Categoría: Incidencia

Las personas trabajadoras que se encargan de garantizar la seguridad en los centros penales de nuestro país, laboran en condiciones deplorables: los dormitorios no reúnen las condiciones ambientales mínimas que requiere un ser humano para descansar y dormir con dignidad ; la infraestructura física de las cárceles no es la adecuada y por falta de mantenimiento pone en riesgo la vida y la integridad física de las personas; los fortines en la mayoría de los casos carecen de un servicio sanitario en el que las personas puedan hacer sus necesidades fisiológicas; el peligro inminente en que se encuentran los policías al laborar en una cárcel, que se ve agravado con la sobrepoblación penal, son solo algunas de las situaciones a las que se enfrentan diariamente estas personas. Todo esto se agrava con el hecho de que estos compañeros y compañeras ven limitado su derecho al descanso por los abusos de las autoridades institucionales.

En su mayoría la Policía Penitenciaria labora en una jornada de 7×7 (7 días de trabajo y 7 días de descanso). Durante los 7 días de trabajo tienen prohibido salir del Centro Penal y se supone que deben cumplir jornadas de 8 horas de trabajo por 8 de descanso con un máximo de 12; no obstante generalmente trabajan 12 horas, sin reconocimiento de jornada extraordinaria y todavía después de estas, deben atender requisas, recuentos, visitas de familiares entre otras gestiones, lo que implica que su descanso diario se vea seriamente reducido. Nuestro sindicato ha tenido la oportunidad de escuchar testimonios de personas que casi han completado las 24 horas de trabajo continuo.

Pero el asunto no se queda ahí, sino que a raíz de que por ser policías se les cancela el rubro de disponibilidad, que es una figura que fue concebida para que en caso de presentarse una emergencia, caso fortuito o fuerza mayor, quienes estén en tiempo de descanso deban presentarse a laborar para atender esa situación especial, las autoridades del sistema han abusado y para no contratar más personal, obligan a los compañeros a presentarse a laborar en su semana de descanso, al menos una vez al mes, para atender asuntos ordinarios como visitas, actividades deportivas o sociales de los privados de libertad. El abuso se profundiza, con el hecho de que contrario a lo que han resuelto los tribunales laborales en estos casos, no se les cancela el tiempo extraordinario.

Para terminar el panorama de la injusticia con estas personas trabajadoras, si disfrutan vacaciones, alguna licencia o son incapacitadas para laborar, al ingresar deben reponer días de trabajo. Esta situación hace prácticamente nugatorio el derecho a vacaciones, licencias o incapacidades, con el agravante de que muchas veces durante esos días de reposición, las personas ni siquiera tienen una cama para dormir.

Estas condiciones de trabajo son una vergüenza para nuestro país, sobre todo si pensamos que el Gobierno de la República es el encargado de dar el ejemplo en cuanto al respeto y cumplimiento de los derechos humanos de las personas trabajadoras. ¿Con qué cara irá el Gobierno de la República a Ginebra en la próxima Conferencia Internacional de OIT a defender que en Costa Rica se respetan los principios del trabajo decente, si trabajadores y trabajadoras del propio Estado se encuentran laborando en estas condiciones?

Muchos y muchas policías penitenciarias han acudido a la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (UNT) para organizarse y luchar por el mejoramiento de sus condiciones de trabajo. Ante la indiferencia de las autoridades ministeriales para resolver los problemas planteados por nuestro sindicato, no nos ha quedado más camino que acudir a los tribunales laborales, interponiendo decenas de demandas para reclamar el pago del tiempo extraordinario que estas personas trabajadoras son obligadas a laborar en su tiempo de descanso.

El problema es que ante la indiferencia e irresponsabilidad de los jerarcas públicos, todos los abusos y violaciones a los derechos laborales continuaremos pagándolos las y los costarricenses.

La Federación Sindical Mundial se dirige a la opinión pública y la comunidad internacional, expresando su condena ante las amenazas contra dirigentes de organizaciones sindicales y sociales de Colombia, entre ellos nuestros compañeros dirigentes nacionales y regionales de SINTRAMIENERGETICA y FUNTRAENERGETICA (afiliados a la FSM). Los dirigentes sindicales fueron amenazados por el grupo paramilitar “los rastrojos”, a través de un comunicado que circuló el 1 de abril.

