Categoría: Comunicados

Tal y como lo denunciáramos ante la opinión pública y pueblo costarricense, en múltiples escenarios, UNDECA y BUSSCO dejaron el claro lo que una vez aprobado el proyecto 20580, fue un hecho: La situación fiscal del país fue y es producto de las acciones irresponsables y premeditadas de los últimos gobiernos de turno del PLN, PUSC y PAC, de actuar como facilitadores de la evasión y elusión por parte grandes empresas, muchas de ellas propiedad de altos políticos o “amigos”.

El gran movimiento patriótico de huelga contra el combo fiscal, donde miles de costarricenses dejamos en claro nuestro rotundo rechazo a las políticas fiscales y de empleo público neoliberales, no fue suficiente para que el actual gobierno PIZA-ALVARADO, declinara en su intención de endosarle a los trabajadores y pueblo costarricense, una “crisis fiscal” provocada por ellos mismos y sus antecesores corruptos, que han encubierto el accionar delictivo de estas empresas evasoras.

Hoy vemos como ya el gobierno de turno ni se inmuta, al hacerse pública una extensa lista de grandes empresas que reportan en los últimos diez años, cero ganancias, como la más vil de las burlas contra el pueblo costarricense. Son poderosas empresas y muchos conocidos políticos dueños de ellas, que mienten para evadir su responsabilidad tributaria y fiscal, sumiendo al país en una grave situación económica.

En UNDECA y BUSSCO no declinamos en nuestra lucha de denuncia pública de estos deplorables actos, y el accionar del actual presidente Carlos Alvarado, quien no dudó para en minutos, firmar una ley fiscal y de empleo público cuyos alcances serán nefastos.

En todo este camino, la Ministra de Hacienda Rocío Aguilar tiene una gran responsabilidad junto a los actuales presidentes PIZA-ALVARADO, al prestarse al juego de los grandes empresarios de estas empresas y ocultar adrede información tan sensible. Al igual que Epsy Campbell en Cancillería, exigimos renuncien a sus cargos pues les han quedado demasiado grandes.

Las organizaciones sociales, consientes y consecuentes con la defensa de la más valiosa institución de los costarricenses declaramos:

1.- Que la pretensión de los diputados de aprobar el proyecto 20.580 atentaría contra la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, y afectaría sensiblemente sus finanzas.

2.- El Combo Fiscal mediante el paquete de impuestos del proyecto 20.580 y en su contenido, la regla fiscal, pretende darle al Ministerio de Hacienda la potestad de establecer el límite de gasto de la CCSS y se incrementarán las dificultades para que la institución atienda las necesidades de la población. Los servicios que brinda la Caja y que son de denuncia constante por parte de la ciudadanía, se deteriorarán aún más y se favorecerá con esto la privatización de la salud.

3.- Condicionar la inversión en salud pública con la regla fiscal, viola de manera grave la Constitución Política y pone en peligro la continuidad de la principal conquista social de los costarricenses.

4.- En el fondo la aprobación de este proyecto lo que pretende es tercerizar primero, entregar servicios a empresas privadas y finalmente privatizar los servicios de la Caja.

Desde las organizaciones sociales, consecuentes con los principios de Seguridad Social, seguiremos denunciando y luchando para que este proyecto no se convierta en ley y podamos mantener los principios democráticos de la seguridad social a salvo de los políticos que solo pretenden cargarle al pueblo costarricense más impuestos. Así mismo, lucharemos contra las velas intenciones privatizadoras de tan noble y emblemática institución.

Seguiremos manteniéndonos firmes en la defensa de la salud pública, seguiremos luchando por defender los servicios fundamentales para la vida. Respaldamos la decisión de la Junta Directiva de la Caja de rechazar este proyecto. Así mismo exigimos:

1.- Se establezcan las políticas institucionales de forma que los servicios públicos de salud sean asumidos íntegramente por la Caja Costarricense de Seguro Social.

2.- Se detenga y revierta el proceso de contratación de servicios tercerizados en REDES, aseo, vigilancia, laboratorio, así como otros servicios que han acelerado su avance en la institución en contra de lo establecido en el Reglamento y sin que existan las respectivas de declaratorias de inviabilidad, facilitando la plataforma privatizadora de los servicios que brinda la institución.

3.- Se investiguen las facilidades administrativas y financieras que se le dan, en la Comisión de gasto institucional a los contratos a terceros.

4.- Que se creen las nuevas plazas institucionales de forma que los servicios tercerizados se asuman a través de servidores institucionales y no con empresas con fines de lucro ajenas a la institución.

San José, 8 de noviembre de 2018


En relación con los incidentes y los actos de represión que sufren trabajadores y trabajadoras costarricenses que se mantienen, pacíficamente, en huelga en los sectores de la Garita de Alajuela, Barranca en Puntarenas, Ochomogo y Limón, por parte de la seguridad del gobierno, manifestamos nuestro total repudio a dichas medidas de represión y debe el gobierno Piza-Alvarado asumir la responsabilidad total de esos actos.


