Electa representación laboral a OIT

Con la presencia de representantes de más de 20 organizaciones sindicales, entre sindicatos no confederados, centrales sindicales y confederaciones, se eligió la terna laboral para la delegación costarricense que asistirá a la 103 Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La Asamblea intersindical se realizó en la sede de Asociación Nacional de Educadores (ANDE) el pasado 7 de abril, y en esta se eligió a Martha Rodríguez González, secretaria general adjunta de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, como titular y a Susan Quirós Días, secretaria general de la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, UNT, como asesora. La votación fue unánime por ambas candidatas.

Gobierno debe respetar designación

Las delegaciones nacionales, en estas Asambleas, están compuesta por representantes del gobierno, del sector empresarial y sector sindical, obviamente cada sector debe elegir a sus representantes, sin embargo ha sido ya una tradición que el gobierno de Costa Rica designa a dedo a los representantes sindicales de acuerdo a sus intereses.

Tanto la OIT como la organización de acreditación de la Asamblea General han reiterado que la delegación de Costa Rica debe respetar la designación de cada sector, sin embargo hasta ahora el gobierno ha hecho oídos sordos.

En el 2013 el Movimiento Sindical designó a José Luis Castillo de SINTRAJAP como representante, sin embargo el gobierno de Laura Chinchilla Miranda eligió a otros, irrespetando la elección sindical.

Ante esto UNDECA, con el apoyo económico de otras organizaciones sindicales y por intermedio de la Federación Sindical Mundial, FSM, lograron enviar a Martha Rodríguez González para que participara de la 102 Asamblea con acreditación de la FSM.

La destacada labor de Martha Rodríguez en la Asamblea le valió el reconocimiento tanto de organizaciones sindicales internacionales como nacionales. Sus informes diarios sobre las acciones realizadas fueron de la satisfacción de los sindicatos costarricenses que se sintieron representados dignamente.

Este 2014, las organizaciones sindicales esperan que el gobierno de Laura Chinchilla respete la designación hecha por ellos.

Diputados FA y PAC reciben Proyecto Ley


Con el objetivo de dar a conocer su posición con respecto a la crítica situación por la que atraviesa la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, representantes de organizaciones sociales y sindicales se reunieron este viernes 28 de marzo de 2014, en las instalaciones de la Asociación Nacional de Educadores, ANDE, con diputados electos del Frente Amplio y de Acción Ciudadana.

En esta reunión se plantearon no solo los problemas que día a día vive la benemérita institución, una de las más importantes para el pueblo de Costa Rica, sino que además se plantearon propuestas concretas.

Estas propuestas van en dos vías. Primero la forma como las organizaciones sociales y sindicales quieren relacionarse tanto con diputados del Frente Amplio, como con los del Partidos Acción Ciudadana, PAC, con el fin de defender a la CCSS de las garras de la corrupción y la forma como los y las diputadas esperan que se dé esa relación.

Segundo hacieron formal propuesta de un Proyecto de Ley para lograr que las garras politiqueras de los corruptos sigan destruyendo y privatizando la salud pública.

“Los problemas de la CCSS tiene un trasfondo político y estructural, en el que la toma de decisiones ha ido en función de la destrucción de la Caja y en el ataque sistemático contra los trabajadores y trabajadoras y sus derechos laborales. Se debe investigar profundamente todo lo actuado por la anterior y la actual administración de la Caja”, dijo Luis Chavarría Vega, Secretario General de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA.

El documento fue bien acogido por los y las dipuatadas del Frente Amplio, lo analizarán y agregarán, junto a las organizaciones sindicales y sociales, aquellos aspectos que le den mayores posibilidades de que sea aprobado en la Asamblea Legislativa.

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PROYECTO DE LEY

Proyecto de Ley Para Rescatar a la CCSS de Manos de la Politiquería

Breve exposición de motivos:

Los problemas de la CCSS son muchos y de diferente índole sin embargo se puede afirmar que todos ellos presentan un denominador común: La intromisión politiquera. Con flagrante violación del artículo 73 de la Constitución Política que establece un régimen de autonomía para la CCSS en materia de gobierno y de administración, el Artículo 6 de su Ley Constitutiva establece la figura de la presidencia ejecutiva de nombramiento libre por parte del Consejo de Gobierno y lo define como el máximo funcionario con responsabilidades superiores no solo en materia de política sino también en materia administrativa.

Los gerentes institucionales solo pueden ser nombrados por la Junta Directiva, si sus nombres son propuestos por la presidencia ejecutiva. Por otra parte la presidencia ejecutiva suscribe acuerdos que comprometen a la Institución sin someterles a aprobación de la Junta Directiva.