Estas amenazas se presentan en momentos en que se agudizan los conflictos obreros, agrarios y populares. La FSM reitera que considera estos hechos parte de la campaña de acoso, intimidación y exterminio que se ha desatado contra la dirigencia sindical colombiana. Los últimos 25 años han sido asesinados más de 4.000 dirigentes y activistas sindicales.

Estos hechos demuestran que ni el estado colombiano, ni el gobierno actual del señor Santos pueden ni quieren garantizar la seguridad y la vida de los dirigentes sindicales, agravando la violación de los Derechos Humanos en Colombia.

Grupos de extrema derecha, como este grupo que lanzó estas nuevas amenazas, siempre han realizado el trabajo sucio del Estado y de sus fuerzas armadas, contra el movimiento sindical y popular, sirviendo así los intereses del capital y de las empresas transnacionales.

La Federación Sindical Mundial expresa su plena solidaridad de clase con los dirigentes amenazados.

En nombre de los 86 millones trabajadores de 120 países que representa la FSM exigimos al gobierno y al Régimen de Colombia el cese del terrorismo de Estado contra el movimiento sindical y popular y que se garantice realmente el libre ejercicio de la actividad sindical y política de los trabajadores.

Secretariado Federación Sindical Mundial

Juliana Leiva, jueza del Juzgado Penal de Segundo Circuito Judicial, rechazó eliminar una prueba financiera obtenida en un banco del Caribe, ubicado en Bahamas, por el Ministerio Público. Leiva consideró que existía una orden legal de levantamiento del secreto bancario emitida por un juez, en el caso que se sigue contra el presidente del Grupo Nación, Manuel Francisco Jiménez, el exviceministro de Hacienda, Carlos González Jiménez y el abogado Javier León Longhi, quienes figuran como acusados por el supuesto delito de defraudación fiscal.

El 6 de febrero pasado se realizó una audiencia en los Tribunales de Goicoechea, en la cual el abogado Carlos Tiffer, defensor de Jiménez, González y León, solicitó la anulación de tres pruebas, entre ellas la obtenida en este banco caribeño.

Leiva le informó anteayer a la Oficina de Prensa del Poder Judicial que ya había emitido una resolución ante las solicitudes de la defensa, pero que no se podían hacer públicas aduciendo que “…de conformidad con el numeral 295 del Código Procesal Penal, el procedimiento no es público para terceros, ya que las actuaciones solo podrán ser examinadas por las partes…”.

Una fuente, quien prefirió el anonimato, señaló que dentro de los argumentos dados por la jueza para rechazar la solicitud de la defensa de Grupo Naci ón fue que los documentos financieros fueron obtenidos siguiendo los procedimientos que establece el ordenamiento jurídico costarricense sobre el levantamiento del secreto bancario.

Los informes financieros fueron solicitados por la Fiscalía, en una primera instancia a un banco local, al parecer del antiguo Banco Banex, actualmente HSBC, y éste a su vez los pidió a una subsidiaria ubicaba Bahamas, donde muchas entidades tienen sus operaciones llamadas “off shore”.

La causa contra el Grupo Naci ón fue presentada al Ministerio Público por la Dirección de Tributación desde el 2004, y en la misma se señala el supuesto hecho de defraudación fiscal por más de 1.900 millones de colones obtenidos de la aparente simulación de la venta de unas rotativas.

Declaración indagatoria

La jueza también rechazó una solicitud de la defensa que pretendía invalidar una declaración indagatoria de Daniel Robert,Vicepresidente Corporativo del Grupo Nación. La defensa argumentaba que se había hecho utilizando un expediente obtenido ilegalmente por el Ministerio Público en la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL).

Sin embargo, Leiva indicó en sus argumentaciones que, aunque la información sí fue obtenida de forma ilícita, dicho expediente era solamente uno de los tantos elementos con los que contaba la Fiscalía de Delitos Económicos para haber establecido las posibles acciones ilícitas de las que, en su momento, se puso en conocimiento a Robert, por lo que la indagatoria se mantiene dentro del expediente.

El expediente de SUGEVAL contenía información que había solicitado dicha entidad a La Nación, dentro de un proceso administrativo que seguía en contra de la empresa.

