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SETENA jamás se puede contradecir con lo actuado hasta hoy con el proyecto de la Marina, ni puede ceder a las presiones que ejerce el Poder Ejecutivo.

Presidenta irresponsablemente exige inicio de construcción, pese a violaciones constitucionales y no tener estudios de impacto ambiental aprobados.

El daño ambiental que se causará si le ceden ilegalmente los permisos de construcción al proyecto de la APM Terminals por parte de la SETENA, para construir una isla de 80 hectáreas frente a las costas de Moín y los accesos en medio de humedales y zonas protegidas por ley será irreversible. Los daños que causaría este proyecto es dos veces más grave que el que iba a generar la Marina Isla Moin y que ya fueron anulados.

Lanzar 10 millones de metros cúbicos de lodo y material arcilloso al Mar Caribe, en las corrientes marinas frente a las costas de Limón, la desprotección del Río Moín, un río protegido por la Convención RAMSAR y de especies marinas en peligro de extinción como las tortugas baulas y otras de flora y fauna exóticas que utilizan la zona como sitios de anidación y preservación, la destrucción de los mantos acuíferos y zonas protegidas como el Humedal Cariari, que abastecen de agua potable a más de un 20% de la población del Cantón Central de Limón, se convertirían en daños definitivos para el país si no buscamos la forma de obligar al cumplimiento de las leyes y el respeto del patrimonio del pueblo costarricense.

Las presiones evidentes que practica el Poder Ejecutivo para que SETENA apruebe los estudios de impacto ambiental presentados por APM, resultan preocupantes. Es evidente la intención de doblar brazos para que saquen un resultado positivo para los intereses de esta transnacional, sin dar el espacio a la objetividad en el análisis técnico que debe hacer este ente técnico en situaciones tan delicadas como estas. La influencia que ejerce la señora Presidenta para que SETENA autorice la iniciación de la construcción para diciembre de este año es a todas luces irresponsable e ilegal.

Basados en los criterios técnicos y legales de la Procuraduría y la Contraloría, es imposible que APMT pueda construir, porque estos criterios señalan tajantemente que es necesario para el país proteger ambientalmente estas zonas mundialmente valoradas para la preservación de la vida. Advertimos que por lo razonado anteriormente no permitiremos que intereses particulares destruyan el ambiente y mucho menos que se pisotee nuestra soberana patria y aclaramos contundentemente que si se tuercen los criterios ya emitidos por la PGR y la CGR será decretado de forma inmediata un conflicto indefinido en Limón.

LA PATRIA RECLAMA QUE LA DEFENDAMOS

LIC. RONALDO BLEAR BLEAR
SECRETARIO GENERAL

Sr. LIROY PEREZ PEREZ
SECRETARIO DE PRENSA ai

3 de septiembre de 2013

“Médicos del Mundo” denunció este jueves que, tras un año de la entrada en vigor de la reforma sanitaria, más de 800.000 personas permanecen sin control médico en España. El 1 de septiembre de 2012, el Gobierno aprobó un real decreto ley que expulsó del sistema público de salud a las personas en situación irregular al quitarles la tarjeta sanitaria e introdujo, entre otras medidas, el copago farmacéutico, según la ONG, que recuerda que revistas prestigiosas como ‘The Lancet’ o ‘Medical British Journal’ advirtieron de las consecuencias de esas reformas.

Algunos especialistas, como Helena Legido-Quigley, de la prestigiosa Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, o Santiago Moreno, jefe del servicio de enfermedades infecciosas del hospital Ramón y Cajal, alertaron del previsible aumento de las patologías transmisibles como el VIH y la tuberculosis como resultado de dejar sin atención y sin acceso a medicamentos a cerca del 2% de la población.

La organización recuerda el caso de Alpha Pam, el joven senegalés fallecido por tuberculosis en Baleares que resultó ser la fuente primaria de un brote de la enfermedad, como un claro ejemplo de ello. El enfermo no tenía asignado médico de familia y su historial clínico ya no figuraba en las bases de datos, lo que impidió que su enfermedad fuese diagnosticada a tiempo y que se aplicara el protocolo médico correspondiente.

Otros expertos, como el consultor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Manuel Desviat han advertido de un probable aumento de los trastornos mentales, e incluso de suicidios, entre la población afectada.

“Observatorios”

Con el objetivo de documentar con la máxima precisión los casos que se detectan y las barreras de acceso que existen, Médicos del Mundo ha promovido los llamados “observatorios”, como el que ya funciona con “éxito” en la Comunidad Valenciana (Odusalud), compuesto por 49 entidades, y el Observatorio de Derecho a la Salud (ODAS) que acaba de presentarse en Baleares.

Hasta ahora, las situaciones más habituales detectadas por la organización han sido las de personas con enfermedades crónicas sin controles periódicos, incluido el cáncer, y/o que sufren interrupciones en sus tratamientos por falta de medicamentos, además de pacientes con patologías transmisibles (como VIH o tuberculosis) para las que no se han activado los protocolos correspondientes o con enfermedades mentales sin seguimiento.

La exigencia de firmas de compromisos de pago o los intentos de facturación en urgencias, contraviniendo lo establecido en la propia legislación, ha sido otra de las situaciones más habituales. También se han documentado casos de mujeres embarazadas sin seguimiento médico durante la gestación, niños y niñas a las que se ha negado la atención primaria y personas trasplantadas a las que se ha exigido abonar íntegramente los medicamentos antirechazo imprescindibles tras la operación a la que habían sido sometidos.

Por su parte la Federación Sindical Mundial, FSM, ha hecho un llamado para realizar una Jornada Internacional por servicios de salud públicos y de calidad.