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FRENASS condena la adjudicación de Áreas de Salud por el excesivo monto de ¢470 mil millones

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El pasado 6 de julio de 2024 la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), bajo la figura de funcionario de hecho (es decir, sin contar con el quórum estructural para sesionar y sin la presencia de la representante del sector sindical) adjudicó a terceros privados la administración de 138 EBAIS y 10 áreas de salud.

Se trata de un monto cercano a los 470 mil millones de colones, que serían distribuidos entre tres cooperativas y una asociación (Coopesana RL, Coopesiba RL, Coopesalud R.L, y Asemeco), para la administración de las Áreas de Salud de Barva, San Pablo, Escazú, Santa Ana, San Francisco, Carpio-Leon XIII, San Sebastián-Paso Ancho, Pavas, Desamparados II y Tibás.

Lo anterior sucedió pese a la existencia de advertencias en torno a sobreprecios excesivos y criterios técnicos en contra de los términos de contratación, emitidos por la propia Auditoría Interna de la CCSS. Por el motivo señalado, el pasado 10 de julio, este mismo órgano denunció los hechos ante el Ministerio Público. Además, el asunto se tramita en la Fiscalía como presunto delito de tráfico de influencias.

Es preciso recordar que tanto la Junta de Adquisiciones como la Gerencia Financiera de la CCSS recomendaron declarar la compra como infructuosa, debido a los excesivos precios ofertados por las cooperativas y la asociación que terminaron siendo seleccionadas.

Desde el Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS), espacio ciudadano que existe desde el 2012 y en el que convergen diversas organizaciones sociales, personas que integran Juntas de Salud y la ciudadanía interesada en la defensa y el fortalecimiento de la CCSS, condenamos de manera enérgica esta decisión impulsada por las maniobras de la presidencia ejecutiva de la institución y del Poder Ejecutivo.

La señora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y el poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Rodrigo Chaves Robles, han demostrado, una y otra vez, una postura en detrimento de los principios y objetivos de la institución, con la intención de desprestigiarla y avanzar en la privatización del derecho humano a la salud.

Desde FRENASS exigimos que se honre la deuda de 3,7 billones de colones que el Gobierno mantiene con la CCSS y que se sigan criterios técnicos a la hora de la toma de decisiones sobre la salud de la población. También demandamos el cese de las maniobras para modificar carteles de licitación e incidir en la composición de la Junta Directiva de una institución autónoma que el Poder Ejecutivo pretende controlar de forma maniquea.

¡La Caja no se vende, la Caja se defiende!

UNDECA respalda a Directiva Martha Rodríguez por recurrir revisión de acuerdo que beneficia a cooperativas

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UNDECA respalda las acciones de la compañera Martha Rodríguez González, contra el acuerdo 2°de la sesión N° 9464, celebrada el día sábado 6 de julio 2024 donde directivos de la CCSS acuerdan la adjudicación de la licitación Nº2023-LY-000002-0001101142 “LICITACIÓN MAYOR PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD POR TERCEROS”, de 10 Áreas de Salud a Cooperativas y a la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS COSTARRICENSES (ASEMECO Clínica Bíblica) por los próximos 10 años.

En UNDECA aprobamos públicamente esa acción y Recurso de Revisión al considerar una literal barbaridad, que dejándose de lado criterios técnicos institucionales que no recomendaban la oferta de las Cooperativas, por excesiva, se haya tomado ese acuerdo comprometiendo las finanzas de la Institución.

Es deplorable y así lo denunciamos, que con ese tipo de acuerdos se favorezca descaradamente la privatización y el enriquecimiento de grupos y empresarios neoliberales que solo buscan mercantilizar la seguridad social y los servicios de salud de la CCSS.

No podemos callar que los directivos que aprobaron este acuerdo en tiempo récord y con la menor publicidad para no dejar evidencias, son absolutamente responsables de adjudicar en términos excesivos, diríamos nosotros exorbitantes, pues la oferta económica de las cooperativas se incrementó en un 60% más que la actual contratación. 

Son muchos millones (50.282 millones anuales) en contraste con los 29.200 millones que actualmente se pagan por año… Entonces, aquí es donde llamamos a la reflexión y cuestionamos vehementemente el accionar de esos directivos pues nos preguntamos: ¿Cuáles son los criterios válidos para que la CCSS no brinde esos servicios por cuenta propia y no privatizando?  ¿O es acaso falso y una rotunda mentira, el cacareado discurso de Marta Esquivel presidenta ejecutiva de la Institución y propio presidente Rodrigo Chaves, de que la CCSS no tiene recursos y está quebrada?