Tal intromisión ha destruido la carrera administrativa. Los funcionarios a todos los niveles son nombrados mediante decisiones políticas, lo cual ha creado un clima laboral de absoluta desmotivación agravando los de por sí difíciles problemas administrativos, técnicos y financieros.

La usurpación de la autonomía va de la mano con los intereses evidentes por privatizar los servicios de la C.C.S.S., con consecuencias funestas para la mayoría de la población, sobre todo con los sectores de menores recursos económicos.

Entretenerse en medidas de carácter administrativo para “salvar a la C.C.S.S.”, como quizás con buena intención proponen algunos sectores, o responsabilizar a los profesionales de la salud, o en general a los trabajadores de la institución de los problemas que se agudizan, no sólo conlleva distraer la atención de la ciudadanía, sino servirle a los intereses politiqueros y a aquellos interesados en la privatización de los servicios de salud. La causa primaria de los principales problemas nacionales se encuentra en la política y es obvio que la C.C.S.S. no es una excepción.

Todo lo contrario es la frontera del proyecto de destrucción del estado social de derecho que representa un botín de varios miles de billones.
El presente proyecto busca resolver la causa principal de los problemas de la C.C.S.S. y establecer las condiciones necesarias para empezar a hacer frente a los aspectos administrativos, técnicos y financieros atendiendo los altos intereses nacionales y no los de reducidos grupos mercantiles.

Es un proyecto simple que propone eliminar la presidencia ejecutiva y establecer el nombramiento de gerencias estables, profesionales e independientes de los vaivenes políticos. Desde luego que ninguna solución será suficiente si los trabajadores no nos organizamos para defender en todos sus extremos a la C.C.S.S., pero el paso de rescatar su autonomía es fundamental.

Artículo 1. Se elimina la figura de la Presidencia Ejecutiva
Se modifica el Artículo 6 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, para que diga:

“La Caja será dirigida por una Junta Directiva, integrada en la siguiente forma: Nueve personas de máxima honorabilidad, que serán nombradas así:
a) tres representantes del Estado, de libre nombramiento del Consejo de Gobierno quienes no podrán ser Ministros de Estado, ni sus delegados.
b) Tres representantes del sector patronal.
c) Tres representantes del sector laboral.
De su seno la Junta Directiva nombrará un Presidente que ejercerá sus funciones por un año y podrá ser reelecto. Las funciones del Presidente se limitan a coordinar las sesiones de la Junta Directiva, y representar a la Institución en aquellos actos en que así se acuerde. La elección del presidente de la Junta Directiva requiere una votación calificada no menor de siete votos del total de los directivos.

Lo demás igual.

Artículo 2. Creación de la Gerencia General:
_Se modifica la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social en su Artículo 15, para que diga: _

La Junta Directiva nombrará mediante concurso público, un Gerente General y tres Subgerentes: uno administrativo, uno médico y otro financiero, quienes tendrán a su cargo la administración en sus respectivos campos de competencia, la cual será determinada por la Junta Directiva.
La votación para elegir el Gerente General o los Subgerentes requerirá una votación calificada de al menos siete votos del total de los directivos. Durarán seis años en sus cargos y podrán ser reelegidos indefinidamente. Serán inamovibles durante el período de su cometido, salvo que, a juicio de la Junta Directiva, no cumplan con sus funciones o que se declare contra ellos alguna responsabilidad legal de índole penal, civil o administrativa. Para ocupar el cargo de gerente o de subgerente es necesario reunir los requisitos profesionales que le acrediten para desempeñar las respectivas responsabilidades.

El gerente y los subgerentes estarán sujetos a las mismas restricciones y prohibiciones de los miembros de la Junta Directiva, lo mismo que a sus casos de cesación en el desempeño de sus cargos.

Lo demás igual.

Artículo 3. En todos aquellos otros artículos donde la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social otorgue facultades a la Presidencia Ejecutiva, figura que mediante la presente ley se deroga, tales facultades se considerarán propias del Gerente General.

Transitorio único:
En un plazo no mayor de seis meses luego de su nombramiento, el Gerente General deberá presentar a la Junta Directiva un plan de desarrollo institucional basado en las necesidades de salud de la población, que defina las necesidades de recursos humanos, técnicos, de infraestructura y financieros. La Junta Directiva someterá tal plan al conocimiento de los diversos sectores sociales y políticos para recibir observaciones y lo deberá aprobar en un plazo no mayor de seis meses a la fecha de presentación por parte de la Gerencia General.

