Gobierno insiste en provocar enfrentamiento con sector sindical
En reciente comunicado el Gobierno liberacionista de Laura Chinchilla Miranda realiza una nueva maniobra que atenta directamente contra la libertad sindical y el derecho humano de la clase trabajadora a la huelga como única medida de presión cuando sus derechos y garantías laborales están siendo violentados por el patrono sea público o privado.
Como si eso fuera poco, según comunicado del Gobierno, estas medidas contra la libertad sindical es el resultado de “varios meses de análisis y un proceso de diálogo con distintos sectores y luego de haber vetado parcialmente la reforma al Código Procesal Laboral”, cuando ha sido evidente que solamente se ha venido reuniendo con representantes de ANEP y la Rerum Novarum, excluyendo al resto del movimiento sindical de manera abrupta, lo que nos deja la duda de si esas medidas antisindicales cuentan con el respaldo de esas organizaciones sindicales, lo que sería traicionar a la clase trabajadora.
Laura Chinchilla mintió en la OIT
En la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, realizada en junio del año anterior, la presidenta de la República manifestó que ya la Reforma Procesal Laboral había sido negociada y que para ello contó con el respaldo de esas dos organizaciones sindicales que permitieron que llegara “con algo en las manos” para responder a las constantes denuncias contra las últimas cinco administraciones. Al regresar a Costa Rica, vetó inmediatamente la Reforma Procesal Laboral y procedió a presentar estas reformas que proscribe derechos fundamentales de negociación colectiva y huelga, al estilo de los países más represivos y retrógrados en materia laboral y sindical.
Esta acción contraviene las observaciones y prevenciones que la misma OIT realizó antes las demandas presentadas, hace escasamente cinco meses, contra este gobierno.
Ataca la libertad sindical en todos los frentes
La prohibición de huelga, según el resumen presentado por el gobierno, abarcará todos ámbitos laborales y los categoriza como “prohibiciones totales y parciales” en el sector público y privado , sin embargo una rápida lectura del mismo deja claro que no realiza una discriminación objetiva o selectiva de acuerdo a lo estipulado por la misma Organización Internacional del Trabajo, OIT, y los Convenios ratificados por nuestro país, con referencia a los parámetros de servicios esenciales o no, y que esto no limite u obstruya la libertad sindical.
La prohibición total abarca los sectores de salud, seguridad (todas las policías), electricidad, agua, emergencias, aviación y fronteras, servicios eléctricos, también en telecomunicaciones, seguridad de infraestructura, transporte, inspección administrativa, tratamiento de desechos y residuos, muelles y atracaderos, Recope, bancos, migración y el Tribunal Supremo de Elecciones.
Reiteramos que estas medidas han sido inconsultas con todo el Movimiento Sindical, con la excepción de las dos organizaciones mencionadas y que la misma no cuenta, ni contará, con la aprobación de sectores sociales, políticos y mucho menos sindicales clasistas.
Este será sin duda, un tema trascendental en el próximo encuentro del Movimiento Sindical que se realizará el sábado 25 de mayo en las instalaciones de JUPEMA, 50 metros norte de Casa Matute Gómez.
