El juego político del proyecto procesal laboral


“(…) los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan” José Martí

De verdad que la tramitación del Proyecto de Ley de Reforma Procesal Laboral (Exp.15.990) lleva la impronta de una serie de vicisitudes que refleja su tormentoso periplo y los diferentes intereses que ha concitado.

Primero fue el dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, prácticamente unánime, que significó una completa contra-reforma laboral, principalmente en la parte del derecho colectivo, el alma del Derecho del Trabajo: negociación colectiva en el sector público, arreglo directo y huelga, en el sector público y privado.

Fue a raíz de una propuesta de enmienda que promovimos varios sindicatos y organizaciones gremiales, que protestamos ese regresivo dictamen concertado entre el Gobierno, UCCAEP y la alta dirigencia de la Rerum Novarum y la ANEP, logramos darle al proyecto un giro sustancial, más progresivo, salvo en el tema del arreglo directo.

Precisamente este fue otro de los escollos del proyecto, pero que en definitiva fue superado, por lo menos desde el punto de vista del trámite legislativo, por otro acuerdo, celebrado entre UCCAEP y estas mismas organizaciones, que vino a garantizarle al empresariado que se mantuvieran incólumes las perniciosas disposiciones que actualmente contiene el Código de Trabajo, regulatorias del arreglo directo, que tanto daño le han causado a los trabajadores y sindicatos, principalmente en el sector privado de la economía.

Luego vendría la aprobación en segundo debate, en virtud de la cual se remitió a Casa Presidencial el correspondiente decreto legislativo (Nº 9076), resultando que cuando los empresarios se frotaban las manos y otros igualados se ponían a la altura del histórico dirigente político Manuel Mora Valverde, la Presidenta de la República les echó a perder la compartida celebración con el veto del Gobierno, que por motivos de inconstitucionalidad e inconveniencia, cuestionó la regulación de la huelga en los servicios públicos esenciales y otra disposición más en el tema de huelga.

Después una vez más de los que consideraron alta traición por parte del Gobierno, se sentaron en la mesa de Zapote, para tratar de zanjar la lamentable y sorpresiva controversia, con los oficios de un legislador “progresista”.

En este proceso de diálogo que el Gobierno retomó únicamente con las mismas organizaciones mencionadas, fuimos excluidos la mayoría de movimiento sindical, con una afiliación suficientemente representativa, por lo visto, según reza la correspondiente declaración de motivos, se consensuó el proyecto de ley que esta semana el Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa, precisamente el mismo día, que en horas de la noche, se aprobó en primer debate, el proyecto de Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Casualidades del mundo de la alta política.

Este proyecto alternativo presentado por el Gobierno y apoyado aparentemente por estas mismas organizaciones, implica una prohibición generalizada del derecho de huelga en los servicios públicos; de suerte que la gran mayoría de las actividades quedan sometidas a una prohibición absoluta, eliminándose la huelga en los servicios de salud, cuerpos de policía, bomberos, agua potable, electricidad, telecomunicaciones, aduanas, alcantarillado sanitario, portuarios y otra cantidad más de servicios, incluidos los ahora denominados de “trascendental importancia” (financieros, bancarios, combustibles, etc.), en los que también resulta totalmente coartado el ejercicio del derecho de huelga. El proyecto nos remonta a una época anterior a la promulgación de Código de Trabajo.

POR LO ANTERIOR, UNDECA Y EL BLOQUE DE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL REITERA SU ABSOLUTA Y RADICAL OPOSICION CONTRA ESTE PROYECTO ALTERNATIVO DEL GOBIERNO, DE CORTE ANTISINDICAL Y CONVOCA A TODAS LAS ORGANIZACIONES CLASISTAS, A LUCHAR FRONTALMENTE CONTRA ESTE NEFASTO PROYECTO QUE NOS ARREBATA UN DERECHO FUNDAMENTAL Y SAGRADO.