Rige a partir de su publicación.

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FRENTE NACIONAL POR LA SEGURIDAD SOCIAL
Marzo, 2014

¡IMPONENTE!


¡DIGNIDAD, RESPETO Y LIBERTAD!, parte de las consignas de miles y miles de trabajadores y trabajadoras de la Caja se manifestaron este jueves 20 de marzo junto a trabajadores de diversas organizaciones sindicales y sociales en todo el país.

En todas las provincias se realizaron acciones de protesta contra la corrupción que carcome la democracia costarricense desde las altas esferas del poder político y económico que con la imposición del modelo neoliberal destruye instituciones fundamentales para el desarrollo, la salud y la educación.

Guanacaste, Limón, Puntarenas, San Carlos, Heredia, Alajuela, San José, se llenaron de trabajadores y trabajadoras, de ciudadanía que exije respeto y lucha con dignidad.

En San José la marcha de UNDECA salió del Parque Braulio Carrillo (La Merced), recorriendo la Avenida “Juanito” Mora Porras (Av. Segunda), llegando al Parque Central en donde se encontraron con los y las trabajadoras de APSE y de ahí hasta la Fuente de la Hispanidad para toparse con ANDE, UNT, SITECO, entre muchas otras organizaciones sindicales y grupos sociales como el Comité Pro Defensa de la Caja y la Seguridad Social.

Llegando a Casa Presidencial la multitud se encontró con dos situaciones. Primero una barricada militar que impedía ingresar frente a la casa de gobierno, barricada que fué derribada por la multitud que exigía su derecho a manifestarse libre y pacíficamente. Aunque se quitaron las barandas de metal, se hizo con respeto a los funcionarios de seguridad pública pero con vehemencia.

La segunda situación fué que se encontraron con que la presidenta de la República le había dado asueto al todo el personal de Casa Presidencial, ella incluída porsupuesto.

Eso no solo no desanimó a los manifestantes, al contrario, encendió más los ánimos y desde ya se promete otra gran acción de “despedida” de la presidenta Chinchilla.

¡Sobran los motivos para movilizarse!

Luego de 30 años de neoliberalismo impuesto por los partidos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana en complicidad con el Movimiento Libertario y los partidos pseudo cristianos tenemos un país con mayor pobreza (1 millón de costarricenses) y desempleo (10%, unos 400 mil costarricenses sin trabajo). Somos el país de América Latina en el que ha crecido más la desigualdad social, se ha incrementado más la corrupción y la impunidad: Carretera San Ramón, trocha fronteriza, la pletina, ruta 27, Crucitas y otros. Han desmantelado nuestro Estado Social solidario y entregado a intereses privados internacionales nuestra infraestructura pública estratégica más rentable (Puertos, Carreteras, Aeropuertos).

Vamos a huelga porque nos oponemos a esa agenda; porque el país necesita con urgencia un cambio de rumbo y porque demandamos al gobierno actual y al entrante, el cumplimiento de lo siguiente:

– Revisar el paupérrimo e indigno ajuste salarial del 0.43% y establecer un aumento salarial acorde con el costo de vida actual. – Negociar y consensuar una nueva fórmula para el cálculo del reajuste salarial. – Fortalecer la CCSS, la salud pública, régimen de pensiones y detener su desmantelamiento. – Revisar el contrato de Concesión de la APM Terminals y anular la cláusula 9.1 que crea un monopolio en los puertos; impulsar una verdadera modernización portuaria y fortalecer JAPDEVA. – Parar las concesiones privadas de obras públicas estratégicas. – Fortalecer la Educación Pública y cumplir con el 8% del PIB para la educación. – Detener el desmantelamiento del ICE que solo busca beneficiar sectores privados nacionales y transnacionales. – Frenar el alto costo de la vida, resultado de la especulación financiera con el tipo de cambio del dólar. – Impulsar una Reforma Tributaria que haga pagar a los grandes capitales y persiga la evasión y elusión fiscal. – Respetar las Convenciones Colectivas de trabajo. – Retirar toda iniciativa de Ley de Empleo Público que pretenda eliminar componentes salariales. – Actuar clara y contundentemente contra la corrupción y la impunidad enviando a la cárcel a los corruptos.

El Bloque Unitario Sindical y Social, integrado por una diversa cantidad de organizaciones sindicales, sociales, movimientos comunales, estudiantiles, etc.; fueron los organizadores de Huelga Nacional de este 20 de marzo y desde ya se anuncian otras acciones para despedir a Laura Chinchilla y exigir al nuevo gobierno, sea quién sea, que tenga un apolítica de puertas abiertas al diálogo y la negociación con los sectores sociales y no sólo con el sector empresarial y que ponga fin a la desenfrenada corrupción político-empresarial.