Los costarricenses debemos cuestionarnos y pedir explicaciones. Algo en esta historia no concuerda. La matemática no se equivoca pues de ser cierto de que la CCSS esta quebrada, de dónde sacarán el dinero para pagar en 10 años casi el tripe de los costos actuales. Que, por cierto, bien podría financiar la construcción del hospital de Golfito o de Limón, o acabar de forma definitiva con las listas de espera.

Bien por nuestra representante Martha E. Rodríguez González que alza la voz y pide una revisión de este espurio acuerdo. El accionar de esos directivos disque “representantes del pueblo” debe investigarse e ir más allá, por su contradictoria actuación y posible conflicto de intereses.

Condenamos la injerencia política del gobierno, sus continuas amenazas y presiones para que miembros de la Junta Directiva de la Caja que se opongan a sus interese se vean obligados a presentar sus renuncias y así ello seguir la línea neoliberal para debilitar, destruir y privatizar a la C.C.S.S.

Luis Chavarría Vega
Secretario General UNDECA

10 de julio, 2024.

Organizaciones de BUSSCO apoyan recurso de revisión de representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS

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Informes técnicos no recomendaron la contratación de 10 Áreas de Salud

El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) apoya contundentemente la acción de la representante del sector sindical en la Junta Directiva de la CCSS, Martha Elena Rodríguez González, quien presentó el 9 de julio ante la Junta Directiva de la Caja, FORMAL  RECURSO DE REVISIÓN contra el Acuerdo 2°, de la sesión N° 9464 , celebrada el día sábado 6 de julio 2024 que corresponde a la Adjudicación de la Licitación Nº2023-LY-000002-0001101142 “LICITACIÓN MAYOR  PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD POR TERCEROS”, que adjudicó 10 áreas de salud a diferentes Cooperativas y ASEMECO (Clínica Bíblica) por 10 años.

En marzo de 2023 (Sesión N° 9320) la Junta Directiva extendió la contratación directa por 18 meses de los servicios a las Cooperativas y ASEMECO y le ordenó a la Gerencia Médica y a la Gerencia de Logística ANULAR EL PROCESO DE LICITACIÓN No. 2021LN00034-0001101142, para elaborar un nuevo cartel que “no se impongan a terceros las rigideces institucionales”.

La directiva argumentó una Nulidad Absoluta del acuerdo, entre otros, porque:

Desde el 8 de mayo del 2024, la Junta de Adquisiciones de la Caja, competente en materia de Licitaciones, había dispuesto en el SICOP (Sistema de Compras públicas del Estado) que este concurso era infructuoso por sobreprecios. La Junta Directiva decidió que asumiría la decisión final.

En solo 3 días se adjudicó. El jueves 4 de julio la Junta acordó nombrar un nuevo equipo técnico intergerencial, un día después, se presentó una opinión de una sola funcionaria, que no era la competente que recomendó la adjudicación. El día siguiente, la Junta Directiva, se apartó de todos los criterios técnicos calificados que reiteraban que los precios estaban muy por encima del costo institucional, en algunos casos hasta lo duplicaban, y adjudicó la contratación en firme.

Este acuerdo, tomado con la ausencia de toda la representación laboral, contó con el voto de una representante del Gobierno, que a la vez es integrante del directorio del Consejo Nacional de Cooperativas, con participación reiterada en el tema, que compromete la imparcialidad y puede configurarse un conflicto de intereses.

En aras de la sana administración pública, los principios de probidad y transparencia este acuerdo de adjudicación debe ser revocado y anulado y desde el BUSSCO respaldamos la acción de la compañera Rodríguez, que es la representante designada por el movimiento sindical para atender los temas de esta importante Institución.

UNDECA, SINASSASS, ACODIMED y SIACCSS demandan a la CCSS ante Contencioso Administrativo

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“… en relación con determinados entes, tal como la CCSS, debido a su grado de autonomía, aun el mismo legislador no puede sujetarla a órdenes, directrices y regulaciones de un órgano del Poder Ejecutivo, pues ello va en contra del grado de autonomía y tutela conferida por la Constitución Política a esta institución.” (Sala Constitucional, Voto N°17098-2021)

La Junta Directiva espuria que montó el Gobierno de la República acordó en el mes de julio del año pasado, para la aplicación de la Ley Marco de Empleo Público, que solo determinados puestos son clasificados como exclusivos y excluyentes. Los demás puestos institucionales fueron declarados de carácter “concurrente.”

Los puestos denominados “concurrentes” comprenden más de 20 mil personas trabajadoras, lo que superar la tercera parte de la planilla institucional, las cuales quedarán sometidas a la rectoría política del Gobierno, en manos de MIDEPLAN.

A raíz de esa transferencia de la potestad regulatoria de la relación de empleo, la Junta Directiva le giró un cheque en blanco a MIDEPLAN para que defina las principales condiciones de trabajo de esos empleados, tales como el sistema de concursos, la evaluación del desempeño y además, como si lo anterior fuera poco, esa dependencia del Gobierno definirá a su arbitrio las remuneraciones de esa colectividad de trabajadoras y trabajadores.