Al parecer, el Ministerio Público habría secuestrado la documentación sin orden de un juez. La fuente indicó que no fue un fiscal quien fue hasta la SUGEVAL a secuestrarla, sino un oficial del OIJ y que la misma luego fue incorporada al expediente.

Sin embargo, la fuente indicó que el propio Grupo Naci ón había hecho pública esa información dentro de sus reportes financieros y por esa razón no debía haberse declarado ilegal.

Además, según la fuente, al quedar por fuera dicha prueba, lo único que se eliminaría sería uno de los posibles delitos por los que se podría haber señalado a Robert.

Según documentos en poder de crhoy .com, fue precisamente Robert – Vicepresidente Corporativo del Grupo Nación – quien el 2 de marzo del 2005 y como representante de la empresa Capital Leasing Corporation otorgó un poder generalísimo sin límite de suma al abogado Javier León Longi.

Y es que, según documentación de la Dirección de Tributación, La Naci ón S.A., presentada por Manuel Francisco Jiménez Echeverría, habría simulado la venta de dos rotativas viejas, ya depreciadas, a Capital Leasing Corporation, por un monto de $2 millones.

Capital Leasing Corporation, domiciliada en Belice, habría simulado la venta de las mismas rotativas a Arrendadorta Interfin S.A., de la cual Luis Liberman era Vicepresidente, por la suma de $5 millones, generando una ganancia a la compañía de Belice de $3 millones, que aparentemente pierden los demás accionistas de La Naci ón y el Ministerio de Hacienda, por la proporción de los impuestos no pagados por utilidad generada.

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Fuente: crhoy .com

El Reino de Bahréin pagó a la cadena de noticias por cable CNN para que elaborase un “reportaje favorable” relacionada a la situación conflictiva que atraviesa este país del Golfo Pérsico, en medio de una violenta represión de protestas populares por parte de las autoridades, con el apoyo de fuerzas de seguridad sauditas.

La denuncia fue realizada por la exreportera de CNN Amber Lyon, quien aseguró que la monarquía pagó a la cadena donde trabajaba por el reportaje, mientras censuraban un documental filmado por ella en la que daba cobertura a la situación en ese país

“El documental fue rodado hace seis meses y publicado en Estados Unidos, pero nunca a través de CNN Internacional”, argumentó, sospechando así que su trabajo habían sido censurado.

Expresó que sus investigaciones comenzaron al conocer que Bahréin es cliente de CNN y “paga por contenidos que den una imagen favorable del Reino”, acotó.

Añadió que, incluso, cuando CNN alega que sus publicaciones no dependen del Reino, “este último podría influir en tales aseveraciones”.

Lyon explicó que su denuncia queda demostrada en el documental no publicado, en el cual se da una “cobertura certera de los abusos de derechos humanos cuando estuve allí” en Bahréin.

“Logramos zafarnos de nuestros guardaespaldas e ir a un par de aldeas donde pudimos ver aquellas atrocidades: pacientes ensangrentados huyendo de los hospitales, varios conductores de ambulancia estaban siendo golpeados. Mientras salíamos de aquellos pueblos nos detuvieron violentamente las fuerzas de seguridad”, detalló.

“Eran unas 20 personas en uniforme y llevaban fusiles automáticos. Querían borrar todos los vídeos que teníamos. Afortunadamente, la productora y yo conseguimos esconder algunos discos en el sujetador y así nos quedamos con este material”, precisó.

La periodista comenta que después de su publicación comenzaron las llamadas telefónicas, “quejándose de mí y tratando de retirar mi reportaje de la emisión”.

“CNN, cadena que se autocalifica como bastión del periodismo de excelencia e imparcial, está creando esencialmente lo que algunos definen como “comerciales informativos para dictadores (…) Con ello se violan todos los principios éticos del periodismo, puesto que en este caso nos convertimos en protectores de estos Gobiernos”, denunció.

Es por ello, prosiguió, que CNN se encuentra bajo una fuerte presión a la hora de criticar lo que sucede en Arabia Saudita y Bahréin, mientras se demoniza a Irán y Siria a cualquier hora del día.