INTERNACIONALES Un nuevo periodo de Gobierno con una economía en marcha

Andes/La Radio del Sur – El Gobierno de Rafael Correa tiene desde hoy un nuevo periodo de 4 años para llevar a cabo su proyecto de “Revolución Ciudadana” una propuesta basada en el socialismo del Siglo 21 que ha tenido, en 6 años y medio, resultados destacados en materia económica, según demuestran sus indicadores, lo que explica, en parte, el buen momento que vive en cuanto a la aceptación de 84%, según Perfiles de Opinión, y el 57% de electores que lo eligieron en febrero.

El crecimiento del producto interno bruto (PIB) marcó su cifra récord en 2011, con el 8%, un desarrollo extraordinario para ese medidor que en 2012 alcanzó el 4,8%.

A escala regional, el crecimiento ecuatoriano es sobresaliente y está sobre el promedio de Suramérica y el Caribe, de 3,1%.

El crecimiento económico del Ecuador es paralelo a la reducción de brechas sociales; en 2006, el quintil más rico ganaba 37 veces más que el más pobre; en 2012 esta relación disminuyó a 26 veces.

Si se suman las recaudaciones tributarias de los anteriores tres gobernantes juntos, desde el 2000 hasta el 2006, se obtiene USD 29.040 millones, frente a los 40.179 millones de dólares recaudados por este gobierno entre el 2007 y el 2012.

De hecho, los impuestos se convirtieron, en este período, en la primera fuente de ingresos para el presupuesto general, superando al petróleo por primera vez, desde que se explota el hidrocarburo de manera masiva, en 1973.

En este período, Ecuador se convirtió en el primer país de la región en hacer una auditoria de la deuda externa, un análisis que lo hizo una comisión integrada por personas ajenas al Gobierno, y que determinaron buena parte de los tramos eran ilegítimos, lo que significó una recompra de bonos a los acreedores por el 25% de su valor; en esa transacción, Ecuador ahorró unos 8.000 millones de dólares.

En la relación imperante entre pago de deuda e inversión pública, siempre tuvo mayor peso el servicio de deuda externa.

Hasta el 2009, el presupuesto nacional destinaba USD 3.800 millones de dólares a la deuda externa frente a 2.000 millones de inversión pública; esa relación cambió y para el 2011 Ecuador destinaba USD 1.500 a la deuda y USD 5.050 millones para la inversión pública.

En 2006, el servicio de la deuda externa representaba el 24% del Presupuesto del Estado. En 2012, apenas el 4%.

En 2010, Ecuador cambió los contratos a 14 empresas petroleras privadas, que eran concesionarias de áreas de explotación en la Amazonía y ahora son prestadoras de servicios. Esa operación de renegociación significa USD 2.500 millones adicionales de ingresos para el Estado.

Los logros económicos se reflejan en servicios como educación, salud, vialidad, servicios básicos… Entre 2006 y 2011, la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes cayó de 7,8 a 3,3 en tuberculosis y de 0.67 a ,001 en paludismo.

En ese período se han rehabilitado y construido 1.400 hospitales con una inversión de USD 7.072 millones de dólares; se han construido 6.400 kilómetros de vías y se han atendido a 50.000 personas con discapacidad.

Entre el 2006 y el 2012, latasa de matriculación para la educación básica pasó, a escala nacional, del 92% al 95%.

Esa misma tasa, vista de manera territorial, demuestra que los grupos indígenas pasaron del 89% de matriculación a la educación básica al 92% y los afrodescendientes, del 88% al 96%.

Las transferencias a gobiernos locales sumó desde 2007 USD 10.634 millones de dólares, lo que se refleja en tasas como la del hacinamiento, que se redujo del 26% al 14%; el acceso a servicios como alcantarillado, del 66% al 81% y la recolección de basura, del 23% al 39%.