Denunciamos también las deplorables condiciones laborales en las que se encuentran los oficiales de policía, a quienes incluso los mismos compañeros huelguistas presentes, han tenido que auxiliar por presentar desmayos y otros problemas de salud a causa de las extensas jornadas, sobreexposición al sol, y al no tener dichos funcionarios asistencia médica y alimentaria, entre otros.


Para La Unidad Sindical y Social Nacional, el accionar de la Fuerza Policial al mando del Ministro de Seguridad Michael Soto, siguiendo órdenes del presidente, no es propio de una policía civilista y más bien corresponde a grupos militares represivos de otros países castristas.


Manifestamos a la opinión pública y pueblo costarricense, que nuestro movimiento patriótico nacional es pacífico y son las medidas arbitrarias y extremas de este gobierno quienes mantienen en crisis social a este país, al negarse el Presidente Alvarado a abrir una verdadera mesa de diálogo y buscar una salida real por el bien del pueblo y de nuestra Costa Rica.


Reiteramos que el Movimiento Patriótico Nacional contra el Combo Fiscal y otras medidas contra el pueblo se mantiene fuerte y continúa de manera indefinida en todos los rincones del país.

Las conquistas sociales fueron construidas, de acuerdo con la idiosincrasia costarricense, a través de grandes luchas y por la vía del diálogo y el pacto social y que, lamentablemente, ahora los políticos comprometen arbitrariamente la justicia y la paz social.

Los sectores político empresariales, los organismos económicos internacionales, grandes transnacionales, interesadas en el negocio de la salud, pretenden destruir la Caja Costarricense de Seguro Social, promoviendo el deterioro y desmantelamiento de la institución, a través de la regla fiscal contenida en el proyecto 20.580.

Esta iniciativa amenaza la estabilidad e institucionalidad publica costarricense, en particular, en la Caja no solo propicia la privatización sino que impactará negativamente la prestación de los servicios, al establecer límites a la inversión y reducir recursos económicos para desarrollo programas, profundizaría las ya largas listas de espera, la calidad de los medicamentos, el congelamiento y deterioro de plazas, salarios y las condiciones laborales, de la infraestructura y los equipos, de servicios sociales y pensiones.

Los y las trabajadoras y BUSSCO-Salud nos oponemos a este nocivo Combo Fiscal y defendemos el derecho del pueblo costarricense a salud y pensiones dignas y anunciamos nuestro apoyo y participación absoluta y contundente al gran movimiento patriótico que iniciará el próximo 10 de setiembre.

El Bloque Sindical y Social Costarricense, sector salud, convoca al pueblo costarricense a defender la CCSS, la calidad de vida del pueblo y unirse a la lucha patriótica, contra el combo fiscal.

*¡NO a más impuestos y rebajo de salarios! *

Este proyecto pone a pagar más impuestos a los sectores populares, laborales y medios, es decir a la clase trabajadora en general, aumenta impuestos, precariza las condiciones laborales de la clase trabajadora del sector público y desmantela las instituciones públicas poniendo en riesgo la estabilidad laboral de miles de trabajadores y trabajadoras.

En esta coyuntura donde la ofensiva neoliberal apunta a descargar los efectos de la “crisis”, sobre las espaldas de los trabajadores (as), se hace imprescindible la lucha popular y clasista contra el paquete fiscal 20.580 y cualquier ataque contra los derechos laborales.

Ha quedado claro que el gobierno nunca tuvo intencionalidad de resolver en forma conjunta y en una mesa de negociación con el movimiento sindical y popular el tema fiscal.

Es evidente que este tema no es simplemente un asunto técnico, sino esencialmente político, que el movimiento sindical presentó, con toda seriedad y responsabilidad un conjunto de soluciones y propuestas técnicas en el tema fiscal sin más impuestos ni rebajos de salarios.

La lucha no se puede, ni se debe difuminar en supuestas mesas de negociación dilatorias, sin condiciones mínimas como las ya planteadas por el movimiento sindical, porque las y los trabajadores demandan resultados y acciones concretas.

Dadas las condiciones y las respuestas del gobierno, está claro que no tiene la voluntad para un verdadero diálogo, con participación ciudadana real, el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, BUSSCO considera que una mesa de diálogo sobre el tema fiscal con el gobierno no tiene sentido, si su proyecto fiscal, con el cual mantenemos diferencias irreconciliables, avanza en la corriente legislativa.

BUSSCO lamenta la posición del gobierno Piza- Alvarado, denuncia a la ciudadanía y al pueblo trabajador la falta de voluntad política de integrar una verdadera mesa de diálogo social, hacemos el llamado a prepararse para defender con dignidad los derechos humanos fundamentales y la calidad de vida de la familia costarricense.

San José, 14 de agosto 2018