Esos acuerdos los adoptó unilateralmente la Junta Directiva, apartándose de todos los justificados técnicos y gerenciales, sin conceder ninguna audiencia y participación a los sindicatos que representan los intereses de los trabajadores, violentando las regulaciones de la Normativa de Relaciones Laborales de la CCSS.

Los ilegítimos acuerdos, por una parte, quiebran, de un solo cuajo, la autonomía constitucional de la institución, servida en bandeja de plata al Gobierno, y, por otra parte, causan una gravísima afectación a los derechos e intereses de los trabajadores.

Esto dificulta la gobernanza institucional, genera incertidumbre en los trabajadores y afecta la prestación directa de los servicios, porque crea una distorsión administrativa; implicando que en un grupo de trabajadores que conforman un mismo equipo, haciendo las mismas tareas, tengan diferentes salarios. Se suponía que lo que buscaba la Ley Marco de Empleo Público era igualar las condiciones, pero ahora unos ganarán más que otros, haciendo la misma labor.

Desde que se dictaron esos arteros acuerdos, los sindicatos procuramos abrir espacios de diálogo y negociación con las autoridades, con la finalidad de salvaguardar la Caja y proteger los derechos de las personas trabajadoras.

Nuestros esfuerzos, desafortunadamente, se han vuelto infructuosos, frente a la prepotencia y el autoritarismo de las jerarquías institucionales, encabezadas por Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva.

Así las cosas, este 4 de julio, en defensa de las personas trabajadoras de la Institución recurrimos a los Tribunales de la República, interponiendo un proceso contencioso administrativo contra la Caja, que pretende que se declare la nulidad absoluta de esos acuerdos y se determinen las responsabilidades que le corresponden a los miembros de esa Junta Directiva de facto, que defraudaron la autonomía institucional y vulneraron los derechos de los y las trabajadoras.

En el día de Pablo Presbere (Pabru Presberi) el ancestro que encarna las gestas de la libertad, la identidad, la dignidad y la defensa de la soberanía y la cultura costarricense.

San José, 04 de julio de 2024

Luis Chavarría, secretario general de UNDECA
Pedro Murillo Chaves, secretario general SIACCSS
Esmeralda Bonilla Vargas, secretaria general Asociación Costarricense de Directores Médicos

Venta de medicamentos: Épico engaño de la Presidenta Ejecutiva de la CCSS

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“…uno de los principales problemas que enfrenta el seguro de salud es que no hay límites definidos para la prestación de servicios de salud, incluyendo la entrega de medicamentos…” (Comisión de Notables, R.75a. /Carrillo, Naranjo, Sauma)

En nuestro país, la regulación de los precios de los medicamentos es responsabilidad del Ministerio de Salud, que tiene facultades de regular productos de interés sanitario, incluyendo medicamentos, y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que le corresponde vigilar las prácticas comerciales para evitar monopolios y prácticas anticompetitivas que puedan influir en los precios de los medicamentos, intervenir en casos de precios abusivos y garantizar la transparencia en la información.

UNDECA lamenta la propuesta de la presidenta ejecutiva de crear farmacias comerciales en la Caja para la venta y comercialización de medicamentos directamente a la población, a farmacias y hospitales privados. Una labor que no corresponde a la Caja, por los siguientes motivos:

1.- El desvío de los recursos de la Caja es ilegitimo.

La Constitución Política, en los numerales 73 y 74, le otorga a la Caja la administración y gobierno de los seguros sociales, y le prohíbe, expresamente, la desviación de los recursos de la seguridad social a fines distintos a los establecidos.

El artículo 177 constitucional garantiza el pago de la contribución del Estado como tal y como patrono para asegurar el acceso universal a la salud de todos los habitantes, para cubrir las necesidades actuales y futuras, y en caso de déficit deberá asumirlo el Estado.

La Sala Constitucional ha emitido varias resoluciones en las que reitera la inviolabilidad de los fondos de la seguridad social y determina que cualquier intento de desviar estos recursos es inconstitucional, compromete la sostenibilidad de la Caja y atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos.

2.-Riesgos de suministro de medicamentos en la Caja.

La regulación de los precios de los medicamentos fue eliminada en nuestro país desde 1994, contrario a otros países que su regulación incluye medidas como la evaluación de tecnologías sanitarias, estudios de referencia de precios internacionales, evaluación del valor terapéutico, negociación de precios y descuentos para la seguridad social, establecen precios de referencia para medicamentos esenciales y márgenes de comercialización, entre otros.