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Videos y fotos en las próximas horas

Autoridades de la caja con privilegios


La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) denuncia que la presidencia ejecutiva, 6 gerentes, 2 con rango de sub-gerentes y miembros de la Junta Directiva, se han auto-beneficiado con las decisiones que han tomado con el Gobierno de Laura Chinchilla, recetándose millonarios aumentos salariales, jugosas dietas, gastos astronómicos en alimentación y hasta el pago de viáticos para salir al extranjero.

Esto lo han realizado en la plena crisis que se declaró en el Seguro Social en el año 2011, donde promovieron campañas difamatorias para hacer creer a los medios y a la opinión pública que la crisis y todos los males eran responsabilidad de los y las trabajadores (as).

Con estas campañas tomaron medidas de contención del gasto, acelerando aún más el deterioro los servicios de salud, la falta de especialistas, de recurso humano, medicamentos y de las largas filas de espera, que hoy a 45 días de la entrega de esta administración, no han podido resolver.

Además estas autoridades llegaron inclusive a eliminar conceptos de viáticos, zonaje, pago de peligrosidad y hasta amenazar los derechos laborales del personal.

Eso sí, para estas jerarquías no existe la crisis, así se confirma en documentación oficial solicitada desde el año 2012, que fuera remitida al sindicato recientemente.

Seis cargos de gerente y dos con cargo de subgerente pasaron de ganar ¢1,322.306 en el año 2005 a ¢7,157.383, incluyendo el 65% por concepto de prohibición, para un desproporcionado aumento de ¢5,835.077.00 en 28 días.

Lamentablemente se nos negó la información del salario de la Dra. Ileana Balmaceda Arias, Presidenta Ejecutiva, pero según algunas informaciones, su salario es superior a los ¢7,000.000.00.

Pero la fiesta no se quedó ahí, también está confirmado que los 8 miembros de la Junta Directiva de la CCSS durante el período 2010-2013 han recibido un monto aproximado de 85 millones por pago de dietas.

Pero aún más, por concepto de contratación de alimentación en el 2013 fue de 15.446.490, con lo cual los gastos del período de su gestión pudieron rondar los 60 millones de colones.

Otra cifra que nos alerta aún más, es el pago de viáticos al exterior que se le pagó al Lic. Adolfo Gutiérrez Jiménez, directivo representante del sector empresarial por un monto de $1.844 para realizar un curso en Estados Unidos “Teoría y Herramientas del Proceso de Negociación”. Pero es del entendido que la temática no tiene nada que ver con sus funciones en la Junta Directiva

Según informaciones varios directivos y ex gerentes han participado en estas mismas capacitaciones no muy afines a sus responsabilidades, menos aún en ponerlos en práctica en estos años, donde por el contrario han promovido mayor confrontación laboral.

Estas autoridades no tienen la moral para hablar de implementar fuertes de medidas de austeridad si se han recetado jugosos beneficios, mientras han sido incapaces de recuperar las enormes deudas del Gobierno.

Fuerte castigo al salario público

¡Quedó claro!, el Gobierno inmoralmente trató de maniobrar al movimiento sindical para que el ajuste salarial se resolviera después del proceso electoral, para favorecer a Liberación Nacional, no nos prestamos, se consumió el hecho, el decretazo del 0.43%, ¢430 por cada ¢100.000 y ¢1.000 adicional para los que no tienen ningún plus salarial.

¿Dónde queda la ética y la moral de estos políticos?, aún sabiendo de que el pueblo de Costa Rica ha castigado duramente estas posturas neoliberales con los resultados electorales, impusieron un vergonzoso incremento salarial que se burla de los trabajadores.

De esta manera, el Gobierno de Laura Chinchilla le pasa la factura a una buena parte de los empleados públicos, justificando el elevado déficit fiscal, no así a todos aquellos puestos políticos de altas jerarquías de todas las instituciones públicas, que se han recetado en este Gobierno onerosos salarios en plena crisis económica.

Por ejemplo el mayor jerarca del Banco Nacional que gana 18 millones de colones, también de los privilegiados salarios de gerencias, puestos de confianza de instituciones del gobierno central y del sector público, donde sus sueldos son de varios millones de colones al mes, adicional al pago de sus vehículos, gastos discrecionales, combustibles, chofer, viáticos, etc.