El desempleo llegó al 4,6% en 2012, la cifra más baja de la historia del país; los empleos satisfactorios dominaron por primera vez a los subempleos, una proporción que ahora es 52% de empleos plenos frente al 40% de subempleo, en el último año. El salario de las empleadas domésticas se igualó al del resto de trabajadores, lo que significó un incremento del 457% en 7 años para ese grupo laboral.

INTERNACIONALES EEUU: Jamás racistas habían cerrado tantas escuelas de un solo golpe

INSURGENTE.ORG– La Junta de Educación de Chicago votó este miércoles a favor de cerrar 49 escuelas de educación primaria, lo que representa un diez por ciento de todos los recintos escolares de la ciudad, en lo que sería el mayor cierre masivo de colegios de la historia de Estados Unidos.

Las autoridades locales justifican esta medida argumentando que hay una disminución en las matrículas escolares y que además existe un déficit de mil millones de dólares que enfrenta el sector escolar.

La presidenta del sindicato de maestros, Karen Lewis, consideró que es “un día de luto” para los niños de Chicago.

El alcalde Rahm Emanuel declaró que “se que es muy difícil, pero creo firmemente que lo más importante que podemos hacer como ciudad es proporcionar a la próxima generación un futuro mejor” agregó que “hay un arduo trabajo por delante, pero estoy seguro de que juntos con el apoyo de maestros y directores de escuela, padres de familia y la comunidad, nuestros hijos van a tener éxito”.

Los cierres de estas escuelas tendrán lugar en barrios principalmente hispanos y afroamericanos, lo que ha generado numerosas protestas a lo largo de los últimos meses. Quienes se oponen a la medida dicen que esta afecta desproporcionadamente a vecindarios de minorías y que pondrán en peligro la educación de niños provenientes de familias de bajos recursos.

Durante la audiencia en las oficinas de las “Escuelas Públicas de Chicago” CPS por su sigla en inglés, estuvieron presentes padres, maestros, estudiantes y miembros de la comunidad de Chicago, protestando por la aplicación de estas medidas.

La policía detuvo a decenas de manifestantes que bloquearon la entrada al edificio y los accesos a los elevadores del CPS.

Hospital de Grecia bajo la lupa


Ante gestiones del Comité de Defensa del Hospital San francisco de Asís, desde el año anterior, se solició la intervención de la Defensoría de los Habitantes con el fin de solucionar una serie de problemas que afectan la atención de los ususarios de ese centro médico. En ese 2012, luego de una exhaustiva investigación la Defensoría emitió una serie de recomendaciones tanto a la Dirección del hospital como a la Dirección Médica de la Caja, con el fin de mejorar los servicios.

Las deficiencias en los servicios médicos se deben fundamentalmente a una mala administración que llevó a la Caja a sustituir al director y establecer una nueva administración y al recorte presupuestario que han sufrido todos los hospitales del país y que afectan la atención a los y las aseguradas.

Pasados los seis meses desde que la Defensoría realizó las recomendaciones y ante la continuidad de los problemas, el Comité de Defensa del Hospital acudió nuevamente a la Defensoría para solicitar nuevamente su intervención.

En razón de lo anterior la Defensoría solicita a las autoridades del hospital y a a la Dirección Médica de la Caja que aclare detalladamente los siguientes puntos y remita los documentos que a continuación se indican:

1.- Remitir estudio técnico, – de conformidad con lo que establece el Reglamento de Disponibilidades Médicas -, en el que se basó la decisión de que las cinco especialidades básicas estuvieran cubiertas fuera de horario normal con el sistema de disponibilidades médicas, en lugar de guardias de permanencia.

2.- Razones por las que no se aplica al pie de la letra la Norma de Habilitación para Establecimientos de Salud (Decreto Ejecutivo 30571-S y Normas relacionadas) en relación con la presencia las 24 horas del día de especialistas de los servicios de Obstetricia y Atención del Recién Nacido, Cirugía, Medicina Interna, Ginecología, Pediatría, Emergencias, Anestesiología.

