticamente no existe ninguna participación de mujeres, que no es exclusivo de ésta institución.

Asimismo, demandamos separar los mecanismos de otorgamiento de licencias del trámite de incapacidades de las mujeres trabajadoras costarricenses y las respectivas estadísticas.

Compelemos al INAMU, Defensoría de los Habitantes y al Ministerio de Trabajo, a generar espacios para reivindicar efectivamente los derechos laborales y reproductivos de las mujeres trabajadoras, de forma que se concilien efectivamente la vida laboral y familiar, con goce pleno de sus derechos, para alcanzar una sociedad democrática, justa, equitativa, que estamos muy lejos todavía de lograr mientras las mujeres de este país sigamos sufriendo la explotación laboral y discriminación social y política.

San José, 8 de marzo de 2019.