No menos es el salario de todos los diputados, sus asesores, embajadores, sus onerosos y gastos complementarios. Estas son las dos clases sociales, totalmente opuestas, más aún los del sector privado.

Para confrontar este vergonzoso decreto consultaremos con el Bloque del Movimiento Sindical y Social, para realizar acciones de repudio y de protesta a un Gobierno desgastado que apostó a las políticas económicas neoliberales en perjuicio del pueblo costarricense.

Proclama de la CELAC

(ORIGINAL FIRMADO POR LAS JEFAS Y JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS, INCLUÍDA COSTA RICA)

Las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), reunidos en La Habana, Cuba, los días 28 y 29 de enero de 2014 en la II Cumbre, en nombre de sus pueblos e interpretando fielmente sus anhelos y aspiraciones,

Ratificando el compromiso de sus países con los Propósitos y Principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, y conscientes de que la prosperidad y estabilidad de la región contribuyen a la paz y seguridad internacionales,

Conscientes de que la paz es un bien supremo y anhelo legítimo de todos los pueblos y que su preservación es un elemento sustancial de la integración de América Latina y el Caribe y un principio y valor común de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC),

Reafirmando que la integración fortalece la visión de un orden internacional justo, afirmado en el derecho y en una cultura de paz que excluye el uso de la fuerza y los medios no-legítimos de defensa, entre ellos las armas de destrucción masiva y, en particular, las armas nucleares,

Destacando la relevancia del Tratado de Tlatelolco para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe que estableció la primera zona libre de armas nucleares, en un área densamente poblada, siendo este una contribución a la paz y la seguridad regional e internacional,

Reiterando la urgente necesidad del Desarme Nuclear General y Completo, así como el compromiso con la Agenda Estratégica del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (OPANAL), adoptada por los 33 Estados miembros del Organismo, en la Conferencia General de Buenos Aires en agosto de 2013.

Recordando los principios de paz, democracia, desarrollo y libertad que inspiran las actuaciones de los países miembros del SICA,

Recordando la decisión de las Jefas y Jefes de Estado de UNASUR de fortalecer a Suramérica como Zona de Paz y Cooperación,

Recordando el establecimiento, en 1986, de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur,

Recordando también nuestro compromiso, acordado en la Declaración de la Cumbre de la Unidad de la América Latina y el Caribe, el 23 de febrero de 2010, de promover la implementación de mecanismos propios de solución pacífica de controversias,

Reiterando nuestro compromiso de que en América Latina y el Caribe se consolide una Zona de Paz, en la cual las diferencias entre las naciones se resuelvan de forma pacífica, por la vía del diálogo y la negociación u otras formas de solución, y en plena consonancia con el Derecho Internacional,

Conscientes también del catastrófico impacto global humanitario y a largo plazo del uso de las armas nucleares y otras armas de destrucción masiva, y de las discusiones en curso sobre este tema,

Declaramos:

1. América Latina y el Caribe como Zona de Paz basada en el respeto de los principios y normas del Derecho Internacional, incluyendo los instrumentos internacionales de los que los Estados miembros son parte, y los Principios y Propósitos de la Carta de las Naciones Unidas;

2. Nuestro compromiso permanente con la solución pacífica de controversias a fin de desterrar para siempre el uso y la amenaza del uso de la fuerza de nuestra región;

3. El compromiso de los Estados de la región con el estricto cumplimiento de su obligación de no intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos de cualquier otro Estado y observar los principios de soberanía nacional, la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos;

4. El compromiso de los pueblos de América Latina y el Caribe de fomentar las relaciones de amistad y de cooperación entre sí y con otras naciones, independientemente de las diferencias existentes entre sus sistemas políticos, económicos y sociales o sus niveles de desarrollo; de practicar la tolerancia y convivir en paz como buenos vecinos;

5. El compromiso de los Estados de la América Latina y el Caribe de respetar plenamente el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural, como condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones;

6. La promoción en la región de una cultura de paz basada, entre otros, en los principios de la Declaración sobre Cultura de Paz de las Naciones Unidas.

7. El compromiso de los Estados de la región de guiarse por la presente Declaración en su comportamiento internacional;

8. El compromiso de los Estados de la región de continuar promoviendo el desarme nuclear como objetivo prioritario y contribuir con el desarme general y completo, para propiciar el fortalecimiento de la confianza entre las naciones.

Instamos a todos los Estados miembros de la Comunidad Internacional a respetar plenamente esta Declaración en sus relaciones con los Estados miembros de la CELAC.