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Las y los dirigentes de UNDECA, reunidos en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, considerando que:

La violencia política contra las mujeres es una forma de opresión que busca silenciar nuestras voces y limitar nuestra participación en la vida pública. Es esencial exigir mecanismos reales de protección para poder ejercer nuestros derechos humanos, evitando las represalias, el escarnio, el acoso, la violencia política y una cultura de irrespeto al derecho ajeno, ejercida por el mandatario de gobierno, con los recursos públicos que entre todos aportamos.

La discriminación contra las mujeres sigue siendo una realidad en muchos aspectos de nuestra sociedad, en todos los ámbitos, laborales, sociales, políticos y económicos, donde el hostigamiento laboral y el acoso sexual ha sido moneda de curso, no basta con desgastadas declaraciones de instituciones o políticas de papel en igualdad de género.

Los discursos de odio y las mentiras dirigidas contra las mujeres, evidenciados en los ataques a diputadas, ministras, fiscalizadoras, comunicadoras y lideresas sociales, entre otras, son ejemplos cotidianos. Los virulentos y premeditados ataques son herramientas de deshumanización que perpetúan la desigualdad y la violencia, que exacerban una cultura misógina, humillante, cobarde, que se ampara en la inmunidad o la impunidad, que subordina la dignidad humana de las mujeres, legitima la violencia y justifica las manifestaciones más extremas de violencia de género, demostrado en los múltiples y brutales femicidios.

Resuelve:

1. Condenar con firmeza la violencia política contra las mujeres, el femicidio, los discursos de odio, las mentiras y la discriminación que enfrentan las mujeres.
2. Solidarizarnos con todas las mujeres que han sido víctimas de toda forma de violencia, discriminación y discursos de odio, demandando apoyo integral, incluyendo servicios de atención psicológica, legal y social.
3. Solicitar a las diputadas y diputados aprobar el proyecto de ley que excluye a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de la Ley Marco de Empleo Público, una legislación que perpetúa las desigualdades y vulnera derechos adquirido, en una institución con autonomía de gobierno y administración, con 65,000 personas trabajadoras, el 62% de ellos son mujeres, que laboran 24 horas diarias, los 365 días del año,
4. Demandamos la aprobación del Convenio 190 de la OIT que promueve entornos laborales libres de violencia, discriminación y acoso en el lugar de trabajo, asimismo, la promoción de la igualdad salarial, el acceso equitativo a oportunidades sanitarias, educativas y laborales.
5. Exigir a la Caja Costarricense de Seguro Social, el cobro al gobierno de la deuda billonaria, que afecta, mayoritariamente a las mujeres, el acceso a salud con calidad y oportunidad, en infraestructura sanitaria, equipos, insumos, medicamentos y recurso humano suficientes y adecuados para la población, con respeto de los derechos y condiciones laborales dignas.
6. Presentar ante el Comité de la eliminación de la discriminación contra la Mujer, la correspondiente comunicación sobre la situación de discriminación y violencia que sufren las mujeres de Costa Rica sea examinada por ese órgano de Naciones Unidas.
7. Realizar una instancia al movimiento sindical de Costa Rica para que se promueva el efectivo cumplimiento de la Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acerca de las obligaciones de los Estados en materia de libertad sindical, con un enfoque de género, con la finalidad que se que se potencie y garantice la plena y decisiva participación de las mujeres en los sindicatos.

Acuerdo firme.

San José, 07 de marzo de 2025