3.- Informar si el Hospital de San Ramón funciona con disponibilidades médicas en las cinco especialidades básicas. De ser negativa su respuesta justificar en qué radica la aplicación de medidas diferentes con el Hospital de Grecia.

4.- Informar cuál fue el impacto en las finanzas del Hospital de Grecia con la aplicación de las disponibilidades médicas en las cinco especialidades básicas.

5.- Informar sobre el trámite y análisis dado a la propuesta presentada por el Dr. Oscar Montero para tener cubiertas las especialidades básicas las 24 horas del día, (propuesta diferente a las disponibilidades médicas), y que el Comité pro Defensa del HSFA presentó ante la Presidencia Ejecutiva y ante la Gerencia Médica de la CCSS en reunión de 19 de noviembre del 2012 celebrada en oficinas centrales de la CCSS.

6.- Remitir copia del diagnóstico hecho por el Equipo Técnico de Apoyo Hospitalario (ETAH), en relación con el estado encontrado del Hospital San Francisco de Asís.

La Defensoría solicita brindar respuesta de estos puntos dentro de los CINCO DIAS HABILES siguientes a la recepción de este documento.

Tanto el Comité de Defensa del Hospital San Francisco de Asís, comola Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, estarán atentos a lo que respondan ambas autoridades, ya que eso definirá también las acciones que tanto las organizaciones como las comunidades podrían realizar con el fin de resolver, de una vez por todas, la problemática de ese hospital.

Video de Undeca TV

Davis Ovares y el Dr. Montero hacen un balance de la situación del Hospital San Francisco de Asís de Grecia y la problemática que enfrenta la ciudadanía para obtener servicios de salud de calidad.

Conferencia de OIT: Chinchilla quedará muy mal


La Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (UNT), de forma categórica, deja manifiesta ante la clase trabajadora costarricense, su total oposición a la moción que pretende modificar el Proyecto de Reforma Procesal Laboral para prohibir la huelga en los servicios públicos, misma que fuera presentada ante la Asamblea Legislativa por el Gobierno de La República.

De la misma manera denunciamos a la opinión pública, que la presentación de estas modificaciones al proyecto, fueron negociadas en los pasillos de Casa Presidencial con dos o tres sindicatos, y que esta negociación en conciliábulos, fue denunciada y reprochada por un importante grupo de organizaciones sindicales, entre las que destacan ANDE, UNDECA, APSE, CGT, CCTD, CMTC y UNT.

Con el envío de esta moción, el Gobierno de Laura Chinchilla pretende revivir este proyecto, que anunció como negociado de forma tripartita el año pasado en Ginebra, y que fue vetado por razones de constitucionalidad, conveniencia y oportunidad, después de ser aplaudida en la Conferencia Anual de OIT. Hoy nuevamente, este Gobierno que no tutela ni vela por el cumplimiento de los derechos laborales en el Sector Público y Privado, le dirá a la OIT que felizmente, con el apoyo de algún sindicato “tureca” y desde luego con el respaldo de los empresarios, ha presentado un proyecto de ley “revolucionario” y vendrán nuevamente los aplausos.

Por otra parte, esta ley con las modificaciones que pretende introducirle el Poder Ejecutivo resulta un claro retroceso en materia laboral para las y los trabajadores, no sólo por el hecho de prohibir el ejercicio del derecho a huelga en todos los servicios públicos, sino además, porque mantiene incólumes a los Comités Permanentes de Trabajadores y los famosos Arreglos Directos, instrumentos que la patronal históricamente ha utilizado como armas para exterminar y evitar el surgimiento y desarrollo del sindicato en la empresa privada.

Valga decir que la propia OIT, ha reiterado que tales Comités Permanentes y Arreglos Directos, son contrarios a al derecho laboral internacional y que el Estado y Gobierno de Costa Rica deberían tomar las medidas para enmendar esta violación a la legislación laboral.