“A muchos de nosotros, los periodistas, nos preocupa que nos estemos metiendo en un ‘segundo Irak’, pero esta vez con el objetivo puesto en Irán”, concluyó.

La gran pregunta que se está generando en Costa Rica en los últimos cinco años es muy simple, ¿Quién controla a la Contraloría? ¿Quién controla al que supuestamente controla? ¿Cómo “monitorare il vigile”? se peguntaban Salvatore Veca, Norberto Bobbio y otros expertos de la ciencia jurídica y la ciencia política italiana, allá por los años 80 del siglo pasado, en medio de los escándalos de los negocios públicos que llevaron a la mitad de la clase política de ese país a la cárcel.

Por obligación constitucional, siempre deberá ser el Parlamento. Y Costa Rica no es la excepción. Esta función esencial de la Asamblea Legislativa— una comisión que instruya al Plenario sobre la acciones de la Contraloría, y las corrija cuando sea necesario—, no se está realizando en la Costa Rica de hoy. Veamos las distintas autorizaciones o refrendos de nuestra Contraloría, absolutamente polémicos, que se han dado en los últimos años:

1.- La concesión a una empresa privada del Puerto de Moín mediante un contrato monopolístico de casi 1.000 millones de dólares, cuando la Constitución Política taxativamente indica que se trata de un monopolio natural del Estado. Este Contrato fue refrendado por la Contraloría. El escándalo ya pasó y, simplemente, dimos por 3 décadas a una empresa privada un punto tan estratégico como un monopolio de nuestro puerto de salida al Atlántico. El del Pacífico ya lo habíamos dado hace varios años. La maldición de la Malinche, ahora en Costa Rica.

2.- La concesión a RITEVE, también claramente monopolística, e igualmente refrendada. Una grave tendencia de la Costa Rica de hoy: nuestros gobernantes iniciaron una cacería de brujas contra los monopolios públicos y, sin embargo, protegen y refrendan los monopolios privados. Desde luego, había que destazar al ICE a como hubiera lugar (en nombre de la santa libre competencia), pero a la vez se protegen muchos monopolios privados.

3.- El intento de firmar un contrato por casi 1.500 millones de dólares (sin proceso de licitación ni competencia internacional) para que una sociedad anónima de RECOPE negocie directamente con una empresa del gobierno de China la construcción de una refinería, cuando El Salvador ha negociado la construcción de una similar (apenas un poco menor) por apenas 600 millones de dólares. En cualquier hipótesis, esa ficción jurídica viola lo dispuesto por la Ley No. 8131 y la Ley de Control Interno. Esto no se ha concretado, pero va en camino…

*4.-*Y ahora, la cereza del pastel. Después de los múltiples escándalos en los últimos cinco años resultante de la concesión de la carretera a Caldera, y del aumento de previo inicial en más de un 300% —todo ello con el visto bueno del CONAVI y de la Contraloría—se nos informa ahora que se concretó la licitación de la carretera San José-San Ramón, con su respectivo refrendo. Otra concesión para otra empresa extranjera de US$ 523 millones de dólares por una carretera que tiene todo su tramo ya construido desde hace 70 años. Y los usuarios deberán pagar todos los días US$ 8 dólares diarios.

Cómo ha publicado recientemente el Ing. Rodolfo Silva, ¿por qué si el gobierno dispone de cerca de 3 mil millones de dólares en préstamos del BID, del BCIE, de la CAF, etc, no se relicita el proyecto con la participación de empresas nacionales? Si se licitaron la Costanera Sur, la Bernardo Soto, la recontrucción de la ruta Interamericana, Abangares-Tempisque, Siquirres-Limón, Cañas-Upala, Liberia-Nicoya, Ciudad Quesada-Los Chiles, Vuelta de Kooper-Chilamate, etc, ¿por qué no la carretera central del país, a San Ramón?

¿Porqué si Panamá fue capaz de ampliar y administrar una gran obra del planeta, como su propio Canal, con funcionarios y empresas panameñas, con beneficios e ingresos para el fisco nacional de $US5 mil millones al año, nosotros—vergonzosamente—tenemos que licitar todo a empresas foráneas? ¿Cuál negocio y cuáles intereses hay detrás de esto?

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Fuente: La columna de Jaime Ordóñez