El riesgo de desabastecimiento en los centros de salud, el incremento de la demanda y la complejidad de la gestión, una distribución ineficaz, retrasos y desigualdades -como ocurre actualmente- pondría a la institución en un dilema entre la venta o el suministro a las personas usuarias. Esperamos que no sea una crónica de muerte anunciada, que por vender medicamentos a un ilusorio precio, se vaya desabastecer el suministro de medicamentos, a quienes no tienen recursos para comprarlos en una privada.

3.- Nada garantiza disminución de precios

En un lucrativo mercado privado, que moviliza $550 millones al año (diario La Nación), nada garantiza que disminuirán los precios, por el contrario, pueden incrementarse los costos porque la compra no estaría destinada a la seguridad social, ya que su destino final es el mercado privado. sino que su destino final es el lucro.

El fin de la Caja es garantizar el acceso a la salud de todos los habitantes del país, no puede desviar sus recursos para regular el mercado de medicamentos, ni podría competir con el mercado privado, tendría que vender al costo porque no puede tener fines de lucro.

4.- Privatización del acceso a medicamentos en la seguridad social.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales obliga a los Estados a garantizar el acceso a medicamentos de buena calidad, de forma oportuna, como elemento fundamental del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

Es de esperar que este cambio, desde una visión institucional centrada en el derecho a la salud, hacia un modelo de salud privatizado, podrían contravenir legislación existente, tener implicaciones en la sostenibilidad financiera, incrementar costos de operación, distribución y suministro de medicamentos, socavar la confianza en el sistema de salud y provocar un mayor aumento de los precios de medicamentos esenciales.

UNDECA lamenta que en un tema de tanta relevancia no fuera sujeto a una consulta pública, no hay participación de actores sociales, por los riesgos para la atención de las personas y la cobertura universal de los servicios de salud públicos.

San José, 21 de junio de 2024

La OIT cada vez más secuestrada por los intereses corporativos y más alejada de defender los intereses de la clase trabajadora mundial

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Comunicado UNDECA – BUSSCO

En la 112 Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se celebra del 3 al 14 de junio 2024 en Ginebra Suiza, ha quedado en evidencia el mayor peso y control que ejerce el sector empresarial en este organismo de Naciones Unidas, que ostenta ser de carácter tripartito (trabajadores, empleadores y gobiernos).

En la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (Comisión de Aplicación de Normas) -que es la instancia que evalúa los incumplimientos y violaciones de los gobiernos a los Convenios Internacionales suscritos- el mecanismo de negociación se desarrolla entre el movimiento sindical y el sector empresarial, con la figura de los gobiernos en las sombras.

El sector empresarial ya hace unos años chantajeó al movimiento sindical o que se ponían de acuerdo en el listado total de países o no había lista a revisar, en la mayoría de los casos los empresarios terminan convirtiéndose en los representantes de los gobiernos.

“En este año 2024 para América Latina, el movimiento sindical regional llevaba en primer lugar de la lista a Costa Rica, por violaciones flagrantes al Convenio 98 sobre derecho de sindicación y negociación colectiva. Resulta que el sector empresarial no aceptó a Costa Rica y en su lugar incorporó a Colombia (por un convenio de limitada relevancia), a México y repitió al igual que el año pasado a Nicaragua”, denunció Jorge Coronado, representante del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) que participa en la Conferencia Internacional del Trabajo.

Esta es la más clara prueba de que lo que está privando en este organismo internacional es el criterio geopolítico y no la violación de convenios concretos, en el caso de América Latina los empresarios enemigos jurados de gobiernos progresistas están convirtiendo a la OIT en el espacio para “pasarle la factura” a dichos gobiernos.

Debemos denunciar además que en el caso de Costa Rica la UCCAEP defendió al gobierno y se opuso férreamente a que se incorporara al país en la lista de 24 países que violan los derechos laborales, demostrando la alianza estrecha del sector empresarial con el gobierno de Rodrigo Chaves, a pesar de lo que pregonan de su independencia e incluso de su oposición.

Tome nota la clase trabajadora costarricense del alineamiento descarado de las instancias de la gobernanza global por parte de la derecha internacional y el poder corporativo, la OIT no es la excepción.

Esta decisión no es ni un triunfo del gobierno, ni una declaración de inocencia para el gobierno de Costa Rica, desde el BUSSCO denunciamos que lo acontecido en la 112 Conferencia de la OIT es simplemente resultado de la alianza espuria entre el gobierno corporativo actual y la UCCAEP y sus aliados globales.

La única salida para la defensa de los derechos de la clase trabajadora, sigue siendo la movilización y la lucha, es necesario además rescatar a la OIT para quitarle su actual perfil pro empresarial y el movimiento sindical internacional requiere dejar de seguir haciendo concesiones al sector empresarial a fin de lograr acuerdos de “medias tintas” en el seno de la OIT y recuperar su capacidad de lucha y movilización en la defensa de los derechos de la clase trabajadora global.