Resulta repugnante que una conocida organización sindical, al menos por los medios de prensa, en un claro ejercicio de sumisión a patronos y Gobierno, se preste a este juego.

La UNT reitera ante la clase trabajadora y la opinión pública costarricense, que junto a importantes organizaciones sindicales como las señaladas al inicio, hará todos los esfuerzos nacionales e internacionales, para denunciar y oponerse a la maniobra de Laura Chinchilla, que pretende vender como revolucionario, un proyecto de ley que a todas luces resulta una clara contra reforma laboral.

Susan Quirós Díaz
Secretaria General UNT

Prohibición indiscrminada de huelga atenta contra la libertad sindical

Gobierno insiste en provocar enfrentamiento con sector sindical

En reciente comunicado el Gobierno liberacionista de Laura Chinchilla Miranda realiza una nueva maniobra que atenta directamente contra la libertad sindical y el derecho humano de la clase trabajadora a la huelga como única medida de presión cuando sus derechos y garantías laborales están siendo violentados por el patrono sea público o privado.

Como si eso fuera poco, según comunicado del Gobierno, estas medidas contra la libertad sindical es el resultado de “varios meses de análisis y un proceso de diálogo con distintos sectores y luego de haber vetado parcialmente la reforma al Código Procesal Laboral”, cuando ha sido evidente que solamente se ha venido reuniendo con representantes de ANEP y la Rerum Novarum, excluyendo al resto del movimiento sindical de manera abrupta, lo que nos deja la duda de si esas medidas antisindicales cuentan con el respaldo de esas organizaciones sindicales, lo que sería traicionar a la clase trabajadora.

Laura Chinchilla mintió en la OIT

En la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, realizada en junio del año anterior, la presidenta de la República manifestó que ya la Reforma Procesal Laboral había sido negociada y que para ello contó con el respaldo de esas dos organizaciones sindicales que permitieron que llegara “con algo en las manos” para responder a las constantes denuncias contra las últimas cinco administraciones. Al regresar a Costa Rica, vetó inmediatamente la Reforma Procesal Laboral y procedió a presentar estas reformas que proscribe derechos fundamentales de negociación colectiva y huelga, al estilo de los países más represivos y retrógrados en materia laboral y sindical.

Esta acción contraviene las observaciones y prevenciones que la misma OIT realizó antes las demandas presentadas, hace escasamente cinco meses, contra este gobierno.

Ataca la libertad sindical en todos los frentes

La prohibición de huelga, según el resumen presentado por el gobierno, abarcará todos ámbitos laborales y los categoriza como “prohibiciones totales y parciales” en el sector público y privado , sin embargo una rápida lectura del mismo deja claro que no realiza una discriminación objetiva o selectiva de acuerdo a lo estipulado por la misma Organización Internacional del Trabajo, OIT, y los Convenios ratificados por nuestro país, con referencia a los parámetros de servicios esenciales o no, y que esto no limite u obstruya la libertad sindical.

La prohibición total abarca los sectores de salud, seguridad (todas las policías), electricidad, agua, emergencias, aviación y fronteras, servicios eléctricos, también en telecomunicaciones, seguridad de infraestructura, transporte, inspección administrativa, tratamiento de desechos y residuos, muelles y atracaderos, Recope, bancos, migración y el Tribunal Supremo de Elecciones.

Reiteramos que estas medidas han sido inconsultas con todo el Movimiento Sindical, con la excepción de las dos organizaciones mencionadas y que la misma no cuenta, ni contará, con la aprobación de sectores sociales, políticos y mucho menos sindicales clasistas.

Este será sin duda, un tema trascendental en el próximo encuentro del Movimiento Sindical que se realizará el sábado 25 de mayo en las instalaciones de JUPEMA, 50 metros norte de Casa Matute Gómez.